Gustavo Petro llegó a su primera reunión con Joe Biden con una apuesta ambiciosa: convencer al presidente de Estados Unidos de cambiar el enfoque en la política de las drogas de los últimos 25 años. En concreto, defender su decisión de abandonar casi en su totalidad la erradicación forzada de coca y concentrarse en perseguir a los narcotraficantes.
La visión de Petro llegó hasta el comunicado conjunto que se publicó tras la reunión, en el que Biden habló de “transformar los territorios cocaleros” sin mencionar la erradicación. Es una muestra de la eficacia de Petro para poner agenda en el tema de drogas, como demostró el año pasado en su discurso en la ONU. Pero esa habilidad de abrir la conversación contrasta con una descoordinación interna en el gobierno para aterrizar la línea que el presidente tira en sus discursos.
“No hay nadie en la Casa de Nariño que articule todos esos anuncios. Todo queda recargado en el presidente. Y puede que él sepa y quiera avanzar en el tema, pero él está en mil cosas más”, dice Pedro Arenas, experto en el tema de drogas de la corporación Viso Mutop.
Las responsabilidades están divididas entre la Cancillería (para consolidar el liderazgo internacional que busca Colombia); el Ministerio de Justicia en la política general, el Ministerio de Defensa en la presión a los grupos dedicados al narcotráfico y la Dirección de Sustitución de Cultivos para darles alternativas a los campesinos dedicados a la coca.
La ausencia de una cara visible que los coordine, más allá de Petro, quedó en evidencia en la cumbre sobre drogas de la ONU en marzo. La líder de la delegación del país, la vicecanciller Laura Gil, fue sacada de su cargo un día después de que dio su discurso.
El desorden del gobierno
“Colombia está cansada. Cansada de poner los muertos y cansada de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó”. Así comenzó su discurso Laura Gil en la cumbre de la comisión de estupefacientes de la ONU el 13 de marzo.
Era un escenario importante, no solo porque es uno de los temas prioritarios del gobierno, sino porque Colombia tiene la presidencia de esa comisión durante este año y era el país que presidía el encuentro. Laura Gil fue escogida para liderar la delegación de Colombia por jerarquía: a la visita no fue ningún ministro y ella, como vicecanciller, era la funcionaria de más alto rango.
Pero el 14 de marzo, mientras Gil seguía en Viena en la agenda de la cumbre, la Cancillería anunció su salida como viceministra de relaciones exteriores.
“Fue poco elegante la manera en la que el Canciller Leyva hizo eso. Si había alguna opción de negociar con los otros países ahí murió”, dijo el representante del Polo Alejandro Ocampo, que estuvo en el evento en Viena.
La Silla confirmó que en la Cancillería sabían desde febrero que Laura Gil iba a dejar su cargo para pasar a ser embajadora en Viena. Aun así fue enviada como jefa de delegación y retirada de su cargo en medio de una cumbre en la que Colombia se jugaba su liderazgo internacional en el tema.
Además, el presidente de la comisión de drogas, en representación de Colombia, es el embajador en Viena, Miguel Ruiz, que será sustituido por Gil en la embajada. Así, los dos principales representantes de Colombia en la cumbre quedaron en la interinidad ante la sorpresa de otras delegaciones.
Y más allá del episodio de Laura Gil, el rol del país en Viena no pasó del discurso. “Era un escenario para llevar propuestas concretas, pero el gobierno no tiene propuestas concretas más allá de lo que dijo ella. Creo que Petro en sus propuestas y en lo que consignó en el Plan de Desarrollo tiene unos principios generales acertados, pero son enunciados. Faltan los cómos”, dice María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes.
Parte del liderazgo, de hecho, lo asumió Bolivia, que propuso sacar la hoja de coca de la lista de sustancias controladas de Naciones Unidas. Algo que Colombia apoyó. “Perdimos la oportunidad de tener mayor protagonismo mundial”, dijo Pedro Arenas.
Una fuente diplomática, que pidió no ser citada, puso en evidencia esa falta de coordinación que sienten desde las embajadas de Colombia en otros países. “En la Cancillería de Carlos Holmes a los cuatro meses teníamos insumos concretos. Ahora no hay nadie que nos dé una instrucción clara de qué queremos defender y cuáles son las líneas rojas”.
Y esa falta de línea también se refleja en lo interno: después de ocho meses de gobierno no hay una política general de drogas, que está a cargo del Ministerio de Justicia. Al frente está Gloria Miranda, directora de la política del ministerio, que dijo que estará lista para junio.
Por ahora se conocen unos ejes generales: reducir la dependencia de los territorios de economías ilícitas, la conservación ambiental, proponer modelos de regulación, y también un liderazgo internacional que convenza a otros países de sumarse al diagnóstico del gobierno Petro.
Miranda, que viene de trabajar en la UTL del ex senador Gustavo Bolívar, dice que en ese último punto “se está buscando un consenso latinoamericano primero para llegar a escenarios donde estén las grandes potencias. E intentar cambiar posturas de Rusia, China, incluso Estados Unidos. Creemos que en el largo plazo se pueden ir dando cambios pequeños”.
El Canciller Leyva busca avanzar en la construcción de ese consenso latinoamericano con una cumbre sobre drogas que está organizando para los próximos meses.
“Los ojos del mundo están sobre Colombia para saber si un cambio de paradigma en el tema de drogas es efectivo. Si nos va mal, se puede reforzar un enfoque prohibicionista. Tenemos que ser un laboratorio para mostrar que el cambio es efectivo”, dijo Miranda.
Es una apuesta con dificultades para aterrizar en resultados.
Otra guerra contra las drogas
La principal acción del gobierno en estos ocho meses en el tema de drogas fue reducir al mínimo la erradicación forzada de cultivos de coca y dejar de perseguir a los cocaleros. “Quedó bien entendido que una cosa es fumigar una mata y otra es perseguir al empresariado del narcotráfico”, dijo el presidente Petro a la salida de su reunión con Joe Biden.
El indicador central de la nueva estrategia es, en lugar de reducir por la fuerza las hectáreas cultivadas, bloquear el negocio del narcotráfico en otros puntos de la cadena: con incautaciones de cargamentos y destrucción de laboratorios.
Las cifras, por ahora, no son sustancialmente mejores. Según el reporte de marzo del Ministerio de Defensa en lo que va de este año se han incautado un 20 por ciento menos de toneladas de cocaína, con respecto a 2022. Entre enero y marzo de 2023 se han incautado 149 toneladas. El año pasado fueron 186 en ese periodo.
También han disminuido las incautaciones de insumos para producir la cocaína. Las autoridades han retenido un 30 por ciento menos de insumos sólidos y un 25 por ciento menos de insumos líquidos en el periodo de enero-marzo, comparado con 2022.
En otros frentes hay cifras a favor de la gestión del gobierno. Se han inmovilizado más aeronaves y embarcaciones dedicadas al narcotráfico: 75 aviones entre enero y marzo (frente a 22 el año pasado) y 97 barcos (frente a 91 el año pasado). También han aumentado los laboratorios de droga destruidos en un 7 por ciento.
Pero el giro en el enfoque no ha calado del todo en Estados Unidos, el país clave para Colombia en la política de drogas. “En la reunión de alto nivel de marzo quedó clara la preocupación profunda de los gringos. Se habló del uso de la coca para hacer crema y té, y desde Estados Unidos dijeron que no se metieran por ahí, que Colombia quedaba como un país paria”, le dijo a La Silla una fuente en contacto con funcionarios de Estados Unidos.
Hasta que se anuncie lo contrario, Colombia mantiene el compromiso con Estados Unidos de reducir el 50 por ciento de los cultivos de coca en 2023, el cual adquirió en el gobierno Duque y que será casi imposible de cumplir con la decisión de no erradicar forzosamente.
Y los avances de la sustitución de cultivos están por evaluarse. Felipe Tascón asumió hasta diciembre la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito con la tarea de reformular la sustitución de cultivos que quedó pendiente en el gobierno anterior. Lo que está planteado en el Plan de Desarrollo es que sea una transformación de los territorios cocaleros y no una mera sustitución de cultivos que ha demostrado falencias. Pero habían quedado de anunciar la política hace unas semanas y lo postergaron para junio.
Los expertos coinciden en que la caída de los precios de la coca en Colombia representa una oportunidad para entrar a territorios con ofertas alternativas para las familias cocaleras que están pasando hambre porque no están comprando la coca ante la sobreproducción que hay. “Es el momento de agilizar los programas de desarrollo rural. Nos inquieta que después de varios meses eso no sucede”, dice Pedro Arenas, experto en drogas de la corporación Viso Muto.
Todos estos frentes, además, están abiertos sin una política de seguridad territorial, que el gobierno recién publicará el próximo lunes. Un punto clave porque las zonas cocaleras están atravesadas por la violencia.
La gran ausencia, en general, es un articulador que tenga línea directa con Petro. Y que traiga a la realidad los éxitos discursivos del presidente.
