Hace seis meses el gobierno de Gustavo Petro anunció ceses al fuego bilaterales con los cinco principales grupos armados del país. Faltan quince días para que se cumpla el plazo inicial por el que fueron pactados y su balance muestra que no han logrado responder a la promesa de la paz total: llevar un alivio humanitario a las comunidades en zonas de conflicto.
En estos seis meses, el gobierno Petro ha tenido que enfrentar duros reveses en su propósito que lanzó a principios del 2023. De los cinco decretos iniciales de cese al fuego, el gobierno tuvo que suspender el del ELN a los cuatro días. En marzo, suspendió completamente el del Clan del Golfo. Hace unas semanas terminó parcialmente el del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc al mando de “Iván Mordisco”. Y ha mantenido los ceses con la Segunda Marquetalia y Los Pachenca, pero sin mecanismos de verificación ni protocolos.
Estos tropiezos, sumados a las guerras entre grupos armados que el cese al fuego no paró, han hecho que los desplazamientos forzados y los asesinatos de líderes bajaran poco y sigan en niveles altos. Además, el confinamiento aumentó en un 32 por ciento entre enero y abril de este año, en comparación con los mismos meses de 2022.
Por eso es clave, tanto para el gobierno como para la Fuerza Pública, aprender de los errores en estos meses para que el histórico cese al fuego bilateral ELN tenga éxito.
El panorama humanitario después de seis meses de ceses
El comisionado Danilo Rueda ha conducido los diversos acercamientos y diálogos bajo la premisa de parar la guerra para negociar la paz. Por eso los ceses al fuego son el primer paso para la visión de paz de este gobierno.
Según Andrés Preciado, director del área de dinámicas de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el problema de ese enfoque es que solo frena la confrontación entre los grupos y el Estado, pero no la confrontación de los grupos entre sí: “La estrategia que adoptó el gobierno parece no ser la más correcta. Porque la disminución de las afectaciones humanitarias no estaría dada por el cese al fuego, sino por el cese de hostilidades que no se ha negociado”.
Las cifras de los primeros meses de este año confirman este análisis. Un reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que hizo un balance de los primeros cuatro meses de los ceses al fuego, confirma que hubo un desescalamiento del conflicto entre los grupos armados y la Fuerza Pública.
Según el informe, las cifras de miembros de la Fuerza Pública asesinados por los grupos armados pasaron de 22 en 2022 a solo tres en 2023. Las cifras muestran también que los enfrentamientos de la Fuerza Pública se redujeron un 48 por ciento con los grupos armados (incluyendo al ELN).
El informe la JEP concuerda con las cifras del Ministerio de Defensa que también han mostrado esta tendencia. Unas cifras que profundizan la tendencia que venía desde los primeros meses de Petro en el poder, en 2022, donde las operaciones y los combates de la Fuerza Pública con los grupos armados se redujeron.
El gobierno ha resaltado esas cifras para mostrar los ceses al fuego han salvado vidas. Sin embargo, estos seis meses también muestran su poca efectividad para frenar la violencia contra civiles.
El mismo informe de la UIA dice que el cese al fuego no tuvo impacto en el comportamiento del Clan del Golfo, pues mantuvo el mismo nivel de afectaciones contra la población civil. Frente al EMC, la Segunda Marquetalia y Los Pachenca, las cifras revelan la reducción de afectaciones fue leve.
Otro dato clave es que todos los grupos siguieron reclutando a menores de edad, algunos incluso más que en comparación a los primeros meses de 2022. A pesar del subregistro que existe en el país sobre este tema y a que este sistema de monitoreo se basa en información pública, según los casos registrados por la UIA el EMC pasó de 11 casos de reclutamiento forzado en 2022 a 14 en 2023; mientras el Clan del Golfo pasó de 6 a 15 casos.
Pero no es el único informe que muestra datos preocupantes en medio de los ceses al fuego.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) sacó a finales de mayo varios informes sobre la situación humanitaria del país entre enero y abril. Una alerta es el aumento del 133 por ciento (comparado con 2022) de restricciones al acceso de misiones humanitarias de organizaciones internacionales y de derechos humanos a los territorios de conflicto. Catatumbo (Norte de Santander), Guaviare y Nariño son los más afectados y el 59 por ciento de estas acciones son responsabilidad de actores armados.
Esto es clave si se tiene en cuenta el aumento del 32 por ciento de los confinamientos forzados durante los primeros meses de este año: comunidades que quedan encerradas en sus propios territorios, que sufren restricciones a sus derechos básicos y que necesitan ayuda humanitaria, la cual no puede llegar en muchas ocasiones por intimidaciones de los armados.
Un ejemplo reciente fue el confinamiento de 5.600 personas en el municipio de Novita (Chocó), alertado el 3 de junio por la Defensoría del Pueblo. Se generó por la guerra en esta región entre el Clan del Golfo y el ELN, y por un paro armado decretado por la guerrilla que frenó la entrada de ayudas humanitarias para la población confinada y desplazada.
La crítica situación humanitaria para las comunidades también ha sido registrada por la Coordinadora Humanitaria, una plataforma que organiza a líderes y organización sociales en los territorios afectados por el conflicto y que está trabajando de cerca con el Alto Comisionado para la Paz. En un reciente informe, la Coordinadora alertó por 361 violaciones al cese al fuego hasta abril de este año.
“Hemos identificado niveles críticos de afectaciones contra la vida [asesinatos]. Segundo, la afectación a liderazgos sociales y defensores de derechos humanos. Tercero, los confinamientos y desplazamientos”, dice Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos en la Coordinadora Humanitaria. “A pesar de que se han declarado ceses al fuego, desafortunadamente se han mantenido estas acciones”.
Pero, lejos de pedir mano dura como los políticos opositores a Petro, las comunidades piden fortalecer la política de parar la guerra.
Los más afectados piden que se fortalezcan los ceses
Los primeros en reconocer las falencias que tienen los ceses al fuego bilaterales son las comunidades y los líderes sociales, pues son los que padecen la violencia. También son estos los primeros en defender estas medidas, pues, aunque sea poco, han reducido los escenarios de violencia.
“A pesar de la falta de claridad en los mecanismos de monitoreo y verificación, del desorden que ha sido el cese al fuego con el EMC, en el Catatumbo sí se ha sentido un alivio importante de parte del cese de fuego con esta organización ilegal por lo menos con la Fuerza Pública”, le dijo a La Silla Juan Carlos Quintero, líder social en Catatumbo.
Quintero pertenece a la Coordinadora Humanitaria en Catatumbo y sabe que la situación en su región es crítica, aún así defiende este tipo de políticas. “Estamos planteando un ejercicio que lleve a la declaratoria de un cese multilateral de fuegos que permita un escenario de paz y tranquilidad en el territorio”, dice.
Este sábado, líderes y organizaciones sociales han convocado a una audiencia pública en Tibú, con el acompañamiento de la Comisión de Paz del Senado, para alertar sobre la crítica situación humanitaria de esta región de Norte de Santander.
Según el reporte de la Coordinadora, Catatumbo es la segunda región con más hechos violentos. Según cifras de OCHA, la mayoría de las restricciones del acceso humanitario del país este año se han presentado en Catatumbo (28 por ciento).
La idea de la Coordinadora Humanitaria, y de los liderazgos sociales, es establecer un “diálogo regional humanitario”. Así han llamado la propuesta que busca sentar a las autoridades y convocar a los gestores de paz de los grupos armados de la región (ELN y EMC), para plantearles unos mínimos que deben respetar.
“Lo que nosotros [organizaciones sociales de Catatumbo] estamos pidiendo es que el cese al fuego debe extenderse a las hostilidades, que es lo que en realidad nos beneficia a nosotros como población civil”, explica Quintero. Para ellos es claro que el verdadero problema son los combates entre los grupos armados y su disputa por el territorio que afecta directamente a las comunidades.
El caso de Catatumbo, donde convergen varios actores armados y es una de las regiones más complejas del conflicto, ilustra bien la situación del país y la postura de las comunidades frente al cese al fuego. “Las comunidades no piden al cese de una manera leguleya. Los que piden las comunidades es cese al fuego, cese de hostilidades y ceses multilaterales. Que todos paren de dar bala”, dice Andrés Preciado, investigador de la FIP.
Un caso que ejemplifica esto es Putumayo. Los diferentes informes señalan una reducción importante de la violencia porque han disminuido los enfrentamientos entre los Comandos de la Frontera (Segunda Marquetalia) y el Frente Carolina Ramírez (EMC). Esto a pesar de que en este departamento el Carolina Ramírez asesinó a cuatro menores de edad en mayo, un hecho que llevo al fin parcial del cese al fuego con el EMC.
La lección para el cese con el ELN
Después de estos seis meses de tropiezos, lo que le queda al gobierno también es una experiencia aprendida para encarar el cese al fuego con el ELN recién pactado y replantear los ceses vigentes.
“Hay varios aprendizajes, pero resaltaría que uno de los principales es que el cese al fuego sí o sí debe tener los protocolos delimitados”, explica Lina Mejía de la Coordinadora Humanitaria. “Definitivamente, tiene que estar listo, conformado con mandato y también con amplia participación de las organizaciones sociales”.
En ese sentido, parece que en La Habana se incluyeron varias lecciones. Por un lado, el acuerdo establece dos meses para alistar el mecanismo de monitoreo y los protocolos.
Además, en la lista de acciones prohibidas en el acuerdo del cese incluyeron el respeto absoluto a las misiones humanitarias y a los alivios humanitarios que se desarrollen en las regiones. También se dejó explícito el respeto por el Protocolo II de los Convenios de Ginebra, donde se establece la prohibición de “tomar rehenes” a civiles no involucrados en el conflicto, y se prohíbe el reclutamiento de menores de quince años.
Sin embargo, sigue existiendo un gran vacío. El acuerdo con el ELN no involucra sus guerras con otros grupos. Y en varias regiones seguirá el miedo ante los enfrentamientos de esa guerrilla con el Clan del Golfo o las disidencias de “Mordisco”.
