El movimiento social está esperanzado con los cambios de este nuevo gobierno y los cocaleros no son la excepción. Sin embargo, para que participen activamente de nuevas propuestas para lograr la reducción del cultivo de coca como quiere Petro, enfrentan un panorama de factores adversos como la violencia y la división, que dentro del Gobierno no ha sido considerado.
El llamado a participar del Gobierno
Tras la crisis en Putumayo por operativos de erradicación forzada hace unas semanas en el municipio de Sanmiguel, delegados del Gobierno hicieron una visita el pasado 25 de agosto. Las cabezas fueron la ministra de Agricultura, Cecilia López y Felipe Tascón, quien ha sonado en medios como el zar de la política de drogas de Petro pero no se ha posesionado en ningún cargo. Ambos se sentaron en una mesa de diálogo con líderes de la región durante cuatro horas.
Su visita apagó el incendio a medias. Sus intervenciones dejaron más preguntas que respuestas. Por un lado, porque más allá de leer los trinos que el presidente Petro lanzó esa mañana sobre erradicación, no aterrizaron nada más respecto al tema.
Suspender la fumigacion aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más plantas de coca.
Hay que implementar de inmediato el PNIS , adicionado con sustitución de tierras, y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 25, 2022
Sobre todo porque la última frase, donde Petro afirma que donde no haya acuerdos de sustitución sí habrá erradicación, crea más expectativa y ansiedad por saber cómo serán esos acuerdos en la era Petro.
Por otro lado, porque después de escuchar a alcaldes y líderes por dos horas y media, la ministra López interrumpió:
“Ustedes tienen razón. Aquí no hay presencia del Estado. Pero me están repitiendo las peticiones de siempre como si este Gobierno fuera un niño Dios que fuera a llegar con todo lo que necesitan. Aquí ¿qué van a poner ustedes? Necesito que hagan un esfuerzo y digan qué ponen, qué hacemos”, dijo.
Al rato, agregó: “En una página, díganos qué necesitan para hacer el proceso de transición de la producción de coca a otros sistemas productivos”.
Tascón la secundó: “No se trata de que repitamos el esquema de los gobiernos anteriores con las comunidades (…) en el que el Gobierno se concibe como el que ejecuta y la comunidad la que recibe. Necesitamos que sea con la participación de ustedes. No hay promesas. Hay compromisos de parte y parte”.
Cuando el senador Cesar Pachón, un vocero de los campesinos dentro del Pacto Histórico, tomó la palabra y dijo que se comprometía a presentar una propuesta articulada con la gente de la zona en una semana, la ministra lo detuvo: “senador pero no les haga la tarea”.
A ese insistente llamado de la ministra en Putumayo, se suma el que hizo al día siguiente el mismo Petro en Catatumbo, cuando anunció que allí se haría la primera asamblea de cocaleros.
Dijo que se haría “con una intención: mostrarle a este Gobierno los caminos, las políticas públicas, los senderos que nos permitan lograr que una familia campesina que hoy se dedique a la pasta, lo cambie por una actividad que le garantice más calidad de vida”. Es decir, que sean los cocaleros los que den la pauta.
Eso va en línea con lo que ha promovido desde su campaña de 2018: que los programas de sustitución sean más participativos y que las comunidades hagan parte de las soluciones.
Pero las condiciones de los cocaleros no son las mismas de esa época.
La violencia y la división entre los cocaleros
Para el investigador Pedro Arenas de la Corporación Viso Mutop que monitorea el impacto de la política de drogas en los territorios, el llamado de la ministra es provechoso en la medida en que le da voz a las comunidades.
“Permitirá algo interesante: abordar las particularidades regionales. No es lo mismo la sustitución en Puerto Asís que en Catatumbo o Nariño. Quienes más pueden aportar son las mismas comunidades”.
Sin embargo, hay tres factores, tal y como le dijeron a La Silla un miembro de cooperación internacional, dos líderes sociales y un defensor de derechos humanos que siguen de cerca la sustitución de cultivos en Putumayo y Catatumbo, que hoy no garantizan que esa participación de los cocaleros sea efectiva.
Primero, la violencia. “Hoy los grupos armados en territorio imposibilitan que la gente se organice alrededor de la sustitución de cultivos”, le dijo a La Silla un exmiembro de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, en Cauca.
Él, al igual que otros líderes sociales y cocaleros en regiones como el Catatumbo, Cauca y Nariño, se apartó de su liderazgo por el riesgo a ser asesinados.
Un estudio del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Cesed, muestra que en los municipios donde se hicieron acuerdos de sustitución voluntaria vía Pnis la tasa de asesinatos a líderes aumentó un 572 por ciento.
Segundo, el debilitamiento de los liderazgos y las divisiones dentro de los cocaleros, producto del incumplimiento de los Acuerdos de Paz. Para la muestra, la misma Coccam. Con el impulso de organizaciones sociales promotoras del acuerdo de paz, la coordinadora creó en 2017 comités veredales, municipales, departamentales y una gran asamblea nacional.
Los voceros de cada uno de esos comités empezaron a darle visibilidad a cinco mil campesinos productores y recolectores de coca que se hicieron parte de la Coccam. Los que antes se tapaban la cara y no hablaban de su actividad económica.
Tal fue su empoderada que integra el Concejo Permanente de Dirección del Programa de Sustitución Pnis, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz, junto a otras organizaciones y el partido Comunes.
Pero en estos años la Coccam perdió visibilidad. Las demoras en los programas de sustitución ocasionó que muchos campesinos se enemistaran con los voceros Coccam en sus municipios y muchos dejaron esos cargos de representación, tal y como nos dijeron dos exmiembros y un miembro de la Coccam.
Al mismo tiempo, entre liderazgos nacionales y regionales hubo disputas por diferencia de criterios, producto también de los incumplimientos.
Desde que se creó la Coccam, otras organizaciones sociales en las regiones no se sentían representadas y hubo pujas por quien tomaba la vocería.
Sin embargo, al interior de la Coccam, sí había consenso en función de respaldar los Acuerdos de Paz y promover su implementación. Pero durante los cuatro años de Duque se dividieron. Mientras unos defendían que la Coccam debía seguir respaldando el Pnis pero exigiendo más recursos y mejor ejecución, otros sentían que había que reformular el programa de sustitución en sí mismo.
“La Coccam ahora está en crisis por la frustración del incumplimiento a los acuerdos”, le dijo a La Silla César Jérez, presidente de Frutos de Paz, la comercializadora de productos agrícolas de exintegrantes de las Farc y quien fue uno de los promotores de la Coccam.
Esas diferencias hoy se hacen evidentes en región de dos formas. Entre organizaciones campesinas, como ocurre en Catatumbo. La Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat se dividió producto de los problemas de la implementación y varios de sus dirigentes más reconocidos en lo local, hoy integran la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo, Asuncat.
Desde que Petro planteó la asamblea cocalera, en esa subregión se empezó a rumorar sobre el pulso que habrá entre ambas por el liderazgo de ese evento.
Pero también hay diferencias entre los cocaleros y la institucionalidad de sus regiones. Por ejemplo, un congresista que asistió a la mesa de diálogo de Putumayo y un líder de esa región le dijeron a La Silla, que tras el evento el comentario entre las comunidades es que el Gobierno se había sentado a escuchar a funcionarios y ciertos líderes pero no a la gente directamente afectada.
“Hay es que reunir a la gente en las veredas, las inspecciones, para saber qué es lo que quieren. Hizo falta el actor principal: los que tienen los cultivos. Para que una negociación (de sustitución) sea exitosa no puede haber intermediarios”, le dijo a La Silla el congresista que prefirió no ser citado.
Duque tardó seis meses en crear una hoja de ruta para el Pnis y empezar a ejecutarlo. Petro apenas va a cumplir un mes y lo que se sabe es que espera que las comunidades propongan.
Pero a lo difícil que puede ser que hayan propuestas coordinadas en un movimiento cocalero debilitado como el actual, se suma que su Gobierno aún no ha nombrado funcionarios clave para empezar el trabajo sobre la sustitución y la implementación del Acuerdo.
El director del Pnis sigue siendo el que venía del gobierno Duque. Felipe Tascón, quien más ha tenido visibilidad frente a la política de drogas, no se ha posesionado. En todo caso, suena como director de política contra las drogas y actividades relacionadas, un cargo de planeación y no de ejecución, y que no es tan relevante en el aparato institucional como está diseñado hasta ahora (hace parte del Ministerio de Justicia, debajo de un viceministerio).
