Independientemente de qué tan lejos llegue este proceso, la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de abrirle pliego de cargos a Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, y a toda la cúpula del DAS de los últimos ocho años, por las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales, cae políticamente en el peor momento para Uribe.
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| Al pliego de cargos de la Procuraduría se suma la investigación penal por las ‘chuzadas’ contra los ex directores del DAS María del Pilar Hurtado (2007-2008), Andrés Peñate (2005-2007) y Jorge Noguera (2002-2005). |
Independientemente de qué tan lejos llegue este proceso, la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de abrirle pliego de cargos a Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, y a toda la cúpula del DAS de los últimos ocho años, por las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales, cae políticamente en el peor momento para Uribe.
Con esta decisión – en vísperas de que la Corte defina la suerte del referendo, en medio de las protestas contra los decretos de emergencia social y a tres semanas de las elecciones legislativas -, el procurador Ordoñez termina desvirtuando la teoría del ‘caso aislado’ o ‘la manzana podrida’ que ha defendido el Gobierno hasta ahora en el caso de las ‘chuzadas’ ilegales.
Al secretario de Prensa César Mauricio Velásquez y al ex asesor de comunicaciones y ahora viceministro de Defensa Jorge Mario Eastman, el Procurador les archivó la investigación por no encontrar ningún mérito. Pero Ordóñez encontró que el ex director del DAS Jorge Noguera habría permitido que el Grupo Especial de Inteligencia interceptara comunicaciones telefónicas y correos electrónicos e hiciera seguimientos ilegales, sin orden judicial, a ONG, periodistas y activistas políticos; que José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, presuntamente ordenó, por intermedio del Grupo Especial de Inteligencia 3 (G3) que de manera ilegal se recaudara información de manera sistemática y continua sobre activistas, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, y que el el subdirector de Operaciones de Inteligencia de la época de Noguera, Carlos Alberto Arzayuz, habría participado en las labores de interceptación o seguimientos ilegales.
Además, de su decisión se desprende que el Procurador considera que las actividades criminales de la entidad no se limitaron a la época de Noguera, otra de las tesis que ha sostenido la Casa de Nariño. Ordóñez abrió pliego de cargos contra los directores del DAS de los últimos ocho años, a excepción del actual director Felipe Muñoz.
A Andrés Peñate, quien sucedió a Noguera, le abrió pliego por no haber denunciado las irregularidades y actividades delictivas que encontró en el DAS cuando llegó; y a María del Pilar Hurtado, la siguiente directora, por presuntamente haber ordenado el seguimiento ilegal de “algunos ciudadanos de relevancia nacional”. Aunque el Procurador no lo específica, durante la época de Hurtado varios magistrados de la Corte Constitucional fueron ‘chuzados’ mientras debatían la primera reelección, y casi todos los de la Corte Suprema mientras estudiaban los casos de parapolítica.
También abrió pliego de cargos contra el director de inteligencia Fernando Alonso Tabares y el subdirector de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos – quienes trabajaron durante los periodos de Peñate y Hurtado – por presuntamente haber realizado las ‘chuzadas’ y los seguimientos ilegales.
Pero los casos más complicados para Uribe son los que tienen que ver con Mario Aranguren, el director de la Unidad de Información de Análisis Financiero, UIAF, y con Bernardo Moreno.
Aranguren habría ordenado a funcionarios de la UIAF que entregaran, en una reunión en la Casa de Nariño, información reservada sobre ciertas personas sin que mediara una orden judicial. Y a Moreno, secretario general de la Presidencia, por presuntamente haber organizado en Palacio una reunión con funcionarios del DAS y de la UIAF con el fin de enterarse de una información reservada sobre Ascencio Reyes.
Reyes es un personaje polémico de Neiva que supuestamente había organizado un homenaje a varios magistrados de la Corte Suprema. Alguien del Gobierno filtró información y fotos sobre este episodio a la revista Semana, con lo cual buscaban enlodar a magistrados como Yesid Ramírez, que tenían en ese momento una disputa con el presidente Uribe. lA Información resultó falsa y Semana tuvo que rectificar en dos ocasiones.
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| En varias oportunidades el presidente Uribe se ha referido a un proceso de depuración del DAS que aún no llega. |
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| “Aquí hay una serie de circunstancias tendientes a desprestigiar al Gobierno Nacional, al Estado, a la política de Seguridad Democrática”, fueron las palabras de Bernardo Moreno cuando estalló el escándalo que lo involucraba. |
Las implicaciones políticas
Uribe, que suele poner la cara frente a todos los escándalos, se ha mantenido relativamente silencioso sobre las últimas denuncias del DAS. Y cuando ha dado declaraciones ha sido para defender a sus directores y para decir que la entidad está en un proceso de depuración. Así fue cuando Andrés Peñate entró a reemplazar a Noguera, después de que este saliera en medio de las denuncias de la revista Semana, y cuando se fue María del Pilar Hurtado, tras comprobarse que del DAS había salido una orden escrita para espíar a Gustavo Petro, entonces senador del Polo Democrático.
La decisión del Procurador pondría en duda que esta depuración alguna vez se haya llevado a cabo, pues implica a toda la cúpula de los últimos siete años, incluyendo a los tres directores.
El otro argumento que el Gobierno ha utilizado en varias oportunidades y que se cae con esta decisión, es que es una persecución contra la Seguridad Democrática. Nadie ubicaría jamás al procurador Ordóñez en la oposición y mucho menos como enemigo político del gobierno de Uribe.
Y además, el sentido de las decisiones del Procurador refuerza la hipótesis de la Fiscalía en el caso de Jorge Noguera por el asesinato de líderes sindicales y uso privilegiado de información, y es que en el DAS no había unas manzanas podridas sino una estructura dedicada a actividades ilegales.
Lo nuevo acá es que el Procurador involucra directamente a Bernardo Moreno, que depende directamente del presidente Uribe.
Esta decisión del Procurador también marca un precedente frente a lo que decidirá la Fiscalía en el mismo caso de las interceptaciones ilegales, con la diferencia de que podría terminar alguno de ellos en la cárcel, además de Noguera, que hasta ahora ha concentrado toda la responsabilidad del Gobierno.
Esta ‘papa caliente’ es una de las tantas que tiene la Fiscalía en sus manos, y en la que se está a la espera de una decisión. Uno de los procesos por los cuales el Gobierno espera ganar el pulso con la Corte para tener un Fiscal ‘comprensivo’.
Naturalmente, la decisión del Procurador no es definitiva. El pliego de cargos significa que hay motivos suficientes para investigarlos por estas faltas disciplinarias. Ahora, cada uno de ellos tendrá diez días para responder los cargos y solicitar pruebas para demostrar su inocencia. Y luego, el Procurador decidirá si son responsables disciplinariamente y qué sanción merecen. Esta puede ir desde el pago de una multa hasta una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Y el proceso puede durar muchos meses más, incluso hasta después de que Uribe haya dejado su cargo.
Pero políticamente el impacto es inmediato. Muchos colombianos no distinguen entre un pliego de cargos y una condena, y además sucede poco después de que muchos testigos en el proceso de Noguera se sacaran sus trapos al sol sobre todo lo que pasaba en la entidad. La decisión del Procurador, además, refuerza la idea que muchos ya se han hecho de que la teoría ‘de todo fue a mis espaldas’ es insostenible.
