El presidente Petro busca más poder para hacer un revolcón en el Estado vía decreto. Ese fue el pedido que le hizo al Congreso a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que presentó este lunes. Esta solicitud se da en el marco de un gobierno que quiere cambiar en un año el sistema de seguridad social, el aparato productivo y el sector eléctrico del país.

Según expertos y fuentes de este y otros gobiernos, de ser aprobados, estos poderes le darían un mayor margen de maniobra que sus dos antecesores, para cambiar el Estado vía decreto. Y el Congreso tendrá que avalar esos poderes con mayoría calificada. 

Amplitud para cambiar “entidades de la rama ejecutiva”

En el PND el artículo 298 le abre la puerta al gobierno para “crear, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la rama ejecutiva”. En otras palabras, podría hacer una reestructuración completa de ministerios, fondos, fiduciarias o cualquier entidad del Ejecutivo.

Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de la administración Duque y rector de la Universidad EIA, en otros gobiernos también se han pedido facultades extraordinarias. “Pero esta propuesta plantea hacer toda una reestructuración a través de decreto. Es positivo en el entendido de que puedan buscar ser más eficientes. Pero es una atribución gigantesca. Podrían cambiar o crear todo tipo de entidades”.

“Eso permitiría reorientar una entidad que esté en comercio y ahora pase a cultura, por ejemplo. Son temas que deberían hacerse a través de leyes de la república, no decretos presidenciales”, agrega Restrepo.

Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario y quien coordinó las bases del Plan Nacional de Desarrollo, le dijo a La Silla que no se trata necesariamente de unos poderes más amplios, sino de buscar eficiencia.

El artículo 298 del PND otorga 13 funciones adicionales a Petro para crear nuevas entidades del Estado, eliminarlas o cambiarles el sector. Incluso, agrega un apartado para poder comprar “a título gratuito u oneroso” el Hospital San Juan de Dios, y así crear una entidad pública de la rama ejecutiva.

El otro apartado es el de regular los usos alternativos de la hoja de coca y del cannabis, saltándose un debate más amplio sobre el tema en el Congreso. También plantea la fusión de los programas sociales de Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Y así podría crear una renta “ciudadana”.

En otro artículo, el 160, pide poder decretar un tratamiento especial para la población indígena que está en la cárcel.

La versión final del Plan incluyó finalmente solo dos artículos que piden facultades extraordinarias. Pero en el borrador había “como 20 artículos de facultades específicos para temas particulares y el director dijo que mejor una que los agrupe”, le contó una de las fuentes cercanas al proceso a La Silla.

El Congreso tiene un plazo máximo de tres meses para tramitar el PND. Y si es aprobado sin modificaciones, el presidente Petro tendría seis meses para hacer uso de sus facultades extraordinarias. Eso implica también que ponga a las entidades involucradas a decir cómo van a implementar uno de esos poderes y aterrizarlos.

Petro es más abarcador, comparado a los poderes de Duque y Santos

Petro no es el primer presidente que utiliza la figura de las facultades extraordinarias en un plan de desarrollo o en un proyecto de ley, pero los cambios que podría hacer sí podrían ser más profundos que en otros gobiernos.

María del Pilar López, historiadora, economista y profesora de la Universidad de los Andes, explica que otros gobiernos han utilizado ese mecanismo para cumplir con sus objetivos de gobierno.

“Es una manera directa para mover una agenda, como en el caso del cannabis y el uso de drogas. El problema es, en algunos casos, hasta dónde puede ir esa intervención”, dijo.

La posibilidad de pedir facultades extraordinarias nació en la Constitución de 1991 y le abre la puerta a los gobiernos de acelerar o desbloquear procesos para cumplir su agenda. La Silla revisó en qué se habían utilizado esas facultades en los últimos dos gobiernos (ver gráfico). En el plan de desarrollo de 2018-2022, Duque pidió luz verde para fusionar aseguradoras y fiduciarias públicas; reestructurar la Contraloría; simplificar los trámites “innecesarios” y darle más autonomía al Consejo Nacional Electoral.

En el PND de Santos, le dieron facultades extraordinarias para crear entidades relacionadas con el agro en el marco del proceso de paz. Un poder que en efecto usó para darle un revolcón al sector, con la creación de varias agencias.

En contraste, las aspiraciones de Petro son más variadas y vagas porque cambian la estructura organizacional de toda la rama ejecutiva. Gilberto Estupiñán, abogado y exjefe de la oficina jurídica del DNP, dice que no es clara la delimitación de esas facultades.

“Muchas de las facultades que hemos podido ver en el plan de desarrollo ya le están dadas al presidente o son permitidas y requieren que el Congreso lo autorice. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la razón para incluirlas en el plan? La razón es sencilla, el PND no solo quiere que el presidente tenga las facultades, sino también que las ejerza a su antojo y en desconocimiento del régimen previsto para ellas”.

Un ejemplo que da Estupiñán es el de la capitalización de las empresas, que es una de las cosas que propone Petro. Para hacer una transacción así, el Gobierno se debe acoger a unas normas previas. Pero en el articulado eso no es claro.

“Una cosa es la facultad que ya tiene y otra cosa es el alcance y el marco de esa facultad. Esto último lo desconoce el PND y genera mucha preocupación, pues el presidente podría ejercer dichas facultades cambiando o desconociendo la ley a su antojo.

Además, el presidente busca concentrar en Casa de Nariño temas delicados como la política de drogas. Otros son difíciles de definir y tienen redacciones complejas.

Por ejemplo, el punto J del articulo 298 le da la facultad a Petro de: “depurar y modificar la normativa vigente para establecer los instrumentos que se requieran para implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular, incluyendo la definición de incentivos no tributarios, mecanismos para promover alianzas de atracción de inversión extranjera directa sostenible y transferencia tecnológica, cesión y gestión de activos y esquemas de financiamiento para el fortalecimiento productivo”.

Según una fuente cercana al gobierno que pidió no ser citada, este apartado va en línea con la política de reindustrialización del gobierno que todavía se está evaluando. Con eso, darían la autorización de utilizar activos que no se estén aprovechando y así destinarlos a sectores estratégicos del gobierno, y que todavía se están definiendo. En el artículo no aclaran qué tipo de activos.

Sepúlveda, el economista que coordinó las bases del PND, le explicó a La Silla que el espíritu de los poderes del presidente es “tomar decisiones sobre instituciones públicas que lleven a mayor eficiencia del gasto. Esto puede ser crear, escindir, reagrupar, por ejemplo”.

Pero esas facultades extraordinarias le darían un tiquete directo a Petro para hacer cambios que el gobierno aún no sabe como hacer exactamente. “Sirve para implementar cambios que no están completamente definidos y cocinados, y que por lo tanto no se pueden incorporar directamente en el PND”, dijo una de las fuentes del gobierno que pidió no ser citada.

Por eso, además de cierta inquietud por la amplitud del poder que pide el presidente, aparece también la prevención hacia su uso sin planeación.

Soy cofundadora de Economía para la pipol. Antes trabajé en la revista Forbes Colombia, El Tiempo y Portafolio. Estudié comunicación social y periodismo en la Universidad Externado, y una especialización en periodismo digital de la U. Tadeo por una beca de Google y la Asociación de Medios de Información...