En la Cordillera Central, a la altura del departamento de Risaralda, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya es un pulmón verde que contrasta con las cimas café y blancas de los tres nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima, en el Eje Cafetero.
Es una de las 59 áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales (PNN), definidas para garantizar la conservación de la diversidad biológica que hacen de Colombia uno de los países más biodiverso del mundo. Desde 2009, el turismo en ese santuario ha sido operado por Yarumo Blanco, una asociación comunitaria de personas de la región, en su mayoría jóvenes, todos ambientalistas.
Tenía un contrato con PNN que finalizó en 2020, pero se extendió por períodos más cortos desde esa fecha hasta el 9 de julio de este año, cuando la entidad les ofreció un nuevo contrato. Esta vez con condiciones distintas, que Yarumo Blanco no podía cumplir.
La situación refleja un cambio en el modelo con el que esa entidad se había relacionado con las comunidades que habitan las zonas de reserva durante la administración de la anterior directora, Julia Miranda, que estuvo durante 16 años en el cargo.
Contexto
El nuevo director, Pedro Orlando Molano, se posesionó en diciembre del año pasado sin el respaldo de líderes ambientalistas. Lo criticaron por su gestión cuando fue director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte en la alcaldía de Enrique Peñalosa, en la que taló árboles en lugares que antes eran zonas verdes en Bogotá.
Ahora, PNN tiene activos solo cuatro contratos de ecoturismo comunitario con tres entidades distintas. Algunos se acabaron antes de que Molano se posesionara. Los que hay son menos de los que se definió en 2008, cuando se identificaron nueve zonas con vocación de turismo comunitario.
Que Yarumo Blanco no haya renovado su contrato creó una alerta entre ambientalistas y expertos a través de redes sociales. Como esta de Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, fundador de esa entidad y activista ambiental.
Atención: @ParquesColombia está cancelando las concesiones de ecoturismo a cargo de organizaciones comunitarias. Ya lo hizo en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya con la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco. Ahora lo intenta hacer en Chingaza. ¿Para entregarlas a quién?— Manuel Rodríguez B. (@manuel_rodb) July 17, 2021
PNN está cambiando el modelo con el que hasta ahora había operado el ecoturismo en varias de las zonas de reserva. Y, con eso, también está poniendo en crisis una forma de turismo que tenía avances parciales, y donde las comunidades son protagonistas.
El quiebre con las comunidades
“Cuando la comunidad empieza a percibir el parque como un sitio de biodiversidad y de conversación, cambia la perspectiva sobre él. Empiezan a disminuir la tala, la caza y cosas así porque las comunidades habitan el territorio y los beneficios empiezan a llegar a todos”, dice Andrés Rivera, profesor en el área de turismo de la Universidad Tecnológica de Pereira y uno de los fundadores de Yarumo Blanco.
Con él empezó una asociación de jóvenes ambientalistas que constantemente visitaban la cuenca del río Otún, en Risaralda, y les gustaba la naturaleza. Antes hacían parte de iniciativas diversas que operaban en el parque desde el año 1996, cuando fue fundado. Son habitantes del sector que estaban en la escuela de guardabosques que antes había en el parque, o en grupos de ambientalistas que se unieron en una asociación.
Hasta 2009, cuando firmaron el primer contrato con PNN, la mayoría de los jóvenes que estaban ahí no tenían ingresos fijos y vivían de las labores del campo. Su trabajo en la cuenca del río era voluntario.
“No somos profesionales. Tenemos mucha experiencia, pero no tenemos la estructura de una empresa grande”, dice Jimmy Monsalve, director de la asociación Yarumo Blanco.
En 2008 PNN hizo un ejercicio de planeación en el que identificó cuáles, de las 59 zonas protegidas que existen, podían tener ecoturismo. Esto con el fin de promover conocimiento sobre los bosques, atraer la investigación y algunos recursos que fueran aprovechables en los parques para trabajar en su conservación. Identificaron 30. De ellos, nueve tenían además una vocación comunitaria, porque de alguna manera estaban presentes los habitantes de la región. Es el caso del Santuario Otún Quimbaya, que tiene grandes atractivos naturales, y recibe sobre todo científicos y ambientalistas.
La iniciativa es importante, porque como explica Sandra Vilardy, directora de Parques Cómo Vamos, “las comunidades locales pueden generar mucha presión sobre los PNN o pueden ser los mejores aliados siempre y cuando hagan parte del proceso”. Y es lo que está pasando ahora en Risaralda.
En el contrato que firmaron PNN y Yarumo Blanco, que inició el 19 de marzo de 2010, quedó estipulado que la asociación sería un operador turístico encargado de atraer visitantes, ofrecerles alimentación y alojamiento, y guiarlos dentro del parque. El acuerdo financiero era que la asociación le daría a la entidad el 10 por ciento sobre los excedentes anuales.
En los años más prósperos, como fue 2019, lograron generar hasta 35 empleos directos. Ese año Yarumo Blanco tuvo ingresos de 925 millones de pesos. De esos, a PNN le correspondieron 9.824.661 pesos.
Gracias a ese acuerdo, durante los diez años de vigencia del contrato –más las cinco adiciones firmadas después de su finalización, en 2020– PNN recibió poco más de 58 millones de pesos. Una suma que representa poco en el presupuesto anual de la entidad, que tiene más de 50 mil millones de pesos que le da el Gobierno Nacional.
Pero llegó la pandemia y afectó sobre todo al sector turístico, que se congeló en su totalidad durante los primeros meses de 2020 y apenas está empezando a reactivarse. Por ejemplo, el año pasado Yarumo Blanco tuvo los ingresos más bajos desde su creación, menos de 300 millones de pesos. Y también ese año terminó su contrato.
Después de las adiciones, que terminaron el 9 de julio de este año, PNN les propuso un nuevo acuerdo, pero esta vez con unos topes que la asociación considera que no puede cumplir. Y que, en general, pocos operadores turísticos estarían dispuestos a aceptar si se tiene en cuenta el contexto de pandemia.
“Sabemos que es difícil que un operador cumpla con ese tope, pero este es un proceso gradual. No se va a dar de una”, explicó PNN a través de su área de prensa. Las nuevas condiciones aún están por evaluar, al igual que la lista de asociaciones que podrían aplicar para ese contrato.
Sin embargo, en marzo Molano le echó flores al proceso que no volvió a contratar. Y en marzo le dijo a El Tiempo que los integrantes de Yarumo Blanco “tienen el parque en perfectas condiciones, han hecho inversión en las instalaciones. Son un ejemplo, unos muchachos que llevan años haciendo la tarea. Vamos a revisarlo. Si hay una mejora para Parques, la haremos o simplemente se renueva el contrato”.
Lo que piden ahora era el 10 por ciento sobre los ingresos brutos, que para la asociación es mucho cuando deben garantizar los sueldos de los 18 asociados que tiene y el mantenimiento de sus instalaciones. Si en el 2019 pagaron sobre sus excedentes casi 10 millones, ahora tendrían que pagar, en un año con ingresos similares, casi 100 millones.
“Luego de la pandemia del covid-19 la situación del gremio del turismo es crítica, y nosotros como asociación y operadores de un área protegida que no es masiva, no somos ajenos a ella. Por esa razón, consideramos que no estamos a la altura de las expectativas financieras de la institución”, dice una carta que Yarumo Blanco le envió a PNN el 8 de julio de este año.
El cambio de modelo
Lo nuevo que propone PNN es apenas una parte de un cambio mucho mayor, que preocupa a expertos del turismo de naturaleza y que ya sienten otras comunidades que por años han operado otras zonas de reserva.
“Lo que se critica es que haya un proceso que viene de más de una década de construcción de capacidades que no se está viendo el activo que significa. Y ante unas expectativas diferentes de gobierno, aún faltan elementos en la estructuración del modelo económico; más en este tiempo de pandemia. Colombia no puede seguir perdiendo capital social construido”, dice Vilardy.
Por eso, la salida de Yarumo Blanco ha hecho eco en los ambientalistas, que también han denunciado que la situación se repite en Chingaza, al noreste de Bogotá.
Corpochingaza inició su contrato en 2012, pero solo ha operado la mitad de él porque tuvo pausas durante la pandemia. El acuerdo financiero entre ella y PNN es distinto al de Yarumo Blanco, porque deben darle a la entidad el cuatro por ciento sobre los ingresos totales.
Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, denunció en sus redes sociales que PNN quería cancelarle el contrato a la corporación, con quien también tiene un contrato por diez años para turismo comunitario. También que la entidad quería construir un ecohotel dentro del parque.
La situación es confusa incluso para la Corporación, pero están a la expectativa porque aún les quedan cinco años de contrato por ejecutar.
“Hay muchos rumores internamente entre las personas de Corpochingaza, porque les habían dicho que el contrato se iba a cancelar, pero no hemos tenido un comunicado oficial de Parques”, dice alguien que integra la corporación, y que prefiere no dar su nombre para evitar conflictos con la entidad. Mientras tanto el contrato sigue vigente: la corporación se encarga del servicio de restaurante, alojamiento y guía para los visitantes.
La misma persona contó que desde la dirección de PNN, en cabeza de Orlando Molano, les dijeron que el contrato continuaba. Contrario a lo que escucharon de funcionarios del parque, que aseguraron que lo cancelarían.
Los rumores están alineados con la visión de Molano, que en la entrevista de marzo dijo que invertiría en infraestructura para recibir más turistas en los parques. Lo nuevo es que PNN pretende cambiar la forma de contratación que había tenido hasta ahora con las comunidades, para hacer más competitivo el proceso y recibir más recursos para la conservación y el mantenimiento de los parques con unos topes económicos que aún se están definiendo. “Estos contratos se hicieron con el propósito de apoyar a las comunidades, pero se omitió medir el impacto de una baja tasa de retorno para la conservación y mantenimiento del área protegida”, dijeron a través de la oficina de prensa.
Según PNN el contrato con Corpochingaza está en revisión con el equipo jurídico de la entidad, para evaluar qué se ha cumplido y qué no, pero tiene vigencia hasta 2026.
Sobre la construcción del ecohotel, la entidad respondió que se trataba de unas adecuaciones a un centro de visitantes que ya existe. Su directora, Jenny Romero, advirtió que las fotos que se muestran ahí no son las de sus instalaciones.
No se va a construir un ecohotel en Chingaza. Hay un centro de visitantes y zona de camping en Monterredondo en mal estado. Los adecuaremos para mejorar la experiencia del visitante y reducir impactos ambientales. @manuel_rodb lo están desinformando. En ???? se evidencia el estado. pic.twitter.com/hPBomVjQkz— Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) July 22, 2021
Por ahora, el cambio de modelo tiene prevenidas a algunas comunidades y frenada una parte del turismo en el santuario de Risaralda, donde no hay alojamiento ni restaurante hasta que se contrate un nuevo operador. El “nuevo petróleo”, como llama el presidente Iván Duque al turismo, dejó de brotar en este Parque.
