Cauca y Nariño, los departamentos con la tasa más alta de exguerrilleros asesinados desde la firma del Acuerdo, son los mismos en los que la JEP concentra dos de sus siete macrocasos.
Durante las últimas dos semanas, dos excombatientes de las Farc fueron asesinados en Cauca y tres en Nariño, todos de la misma forma: a disparos y por sicarios. Justamente los departamentos que, según el partido político de la extinta guerrilla, concentran 48 de los 133 homicidios de sus militantes desde que se firmó el Acuerdo de Paz.
Precisamente ayer el presidente Iván Duque lanzó un paquete de 23 medidas para evitar más homicidios (para el Gobierno suman 115) y acelerar las investigaciones de los que ya ocurrieron.
Las razones sobre el más de centenar muertes varían, pero es innegable su efecto negativo sobre los avances de la justicia transicional. Más porque dos de los siete macrocasos que adelanta la Justicia Especial para la Paz (JEP) se refieren a delitos cometidos justamente en esos dos departamentos, y la investigación depende en parte de lo que los excombatientes digan para sancionar responsables.
Alarmas encendidas
En los macrocasos del sur de Nariño y el norte del Cauca, la JEP ha vinculado a 178 exguerrilleros (64 de Cauca y 114 de Nariño) y 70 miembros de la fuerza pública (53 en Nariño y 17 en Cauca) para entender cómo afectó el conflicto a indígenas, afro y campesinos, que componen el 80 por ciento de la población de ambas regiones.
Esas personas vinculadas son presuntas responsables de los hechos, cuya responsabilidad se determinará cuando la Sala de Reconocimiento de la JEP avance en los procesos.
El macrocaso del Cauca está enfocado en asesinatos y desplazamientos a población afro, indígena y campesina. En agosto la JEP llamará a al menos 40 excombatientes a que den su versión para seguir armando el rompecabezas de lo que pasó y así, eventualmente, encontrar los responsables de los casos más graves y llevarlos a juicio.
El de Nariño, enfocado en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, está más avanzado y es diferente a los demás que lleva la JEP porque arrancó a entender lo ocurrido en terreno y con guerrilleros rasos.
Por eso los asesinatos de excombatientes prendieron las alarmas.
La JEP ya ha entrevistado a 11 excombatientes rasos en esa zona de Nariño. Según nos contó una alta fuente de ese tribunal, uno de ellos fue asesinado este año.
Los tres asesinatos en Nariño de las últimas dos semanas ocurrieron en seguidilla entre el 13 y el 24 de este mes. Fueron ocasionados por sicarios, en zonas donde las disidencias tienen presencia y que hacen parte del macrocaso de la JEP, además de que todos hicieron parte del extinto Frente 29.
El cuerpo de Alexander Saya lo encontraron el 13 en Alto Mira, donde manda el FOS. Por el sector de La Variante, que queda cerca de allí, han asesinado a 15 excombatientes; a Daniel Esterilla Grueso lo mataron el 17 en El Charco, en el litoral norte donde FOS y GUP tienen presencia; y Servio Causaluzán fue asesinado el 24 en Ricaurte.
Aunque la Fiscalía no ha completado las indagaciones, el último caso estaría relacionado con una presunta vendetta narco, ya que habría seguido en el negocio, según nos dijo una fuente judicial que no nos dio más detalles.
Un panorama similar rodeó los asesinatos de los dos excombatientes asesinados en Cauca entre el 14 y 18 de junio.
Uno fue el periodista Anderson Pérez, abaleado por sicarios en Caloto el 18 y el otro fue Rafael Polindara Sotelo el 14 en El Tambo. Ambos estaban acogidos a la JEP para testificar voluntariamente y en ambas regiones hay presencia del Frente 6, Pelusos y ELN.
Aunque en la JEP no saben si el homicidio obedeció a lo que contó o si entra en la espiral de violencia en este departamento donde, como hemos contado, el posconflicto no aterrizó del todo, igual preocupa.
De hecho, entre los excombatientes la hipótesis es que sí se debe a las verdades incómodas que dicen que tienen por decir.
“Desconocemos por qué y quién los mató, pero hay una verdad oculta de muchos años que se está conociendo y hay tantas maquinarias que seguro van a tratar de atacarnos de la manera que sea”, nos dijo un excombatiente que está en el espacio de capacitación (Etcr) de Tumaco.
Para él, así como para las voceras del partido Farc en Nariño y Cauca, Yuliana Sucre y Amanda Ríos, el temor es un genocidio como el de la Unión Patriótica.
En la relación entre los asesinatos y la verdad y cooperación con la JEP coinciden fuentes de organismos humanitarios. Ellos ven que una de las razones principales de las muertes ha sido contar la verdad a la JEP – la otra es no sumarse a las disidencias que crecieron en la región (el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico en Nariño y el Frente 6 en el norte del Cauca).
“Hay un temor de que como ellos saben muchas cosas porque son del territorio, vayan a dar información no solo a la JEP, sino a todas las autoridades. Estos actores armados no distinguen el papel de cada entidad, ni a los que están reincorporados. Todos son simplemente ‘sapos’”, nos dijo un alto funcionario de la Defensoría del Pueblo que sabe de la situación.
”Hay maquinarias que tratan de atacarnos”
En contraste, para el Gobierno “la génesis del problema de asesinatos a excombatientes y líderes sociales es el narcotráfico”, según dijo ayer la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. “Por eso la acción del estado está concentrada en combatir a estas organizaciones ilegales que están identificadas”.
Sin embargo, los excombatientes asesinados en las últimas dos semanas en los dos departamentos estaban sometidos a la JEP y tenían “los papeles en regla”, según las voceras del partido.
Esto quiere decir que se identificaron como miembros de la exguerrilla y estaban dispuestos a declarar voluntariamente, si es que no lo habían hecho ya (las voceras desconocían si habían ido o no).
Las amenazas de excompañeros de guerrilla que siguen en armas a excombatientes no son nuevas.
En mayo el partido Farc en Nariño denunció ante la Fiscalía que recibieron panfletos y mensajes de texto de las llamadas ‘Águilas Negras’ y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), respectivamente.
Que los lleguen a matar sus excompañeros tampoco sería nuevo. Hace tres años revelamos cómo entre las mismas Farc asesinaron a alias Don Y, quien fundó las GUP.
A pesar de todo esto, en ambos departamentos los consultados en la Farc descartaron que por esto vayan a dejar de cumplir con los compromisos ante la JEP, en buena medida porque eso implicaría perder sus beneficios jurídicos.
Por ejemplo Amanda Ruíz, del consejo de los comunes del partido en Cauca, cree que los militantes del partido vinculados a la JEP asistirán a declarar pese a las muertes.
”La génesis de las muertes es el narcotráfico
De hecho, los mandos de la Farc tratan de incentivar a la gente para que vaya a declarar, y la otra semana tendrán una reunión interna para hacer pedagogía sobre los casos de la JEP.
“Queremos generar confianzas y dar luces para dar tranquilidad y que pues ir allá no será una emboscada”, nos dijo.
Por ahora, la Fiscalía conformó un cuerpo especial para revisar los asesinatos, y tendrá el impulso de las medidas anunciadas ayer por Duque. En el entretanto, la preocupación también está en las víctimas.
Que no haya verdades a medias
Dentro de las víctimas el temor es que la JEP no logre procesar ni explicar los crímenes cometidos porque asesinen a los que saben qué pasó, ya sean exguerrilleros o militares, como documentó la Revista Semana sobre las amenazas a uniformados que están declarando.
La familia y el pueblo necesitan saber qué pasó
La JEP inició todos los macrocasos con informes de organizaciones de víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría. En los casos de Cauca y Nariño participaron las organizaciones indígenas Onic, Acin y Unipa, así como Codhes, el Centro de Memoria Histórica y Colombia Diversa.
“Nos preocupa bastante que maten a los que estuvieron en el monte, porque la familia y el pueblo como tal necesitan saber cómo pasaron, y por qué hoy se siguen repitiendo las cosas como antes y por qué aparecen estas nuevas violencias”, nos dijo Jairo Javier Bisbicus, líder indígena Awá.
Esa etnia fue priorizada como víctima ante la JEP en el macrocaso de Nariño, y entregó un informe al tribunal sobre la persecución, desplazamiento y asesinato a su población desde 1995. “Esperamos mucho que los casos se resuelvan en la JEP y que los responsables hablen”, nos dijo.
En Cauca, dos voceros de Onic y Acin, por aparte, nos dijeron que como en su macrocaso no han arrancado las entregas de testimonios, no tienen las alarmas prendidas.
El riesgo de que sin combatientes que hablen se empantanen los casos puede incluso ser peor en casos menos visibles que el de las poblaciones étnicas.
Eso pasa con los crímenes a la población Lgbti. Colombia Diversa reportó a la JEP ocho casos de persecución, desplazamiento, y violaciones sexuales que ocurrieron en Tumaco y que la ONG determinó en su documentación que fueron perpetrados por las Farc.
Daniela Díaz, coordinadora de paz de Colombia Diversa, nos dijo que si bien no han tenido reportes de problemas de seguridad para los excombatientes o las víctimas, los crímenes sexuales usualmente no son confesados por los victimarios a menos de que haya presión de las autoridades o los defensores de las víctimas.
Pero si no hay quien confiese, ya sea por falta de presión, por amenazas o porque los matan, esos casos, así como los de las otras 21 mil víctimas identificadas en Cauca y Nariño, el tema quedaría en ceros.
