Las decisiones de la movilización, que saldrá para Bogotá a intentar hablar con Duque, se toman en una asamblea de cinco mil personas y 25 voceros.
Tal y como lo habían anunciado sus organizadores, al no recibir respuesta positiva de la cita personal que quería con el presidente Iván Duque, la minga indígena del suroccidente, de unos 10 mil integrantes, salió hoy a las 6 de la mañana para Bogotá a seguir reclamando al Gobierno un cambio de políticas para, entre otras, frenar las masacres en los territorios. Planean llegar hacia el fin de semana.
Mientras eso pasa, siguen los señalamientos desde aliados del Gobierno e Inteligencia militar, replicados en algunos medios, de que la movilización que comenzó el 10 de este mes está infiltrada por las disidencias de las Farc y el ELN.
Son acusaciones que se han oído en mingas anteriores. Y que ahora se suman a otras críticas, como las pocas medidas en la protesta para prevenir el contagio del covid.
Sin embargo, la forma colectiva como toma decisiones la minga, la relación que tienen las disidencias supuestamente infiltradas con los indígenas del Cauca, y los enfrentamientos entre estas y el ELN siembran dudas sobre el fundamento de estos señalamientos que estigmatizan la movilización, que hasta ahora ha sido pacífica. A diferencia de la vez pasada, no han bloqueado la Panamericana, por ejemplo.
Los señalamientos
El lunes, la revista Semana y el periódico El Tiempo publicaron artículos con la misma versión: que obtuvieron información de inteligencia que supuestamente confirma que la minga está infiltrada por el ELN y las disidencias de las Farc.
Las pruebas para la acusación fueron las mismas en los dos medios: dos audios de comunicaciones radiales de dos personas, que en los artículos identifican como integrantes de las disidencias de las Farc, hablando de enviar delegados y mencionando sectores por donde pasó la minga.
Ninguno de los dos medios identifica a los interlocutores con nombre propio (Semana dice que una de las comunicaciones es “con un supuesto miembro de una comunidad indígena”) y en los audios no se escucha la palabra “minga”.
Asimismo, aunque mencionan al ELN, las versiones no incluyen posibles pruebas ni mayor explicación sobre la supuesta infiltración de esta guerrilla en la movilización.
Semana dice en la publicación que según la información que tienen, los “grupos armados infiltrados estarían presionando y utilizando a estas comunidades para hacerle una especie de juicio político al gobierno” y que ofrecen apoyo económico en las jornadas.
Kyle Johnson, Confundador e investigador de la fundación Conflict Responses, le dijo a La Silla que de las tres columnas de disidencias de las Farc nombradas por El Tiempo en su artículo, la Jaime Martínez sí está en Jamundí, pero en caso de una infiltración la responsable sería la Dagoberto Ramos, que tiene más presencia en la zona del Cauca.
Sin embargo, que la relación entre los indígenas y la Dagoberto Ramos es muy mala porque son ellos quienes han estado asesinando a la misma comunidad indígena, una de las razones por las que organizaron la minga.
“Otro aspecto es que la minga ha pasado frente a la Fuerza Pública y no ha habido violencia. Si ellos (grupos armados ilegales) quisieran infiltrarse, ese sería el momento para atacar a la Fuerza Pública, pero no ha sido así”, comentó Johnson.
Con respecto a una posible presencia de francotiradores, Kyle dijo que podía deberse a lo sucedido en la minga de marzo del año pasado cuando un policía fue asesinado y los indígenas sacaron un comunicado diciendo que podía deberse a un francotirador.
Nestor Rosanía, Director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, concuerda con Johnson. Dice que las disidencias que supuestamente estarían infiltradas son las mismas que están matando a los indígenas y es justo por esto que están protestando.
En cuanto a una posible relación entre el ELN y las disidencias de las Farc, Rosanía dijo que desde su centro no ven que esto sea posible: según sus investigaciones, ambos grupos estaban más en una lógica de disputa de territorios y por el control de rutas de narcotráfico, que de cooperación.
De hecho, según informes del mismo Ejército en abril, el grupo disidente de las Farc Carlos Patiño (otra de las disidencias relacionadas con el audio que probaría la infiltración) se disputaba las rutas de narcotráfico en el cañón del río Micay, cerca a Argelia, Cauca, con la cuadrilla ‘José María Becerra’, del ELN.
También siembra dudas respecto de la información de Inteligencia que el alto comisionado Miguel Ceballos no la conociera. Dijo en La W que el problema de los infiltrados no era de la minga sino de los grupos armados que querían usar la protesta para convertirla en “vandalismo y en violencia” y sobre las pruebas de inteligencia aseguró que “habría que preguntarle a la inteligencia, yo no tengo esa información”.
La movilización empezó con críticas como la del exsenador Álvaro Uribe, quien desde su lugar de detención tuiteó que su objetivo era “la toma socialista del Estado” por lo que Duque debería concentrarse en el “ejercicio de autoridad”.
O como el tuit de José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), en el que habló sobre la vestimenta de los “indígenas” (entre comillas) que se movilizaban y por el que muchos dijeron que criminalizaba la protesta.
Observen bien las botas y uniformes de los “indígenas” que van camino a Bogota, foto de hoy 08 octubre2020. pic.twitter.com/gMRCAO4sAS— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) October 9, 2020
En un comunicado, la minga rechazó los señalamientos y dijo que era una estrategia del Gobierno para estigmatizar la movilización e incumplir con la cita que le pidieron a Duque.
Esto porque el año pasado el ruido de infiltración en la minga que bloqueó por 26 días la vía Panamericana fue una de las razones que uso Duque para no sentarse con los indígenas, como contamos
Esta no es la primera vez que hacen señalamientos a la minga.
En el Gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016, el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas también advirtió sobre la supuesta infiltración del ELN. Y ocho años antes, Álvaro Uribe, quien era Presidente en ese momento, también dijo que la minga de ese entonces estaba infiltrada por actores ilegales.
“Lo que vemos es una estigmatización, son señalamientos para tratar de deslegitimar la minga”, dijo Hermes Pete, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
¿Cómo se organizaron?
Para llegar de Caldono a Cali y pensar la movilización a Bogotá, la minga se organizó desde cada territorio. Jorge Sánchez, coordinador del Comité Político del Cric, le detalló a La Silla que cuentan con empresas comunitarias de los indígenas como la empresa de jugos Fxize ubicada en Toribío (norte del Cauca), y otras de ganado, leche, empacado de trucha y producción de cerveza propia que ayudan a fortalecer la economía de las movilizaciones.
Sánchez dijo que parte de los excedentes de las ventas se guardan para las movilizaciones y otra se retribuye a las personas y son ellas las que aportan también cuando se dan casos como el de la minga.
Ese dinero ayuda en gastos de transporte, como el alquiler de las chivas que en ocasiones sale más económico porque le pertenece a la misma comunidad. Una chiva desde Cauca a Cali puede costar hasta un millón de pesos, pero esto varía del lugar del que salga. Hay conductores mingueros que pueden cobrar 200 mil pesos por día, sin importar los trayectos que deba hacer en una chiva, que puede movilizar 50 personas sentadas más las que van de pie o en la parte de arriba, según Jhoe Sauca, encargado de Derechos Humanos del Cric.
Aunque hay una organización a nivel regional, cada resguardo o cabildo tiene su logística.
Por ejemplo, de las 13 mil personas que hacen parte del resguardo de San Lorenzo en Ríosucio, Caldas, llegaron a Cali unas 120, casi el 1 por ciento de la población. Lo lograron con el aporte comunitario de los habitantes del resguardo que dieron en alimentos, bienes o dinero lo que podían. Nos dijeron que los de ese cabildo tenían alimentación para un promedio de diez días.
También se organizaron en grupos de logística, y cerca de dos mil personas de la Guardia Indígena se encargan de la seguridad de la minga y de los protocolos de bioseguridad (que no son muy estrictos, según vio La Silla).
Las decisiones
Las decisiones se toman colectivamente, como entre cinco mil personas y 25 voceros, por lo que es difícil pensar que haya un grupo concreto, y más ilegal, mandando. Además, en términos de decisiones estratégicas, como pedir cita a un funcionario o hacer un bloqueo, la minga funciona de manera absolutamente colectiva.
Todas las decisiones de la minga pasan por una asamblea general que es abierta y participa el que quiera si hace parte de la movilización. En la minga actual, nos dijo Jorge Sanchez del comité político del Cric, la asamblea está conformada por un promedio de cinco mil personas.
De ahí salen representantes por cada uno de los grupos u organizaciones que la conforman.
Sólo del Cauca hay 127 autoridades indígenas, que son los que gobiernan cada resguardo, y, según Sánchez, hay un promedio de 600 representantes de territorios y sectores que hacen parte de la minga, sumando autoridades del Huila, Caldas y voceros de estudiantes y movimientos sociales como Marcha patriótica, entre otros.
Estas personas conforman comisiones y de ahí se eligen los voceros, entre 20 y 25 personas, que son los que dialogan y representan la minga ante el Gobierno. Son los mismos que comunican las decisiones generales, como la de ayer de continuar la movilización a Bogotá.
Ferley Quintero, consejero del Cric, nos dijo que están hablando con líderes y organizaciones sociales en Bogotá para temas logísticos como el lugar en el que se quedarán.
Allá seguro se toparán con el Paro Nacional, que citó marchas para este 21 de octubre, aunque por ahora no hay coordinación entre las dos manifestaciones.
Un asunto clave para saber si tomarán más fuerza o podrían debilitarse.
