Después de un año, las promesas que el Presidente Duque hizo a Bojayá marchan lento sin mostrar un cambio real en el municipio que sigue siendo golpeado por el conflicto armado
Hace un año, justo once días después de reportarse la incursión del Clan del Golfo en Bojayá, el 31 de diciembre de 2019, el presidente Iván Duque y su gabinete llegaron al municipio que se ha convertido en el símbolo de la tragedia armada en Colombia.
Era la primera visita de Duque a Bojayá y aprovechó para inaugurar la planta de tratamiento de agua potable, conocer el mausoleo donde reposan los restos de las víctimas de la masacre de las Farc que dejó más de 70 muertos y cerca de 100 heridos en 2002 y escuchar a los líderes sociales sobre la situación del municipio.
En esa conversación y durante su recorrido, el presidente Duque se comprometió principalmente con inversión social y presencia militar en Bojayá. Fueron promesas específicas, pero sin fecha definida. Y hoy, un año después, la mayoría avanza a paso de tortuga mientras el conflicto armado sigue azotando a Bojayá igual que antes de la visita presidencial.
Las promesas y sus avances
El 2 de enero del año pasado, tras conocerse la llegada de paramilitares a Bojayá, el Ministro de Defensa, el Comandante del Ejército Nacional y el de la Séptima División (que cubre Chocó) asistieron a un consejo de seguridad en el municipio en el que acordaron aumentar “la presencia de las tropas en la cabecera municipal y establecer controles en los caseríos Corazón de Jesús, Lomas de Bojayá, Piedra Candela y Pogue”.
Nueve días después de ese consejo de seguridad, Duque llegó al territorio.
En su recorrido, encargó a Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la construcción de una cancha sintética que solicitaron algunos niños para realizar sus actividades deportivas y “una intervención realmente a profundidad” del centro de salud.
Hasta el momento, los estudios y diseños de la cancha sintética siguen en la fase de aprobación por parte de la interventoría y, según le informó el DPS a La Silla, el contratista está ‘alistándose’ para iniciar la etapa de construcción.
El pasado 11 de diciembre, el Gobierno Nacional puso la primera piedra de la cancha.
La cancha incluirá cubierta, cerramiento e iluminación, cuesta un poco más de 1800 millones y esperan terminar el 30 de junio de este año.
La dotación para el centro de salud de Bellavista (la cabecera municipal de Bojayá) si se logró, con la inversión de 200 millones de pesos por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Con ese monto, compraron monitores fetales, tensiómetros, balanzas, desfibriladores y equipos para el laboratorio clínico.
En cambio, el proyecto del hospital de segundo nivel que se va a construir -que puede beneficiar hasta a 12 mil personas, costará más de 8600 millones y que también está a cargo del DPS-, entró en etapa de estudios y diseños hace unas semanas, el 29 de diciembre, y calculan que sólo hasta mayo se iniciará la construcción. La meta es terminar el hospital en diciembre de este año.
Después de que el Presidente le asignó (frente a las cámaras) al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, adelantar un plan de mejoramiento de vivienda, el compromiso quedó en realizar 30 mejoramientos en el marco del programa Casa Digna, Vida Digna. Ninguno de ellos se ha entregado todavía.
Según nos dijo el Ministerio de Vivienda, los hogares de Bellavista no cumplían con los requisitos del programa y fue la misma Alcaldía la que le confirmó a esa cartera que las casas en el casco urbano eran relativamente nuevas y por eso solicitó los mejoramientos para la parte rural.
“Una vez se publique la convocatoria de mejoramientos, enmarcada dentro de la Política de Vivienda Rural, se procederá a adelantar las acciones necesarias para que el municipio pueda postularse”, nos informó el Ministerio de Vivienda.
Jeferson Machado, secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana de Bojayá, le dijo a La Silla en septiembre que más del 80 por ciento de la población rural de Bojayá necesita mejoramiento de su vivienda, ya que viven en las riberas del río Atrato donde es común que se presenten inundaciones que terminan afectando las casas, como sucedió tras la ola invernal que afectó al municipio a finales de año.
El alcalde de Bojayá, Edilfredo Machado, señaló que la Unidad de Gestión del Riesgo le envió 7 mil láminas de zinc y cerca de 50 arrobas de clavos esta semana que, aunque le sirven, no alcanzan a cubrir los daños que sufrieron más de 1500 familias que viven cerca a los ríos.
La interconexión eléctrica permanente del municipio que prometió Duque tampoco se ha logrado. Primero hay que garantizar que la interconexión llegue a Vigía del Fuerte (Antioquia), que está en construcción, para poder hacer una extensión a Bellavista (Bojayá) al otro lado del río Atrato.
El Ministerio de Minas y Energía dice que termina la interconexión en Vigía del Fuerte en febrero de este año y espera que para julio, el Fondo Todos Somos PAZcífico complete la interconexión a la cabecera municipal de Bojayá.
“En electricidad todavía estamos atrasados, no hemos tenido una información clara frente a eso. El proyecto que nos aprobaron el día que estuvo el doctor Diego Molano (a finales de año) fue el tema de los paneles solares y me informaron que están en licitación”, dijo el alcalde Machado.
Esos paneles solares forman parte de un proyecto de 45 mil millones de pesos para 53 comunidades que viven lejos de la cabecera municipal. Fue aprobado por la Unidad de Planeación Minero Energética y el Fondo Todos Somos PAZcífico.
El Ministerio de Agricultura sí llegó ya con apoyos de 600 millones de pesos para 15 emprendimientos rurales y el DPS dio 600 cupos para el programa ‘Manos que alimentan’ con el fin de garantizar seguridad alimentaria a siete consejos comunitarios.
Diego Molano, quien es el coordinador de la intervención integral de las acciones en Bojayá, le dijo a La Silla en septiembre que los retrasos obedecían a la pandemia, ya que no se permitían los viajes. Una situación que, en términos generales, se ha mantenido hasta hoy.
Aunque reconoce los impedimentos de la pandemia, el padre Jesús Albeiro Parra, antes de la diócesis de Quibdó y ahora miembro de la coordinación regional del Pacífico, asegura que ésta se ha convertido en “la justificación perfecta” frente a los incumplimientos.
“Lo que hay es un despliegue de mucha burocracia, se supone que tiene que coordinar con Alcaldía o con el departamento y ha habido es un desfile de chalecos”, dijo a La Silla Parra. “No hay avances notorios”.
La frustración frente al aplazamiento de las promesas presidenciales es más grande porque contrasta con el accionar de los grupos ilegales en el municipio, que pese a la pandemia, siguen imponiendo restricciones de movilidad a los ciudadanos, confinando a algunas comunidades y amenazando a líderes sociales.
La realidad de Bojayá
La paz en Bojayá no duró ni un año. Entre seis y ocho meses después de la firma del Acuerdo de La Habana con las Farc y la salida de la misma del territorio, el ELN y el Clan del Golfo entraron a ocupar el vacío que no llenó el Estado.
Después del consejo de seguridad de hace un año, el Ejército reforzó su presencia en la zona y según el Alcalde, recorre todo el municipio, lo que seguramente ha contribuido a que no haya habido combates en los últimos meses. Sin embargo, los dos grupos ilegales se mantienen allí.
“En Bojayá y en el Pacífico, hablar de ‘garantías de no repetición’ suena como a música celestial porque lo que ha habido es una continuidad del conflicto armado. Usted mira hace 15 o 20 años y ahora mismo, y es como quitar las Farc y poner el ELN. De resto, los paramilitares y las autodefensas siguen ahí”, nos dijo el padre Albeiro Parra.
El Clan controla la parte rural del municipio; en las veredas, amenaza a las personas que abiertamente rechazan su presencia en el territorio (como los líderes comunitarios), establece horarios de salidas e ingresos de la población y extorsionan a madereros y comerciantes.
De las 38 emergencias humanitarias confirmadas que registró el año pasado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) en Chocó, siete ocurrieron en Bojayá y hay cuatro más que están por confirmarse.
Entre esos siete eventos, hay cuatro confinamientos (uno indígena y tres afros) y tres desplazamientos masivos (todos indígenas) de los cuales dos ya han regresado al territorio.
El alcalde Edilfredo Machado confirmó que las comunidades de Unión Cuity y Unión Cuity Central están confinadas desde el año pasado, pero dijo que aún no sabía a qué grupo armado ilegal se debía este caso.
Si bien las cifras no son exactas, Ocha estima que más de 6 mil personas han sido afectadas por estas emergencias humanitarias, lo que equivale a más de la mitad de la población de Bojayá.
Mientras continúan los confinamientos y las amenazas que no dejan que Bojayá voltee la página del conflicto armado, el alcalde del municipio también enfrenta un proceso de revocatoria.
La principal razón que exponen quienes lideran la iniciativa es que Machado está incapacitado físicamente para ejercer el cargo, dado que debe viajar tres veces a la semana a hacerse diálisis en Medellín, un argumento que ya descartó en el pasado el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó. Dijo que la enfermedad no era incompatible ni insuperable para el cargo, como contó Chocó 7 días.
“¿O sea que en Colombia las personas que tenemos alguna incapacidad no podemos trabajar? eso la Constitución no lo dice en ninguna parte”, dice Machado.
Lo único que no ha golpeado con fuerza a Bojayá es el covid porque sólo tiene 16 casos confirmados y dos fallecidos. Sin embargo, el virus ha impedido que organizaciones humanitarias, como la misma Ocha, puedan movilizarse en el municipio como lo hacían antes y que las promesas de Duque finalmente se cumplan.
