La reflexión a la que usted nos invita la llevamos haciendo hace 20 años. No es la primera vez que a alguien se le ocurre si no será mejor restringir la tutela para evitar su abuso, como camino más corto que restringir las facultades de los que abusan, como en el caso de Petro: todos han abusado (no vuelvo a hacer la lista porque es larga) menos los ciudadanos y usted, Presidente, ¿nos invita a nosotros a que reflexionemos para ver si lo único que hemos ganado podemos restringirlo para que los que abusan puedan abusar más cómodamente?
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En las peleas de los políticos los que pierden son los ciudadanos. A mediados del siglo pasado, por ejemplo, liberales y conservadores se enfrascaron en una guerra civil no declarada que, además de causar decenas de miles de muertos, terminó en un pacto –el Frente Nacional- que consistía en repartirse el poder público y excluir a quienes no fueran de alguno de los colores tradicionales.
Con mucho menos dimensión histórica que entonces los colombianos hemos visto una confrontación institucional y personal inédita por la Alcaldía de Bogotá:
El Alcalde (en cualquier momento puede volver a ser ex) sin consideraciones técnicas sino ideológicas resolvió modificar el sistema de recolección de basura de Bogotá. Hizo una chambonada que ha salido costosa en términos económicos y políticos.
El Procurador General de la Nación, con motivaciones puramente ideológicas, decidió abusar de su poder, darles un ropaje jurídico, aprovechar la torpeza del Alcalde (¿ex?) y sancionarlo en forma desmesurada.
El Alcalde reaccionó abusando de la tutela y diseñó una estrategia totalmente contraria a los principios jurídicos, en la que se valió de ciudadanos común y corriente para generar confusión y caos y conseguir, sin importar los procedimientos, que un juez acogiera sus argumentos y por esa vía suspender la ejecución de la destitución.
Algunos magistrados del Tribunal Contencioso de Cundinamarca torcieron el pescuezo de la ley, sacaron del sombrero una interpretación y le concedieron el amparo al Alcalde.
El Consejo de Estado contrariando sus propios procedimientos internos en materia de impedimentos y modificando su propia jurisprudencia sobre la eficacia de los instrumentos ordinarios de justicia negó las tutelas interpuestas por Petro y sus amigos por considerar, que ahora sí, luego de que durante veinte años no ha sido así, la acción de nulidad podría ser mejor que la tutela para proteger los derechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abusando de sus facultades y con desconocimiento de la justicia interna resolvió otorgar medidas cautelares al Alcalde para impedir su destitución.
El Presidente resolvió desconocer una reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual las medidas cautelares ordenadas por la Comisión son de obligatorio cumplimiento y procedió a destituir al Alcalde a pesar de la solicitud del organismo internacional. El Presidente, abusando de sus facultades, dilata las decisiones, no cumple los términos para impedir que un eventual llamado a elecciones locales se cruce con las elecciones presidenciales y tenga efectos negativos sobre su aspiración a reelegirse.
Un magistrado del Tribunal Superior, abusando de sus facultades, concede una tutela a todas luces impertinente y ordena la restitución del Alcalde.
Han abusado: el alcalde, el procurador, el alcalde, un tribunal, el Consejo de Estado, la CIDH, el Presidente, otro tribunal y resulta que ¡el Presidente nos invita a los ciudadanos a “reflexionar” sobre si será necesario limitar la tutela para no generar incertidumbre jurídica!
No Presidente, se equivoca en materia grave. La tutela es lo único verdaderamente efectivo que los ciudadanos colombianos hemos ganado en los últimos 50 años. No ha habido un instrumento jurídico del que nos hayamos adueñado tanto. La inmensa mayoría de los colombianos sabemos que en últimas, si ya la cosa se torna imposible, amenazamos o usamos la tutela y ahí quizás las cosas se arreglen.
Presidente, son centenares de miles de colombianos que acuden todos los días a los jueces a buscar que alguien ordene que los atiendan en el sistema de salud, que les contesten un derecho de petición, que les reconozcan su pensión de jubilación, que les permitan tomar tal o cual decisión que solo afecta su vida pero que otro considera que va contra la moral y las buenas costumbres.
Gabo no hubiera podido escribir esa obra de la que usted leyó dos páginas el martes Presidente. El abogado le hubiera recomendado al Coronel interponer una tutela y no se hubiera quedado esperando infructuosamente la carta hasta su muerte.
A la tutela le han disparado por muchos flancos: ha sido objeto de disputas de poder entre las Cortes; ha sido blanco de los economistas que no resisten que los jueces tomen decisiones que consideran reservadas a su sabiduría; ha estado en el ojo de los Ministros de Hacienda, el actual le disparó la sostenibilidad fiscal; ha sido asediada por interpretaciones restrictivas de abogados y magistrados de la escuela del Procurador y de su amigo Fernando Londoño y ahora ¿usted, Presidente?. Esa batalla ya la había perdido su gobierno cuando quiso convertir la sostenibilidad fiscal en un derecho fundamental ¿?. Esa batalla desdice de sus posiciones liberales.
La reflexión a la que usted nos invita la llevamos haciendo hace 20 años. No es la primera vez que a alguien se le ocurre si no será mejor restringir la tutela para evitar su abuso, como camino más corto que restringir las facultades de los que abusan, como en el caso de Petro: todos han abusado (no vuelvo a hacer la lista porque es larga) menos los ciudadanos y usted, Presidente, ¿nos invita a nosotros a que reflexionemos para ver si lo único que hemos ganado podemos restringirlo para que los que abusan puedan abusar más cómodamente?.
No, Presidente, de verdad, ya reflexionamos y no.
