El crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Colombia no consigue frenarse, según se evidencia en el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) publicado hoy. El documento, que ratifica la correlación entre violencia y zonas cocaleras, se conoce cuando el gobierno Petro apenas está presentando su nueva política local de drogas, después de 13 meses, y en momentos en que intenta llevar a escala global el debate sobre el fracaso de esta guerra.
En el informe se muestra la tendencia de más hectáreas de coca sembradas, más toneladas de cocaína producidas y un surgimiento de nuevas zonas y enclaves por donde se comercializa con la hoja de coca. La ONU señala a un epicentro particular en Putumayo, departamento que incrementó su número de hectáreas en 77% como influencia por la creciente ola de narcotráfico en Ecuador.
La interrupción del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) en el gobierno Duque y su falta de ejecución hasta ahora en la administración Petro, ayudan a explicar el incremento en un 13% del área cultivada con coca entre 2021 y 2022, según dos expertos consultados.
Al mismo tiempo, los campesinos cocaleros sienten que todavía hay una deuda pendiente con ellos. A pesar de los discursos y encuentros con el presidente, ellos consideran que la reforma agraria también debe entrar en la ecuación por la sustitución de la coca.
El concentrado mapa de la coca
Más allá de que Colombia tenga el segundo año con un máximo, histórico en la cantidad de coca sembrada con 230 mil hectáreas, el fenómeno que muestra el informe de la ONU da cuenta de una concentración de esos cultivos en algunas zonas del país.
Según la ONU, durante 2022 hubo 15 enclaves para el cultivo y procesamiento de la coca y aparecieron nuevas zonas donde se dio este fenómeno. En su informe, da cuenta de cuatro razones que explican esa concentración, que se traduce en mayor presencia de grupos armados interesados en el negocio de la cocaína.
La fragilidad institucional también explica el incremento. Se entiende como la insuficiente capacidad del Estado para brindar servicios básicos y garantizar desarrollo equitativo en las zonas afectadas por los cultivos. Por ejemplo, en esos lugares la informalidad está cercana al 100% o la ausencia en acceso a fuentes de agua puede llegar al 90%.
El cambio en la dinámica de los grupos armados también es una razón que llevó al nuevo aumento de las hectáreas de coca cultivada. El informe identifica 10 grupos armados diseminados por estos enclaves, que se han convertido en organizaciones que además de proteger las operaciones relacionadas con la coca, asumen funciones que le corresponden al Estado. Así, controlan la cadena de suministro, la producción y la exportación.
La producción de cocaína en el sur del país no solo se traduce en violencia para las zonas de frontera, sino que representa una amenaza para otros países, como está sucediendo en Ecuador, que está viviendo la campaña electoral más violenta de su historia, con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y la explosión de carros bomba, como le ocurría a Colombia en los años 1980.
Cuatro municipios de Putumayo están en el top 10 de los que registran mayor cantidad de cultivos de coca, al tiempo que los ríos San Miguel y Putumayo se han vuelto determinantes en el tráfico de cocaína, que ha llevado, de acuerdo al informe a que Ecuador aumente sus incautaciones del alcaloide de 88 toneladas en 2019 a 201 en 2022.
La deuda pendiente
Carlos Chapuel es un campesino cocalero del municipio de San Miguel en Putumayo, en la frontera sur de Colombia. Él hace parte de Coccam, la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca Amapola y Marihuana.
“San Miguel es uno de los municipios el centro de acopio de la hoja de coca, salen diferentes rutas para Esmeraldas en Ecuador y de ahí al Pacífico. Es el punto de salida de la mercancía”, explica.
A su juicio, la crisis por la pandemia es la razón que llevó a que profesores, comerciantes y mano de obra barata de ciudadanos venezolanos, se dedicaran al negocio de la coca, lo que se ve en el incremento continuo que ha tenido el número de hectáreas sembradas en su departamento.
Chapuel considera que hasta ahora no ha sentido el cambio de enfoque frente a las drogas que el gobierno Petro repite en sus discursos. “Lo único que dicen es que se va a diferenciar al pequeño productor y al que tiene más de 3.8 hectáreas”, dice Chapuel que tiene alrededor de 1.5 hectáreas. “El problema es que no hay una alternativa, con una estructura institucional, para poder dedicarse al cultivo de cacao, panela, plátano, limón”, agrega.
Pero más allá de que le logren “dar salida” a otros cultivos lícitos, Chapuel incluye en la ecuación a la reforma agraria de la que tanto habla el gobierno Petro. “Es una deuda que es histórica: indígenas y campesinos sin tierra propia. Pero habría que fomentar una ley que además de la entrega de la tierra le dé impulso a su uso” y habla de energía, carreteras y garantías de comercialización de sus productos para que ellos dejen de sembrar coca.
Una mirada similar tiene desde Bogotá Eduardo Díaz Uribe, quien fue director del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos Pnis en el gobierno Santos. “El aspecto más importante para eliminar los cultivos ilícitos y la informalidad en el campo es que los campesinos tengan su propia tierra, que residan allí. Ellos no pueden seguir viviendo de la miseria y dependiendo de economías como la cocalera o la minería ilegal”, asegura.
Según su lectura, la interrupción durante el gobierno de Iván Duque del programa de sustitución de cultivos le entregó el control de las zonas donde hoy se concentran los cultivos de coca a los grupos armados.
“Lo que teníamos que hacer era unirnos con los campesinos para trabajar con ellos en la sustitución” y dice que en un año en la administración Santos se logró la sustitución de 45 mil hectáreas, 6 mil de ellas con la intervención de la fuerza pública. “Pero entró Duque y llegó con el embeleco de Trump de volver a fumigar y a erradicar forzosamente y
les entregamos el territorio a unos bandidos líderes en el negocio del narcotráfico”, sentencia.
Ahora con Petro, el problema es que el gobierno se demoró 13 meses en publicar su política de drogas, que apunta a dar “garrote” a los grandes narcotraficantes y “zanahoria” a los cultivadores de coca, una idea que está sin ejecución, según el balance de Díaz Uribe.
“Ahora que están los planetas alineados, por ejemplo con Estados Unidos, la ejecución está cercana a cero. Hay un buen discurso de que la guerra fracasó, pero es que echar discursos es muy fácil, lo que puede haber ahora es falta de gerencia”, afirma.
Y en ese sentido plantea que se pueden estar creando falsas expectativas con la idea que intenta desarrollar el ministro de Justicia, Néstor Osuna, de que haya usos legales de la hoja de coca sembrada en el país. Según sus cálculos, para una industria legal como la del té no se necesitarían más de 10 mil hectáreas, frente a las 230 mil que hoy existen.
