La división política en Medellín amenaza el patrimonio público de la ciudad. La situación crítica de Tigo-Une, una empresa de la que Empresas Públicas (EPM) de Medellín es copropietaria junto con Millicom, una multinacional de Luxemburgo, es el resultado de una pelea política que lleva meses.
Esa confrontación, que ha sido parte de una estrategia de polarización para generar réditos políticos de parte de Quintero , ha dejado el patrimonio público de los paisas expuesto a un socio problemático y a un mercado con competidores agresivos.
Tigo, una empresa con 15,1 millones de usuarios móviles y cerca de 25.000 colaboradores directos e indirectos, carga una deuda de 4.7 billones de pesos que amenaza con quebrarla. Da pérdidas, el Ministro de las TIC no descarta la posibilidad de intervención y necesita una inversión urgente. Pero su futuro es incierto, en un ambiente político cada vez más enrarecido.
Si sucumbe, Tigo sería la víctima más costosa de la polarización que se tomó Medellín desde que llegó Quintero, y que ha tenido en el Concejo de la ciudad a opositores igual de intransigentes y teatrales. “El problema es que Quintero ha tomado todo desde el punto de vista político y no pensando en hacer un buen negocio para Medellín, sino en beneficiarse políticamente”, dijo Marc Eichmann, expresidente de Une.
Los posibles futuros de Tigo-Une
El Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, en una citación a los representantes legales de Tigo-Une la semana pasada en la comisión Sexta del Congreso, pintó los tres futuros que tiene la empresa: liquidación, dilución o acogerse a la Ley 1116, es decir, una reorganización empresarial.
“La opción de capitalización hoy la vemos cada vez más lejos porque hay un conflicto entre socios que no permite esa capitalización”, dijo Lizcano durante su intervención. Sobre una posible dilución, es decir, que se ponen nuevas acciones en el mercado y se reduce el porcentaje accionario de todos los socios, el ministro explicó que el gobierno no ve con muy buenos ojos la pérdida del patrimonio público de los medellinenses.
La capitalización depende de los socios. EPM que tiene el 50% más una acción, y Milicom que tiene el resto. Milicom ha presentado propuestas, pero EPM no ha querido hacerlo. Por otro lado, la posible dilución, tiene que ser votada en el Concejo de Medellín, donde está el bloqueo político.
La tercera opción, por medio de la Ley 1116, es entrar en Ley de quiebra. Ahí hay dos posibles procedimientos: la reorganización empresarial o la liquidación judicial. En este caso, y como lo sugirió el Ministro Lizcano, si los socios no llegan a tomar una decisión antes del 11 de octubre, las empresas se presentarían a reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades.
“Eso significa que adelantan un trámite para reorganizar sus deudas, llamar a sus acreedores y establecer un acuerdo que le permita a la sociedad cumplir con sus obligaciones”, explica Octavio Macías, profesor de la Universidad de Antioquia y experto en derecho societario. El proceso de reorganización no implica que los socios dejen de controlar la sociedad, aunque quien tiene la prima de control es Milicom, pues pagó 150 millones de dólares por el control de la empresa en 2013.
“Nosotros acompañamos el proceso, la empresa sigue funcionando, la empresa sigue teniendo un gerenciamiento y por supuesto sigue prestando un servicio”, dijo el superintendente de Sociedades, Billy Escobar durante el debate de control político en el Congreso.
Para Eichmann, desde el punto de vista económico lo mejor es hacer que los proveedores paguen y acogerse a la ley de quiebra. Aunque, según él, esto tiene un costo reputacional. “Es muy difícil decir qué va a pasar. Para mí es muy difícil decir si Daniel Quintero va a capitalizar o va a permitir que Milicom capitalice solo porque el tipo es absolutamente impredecible”, concluyó.
Quintero planteó otra posibilidad en una entrevista que dio al El Tiempo donde dijo que “Si ellos (Milicom) creen que la empresa vale 300.000 millones de pesos nosotros la compramos”.
Por ahora, el Concejo solo podría votar para aprobar o no la dilución. Sin embargo, la socialización del proyecto del acuerdo que se presentó todavía no está agendada. Quintero presentó el proyecto el jueves 21 de septiembre, el mismo día que tuvo la ruidosa discusión con el concejal López en el Concejo y según Caracol Radio, en dicho proyecto cada acción valdría 2 mil pesos y no 420 mil pesos. Quintero dijo que esta era una propuesta de Milicom y pidió a los concejales la votaran de manera negativa.
Las cuentas de la empresa
La situación financiera de Tigo, la tercera empresa de telecomunicaciones de Colombia, es muy complicada. Una posible dilución de las acciones de EPM sería una gran pérdida para el sector público.
Desde 2016, Tigo-Une viene presentando pérdidas y al día de hoy sus deudas alcanzan los 4,7 billones de pesos. Hace dos semanas, Milicom, la empresa que adquirió el 49 por ciento de Tigo-Une, señaló a través de un comunicado que la empresa necesitaba una capitalización y para ello pidió a la Junta Directiva de Tigo-Une que emitiera un reglamento para poder ofrecer las acciones.
La empresa busca una capitalización equivalente a 150 millones de dólares para lograr liquidez y saldar deudas urgentes. Sin embargo, la Junta Directiva de Tigo-Une decidió no aprobar el reglamento para la colocación de 22 millones de acciones el pasado 10 de septiembre.
Por ahora, el futuro de Tigo-Une se enfrenta a un EPM que no ha demostrado interés en el mundo de las telecomunicaciones, un Quintero que carga a cuestas escándalos de corrupción en su administración en plena época electoral y un Milicom que ahora quiere invertir la mitad de lo que requiere la empresa para alcanzar liquidez y pagar deudas.
La confrontación con la oposición
Quintero convocó el jueves pasado a una rueda de prensa para hablar sobre la situación de Tigo-Une en el Concejo de Medellín. Allí, periodistas aprovecharon para preguntarle por las denuncias de corrupción por cartelización de Metroparques que hizo la veeduría Todos por Medellín. Pero la respuesta de Quintero fue hablar sobre el supuesto “cartel de los 20 billones” que, según él, se había robado a Medellín, en alusión a la alianza con empresarios de sus antecesores.
“Dijimos que en Tigo-Une, si no se aprobaba la cláusula de protección del patrimonio público, nos iban a tumbar”, expresó Quintero en su discurso, que se vio interrumpido por la aparición del concejal del Centro Democrático, Sebastián López quien le pidió respeto hacia los concejales.
La confrontación continuó, entre gritos y acusaciones de robo al patrimonio público de parte y parte. “Por qué tiembla, hombre”, le dijo López al Alcalde enfurecido. “¡Pa’ no pegarle, hijueputa!”, sentenció Quintero y se fue, seguido por policías y el cuerpo de seguridad que lo rodeaba.
Esta es la foto de una pelea que lleva meses entre Quintero y su oposición en el Concejo, quien tiene la facultad de aprobar o no la dilución y donde el alcalde no tiene mayorías. Por esta confrontación, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al alcalde y podría enfrentarse a cinco meses de inhabilidad.
Quintero lleva cuatro intentos para que el Concejo apruebe la venta de las acciones en Tigo-Une, en cumplimiento de una cláusula de patrimonio público, que le permite a EPM vender sus acciones en la empresa de telecomunicaciones. En 2022, la corporación, en la que el alcalde perdió las mayorías, no aprobó la venta de las acciones de EPM a Millicom por la desconfianza que le tenía Quintero y el riesgo de que el futuro del dinero de la venta de Tigo estuviera en sus manos.
Ese último intento se cayó porque el acuerdo presentado por la Alcaldía incluía un artículo que hablaba de destinar los recursos al “plan de inversiones” de EPM. Los concejales uribistas vieron esto como un mico para que Quintero tomara decisiones sobre la destinación de la plata bajo su criterio.
“La oposición confundió a hacerle oposición al Quintero con hacerle oposición a la ciudad y en últimas terminó ayudando a los intereses de Milicom”, dijo Paulina Aguinaga, candidata a la Alcaldía de Medellín por el movimiento “Por Medellín” y que renunció al partido Centro Democrático en junio del año pasado.
Ella considera que la fusión entre Tigo y Une fue una mala decisión y que la empresa debió haber quedado o 100% privada o 100% pública. También sostiene que sería muy riesgoso hacer una capitalización en este momento porque espera que la empresa necesite más inversiones en un futuro cercano.
“La rentabilidad social tampoco ha existido porque ser socios de Tigo-Une no ha implicado ni tarifas diferenciales para los medellinenses ni tener mayor cobertura de internet”, dijo Aguinaga.
Por otro lado, el concejal del partido Verde, Simón Pérez, ve que esta es una oportunidad para que haya una capitalización por parte de EPM. Pérez, opositor de centro a Quintero, dice que debe haber una renegociación entre EPM y Milicom sobre la extensión de cláusula de patrimonio público y la prima de control que la tiene la empresa, a cambio de que EPM invierta en mayor proporción.
“Es muy difícil que todo se dé al tiempo, pero sí considero que se debe lograr una de las dos”, dice, además de que la capitalización sin ninguna de las dos variables le produce mucha confianza.
Pérez afirma que en la negociación es muy difícil que las dos variables se hagan realidad, pero apuesta que al menos una de las dos sí se cumpla, según los términos de una eventual negociación. Por otro lado, hay otras personas que piensan que lo mejor para EPM es que salga del negocio de las telecomunicaciones y se centre en el de los servicios públicos, como lo ha planteado la misma EPM.
Pero el problema es mucho más grande
“El sector público está desfinanciado, el sector de las telecomunicaciones está altamente concentrado y eso lleva a que esto no sea negocio para nadie, excepto para Claro”, dijo un experto en regulación de las telecomunicaciones, pero que pidió reserva porque trabaja en el sector público.
En el documento de revisión de medidas regulatorias aplicables a servicio móviles hasta el 2022 recién publicado por la CRC, se destacan varios puntos desfavorables para el sector de los servicios móviles en cuanto al estado de la competencia. Uno de ellos es que Claro mantiene participaciones de mercado superiores al 52% y al 60% en ingresos y hay una concentración de mercado de los servicios móviles.
Otro es que la CRC llegó a la conclusión de que, al ser Claro un operador de mayor tamaño, representa barreras para que entren nuevos competidores y ventajas competitivas. “Este hecho limita las perspectivas de que el mercado avance hacia un estado de competencia efectiva en el corto y mediano plazo”, como se lee en el documento.
En junio de 2023, Tigo y Movistar, iniciaron un proceso ante la SIC, en julio de este año, para explorar la integración de sus redes de acceso móvil. Por medio de “la creación de una nueva compañía de infraestructura de acceso móvil (..) y que sea el vehículo de despliegue de nuevas tecnologías móviles como 5G”, como se lee en un documento de revisión del mercado relevante “servicios móviles”.
Según el documento, Tigo y Movistar, la cual le pertenece en un 32% al gobierno de Colombia, entrarían bajo la sombrilla de una compañía mayorista. Se llamaría NetCo y este acuerdo se limitaría a una “compartición de redes de acceso móvil y de espectro redioeléctrico” y es un proyecto que continúa en fase de estudio, pero muestra que estas empresas están buscando formas de competir.
Otra ficha que complica la situación de Tigo y, en general, de todo el sector es la entrada de un nuevo jugador, Wom. Desde que entró al mercado con sus bajas tarifas ha hecho que las empresas, según un documento de la CRC, respondan con “aumentos en la capacidad de minutos y datos ofrecidos, servicios adicionales incluidos en los planes y en algunos casos reducciones de precio”.
Ahora Quintero sigue confrontando en redes y micrófonos. Aprovechó su visita al Congreso para pedir que no se permitiera a Milicom quedarse con recursos públicos, también denunció un cartel que denominó de los “20 billones”, que según el mandatario robó Hidroituango, Orbitel y Antofagasta. Todo esto, mientras recibe cuestionamientos sobre un presunto cartel de la contratación en su Alcaldía, denunciado por la Veeduría ciudadana Todos por Medellín.
