El nuevo Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, puso el espejo retrovisor y cada vez está dejando peor parada a la administración de su antecesor, Jorge Iván Ospina, de quien se rumora en el Valle del Cauca que tarde o temprano va a terminar empapelado.
Foto: La Silla Vacía
Aunque Ospina llegó en 2007 a Cali como el candidato independiente que encarnaba la esperanza de la renovación de la ciudad, desde el año pasado los entes de control comenzaron a acumular investigaciones en su contra por varias supuestas irregularidades en contratación y en otras decisiones de su gobierno.
Y en diciembre del año pasado, la Procuraduría lo suspendió por seis meses por no asistir a las sesiones del Consejo Municipal de Política Social, Compos, donde se discutían aspectos de protección integral a los niños, niñas y adolescentes, lo que para el Ministerio Público constituye una falta gravísima por omisión a sus funciones.
Aun así, Ospina salió con niveles de favorabilidad altísimos, en buena parte porque armó programas sociales exitosos, ayudó a mejorar la cobertura de la salud y porque fue quien inauguró el sistema masivo de transporte de la ciudad, MIO.
Ospina ha dicho que todo esto se trata de una persecución en su contra, pero de todas maneras ya su nombre y su gobierno han quedado estigmatizados en el gobierno actual. Y ahora que Guerrero y su gabinete han estado insistiendo desde el primer día en los problemas de la administración anterior la situación de Ospina empeora.
El 13 de enero, Guerrero llamó a la Dijín para que entrara a la Alcaldía y revisara los computadores de la entidad, pues habían encontrado que la administración de Ospina usaba protocolos poco claros en el área de sistemas.
La administración de Guerrero dijo entonces que sus funcionarios encontraron un programa espía -que al parecer fue instalado en 2009- en los computadores del Alcalde, la Secretaria Privada y el Secretario de Desarrollo Alternativo. Todos los archivos que se guardaban, enviaban o llegaban desde esos computadores eran enviados a otros computadores.
Las críticas a la administración anterior ya cobraron su primera baja en el gabinete de Guerrero, quien tenía planeado mantener en su cargo a algunos funcionarios de Ospina. El más importante de ellos era el ex Secretario de Hacienda Juan Carlos Botero, quien con el cambio de alcalde pasó a la Secretaría de Salud.
El mismo Guerrero dijo que las finanzas de la ciudad son una “olla raspada”, en alusión a la gestión de Botero, quien entregó la Secretaría de Hacienda en el sexto lugar en el país en el ránking de ingresos tributarios contra ingresos corrientes, detrás de ciudades más pequeñas como Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.
Finalmente, a pocos días de haberse posesionado Guerrero, Botero dijo que no aguantaba más la presión de las críticas de sus compañeros de gabinete y decidió renunciar a la Secretaría de Salud e ir a Bogotá a un puesto en Caprecom.
Además de Guerrero, los secretarios también han señalado públicamente otros problemas.
El Secretario de Infraestructura Vial, Miguel Meléndez, criticó la manera en la que se habían manejado las “21 megaobras”, obras de malla vial que pretenden mejorar la movilidad en Cali.
Meléndez dijo en una entrevista con El País de Cali que había problemas técnicos y financieros con estas obras. Encontró un déficit de 30 mil millones en el recaudo de la valorización que financia las megaobras, y dijo que la Administración tenía muchos problemas para recolectar la plata y permitirle a los ciudadanos pagar la valorización.
Además, dijo que existía el temor de que, con el sistema que se venía usando, se pudieran alterar las informaciones de las facturas en línea y que, tras el descubrimiento de los programas de espionaje en computadores del municipio, hay preocupación de se haya intervenido la base de datos de la facturación de las megaobras.
“Hubo decisiones que tomó la Administración anterior que pueden volverse contingencias en reclamaciones que afecten el valor de las obras, como haber suspendido la ejecución de trabajos del Grupo 1 por el Mundial de Fútbol o por Feria de Cali”, dijo Meléndez.
El Director Jurídico de la Alcaldía, Javier Mauricio Pachón, se quejó por su lado de que contra el municipio hay 4.710 procesos judiciales, muchos de los cuales tienen que ver justamente con demandas por irregularidades en los cobros por valorización. Aunque algunos de los procesos contra el municipio datan de 2000, en 2011 se instauraron 626 demandas que superan los 43 mil millones de pesos. Mientras que en 2010 el municipio de Cali pagó 180 millones por procesos por este tema, en 2011, los pagos aumentaron hasta más de 1200 millones.
Justamente fue en 2011 cuando reventó la polémica alrededor de la valorización de las megaboras y la Procuraduría le abrió pliego de cargos a Ospina por presuntas irregularidades en la expedición de la resolución que fijó el recaudo de esta valorización.
Por otra parte, la Secretaría General, en cabeza de Ximena Hoyos, denunció irregularidades en el polémico programa de guardias cívicos implementado en la administración de Ospina.
El ex alcalde había creado este programa en el que 1.300 personas tenían facultades para imponer comparendos ambientales, adelantar procesos de desalojo del espacio público, e imponer sanciones que les permitirán regular las “acciones poco cívicas de los caleños”.
Pero el programa fue criticado por ser visto como una manera de entregarles cuotas burocráticas jugosas a concejales (los sueldos de los guardias oscilaban entre un millón y dos millones y medio de pesos), porque pocos vieron el cambio planeado en Cultura Ciudadana y porque se percibía que muchos de los guardias abusaban de sus funciones.
La Secretaria General reveló que este programa le había costado 44.770 millones a los caleños, lo que correspondía al 54 por ciento del presupuesto total de esa dependencia de la Alcaldía. Y anunció que se no se reanudaría el programa, que duró tres años, porque era un gasto demasiado alto e innecesario.
La mayoría de los problemas que denuncian Guerrero y sus funcionarios, entonces, son económicos -como del que habla María del Pilar Rodríguez, nueva gerente de MetroCali, quien dice que encontró un déficit de 27 mil millones de pesos para la construcción del MioCable-, pero no son los únicos.
Por ejemplo, Beatriz Eugenia Orozco, Directora del Departamento Administrativo de Gestión Ambiental, Dagma, se quejó de que en su dependencia “no hay ni secretarias”. Esto se debe a que la administración anterior contrataba a casi todos sus empleados -exceptuando a 250- a través de prestación de servicios y con el cambio de gobierno, el Dagma se quedó sin personal.
Por ahora, mientras Guerrero y sus funcionarios denuncian irregularidades de la anterior administración ante los medios, la administración también ha estado buscando hacer acuerdos con el Concejo para intentar tapar los huecos que encontró, modificando el presupuesto o buscando otras fuentes de financiación.
Pero en general, a pesar de la urgencia que han denunciado Guerrero y su gabinete, por ahora muchos de estos temas siguen en fase de estudio. Ellos dicen que para evitar los errores del pasado.
Con estas críticas, Guerrero se aleja del grupo de Ospina, con quien hace unos meses estaban en luna de miel. En el Concejo el Alcalde tiene las mayorías necesarias para hacerlo sin perder gobernabilidad y, si logra mostrar resultados, puede terminar como el candidato independiente que sí logró sacar a la ciduad de la olla.
