Hoy se vence el plazo que dio el ministro del Interior, Alfonso Prada, para anunciar la reglamentación de las gestorías de paz para los jóvenes encarcelados e investigados por delitos cometidos en el marco de la protesta social, a quienes Gustavo Petro ha prometido la libertad antes de Navidad.
Al hacerlo, Petro cumple con una promesa de campaña pero arriesga perder el amplio respaldo que tiene la Paz Total y también reforzar la asociación que ha rechazado entre la Primera Línea y los grupos armados.
“Centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia”, anunció Petro el fin de semana, desde Pasto.
La “gestoría de paz” es una figura que se inventaron en el gobierno de Álvaro Uribe y que ha servido para que miembros de grupos armados ilegales encarcelados sean puestos en libertad con el objetivo de que cumplan labores de mediación entre el Gobierno y los grupos con los que explora un Acuerdo de Paz.
La usó Uribe en el proceso con los paras y las guerrillas en 2005; la usó Juan Manuel Santos en el proceso de Paz con las Farc en 2016; e incluso, la usó Iván Duque con Juan Carlos Cuellar, del ELN.
Santos también la utilizó para dejar en libertad a cerca de 1.300 miembros de las Farc que estaban en las cárceles al final del Acuerdo de paz con esta guerrilla mientras les tramitaba una amnistía. Salieron con la tarea de ayudar al proceso de reincorporación.
Pero el uso que Gustavo Petro quiere darle a la figura de gestor de paz es inédita porque no adelanta ninguna mesa de diálogo con la “Primera Línea”, ni reconoce a estos jóvenes como integrantes de un grupo armado organizado.
La rendija de la 418
La elección de Gustavo Petro es en gran parte el resultado de un descontento social masivo que se vivió en las calles durante los dos años anteriores a la campaña. Fue él quien mejor logró interpretar ese estallido social, poniéndose claramente de su lado. Y varios miembros de su coalición, comenzando por su aliado Gustavo Bolívar, se la jugaron en defensa de los de la Primera Línea. De ahí el compromiso del presidente por sacarlos de la cárcel, que hizo explícito en su discurso de triunfo, cuando le solicitó al Fiscal General que los dejara en libertad.
“Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia”, dijo Petro el fin de semana al anunciar esta medida.
Para sacarlos de la cárcel, el Gobierno utilizará una rendija de la ley de Paz Total. En específico, el primer parágrafo del artículo quinto sobre figuras legales para conversar con los grupos armados e ilegales, que fue agregado a la prórroga de la ley 418 con esta intención:
“Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”.
Al aplicar una medida que se usa para adelantar procesos de paz con grupos ilegales a jóvenes que él defiende que han sido reprimidos injustamente, Petro corre el riesgo de reforzar en el imaginario colectivo la idea promovida por las autoridades durante las protestas de 2019, 2020 y 2021 de que estos jóvenes actuaron coordinadamente con grupos armados, como el ELN.
“Los jóvenes tenían una preocupación y es que ellos no quieren declararse ni guerrilleros, ni bandas criminales ni nada de eso. Por eso había resistencia frente a las gestorías de paz —dijo a La Silla Alirio Uribe, quien fue ponente de la Paz Total y ha recorrido las cárceles del país hablando con estos jóvenes— Entonces, podría darse el caso de que algunos jóvenes no lo quieran hacer porque sienten que los están comparando con un grupo armado, al grupo terrorista o alguna cosa así”.
Y ese es solo uno de los riesgos que corre el Presidente. El otro tiene que ver directamente con su política de la Paz Total.
Paz Total = ¿Impunidad Total?
La polarización que produjo el debate sobre los beneficios judiciales a miembros de la “Primera Línea” o jóvenes investigados por crímenes en el marco de la protesta social le costó a Petro las primeras derrotas en la Paz Total a pocas semanas de iniciar su gobierno.
Durante el trámite de la prórroga a la Ley 418, se incluyeron dos artículos que proponían directamente “gestorías de paz” y un indulto para delitos menores en el marco de la protesta. Estos encendieron el debate e incluso partidos aliados de Petro como el Liberal, el Conservador y La U no le marcharon a esa propuesta del Gobierno y finalmente se cayeron ambos artículos. Esto es clave porque estos partidos tradicionales le han brindado todo el apoyo a la Paz Total.
Es una medida que tampoco tiene apoyo popular, según la encuesta de noviembre de GAD3 para RCN Televisión. Según los datos, mientras el 70 por ciento de los colombianos está a favor de una negociación con la guerrilla del ELN, tan solo el 34 por ciento estaría a favor de indultar o dar beneficios a miembros de la “Primera Línea”.
Al revivir ahora las gestorías de paz por la puerta de atrás, el Gobierno corre el riesgo de que la liberación de cerca de 230 jóvenes sea leída como una medida para darles beneficios judiciales exprés a los procesados por delitos en el marco del paro.
Estos delitos van desde los menores como vandalismo y asonada, hasta graves como terrorismo, concierto para delinquir y tortura, como en el caso de alias “19”, un joven condenado por estos hechos en el último mes.
Ante las críticas sobre la supuesta impunidad que promovía esta medida, el ministro Prada dijo que esto no era cierto y que cada caso se iba a evaluar con el máximo cuidado. “Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida, quedan vinculados a los expedientes judiciales y a las sentencias que definen los jueces. Los procesos por ende no se suspenden”, dijo.
Y en la misma tarde de ayer, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aclaró que no serían nombrados gestores de paz quienes estuvieran siendo investigados por delitos graves como terrorismo.
Sin embargo, la oposición y funcionarios del gobierno de Duque —como el exministro de Defensa, Diego Molano, que estuvo al frente de la Fuerza Pública en medio de las manifestaciones del 2021— ya están diciendo que se trata de una impunidad velada a criminales.
Nombrar a quienes cometieron delitos durante el Paro Nacional como gestores de paz es una amnistía velada, una burla a las víctimas y una afrenta a los colombianos que padecieron los bloqueos. pic.twitter.com/ujMXXXR7WH
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) December 5, 2022
Y es una idea que no será difícil de venderles a muchos colombianos.
“Estas personas generan desconfianza en grandes sectores sociales, los vándalos o personas que tengan incluso condenas por terrorismo por hechos ligados con la protesta social. Un ejemplo es el muchacho alias 19 —dice el analista de temas de seguridad y profesor de la Universidad Militar, Jean Carlo Mejía— Y también sucede lo mismo con miembros de la Fuerza Pública que hayan sido separados de su cargo por violaciones a los derechos humanos”.
Y es que el Gobierno también plantea las gestorías de paz para miembros de la Fuerza Pública involucrados en casos de brutalidad policial o violaciones a los derechos humanos en las protestas. “Estamos en toda la disposición de revisar casos de miembros de Fuerza Pública que puedan contribuir a la conflictividad en territorio”, dijo Prada.
La percepción de impunidad es reforzada porque no son claras las nuevas funciones y tareas de los gestores de paz, ni cómo serían capacitados por el Gobierno.
“Hay muchas tareas que los gestores de paz o los voceros que el presidente nombre pueden hacer y que nos permitan superar la conflictividad y armar un ambiente de paz total”, dijo ayer el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien agregó que la Paz Total va más allá de las mesas de diálogo y que las tareas de los gestores serán “básicamente la de resolución de conflictos”.
La abogada Yessica Hoyos, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dice que varios jóvenes procesados por delitos en el marco del paro y que ella representa están dispuestos a capacitarse para esta labor y podrían aportar en ayudar en diálogos en entornos urbanos donde operan grupos criminales. Pero también dice que falta definir ese proceso.
“Es verdad, no está claro cómo va a ser el aporte —dice la abogada Hoyos— Pero es importante que no haya este rechazo total de la sociedad a estas posibles libertades, porque aquí no estamos hablando de impunidad. Lo que estamos diciendo es de que puedan afrontar los procesos, pero desde la libertad”.
Según las declaraciones del ministro del Interior, el decreto con la reglamentación de los gestores de paz y sus funciones saldrá a más tardar hoy: el primer paso para cumplir la promesa de Petro de ofrecerles una Navidad en libertad a los jóvenes de la Primera Línea. Un regalo que puede salirle caro.
