En menos de 12 horas, Daniel Quintero renunció a ser alcalde de Medellín e hizo su primer acto de campaña para las elecciones regionales.
El sábado, cerca a la medianoche, se conoció el decreto con el que el presidente Gustavo Petro aceptó su renuncia, designando como encargado al secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, uno de los hombres fuertes del gabinete municipal. Horas después, el domingo en la mañana, el ahora exalcalde fue llevado en hombros hasta una tarima junto a Juan Carlos Upegui, su candidato a la Alcaldía de Medellín, y el exsecretario Esteban Restrepo, su carta a la Gobernación. “¿Pensaban que me iba a quedar de brazos cruzados? ¿El uribismo pensaba que tenía el camino despejado?”, dijo Quintero frente a una multitud aglomerada en un calle de un barrio popular al noroccidente de la ciudad.
Con su renuncia, Quintero confirma que siempre concibió su administración como una plataforma para apuntalar sus aspiraciones presidenciales.
Para ello se alineó con el petrismo, que en las últimas semanas ha demostrado lealtad con su principal aliado en Antioquia y en quien tratará de apoyarse en unas elecciones en las que tiene pocas cartas ganadoras. También utilizó las instituciones de la ciudad para confrontar al Centro Democrático y al alto empresariado antioqueño, sus dos enemigos predilectos. Y ahora, a tres meses de finalizar su mandato, salta a la campaña regional sin asumir las consecuencias de las decisiones que tomó sobre los problemas centrales de la ciudad.
Una renuncia antecedida por guiños petristas
La semana pasada, Quintero viajó a Bogotá y estuvo reunido con directores de medios para contarles su decisión de renunciar, según dos fuentes de Independientes, una en Medellín y otra en Bogotá, que pidieron las reservas de sus nombres. Desde el miércoles 27 de septiembre, la Revista Semana empezó a circular la información de una “renuncia inminente”.
El viernes 29, una fuente de su primer círculo daba la decisión como tomada. “Tiene tres procesos que pueden dar lugar a suspensión”, le dijo a La Silla, explicando que una de las razones de la renuncia era la de anticiparse a una posible suspensión de la Procuraduría.
En los últimos tres años, la Procuraduría le ha abierto a Quintero 16 procesos disciplinarios, incluido el que dio lugar a su suspensión en 2022 por presunta participación en política, cuando sugirió votar por Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Recientemente, el ente de control le abrió otro expediente por insultar a un concejal uribista en medio de una discusión por el conflicto entre EPM y Millicom por Tigo-Une.
El 20 de septiembre, la coalición del gobierno en el Congreso salió al rescate de Quintero en medio de un nuevo escándalo en su administración. Ese día, la veeduría Todos por Medellín hizo una denuncia sobre un “cartel de la contratación” en la administración de Quintero. Según la investigación, el centro de la “cartelización” es Metroparques, empresa encargada del mantenimiento de los parques de la ciudad. En 2021, La Silla reveló un patrón similar para beneficiar con contratos a aliados políticos de Quintero.
Pero mientras en Medellín denunciaban a Quintero, en Bogotá recibía una condecoración por parte de la Cámara de Representantes. Fue distinguido por los programas de tecnología de su administración. Recibió el reconocimiento por parte del liberal petrista Andrés Calle, presidente de la Cámara, quien recientemente estuvo junto a Petro en el discurso durante la “toma pacífica de Bogotá”.
El exalcalde aprovechó la ocasión para denunciar lo que llama el “cartel de los 20 billones”, y donde empaqueta las organizaciones sociales y empresariales a las que se opone para señalarlas como responsables de la crisis de Hidroituango o de los problemas de infraestructura de la Biblioteca España.
Luego de la condecoración de la Cámara, el gobierno favoreció a Quintero en la Junta del Metro de Medellín. El 25 de septiembre, Petro nombró a dos contratistas activos de la alcaldía de Quintero como miembros independientes de la junta: Juan Carlos Tafur Hernández y Sebastián Hinestroza Arango. Con el remezón, la administración, junto a los representantes del gobierno tienen de su lado y hasta el 31 de diciembre a siete de los nueve miembros de la junta. Desde diciembre del año pasado, el alcalde le estaba pidiendo al gobierno la recomposición de la Junta del Metro, clave para influir en los grandes proyectos de infraestructura de Medellín y Antioquia, como el Metro de la 80 y el Tren del Río.
En paralelo, El Tiempo reveló que las Empresas Varias de Medellín (Emvarias) firmó un contrato por 200 mil millones de pesos con una empresa de Manuel Grau, un político independentista catalán cercano a Petro y a la primera dama, Verónica Alcocer. El objeto del contrato es empezar un proyecto piloto de carga lateral de basuras en Medellín.
Grau, como lo reveló La Silla, fue nacionalizado colombiano de manera exprés gracias a la intermediación de la primera dama a pesar de enfrentar cargos por delitos de malversación, prevaricato, soborno y tráfico de influencias en España. Ejerce influencia en el alto gobierno por su cercanía con la familia presidencial.
Y para rematar la sintonía con el gobierno, el decreto con la aceptación de la renuncia de Quintero incluyó la designación de su secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, como alcalde encargado. Hurtado es uno de los hombres fuertes de su gabinete y su equipo político, que pertenece al Partido Liberal, está respaldando la candidatura de Esteban Restrepo, la carta de Independientes a la Gobernación.
Medellín como plataforma nacional
Desde que llegó a la Alcaldía de Medellín, la estrategia de Quintero ha sido cuestionar el modelo de asociación público-privada que traía la ciudad y polarizar con un alto impacto mediático y figuración nacional.
En los últimos tres años, Quintero ha utilizado la institucionalidad de Medellín para atacar a sus principales contradictores, entre ellos, el alto empresariado antioqueño y el Centro Democrático. El caso más emblemático ha sido EPM, la segunda compañía pública por activos más grandes del país, cuyas transferencias a Medellín son fundamentales para sus finanzas públicas.
Desde su campaña en 2019, Quintero explotó políticamente la crisis de Hidroituango, que puso en riesgo la estabilidad financiera de EPM. Lo hizo lanzando su retórica antiélite contra los políticos y contratistas que estuvieron en las etapas iniciales del proyecto. Luego de su triunfo, le dio un sacudón a la Junta Directiva de EPM, nombrando personas cercanas, y en los primeros 16 meses de su mandato nombró a cuatro gerentes distintos, entre ellos el actual, Jorge Carillo.
Frente a la crisis de Hidroituango, uno de los principales objetivos de Quintero era sacar del proyecto al consorcio CCC Ituango, a quienes atacaba por estar vinculados con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Este consorcio fue el encargado de las obras civiles de cuatro de las ocho turbinas del megaproyecto de energía.
El alcalde logró su cometido el 30 de noviembre del año pasado, justo el día en que logró poner a punto las dos primeras turbinas con las que evitó una millonaria multa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Lo hizo a pesar de la opinión de los expertos e incluso de una consultoría contratada por EPM, quienes aseguraban que la experiencia acumulada por CCC Ituango era clave para el futuro de la represa.
La congelación de la tarifa de servicios públicos fue otro de los pulsos que libró al interior de EPM. En mayo, lo intentó con una fórmula que ha sido cuestionada por tratarse, en realidad, de un aplazamiento del pago, efectuado justo para el tiempo de elecciones.
La medida fue una de sus promesas de campaña y estuvo impulsada por una estrategia publicitaria con vallas y pasacalles en diferentes barrios de Medellín. Mientras tanto, y ante las críticas por los problemas técnicos y financieros de la iniciativa, Quintero enfiló baterías en contra de sus opositores por oponerse a “aliviar” el bolsillo de la gente.
El conflicto de EPM y Millicom por Tigo-Une ha sido el episodio más reciente de la politización de la compañía. Durante su mandato, el alcalde intentó en cinco oportunidades activar la cláusula para vender las acciones de la compañía en la empresa de telecomunicaciones. Y ante cada fracaso en hacerlo, ocasionado por unas mayorías exiguas en el Concejo, Quintero aprovechó para criticar a los sectores políticos que participaron en la conformación de la empresa mixta, como el grupo del gobernador Aníbal Gaviria.
Estos conflictos le han servido a Quintero para impulsar la narrativa de que Medellín, en las últimas dos décadas, ha estado controlada por una alianza entre los sectores empresariales vinculados al GEA y una clase política de derecha que identifica con el uribismo.
“El riesgo es que volvamos atrás y nos cierren la puerta. Si el uribismo vuelve al poder será para cerrar la puerta. Será para evitar que nuevamente un joven de un barrio de Medellín vuelva a llegar a la Alcaldía”, dijo ayer Quintero sobre la tarima de su primer acto público de campaña.
Saltar a la campaña sin asumir los costos de gobernar
El ahora exalcalde renunció sin resolver los desafíos de Tigo-Une y de Hidroituango, ni enfrentando las consecuencias de sus decisiones pasadas sobre ambos temas.
Para el caso de Tigo-Une, el socio extranjero de EPM en el negocio, Millicom, le presentó a la compañía pública una tercera propuesta de capitalización en la que ofrecen, además, extender la cláusula de protección al patrimonio público. Su activación le permite a EPM vender sus acciones en la empresa.
El 11 de septiembre, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, les advirtió a EPM y Millicom, así como al Concejo de Medellín, que si antes del 9 de octubre no llegan a un acuerdo, Tigo-Une entraría a una proceso de reorganización empresarial a través de la Superintendencia de Sociedades. La medida puede afectar a 15,1 millones de usuarios móviles y cerca de 25.000 colaboradores directos e indirectos.
Hidroituango, por su parte, debe garantizar para el 30 de noviembre el funcionamiento en pleno de las turbinas 3 y 4 del megaproyecto. Ese día se cumple el plazo establecido por la Creg para que genere energía eléctrica y empiece su operación comercial. Entre tanto, EPM tiene en curso el proceso de licitación de las obras civiles de las restantes cuatro turbinas. Para el cumplimiento del plazo de la Creg y el cierre de la licitación, Medellín tendrá un alcalde encargado.
“No existe mejor escenario para defender las soluciones de esos problemas que en la calle. En el caso de Tigo, por ejemplo, los concejales que bloquearon las salidas lo hicieron por asuntos estrictamente políticos”, argumenta Eli Shnaider, director nacional de Independientes, para justificar la renuncia de Quintero.
Con su partido, Quintero tendrá la oportunidad y la vitrina de recorrer el país durante la recta final de las elecciones regionales. Independientes avaló poco más de 2.500 candidatos y cuenta con fichas en ciudades capitales como Juan Luis Osorio en Cartagena, Deninson Mendoza en Cali y David Fajardo en Cúcuta. Lo puede hacer, además, con el barniz progresista de haber apoyado las campañas del Pacto Histórico al Congreso y de Petro a la Presidencia, quien ha mencionado a Quintero como su posible sucesor.
“Independientes viene a apoyar al progresismo. No solo en Antioquia sino a nivel nacional. Vamos a tener un líder nacional de la talla de Daniel Quintero liderando en Bogotá, en el Valle, y allí donde lo necesitemos”, le dijo a la Silla el representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, uno de las fichas del quinterismo en la bancada del partido de gobierno.
El crecimiento de Independientes, además, puede ser funcional para el petrismo en medio de unas elecciones que se anticipan adversas para el gobierno. Según las más recientes encuestas de Invamer y de Atlas para La Silla, en las principales ciudades y departamentos del país los candidatos opositores son los favoritos para ganar. Las alianzas del petrismo con otras fuerzas progresistas pueden amortiguar el golpe. En Antioquia, por ejemplo, los principales partidos del Pacto adhirieron a Restrepo, la carta de Quintero a la Gobernación, a cambio de que Independientes impulse a sus candidatos viables a concejos y a alcaldías
Sin embargo, son varios los pasivos con los que cuenta Independientes y Quintero. Entre ellos, las evidencias que existen sobre el uso de recursos públicos de la Alcaldía de Medellín para favorecer a candidatos aliados del quinterismo, los casos de corrupción que han estallado en su administración, como el de Buen comienzo, y los récords de impopularidad que Quintero batió en los últimos meses. La renuncia de Quintero también refuerza el mensaje sobre la improvisación de la izquierda, un flanco que la derecha suele atacar.
En todo caso, Quintero se ha trazado como objetivo salir de estas elecciones regionales con una estructura nacional que le permita competir a la presidencia en 2026. Con ese parámetro deberá medirse si después de cerca de cuatro años de alineamiento ideológico con la izquierda, y de promover la polarización política desde las instituciones locales, su prematura candidatura presidencial es un proyecto viable o una ambición desmedida.
