Los promotores del paro invitan a marchar por Políticas económicas que el Presidente y sus Ministros muestran como éxitos o banderas. Eso muestra la marcha la motiva una diferencia con el modelo económico de Duque.
Los cinco principales puntos económicos del ‘paquetazo de Duque’ por los que los promotores del paro del jueves invitan a marchar son políticas en ejecución que el Gobierno ve como éxitos, o medidas que pintaban como sus grandes apuestas para el próximo año, pero que quedaron en el congelador, entre otras cosas, por la presión de la movilización.
De la “tributaria a favor de los grandes empresarios” a la tributaria que reactivó la economía
La reforma tributaria, a pesar de que la tumbó la Corte Constitucional por fallas de trámite, es uno de los hechos por los que el Gobierno más ha sacado pecho. De hecho, de acuerdo con Duque, Carrasquilla y el actual director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, gracias a ella la economía está recuperándose y empezando a crecer por encima de 3 por ciento, como reportó el Dane la semana pasada.
La tributaria, que volvió a presentar Duque en el Congreso, concreta su visión de impulsar el desarrollo bajándole el impuesto de renta y sus sobretasas a las empresas; dándoles estímulos tributarios como deducciones por comprar bienes de capital (maquinaria y equipos), por hacer megainversiones, o por invertir en ciencia, tecnología e innovación; y simplificándoles los trámites, como con el impuesto Simple, que permite pagar en un solo formulario cuatro impuestos (industria y comercio, renta, impuesto al consumo e IVA).
Como dicen quienes convocan al paro, la tributaria favorece a grandes empresarios y da beneficios a sectores como el agro, el turismo y las industrias creativas (o naranja), que incluye desde desarrolladores de software hasta empresas de eventos culturales.
Pero también favorece a las demás empresas (de hecho el Simple no aplica a las grandes) y trae impuestos que afectan a los más acomodados, como el nuevo impuesto a la compra de viviendas de más de 900 millones de pesos, mantener el impuesto al patrimonio para quienes tengan más de 5.000 millones de pesos, una tarifa más alta de renta a quienes ganan más de 33 millones al mes, o el impuesto a quienes reciban más de 10,3 millones de pesos por dividendos al año.
Como contamos, no está claro si, como dice el Gobierno, esta reforma esté siendo el motor que está reactivando la economía este año; pero que marchen en su contra, principalmente por los beneficios a las empresas, muestra un desacuerdo de fondo con la idea de que el crecimiento se logra a través de quitarle trabas y cargas al sector privado.
De la “holding que privatizará empresas” a la fórmula para ganar eficiencia
Crear una holding es otro tema clave para el Gobierno porque hace parte de las recomendaciones de buenas prácticas de la Ocde y porque va en línea con su estrategia de organizar administrativamente el Estado y hacerlo más eficiente. De hecho, el Ministro de Hacienda dijo que con esta medida iban a fortalecer las empresas del Estado, porque serán más eficientes y valdrán más.
Consiste en crear un grupo empresarial que reúna a todas las compañías del sector financiero en las que el Gobierno tiene participación. Ya está listo, según anunció el ministro Carrasquilla, se concretará la próxima semana, y tiene que estar listo este año porque el Plan Nacional de Desarrollo le dio hasta diciembre 31 para hacer esta reforma.
Aunque el Gobierno no ha confirmado qué empresas manejará la holding, dijo que serán 12 compañías en las que tiene participación directa y 7 en las que tiene participación indirecta. En medios se ha rumorado que incluiría algunas tan visibles como Colpensiones, el banco Agrario o el Icetex; otras encargadas de prestar servicios sociales como la Nueva EPS o el Fondo Nacional del Ahorro, y otras más técnicas de varios sectores como Finagro, Bancóldex o Fiduprevisora.
Con el holding estas empresas deberían seguir las directrices de unos directivos comunes que les tiren línea y las pongan a funcionar con reglas similares.
Los promotores del paro están en contra porque dicen que esas empresas públicas empezarán a buscar rentabilidad, como en el sector privado, lo que querría decir que el Banco Agrario no podría subsidiar o perdonar deudas a los campesinos o que el Fondo Nacional del Ahorro no podría mantener tasas bajas para compra de vivienda.
Esto, sin embargo, depende de las normas que fijen las directivas de la nueva holding para sus empresas.
La otra crítica es que por esta vía puede facilitar privatizaciones. Eso es cierto parcialmente, porque a través de la holding se hace más fácil hacer cambios como fusionarlas, de tal manera que en vez de vender tres empresas se pueda vender una. Pero incluso si ocurre eso, tendrían que luego hacer el trámite actual para venderlas, que según la Ley 226 incluye un visto bueno del consejo de ministros, y que termina tomando unos ocho meses en promedio.
La tercera crítica de los sindicatos es que puede haber una masacre laboral, algo posible porque el Gobierno ha dicho que uno de los objetivos de la holding es “evitar duplicidades e incrementar la eficiencia”, lo que abre la puerta a que fusione empresas, aunque sobre esto todavía no hay nada escrito.
Del “tarifazo o alza de la energía” a la solución estructural de Electricaribe
Las soluciones al problema de Electricaribe es otro de los éxitos más cacareados por el Gobierno, en particular por la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Esto a pesar de que todavía no ha despegado.
Esa solución tiene varios elementos, como dividir en dos la región Caribe para que sean dos empresas las que presten el servicio, asumir la deuda pensional de la empresa y crear nuevas contribuciones para darle plata al Fondo de la Superintendencia de Servicios Públicos que maneja empresas intervenidas como Electricaribe.
Lo que pone a marchar a las personas es otro punto: una nueva sobretasa de 4 pesos por kilovatio/hora que gasten de luz las industrias y los hogares de estratos 4, 5 y 6, con la que el Gobierno pretende recaudar 135 mil millones de pesos al año para invertir en Electricaribe y las otras empresas intervenidas por la Superintendencia
Aunque eso significa un alza de menos del uno por ciento, entre 800 y 1.300 pesos al mes para una casa normal, los promotores del paro hablan de un alza de 35 por ciento.
Además del incremento, el reclamo viene de la idea de que el problema de Electricaribe es culpa de los antiguos dueños de la empresa, los españoles de Fenosa, y por eso meterle la mano a los bolsillos a los usuarios para resolverlo lo ven como un regalo a ellos (a pesar de que hay una pelea legal compleja entre Fenosa y el Estado colombiano).
De la “reforma que empeora las condiciones laborales”, a la propuesta de reforma para que haya más trabajo formal
La ministra de Trabajo, Alicia Arango, arrancó su administración con una gran reforma laboral en la cabeza.
Aunque no ha presentado un proyecto al Congreso, como ha alegado estos últimos días el Gobierno, y se ha comprometido a que una iniciativa en este sentido se discutirá primero en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (donde tienen asiento empresarios, sindicatos y Gobierno), sí ha dado ideas de lo que quiere que tenga la reforma, y que coinciden en parte con las críticas de quienes convocan el paro.
Al principio del Gobierno, en septiembre, Arango le dijo a la Revista Semana que buscaba poner el Servicio Público de Empleo (que hoy operan las cajas de compensación y el Sena) bajo la sombrilla del Ministerio del Trabajo; mejorar las condiciones y tener más inspectores de trabajo y pagarles más; y flexibilizar las normas para que sea más fácil que las empresas contraten formalmente a sus empleados.
En los primeros dos puntos la Ministra no ha insistido mucho desde entonces, pero sí en la flexibilización. En particular del empleo por horas, que básicamente consiste en crear un mecanismo para que las empresas puedan aportar a las cotizaciones de salud y pensión de los empleados por las horas que trabajen, similar a como se puede hacer hoy por jornada de ocho horas, como reiteró en El Espectador el pasado 5 de octubre.
Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo (Artículo 193) quedó incluida una norma que va en línea con esta idea: los trabajadores que ganen menos del mínimo al mes tendrán derecho a que los empleadores los afilien al Sisbén y a dos mecanismos similares a las pensiones y la ARL. Como contamos en La Silla, los sindicatos se opusieron porque consideraban que le permite a las empresas pagar menos por trabajador, pero igual quedó, aunque no está funcionando todavía.
Además de eso, centros de pensamiento y empresarios han hecho otras propuestas en línea con la premisa de hacer más fácil y barata la contratación para los empresarios, y el paro también va contra ellas.
Anif propuso que para los menores de 25 años, en su primer empleo, haya un salario mínimo más bajo, del 75 por ciento del de los demás; Fedesarrollo, crear un salario mínimo diferencial por regiones proporcional al costo de vida; y Fenalco hizo una propuesta que combina la contratación por horas y el salario por regiones.
El Gobierno no ha avalado ninguna de estas propuestas y ya las rechazó, y probablemente tampoco presente su reforma este año.
De “el fin de Colpensiones” a dejar de subsidiar las pensiones altas
Desde su campaña el presidente Iván Duque prometió una reforma pensional “para focalizar los subsidios en los más vulnerables, eliminando distorsiones y competencias innecesarias entre el régimen de prima media y el de ahorro individual”, como decía su programa de Gobierno.
Una vez posesionado, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla empezó a trabajar en una propuesta y a finales de 2018 dio señales de que la presentaría al Congreso este año. Pero la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien dijo que no había ambiente político para pasarla sin concertarla antes con empresarios y sindicatos, y Duque no la presentó.
La reforma se sustenta en que muy pocas personas pueden acceder a pensiones a pesar de que el Gobierno destina casi 40 billones de pesos al año (cerca de 4 puntos del PIB) a subsidiarlas, un monto que tiende a aumentar y sin que ayude a reducir en mayor medida el número de ancianos desprotegidos en el futuro.
Desde el choque entre Arango y Carrasquilla, el Gobierno asumió el compromiso de presentar cualquier reforma por la mesa pensional, que incluye sindicatos, empresas, Colpensiones y fondos de pensiones, y llamarla una reforma de protección a la vejez, porque además de pensiones incluiría otras alternativas (como subsidios o sistemas de ahorro) para que los adultos mayores tengan ingresos.
Aunque no hay texto, como en la laboral el Gobierno ha dado pinceladas y en enero Duque trazó cuatro puntos:
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No subir la edad de pensión
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Respetar los derechos adquiridos de los pensionados y los que están por pensionarse.
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No tocar la pensión que se hereda.
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Focalizar los subsidios en los más pobres.
Sus ministros han hablado de otros puntos específicos, como:
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Modificar el régimen de prima media, el que maneja Colpensiones: En un foro con empresarios, a principios de su mandato, Carrasquilla habló de marchitar la entidad, pero en entrevistas posteriores ha aclarado que no quiere acabarla sino eliminar los subsidios que da el Estado a las pensiones altas a través de ella, para que las pensiones de este régimen dependan de lo que ahorren los trabajadores. En la práctica, esto implicaría que Colpensiones funcione igual o muy parecido a un fondo privado.
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Ampliar subsidios a quienes no tienen cómo pensionarse: La idea es que plata que se deje de pagar en subsidios a las pensiones altas se usará para dar una mesada, subsidiada por el Estado, a quienes no pueden pensionarse.
De acuerdo con un documento de trabajo del Gobierno que publicó el diario Portafolio, también estaría pensando en aumentar que los empleados pasen de aportar el 16 al 20 por ciento de sus salarios, y cambiar las reglas de los fondos de pensiones voluntarias para que puedan invertir en negocios más riesgosos pero potencialmente más rentables.
El Gobierno lleva más de un año trabajando en esta propuesta, en principio se iba a presentar en el primer semestre, luego aplazaron la meta para este año, pero como van las cosas lo más probable es que no se presente sino hasta el próximo.
