“Nos reunimos con los dirigentes de la bancada progresista de los Estados Unidos para establecer una alianza estratégica en función de la vida, la humanidad y la naturaleza”, trinó el presidente Gustavo Petro después de su reunión con cuatro congresistas del partido Demócrata el lunes pasado en Bogotá.
Esta visita de parlamentarios que están más a la izquierda de Joe Biden alimenta la estrategia del gobierno Petro de alejarse del enfoque histórico de la política exterior colombiana frente a Estados Unidos, y profundiza una distancia entre el país y su mayor socio comercial que ha crecido tanto por los mensajes del gobierno Petro como por la polarización interna que vive el bipartidismo gringo.
El enfriamiento de la relación podría complicar el aporte de cerca de 500 millones de dólares que ese país envía anualmente a Colombia para programas de seguridad, paz y derechos humanos entre otros.
Colombia se desmarca de su relación estratégica con Washington
A pesar de varias movidas del gobierno Petro que lo desalinean frente a Estados Unidos, la administración de Joe Biden ha mantenido su respaldo público durante todos los escándalos que han salpicado al primer círculo del presidente colombiano en el último año. La administración Biden también ha apoyado al gobierno Petro en sus políticas de drogas, paz total y el intento de reactivar el diálogo entre chavismo y oposición en Venezuela.
El embajador Luis Gilberto Murillo, quien maneja la relación bilateral, ha facilitado acercamientos y una relación fluida con los congresistas demócratas y aquellos menos radicales del partido Republicano.
“Esa es la ventaja de tener una figura de centro y no de la izquierda radical como embajador. Murillo tiene la posibilidad de conversar con los republicanos moderados, porque les genera más confianza y lo entienden como una persona que ideológicamente es más pragmática”, dice Sandra Borda, profesora del departamento de Ciencia Política de los Andes.
Sin embargo, otras figuras del gobierno Petro han sido menos hábiles con el Congreso e, incluso, con ciertos funcionarios del Ejecutivo estadounidense ha sembrado una semilla de desconfianza frente al país. La Silla supo por dos fuentes de la Cancillería, que piden la reserva de su nombre para hablar de reuniones cerradas al público, que el canciller Álvaro Leyva ha perdido la credibilidad y la confianza de funcionarios de la administración Biden.
En reuniones sobre el plan de Petro para destrabar los diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, Leyva ha hecho comentarios sobre las sanciones gringas al chavismo que han generado preocupación en Estados Unidos. Sobre estas, el Departamento de Estado ha insistido en que solo las retirarán si Venezuela accede a darle garantías electorales a la oposición para las presidenciales que deberían tener lugar el próximo año.
Según dos fuentes, entre los funcionarios está Jonathan Finer, el viceconsejero de Seguridad Nacional de Biden. Por esos comentarios de Leyva, Colombia ha perdido su rol de bisagra en el proceso político venezolano.
Las dos fuentes coinciden en que la comunicación entre el canciller y la administración Biden también se ha deteriorado por otros comentarios desafortunados que ha hecho Leyva en público. Como cuando llamó limosnas a la plata que Estados Unidos manda a Colombia.
“Nadie quiere una relación hostil, pero la relación estratégica que tenían los dos países está perdiendo fuerza”, dice Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento con sede en Washington. “Su posición como el socio más importante de Estados Unidos en América Latina está en riesgo de perderse. A pesar de toda la cordialidad diplomática, hay cierta desconfianza de Estados Unidos hacia Colombia”, agrega Shifter.
El mismo presidente Petro también se ha alejado de Estados Unidos en varias ocasiones en el último año. Uno de los temas álgidos en los que Petro se ha desmarcado del respice polum —la doctrina que ha orientado buena parte de las posiciones de la política exterior colombiana para acoplarse a la estadounidense— es la agresión de Rusia a Ucrania. Ha dicho que “Estados Unidos toma decisiones para protegerse ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas” e, incluso, equiparó al vecino del norte con el invasor de Ucrania. “No sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o Rusia, me parece que es lo mismo”, dijo en julio durante la cumbre de la Celac y la Unión Europea en Bélgica.
“A diferencia de Iván Duque o Juan Manuel Santos, Petro marca una mayor distancia con Estados Unidos por su intención de posicionar un liderazgo distinto a nivel regional y global”, explica Shifter.
Otro tema clave en el que Petro ha marcado distancia es el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. El 16 de agosto, en una reunión con cafeteros en el Huila, el presidente anunció que renegociaría el acuerdo, que tardó más de 10 años en quedar en firme. Dos días después del anuncio, el ministro de Comercio, Germán Umaña, salió a rectificar al mandatario, aclarando que no se trata de una renegociación, sino de una revisión. “Por ahora no estamos pidiendo como gobierno colombiano una renegociación, aunque el presidente Petro podría hacerlo sin preguntarle al Congreso”, explicó Umaña.
Frente al TLC, el embajador gringo encargado, Francisco Palmieri, defendió el acuerdo y dijo que “ha fomentado el crecimiento en Colombia durante los últimos 10 años”. Al otro tema al que se opusieron de plano fue a la propuesta de ley de reconciliación lanzada la semana pasada con la que el gobierno Petro quiere que narcotraficantes “puedan tener un camino y un vivir en esta nación”. La idea de la ley es que quienes hayan cometido crímenes relacionados con el narcotráfico puedan entrar en la paz total. Un portavoz del Departamento de Estado advirtió que no respaldarán la iniciativa si no sanciona a narcotraficantes, terroristas y otros grupos ilegales.
Desmarcarse de los gringos se ha convertido en una práctica común en los gobiernos de izquierda de la región. Pero otros países, como México, han sido más hábiles en hacerlo. El gobierno de Andrés Manuel López ha logrado mantener una posición crítica frente a su vecino del norte, al tiempo que adelanta temas clave en la agenda gringa, como políticas de mano dura frente al flujo migratorio que se dirige a Estados Unidos.
En cambio, la distancia que el gobierno Petro ha querido establecer se da justo de cara a un negocio de las drogas en el que Colombia ya no es la protagonista. La producción de drogas que llegan a Estados Unidos no es un asunto exclusivamente colombiano desde el auge del fentanilo, que se produce en México o China. “Por ese cambio en el enfoque, es difícil encontrar otros temas en la agenda que pongan a Colombia en el lugar prioritario que solía tener”, dice Shifter.
Además, la distancia que se ha planteado le quita a Colombia la posibilidad de mediar entre la agenda del gobierno estadounidense y otros países de la región, como Brasil o Chile, cuyos gobiernos también se han alejado de Estados Unidos. “El distanciamiento también es un gran desafío para Estados Unidos porque no hay otro país en la región que pueda asumir ese rol estratégico de mediar las relaciones en el continente”, concluye Shifter.
La polarización gringa fractura el consenso bipartidista
La visita de los demócratas es la primera que se ha organizado con independencia de la embajada de Estados Unidos en Colombia. La Silla supo por una fuente del gobierno, que pide la reserva de su nombre para dar detalles del detrás de escena, que las demás visitas de congresistas seguían una agenda organizada por la embajada.
“La embajada organiza la agenda según puntos que consideran centrales para los congresistas”, explica la fuente. Es así como, por ejemplo, la delegación que lideró el representante republicano, August Pfluger, en julio, se concentró en temas de seguridad y migración.
Estas visitas son claves en la relación porque les dan a los legisladores argumentos, de primera mano, para rebatir aquellas críticas que tienen sectores radicales del republicanismo sobre la gestión del gobierno Petro. El vicecanciller, Francisco Coy, le dijo a La Silla que “el propósito de la visita era conocer de cerca la realidad política colombiana”. Explicó que planean seguir haciendo visitas para que los congresistas estadounidenses y los funcionarios del gobierno mantengan una relación fluida.
Entre los demócratas que vinieron están los representantes Alexandria Ocasio-Cortés, Nydia Velásquez, Maxwell Frost, Greg Casar y Misty Rebik, que es la jefa de gabinete del senador Bernie Sanders. Ellos representan a un sector más de izquierda de los demócratas. Por eso, la visita genera cierta suspicacia entre los sectores más radicales del republicanismo, que ya son críticos del gobierno colombiano.
“Por la afinidad ideológica es predecible que el gobierno colombiano se acerque más a ese bando del Congreso”, explica Borda, de los Andes. “Pero entre más se acerque, más se profundizan las sospechas o las suspicacias de los republicanos de derecha, que ya hacen oposición al gobierno Petro”, agrega.
Esas suspicacias generan tensión dentro del consenso bipartidista que existía en el Congreso gringo sobre la relevancia de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. “El consenso bipartidista partía de una noción estratégica sobre el posicionamiento estadounidense en la región. Esta hacía de Colombia una pieza importante que actuaba como un multiplicador de los esfuerzos estadounidenses”, dice David Castrillón-Kerrigan, profesor e investigador del Externado.
Desde la llegada de Petro, se han avivado voces radicales dentro del republicanismo. Dos ejemplos visibles son los representantes cubano-estadounidenses, Mario Diaz-Balart y María Elvira Salazar, que han sido duros críticos del presidente Petro y sus políticas de seguridad y drogas. Salazar, incluso, lideró una audiencia en la Cámara baja, ahora controlada por el partido Republicano, titulada “El descenso de Colombia hacia el socialismo”. En ella, hablaron por cerca de dos horas sobre la gestión de Petro.
“Así no se reúnan con los demócratas, nunca van a tener felices a una María Elvira Salazar o un Marco Rubio con el gobierno de Petro. No es racional pedirle al gobierno que trate de buscar un consenso bipartidista, porque es imposible con el ala más radical de los republicanos”, explica Borda.
“En los dos partidos se han movido congresistas, paulatinamente, a los extremos ideológicos. Los republicanos se mueven hacia la derecha y los demócratas a la izquierda”, agrega la profesora de los Andes.
Dentro de esa polarización, las voces de representantes cubano-estadounidenses como Diaz-Balart y Salazar terminan castigando a Colombia por tener un gobierno de izquierda. “Colombia es víctima de la polarización porque los republicanos cubano-americanos hacen todo lo que pueden para castigar a Cuba y a los países que se le acercan”, dice Gimena Sánchez, directora regional para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina (Wola).
El lío con esas voces críticas es que podrían afectar asuntos clave, como la plata que Estados Unidos envía a Colombia. Por ejemplo, Díaz-Balart, como presidente de la subcomisión de Apropiaciones para operaciones en el extranjero de la Cámara, ha propuesto diferir los fondos que se envían al país.
Para el vicecanciller Coy aunque “existan miembros individuales del Congreso que expresen puntos de vista críticos, en general, la relación bilateral cuenta con el apoyo de ambos partidos”.
En efecto, esas voces radicales no implican una ruptura de Colombia con todo el partido Republicano. En buena medida por los acercamientos de congresistas moderados con el embajador Murillo. Sin embargo, el costo político de contradecir a voces como la de Salazar es muy alto y, por tanto, es poco probable que, por lo menos en público, se les opongan.
“En Estados Unidos hemos visto que es una estrategia política útil, al romper ese consenso bipartidista se hace campaña”, dice Sánchez, de Wola.
Sánchez explica que la propuesta de Díaz-Balart para diferir los fondos a Colombia superó el debate en Cámara, y que ahora debe ser conciliada con el Senado, en donde los republicanos no son mayoría y aprobaron un monto de 487 millones de dólares para Colombia. “Aunque es poco probable que se difieran los fondos, la iniciativa de Díaz-Balart podría terminar reduciendo el monto que recibe Colombia y debilitando un paquete fuerte en cooperación sobre paz, derechos humanos, grupos étnicos, medio ambiente y justicia”, agrega.
“Este gobierno haría bien en quitarle cartuchos a esa clase política estadounidense de un lado u otro, para no politizar la relación con Colombia. Y eso, precisamente, significa tener cuidado en cómo se habla de lo que pasa en Estados Unidos y de las relaciones de Colombia con otros países del mundo”, concluye Castrillón, del Externado.
