Desde la firma del Acuerdo de Paz, a finales de 2016, más de mil líderes campesinos, indígenas y afros, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc han sido asesinados en Colombia. Solo en el 2022 han sido asesinados 183, según el monitoreo de la Unidad de Investigación de la JEP, 53 casos más respecto al mismo periodo en el 2021.
Por eso, dos días antes de posesionarse, el presidente Gustavo Petro asumió como compromiso la implementación de un plan de emergencia para la protección de líderes sociales, pensado como un plan de choque para los primeros 100 días de su gobierno. El plan tenía 49 medidas para implementar en los 65 municipios más afectados por la violencia.
Fue un giro grande frente a cómo abordaba el Gobierno anterior este tema, pues el plan fue construido directamente con líderes y organizaciones de derechos humanos que habían estado al margen de la política pública con Iván Duque.
100 días de Gobierno después es claro que el plan inicial se quedó corto.
El Gobierno Petro avanzó en la implementación de los puntos claves del plan como la instalación de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV) y la reinstalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Sin embargo, octubre cerró como el mes con más asesinatos a líderes sociales en 2022, el Ministerio del Interior tuvo que ampliar la priorización de 65 municipios a 155, y se está evaluando ampliar las medidas del plan más allá de los 100 días.
El plan avanzó, pero los 100 días no alcanzaron
El objetivo del plan de protección de líderes sociales es claro: hacer frente al aumento de casos de líderes sociales asesinados en 2022. Los primeros cuatro meses de este año tuvieron la tasa más alta de asesinatos por mes de los últimos cinco, que se dio en medio de una larga campaña electoral.
El plan de choque para resolver esta situación fue presentado al presidente Petro por el presidente de la Comisión de Paz del Senado Iván Cepeda –uno de los arquitectos de la Paz Total y aliado de Petro–, varias plataformas de Derechos Humanos, y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.
13 días después de la posesión de Petro, el Ministerio del Interior empezó la implementación de una medida clave del plan: en Caldono (Cauca) se instaló el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV).
Se trata de espacios de articulación de las instituciones y que los alcaldes puedan tener una comunicación permanente con delegados del Gobierno, como el Ministerio del Interior o de Defensa, y con representantes de organizaciones internacionales como ONU, organizaciones sociales y comunitarias de la región. Los PMUV tienen como objetivo prevenir los riesgos para los líderes sociales, funcionan en los municipios priorizados por el Gobierno y están pensados para durar instalados 100 días después de su instalación.
Esta es la medida más visible del plan de protección y el mismo Petro estuvo en la instalación del segundo y el tercer PMUV: en Ituango el 27 de agosto y en Buenaventura el 7 de septiembre.
También hay otros avances importantes que destacan las plataformas de DD.HH., como Somos Defensores, que participaron en la elaboración del plan y ahora le hacen seguimiento a las medidas. Su directora, Lourdes Castro, resalta la reactivación de una instancia clave del Acuerdo de Paz: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), la cual fue dejada de lado durante el Gobierno Duque y que debe diseñar un plan para la seguridad en los territorios. Petro presidió la primera reunión el 2 de octubre.
Por otro lado, Castro destaca que dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se están dando cambios estructurales para agilizar las medidas de protección a líderes y excombatientes de las Farc amenazados. Esto ha sido anunciado por su director, Augusto Rodríguez, uno de los aliados más antiguos de Petro y exmilitante del M-19.
“Reconocemos que se ha ganado nuevamente la interlocución con las comunidades y que estamos avanzando –dice Lourdes Castro– Pero los asesinatos siguen siendo muy preocupantes. Quizás por la gravedad del asunto, para lograr el resultado esperado en tan corto tiempo fue una aspiración optimista. Entonces hay que hacer ajustes de tiempo porque 100 días son muy poco”.
Tanto Castro como el ministro Prada dicen que hay que evaluar la ampliación de la duración de estas medidas.
Los resultados aún no se ven
A pesar de que durante septiembre, el segundo mes del Gobierno Petro, hubo una disminución de los asesinatos a líderes sociales, octubre cerró como el mes con más casos documentados de todo el 2022. Esto a pesar de que para ese entonces muchas de las medidas del plan de choque ya estaban funcionando.
Camilo González, director de la ONG Indepaz, dice que las causas de este repunte tienen que ver con las confrontaciones entre grupos armados en el suroccidente del país y sus imposiciones a la población civil.
“Tiene que ver con un descontrol de las disidencias de las Farc en estas zonas del suroccidente. Ha habido una lucha muy fuerte entre ellos, entre la Segunda Marquetalia y la Coordinadora de Occidente. Una pelea por controlar la fronteras hacia la zona del Putumayo o el Alto Mira en Tumaco (Nariño)”, dice Gonzáles, quien también hace parte de la CNGS; una de las instancias del Acuerdo reactivadas por Petro.
Esto es clave, porque justamente estos grupos de disidencias, como los que pertenecen a la Coordinadora de Occidente, son aliados de la estructura armada de Iván Mordisco y el frente primero, quien ha ofrecido un cese unilateral al fuego para entrar a la Paz Total.
El mismo comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha pedido a esas disidencias, que reconoce como Estado Mayor Conjunto de las Farc, que para entrar a la Paz Total deben haber muestras de no matar, ni torturar, ni desaparecer en esta fase exploratoria. Pero, en las zonas donde estos grupos operan y tienen control territorial se han reportado asesinatos de líderes sociales durante los 100 días que lleva Gustavo Petro como presidente.
Un dato para tener en cuenta es que la mayoría de estos casos han ocurrido en municipios por fuera de los 65 municipios inicialmente priorizados, según los registros de Indepaz y la UIA de la JEP, con corte al viernes 11 de octubre.
Según las bases de datos consultadas por La Silla, por lo menos en 32 municipios no priorizados asesinaron por lo menos a un líder social. Por eso y por la demanda de otros alcaldes, el ministro Prada dice que los PMUV se expandieron a 155 municipios, 90 más de los iniciales, y que han realizado 22 de nivel departamental.
Pero, el impacto o no de esta medida en el aumento o disminución de asesinatos de líderes sociales está aún por verse, según la oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos. “Es prematuro hacer un balance en tres meses del impacto que han tenido en la disminución de la violencia”, le dijo a La Silla Juan Carlos Monge, el representante encargado de esta oficina de la ONU en Colombia.
El Gobierno también dice que es prematuro hacer un balance pero por un motivo diferente. Aunque desde el primer mes adelantó medidas en el marco de este plan, el ministro Prada dice que la totalidad del plan de protección se puso en marcha un mes después de la posesión, por lo que aún faltan para ajustar 100 días.
“Para estar en un poco más de 60 días de implementación, hemos logrado un resultado supremamente importante, que es haber logrado disminuir las muertes de firmantes de Acuerdo”, dice Prada.
Un piloto de la Seguridad Humana para la Paz Total
La estrategia del Plan de Protección de líderes sociales fue una apuesta del Gobierno en dos frentes claves. Por un lado, le da cumplimiento al punto de garantías de seguridad del Acuerdo de Paz y tienen un enfoque territorial, dos grandes pilares de la Paz Total. Por otro lado, el Plan de Protección ha servido como piloto de la política Seguridad Humana, que se enfoca en proteger a las poblaciones vulnerables y cambiar los indicadores de éxito.
Precisamente como una estrategia piloto ha entendido este plan el alcalde encargado de Buenaventura, Mauricio Aguirre. Este preside el PMUV de esta ciudad del Pacífico que ha sufrido la violencia criminal y ahora experimenta una prueba de lo que podría ser la Paz Total.
Aguirre dice que la coordinación interinstitucional que se ha generado gracias al Plan de Protección ha permitido tomar decisiones y prevenir casos.
Un ejemplo ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando cuatro excombatientes de las Farc fueron interceptados a bordo de una lancha por disidencias de las Farc cerca del río Cajambre, en zona rural de Buenaventura. “Gracias a esta interlocución que se genera en el PMU por la Vida, pudimos hablar directamente con firmantes del Acuerdo, conocer de los hechos, y hablar con la Armada Nacional para que hiciera presión en el sitio”, cuenta Aguirre.
Pero no ha sido una estrategia libre de críticas. Para Edwin Mauricio Mira, alcalde de Ituango, el plan de protección y el PMUV que hay en su municipio no han servido. Esto es grave si se tiene en cuenta que en Ituango se instaló el primer puesto al que asistió Petro personalmente y que es el único con tres asesinatos desde el 7 de agosto.
“Después de que Petro vino no pasó nada. Y no es la primera vez que hemos tenido puestos de mando ni sido priorizados”, cuenta el alcalde Mira. Ituango hace parte de todos las estrategias del orden nacional para municipios que han sufrido el conflicto: Zomac, Pdet, Zonas Futuro y en el Plan de Protección a líderes.
Frente a las críticas de alcaldes como Mira, una fuente dentro del Ministerio de Defensa, que pidió no ser citada porque no es vocera, le dijo a La Silla que una de las dificultades identificadas en estos primeros 100 días ha sido la falta de adaptación de las autoridades civiles locales.
“Se demoran en ajustarse para entender que estos no son espacios de ir a rendir cuentas y decir que todo va bien, sino todo lo contrario: de ver dónde están las falencias para ajustarlas”, dice la fuente del MinDefensa, que ha estado cercana al proceso de construcción de la política de seguridad.
Por otro lado, el ministro Prada dice que en estos espacios que se han generado para la protección de líderes sociales, como los comités que responden a las alertas tempranas, se han identificado que los problemas son estructurales en los territorios.
“¿Qué me he encontrado? que las comunidades describen claramente cómo están actuando estructuras criminales o organizaciones guerrilleras como las disidencias o el ELN. De tal manera que buena parte de las causas de las amenazas y de las muertes a líderes en territorio tienen que ver con el conflicto armado y con la delincuencia común. Entonces termina acercándose mucho a la política de paz total”, dice Prada.
A pesar de que los resultados aún están por verse y que Colombia está lejos de la Paz Total, los actores involucrados en este plan reconocen que hay unas instituciones andando, que hay que ajustarse al optimismo inicial y que en 100 días no se resuelven los grandes problemas del país.
