Por los perfiles de los magistrados, Uribe puede esperar un proceso justo

Las decisiones gruesas las toman en votaciones de varios. Tienen trayectorias diversas, todas muy relacionadas a la justicia penal.

La detención del expresidente y senador Álvaro Uribe en su finca El Ubérrimo ha producido una nueva cascada de acusaciones de sus seguidores a los magistrados que tomaron la decisión y a la Corte Suprema de Justicia, empezando por los engañosos señalamientos de Tomás Uribe, hijo del expresidente, contra el magistrado ponente, César Reyes.

Al revisar quiénes son los magistrados que optaron por la detención y qué han hecho hasta ahora, así como quiénes manejarían un eventual juicio en su contra y cómo se toman las decisiones, no hay motivos para pensar que Uribe no tendría un proceso justo.

Los que van a decidir si lo acusan

El caso de Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos está en la etapa inicial: la investigación.

Como tiene fuero de congresista, no lo investiga la Fiscalía sino la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que existe desde 2018, para garantizar que quienes tienen fuero pueden tener doble instancia (algo que está empezando a aplicar a casos ya decididos, como el del exministro uribista Andrés Felipe Arias).

Esa Sala fue la que decidió la detención domiciliaria de Uribe y tiene pendiente definir si lo acusa o precluye la investigación. Eso lo debería definir, en principio, en 120 días, y probablemente ocurriría a fines de año o inicios de 2021.

Acá es donde está el primer elemento para pensar que hay justicia en el proceso: la decisión no la toma una persona sino que requiere el voto de cuatro de los seis magistrados de la Sala, y puede haber salvamentos de voto que muestran cualquier debilidad en la decisión que se tome.

Por eso, cualquier duda que pueda haber de un magistrado en particular (ya hay críticas a César Reyes, el ponente, y probablemente reaparezcan señalamientos a Héctor Alarcón, quien sufrió un montaje judicial cuando investigó la parapolítica) se enfrenta a la realidad de que debe armar una mayoría con otros, que -y este es un segundo elemento- no tienen en conjunto una única tendencia, como lo evidencian sus perfiles y su recorrido.

La sala de instrucción

César Reyes

Marco Antonio Rueda

Héctor Alarcón

Francisco Farfán

Misael Rodríguez

Cristina Lombana

La Sala, a juicio de un magistrado de la Corte que no estaba cuando fueron elegidos sus miembros y habla sin dar su nombre para evitar suspicacias, “está bien equilibrada. Hay gente de tradición en la Rama con Rueda; de la academia, con Reyes y Farfán; de la Fiscalía, con Rodríguez; de la Justicia Penal Militar, con Lombana; y de la Corte, con Alarcón”.

“En general son buenos, jurídicamente bien estructurados y todos éticamente confiables”, resume.

Un penalista que ha sido conjuez de la Corte dice que es una Sala funcional. “Sin estrellas, son personas diligentes, rendidores (…); es una sala discreta, de bajo perfil, pero muy rendidora”. Un penalista que tiene casos ante ella señala: “es una buena Sala, equilibrada”.

Ese bajo perfil tiene que ver con que entre los penalistas la ven como una sala de segundo nivel frente a la Penal, y por eso los pesos pesados que quieren ser magistrados prefieren no presentarse para entrar a ella.

En lo que va de este año ha tomado decisiones variadas frente a otros políticos, que indican que en su funcionamiento no hay una tendencia determinada.

Por ejemplo, decidió no investigar más al senador uribista John Harold Suárez por contrato sin requisitos legales; tampoco al conservador (y cercano al uribismo) Jaime Felipe Lozada ; pero lo mismo decidió frente al senador petrista Gustavo Bolívar por derechos de autor.

En cambio, decidió acusar frente a la Sala de Primera Instancia al exsenador cristiano Charles Schuttz; negó cambiar la detención en cárcel a una en la casa para el representante conservador de Putumayo Jimmy Harold Díaz, y ordenó detención preventiva contra el exsenador del Polo Iván Moreno Rojas, con lo que evitó que quedara libre.

Para el caso Uribe la magistrada Cristina Lombana está impedida y por eso no participa en las decisiones. Quedan los siguientes cinco magistrados, con estas relaciones o decisiones relevantes, según sus hojas de vida, diferentes documentos y cinco fuentes conocedoras de la Corte y la justicia penal:

César Reyes Medina

Como ponente, es el encargado del caso en asuntos como definir y practicar las pruebas. Luego lleva a la Sala su propuesta para las decisiones más fuertes, como la detención o la acusación.

Conoce muy bien la justicia penal porque hizo carrera como defensor público (abogado que paga el Estado para defender en los procesos penales a las personas que no tienen abogado) y litigante.

Es experto en procedimiento penal, sistema acusatorio y oralidad, temas sobre los que ha escrito. Ha sido consultor para Usaid (la agencia de cooperación gringa) en varios países latinoamericanos.

En Colombia capacitó a jueces, fiscales y abogados en ese procedimiento, que era nuevo y de inspiración gringa, a inicios del milenio; eso le dio reconocimiento en el sector.

Además, haber sido contratista del Gobierno de Estados Unidos durante varios años y en varios países es visto como una señal que garantiza su solidez y debilita los señalamientos de vínculos con la izquierda como los que ha hecho Tomás Uribe.

Marco Antonio Rueda

Ha hecho toda la carrera como juez penal hasta ser fiscal delegado ante la Corte, incluyendo haber sido juez y luego magistrado de la justicia sin rostro, encargada de los casos más peligrosos contra el crimen organizado en los años 90.

Venía de ser magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, donde estuvo más de una década y a donde llegó por concurso de méritos. Un penalista que ha sido conjuez de la Corte define su paso por ese cargo como “riguroso, justo, ponderado”.

No ha enfrentado escándalos y es de bajo perfil.

En la Sala fue el ponente que rechazó la denuncia penal contra la senadora Angélica Lozano por haber violado la cuarentena, quien citó a Gustavo Petro a rendir versión libre por una denuncia por injuria y calumnia que le interpuso la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, a inicios de 2019; y es quien investiga al senador Eduardo Pulgar por las columnas de Daniel Coronell por presunto soborno a un juez, llamadas Pulgarcito e Indíce y pulgar.

Héctor Alarcón

Es el Presidente de la Sala y, por ende, el que sale en medios. Trabajó en la Procuraduría y en la Sala Penal, donde fue parte de la comisión especial que encabezó Iván Velásquez para investigar la parapolítica.

El exjefe paramilitar ‘Don Berna’ los acusó de haber ofrecido beneficios a otros exparas para enlodar a Uribe y a su primo, el entonces senador Mario Uribe, pero luego el también exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo que ese señalamiento era parte de las movidas de Uribe para desprestigiar a la Corte.

De hecho, el testigo contra Alarcón dijo que había mentido y la Fiscalía encontró en 2009 que todo era un montaje. Alarcón salió unos años de la Corte en medio de esa puja y por presión del grupo liderado por Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, que luego protagonizaron el escándalo del Cartel de la Toga.

El último cargo de Alarcón antes de entrar a la Sala de Instrucción fue como magistrado auxiliar de Fernando Castro, un exmagistrado de línea conservadora; antes lo había sido de Jorge Córdoba y José Luis Barceló, quien abrió el caso contra Uribe cuando no había Sala de Instrucción.

Francisco Farfán

Experto en derecho penal, disciplinario y derechos fundamentales. Es cercano a Carlos Arturo Gómez Pavajeau, cesarense como él y quien fue viceprocurador de Edgardo Maya.

Con ellos fue procurador delegado ante la Sala Penal y director nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.

También ha sido litigante, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura entre 1999 y 2001, director de la Escuela Judicial y asesor del Programa Presidencial Antisecuestro, entre otros.

Aclaró su voto en la detención de Uribe (es decir, apoya la decisión, pero tiene algunas consideraciones diferentes a la mayoría), y es el ponente del caso contra el presidente del Senado, Arturo Char, por las declaraciones de Aída Merlano que lo involucran en la compra de votos por la que ella fue condenada y en su fuga.

Misael Rodríguez

Experto en investigación penal, hizo carrera en la Fiscalía, donde arrancó como investigador del CTI para luego ser fiscal.

Cercano de Guillermo Mendoza Diago, quien fue fiscal encargado, llegó a ser delegado ante la Corte Suprema y a llevar casos sonados como el de las chuzadas del DAS, en el que decidió enviar a La Picota a Mario Aranguren, exdirector de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) en el gobierno de Álvaro Uribe.

Luego fue director de derechos humanos en la Fiscalía de Eduardo Montealegre, cargo en el que avanzó el proceso por el asesinato del periodista Orlando Sierra, por el que terminó condenado el político liberal Ferney Tapasco, o las mismas chuzadas. Tras renunciar a la Fiscalía, ganó el concurso de méritos para ser Procurador Judicial.

En la Sala es el ponente de la investigación preliminar contra Uribe por ñeñepolítica.

Los que harían el juicio

La Sala Especial de Primera Instancia

Si la Sala de Instrucción decide acusar a Uribe, arrancaría un juicio en esta Sala, que también existe desde 2018 y que recibió una carga grande de procesos que ya estaban andando en la Sala Penal.

De hecho, no ha podido resolver algunos tan visibles y con carga política como el de Luis Alfredo Ramos, por lo que el magistrado nos dice que “tiene un problema grave de congestión”. Eso significa, también, que un potencial juicio contra Uribe probablemente no sea corto.

A pesar de lo nueva la Sala ya empezó a tomar medias muy sonadas, especialmente por las condenas al gobernador de Cesar, Luis Alberto Montalvo, por corrupción al sufragante; y al exsenador conservador Óscar Suárez Mira, por enriquecimiento ilícito de particulares; y porque fue quien sostuvo la decisión de la Fiscalía de mantener detenido al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

De forma menos visible, ha tomado otras decisiones que tocan al poder político, como cuando revocó las medidas de aseguramiento contra el exsenador huilense Juan Cárdenas, y sobre todo cuando negó la libertad del ex magistrado Gustavo Malo y la del exsenador de Cambio Radical, Antonio Guerra

Las fuentes también ven a esta Sala como juiciosa y rendidora, a juzgar por sus resultados y por los perfiles de sus magistrados:

Jorge Caldas

Ariel Torres

Vacante

Jorge Caldas

Conocido en la Rama Judicial como litigante y procurador delegado ante la Sala Penal, también es visible porque durante dos décadas fue profesor titular de derecho penal en el Externado.

Cercano al exdefensor del Pueblo Jorge Armándo Otálora, de quien fue defensor delegado para la política criminal y con quien compartió oficina, su primer pregrado fue como periodista

Es el ponente del proceso contra el excongresista conservador Julio Gallardo, el del ex gobernador de Santander Hugo Aguilar; el que avanza contra el exgobernador de Magdalena Trino Luna; o el de Antonio Guerra.

Ariel Torres

Tiene una larga carrera en la Rama, en la que ha ascendido por concurso y en la que arrancó en 1990. Fue juez, fiscal y luego trabajó en la Sala Penal. Según un penalista que lo ha tratado en varios casos, es un magistrado “ponderado” y “serio”.

Fue el ponente de la condena al Gobernador Monsalvo y de la del exsenador y parapolítico prófugo, Óscar Suárez Mira.

También lo es del caso contra el exmagistrado de la Corte, Gustavo Malo por el cartel de la toga; del que lleva contra el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías; y el del exgobernador de Arauca Julio Acosta, entre otros.

La vacante clave

La tercera plaza está vacante, pues el magistrado Ramiro Marín renunció el año pasado.

A fines de febrero el Consejo Superior de la Judicatura definió los diez elegidos para que la Corte Suprema elija al nuevo magistrado, pero no ha tocado el tema hasta ahora porque la lista llegó justo antes de la pandemia.

Son

Blanca Nélida Barreto: ha sido magistrada auxiliar de la Sala Penal.
Carlos Eduardo Castañeda Crespo: exfiscal delegado ante la Corte. Llevó el caso de Oneida Pinto.
Jorge Hernán Díaz: Fiscal delegado ante la Corte que pidió la captura del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y que fue defensor de Andrés Felipe Arias.
Álvaro Escobar Gil: Fiscal durante varios años y hermano del exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil, condenado por la Sala Penal por el escándalo de Fidupetrol.
María Lourdes Hernández: magistrada del Consejo Superior de la judicatura.
Leonor Oviedo Pinto: litigante y exfiscal.
Sandra Patricia Ramírez: académica y exfiscal ante la Corte.
Jorge Enrique Sanjuan: exfiscal y Procurador desde 2011.
Flor Alba Torres: académica de la Nacional.

La segunda instancia

Si llega a haber una sentencia, se podría apelar, lo que es una de las grandes novedades. La encargada de resolver la apelación es la Sala de Casación Penal de la Corte.

Como sus nueve magistrados tienen períodos que vencen entre 2021 y 2028, en el momento en que le llegue el caso sería, por lo menos en parte, diferente a la actual. Por eso la conformación habría que revisarla en ese momento (el próximo año salen Eyder Patiño y Eugenio Fernández Carlier, y en 2022 Patricia Salazar).