Esta semana la mayoría de la Cámara de Representantes le dio un nuevo empujón a la reforma a la salud. El gobierno logró los votos necesarios para aprobar la mitad de los artículos y hacerle frente a la estrategia de la oposición de romper el quórum para evitar el avance.
Ahora el partido que se juegan el gobierno y la oposición entró en pausa por las elecciones regionales, aunque la cancha está de momento inclinada a favor del gobierno. Lo que pase el 29 de octubre será determinante para el futuro del proyecto porque los congresistas están jugados a recargarse de poder en lo local para mostrarse más fuertes en la negociación. Y porque el gobierno cree que la concertación después de elecciones será diferente, porque los congresistas que pongan gobernadores y alcaldes deberán acudir al gobierno en busca de recursos e inversiones para sus regiones.
“Después de las elecciones nos empoderamos al 500 por ciento porque todos los gobernadores y alcaldes van a querer hablar con el gobierno a través de los congresistas. Y el gobierno va a ser solidario con los que han ayudado con sus apuestas, como las reformas”, le dijo a La Silla un alto funcionario del gobierno.
La operación anti quórum que “salió mal”
Después de que hace dos semanas el gobierno recuperó el control del trámite legislativo de la reforma, al lograr aprobar el informe positivo de ponencia, la oposición entendió que no tenía los votos para hundirla.
Por eso, en alianza con los más críticos de la reforma dentro del partido Verde, la estrategia de la oposición para intentar bloquearla ha sido dilatar el debate. El pasado lunes, cuando se abrió el espacio para empezar a votar el articulado, buscaron ejecutar la operación anti quórum.
De acá en adelante, el gobierno necesita que durante las plenarias en el recinto estén presentes al menos 94 representantes a la Cámara. Es decir, la mitad más uno de los 187. Eso garantiza que haya quórum. No importa si los 94 no votan todos por el sí. Si hay menos de 94 no se puede votar.
El lunes la oposición buscó romper ese quórum. La bancada de Cambio Radical, que tiene 19 representantes, dijo que se iba porque tenía una reunión citada por su líder Germán Vargas Lleras para analizar proyectos. El Centro Democrático, que tiene 16, hizo lo mismo señalando que no había garantías para el debate.
Contaban que los conservadores, que son 27, y La U, que son 15, y al menos unos ocho verdes, hicieran lo mismo. Y así, podían invitar a algunos de los 33 liberales a completar la operación.
El cálculo salió mal. Aunque el presidente del Partido Liberal, César Gaviria, alcanzó a citar a una reunión de bancada a las 4 de la tarde, hora del debate de la reforma, solo un puñado de representantes le cumplieron la cita.
La mayoría de liberales se quedaron. Las versiones del porqué son variadas. “¿Quién se va para que lo muelan en redes por no asistir al trabajo?”, le dijo a La Silla un representante. Dos más comentaron, por aparte, que no querían quedar ante la opinión como “quedaron los de Cambio Radical, cobardes porque se salieron y no dieron el debate”.
También están quienes dicen que lo hicieron para mostrarle el apoyo al gobierno e intentar sacar una reforma a la salud con cambios que resuelvan las preocupaciones del partido. “El representante Germán Rozzo, que es de la comisión Séptima, es ponente. Y él está delegado para definir y pelear unas líneas rojas. Si él está, los demás estamos para dar el debate. Lo que hemos aprobado hasta ahora no es malo, es la formalización laboral (acabar cooperativas), mejores condiciones salariales”, dice el representante Álvaro Monedero del Valle.
Del gobierno creen que la bancada no le está copiando a Gaviria.
El partido de La U tampoco entró en bloque en el intento de la oposición. Al menos unos 10 representantes se quedaron en el recinto, a pesar de que hace unos días varias cabezas del partido, como el senador Juan Felipe Lemos, habían advertido que en la Cámara no podían votar la reforma hasta que no se tomara una decisión en bancada.
Pero pasa que esas bancadas no se han podido hacer porque las agendas de los congresistas no han coincidido. Varios están en regiones haciendo campaña. Además, en la Cámara están más inclinados a ayudar al gobierno.
“El apoyo de La U ha sido contundente, en Cámara de los 17, la mayoría estamos. En lo que se ha aprobado nos sentimos representados, seguramente en otros artículos que nos generen controversia no estemos todos. Pero por ahora estamos de frente”, dice el representante Julián López.
Y entre los conservadores hubo un grupo de cinco a siete que aplicó una especie de pico y placa. Unos estaban un rato y salían, luego entraban los otros. Y aunque siempre votaron no, indirectamente con su presencia le dieron un espaldarazo al gobierno para mantener el quórum.
Cuando los de Cambio Radical se dieron cuenta de que el cálculo salió mal, dieron la orden de dar marcha atrás. Es decir, empezaron a llamar a los representantes para que regresaran al recinto y dieran la pelea con intervenciones. Dos representantes le dijeron a La Silla que el exvicepresidente Vargas Lleras llamó ofuscado a varios y les dijo que habían quedado como unos tontos.
Situación similar ocurrió entre el Centro Democrático. Aunque inicialmente se habían retirado alegando falta de garantías, luego algunos retornaron para pedir la palabra e insistir que la reforma tiene vicios de inconstitucionalidad y que se va a caer en la revisión de la Corte.
Lo que pasó entre lunes y martes, y que al final terminó en la aprobación de unos 71 artículos (63 avalados y ocho eliminados por consenso), destapó cómo están las cargas en esta fase del trámite. Porque, además, en un nuevo intento por alargar el debate, el bloque de oposición movió entre la plenaria una carta para pedirle al presidente de la Cámara, el liberal petrista Andrés Calle, que se votara artículo por artículo y no en bloques como se hizo.
La carta circuló por todas las bancadas, pero al final solo la firmaron unos 40 representantes. La mayoría de Cambio Radical, del Centro Democrático, unos verdes y unos conservadores. No hubo liberales, ni de La U.
Y aunque, por ahora, el balance para el gobierno es favorable, a la reforma aún le queda mucho trecho. Porque aún no se discuten los artículos más complejos, que tocan el futuro de las EPS, el manejo de la plata y el rol de las entidades públicas. Ese round va a quedar para después de las elecciones porque la otra semana la agenda de la Cámara se irá entre la aprobación del presupuesto de 2024 (por ley el Congreso tiene hasta el 20 de octubre para definirlo) y en una sesión a la que tiene derecho la oposición.
Además, durante la semana de las elecciones el acuerdo es que se sesione poco para que los congresistas puedan estar dedicados a darles sus últimos empujones a sus candidatos. El próximo lunes el gobierno se sentará con el presidente de la Cámara, Andrés Calle, y voceros de los partidos aliados en Casa de Nariño para definir si al menos logran cuadrar una jornada antes de las elecciones, pero sin tocar el articulado espeso.
Lo que pase en el reinicio del debate, después de elecciones, es una moneda al aire.
El Congreso se empodera, el gobierno también
Una de las cosas que desde ya se anticipa de cara a las elecciones regionales es que la bancada oficial del gobierno, el Pacto Histórico, no tendrá muchas victorias. Y aunque eso, como explicó el analista Héctor Riveros, no significa una derrota para Petro, sí puede terminar empoderando a los demás congresistas.
Ese empoderamiento, especialmente entre los aliados de partidos tradicionales, rebaraja las cargas de cara a los apoyos a las reformas. Ante la reiterada queja de que el gobierno no les está dando mermelada burocrática, o al menos no la que esperaban, varios congresistas están jugados a fortalecer sus fortines en regiones.
“Yo le aseguro que la relación cambia después de elecciones. Yo hoy no tengo gobernador ni alcalde, pero estoy seguro de que voy a ganar gobernación. Eso a mí me deja en otras condiciones cuando me vengan a buscar del gobierno para pedir el voto”, dice un representante liberal, que pidió no ser citado porque está a la expectativa de qué puede pasar después del 29.
En el sistema piramidal de la política colombiana, el rol de intermediario de un congresista es clave para que a un gobernador o a un alcalde le vaya bien con el gobierno nacional en la búsqueda de recursos. Y las expectativas con el de Petro están ligadas al presupuesto.
Para el 2024, el gobierno tiene proyectado destinar 99,3 billones de pesos para inversión, lo que presenta un incremento del 19,4% con respecto al 2023.
En el gobierno son conscientes de que el poder de la chequera va a ser clave para mantener buenas relaciones con los nuevos gobernadores y alcaldes que lleguen apadrinados por los congresistas.
En ese juego van a tener ventaja los congresistas aliados, que, por ejemplo, lograron aterrizar en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, proyectos para sus regiones que luego deben ser apalancados desde el gobierno en el presupuesto anual. Y al que deberán alinearse los gobernadores y alcaldes que sean elegidos en dos semanas.
El PND reparte la plata de los próximos cuatro años en cinco sectores clave para el gobierno que tienen que ver con programas sociales, salud, seguridad, paz total, productividad, cambio climático, seguridad alimentaria y estabilidad macroeconómica. De todos esos, el que más tiene plata asignada es el de los programas sociales y la llamada “Seguridad Humana” con 743 billones de pesos, de los 1.154 billones de pesos que tiene el plan. Es decir, el 63 por ciento se va a ese rubro.
Allí también entra un paquete grande de proyectos de infraestructura que mejora la movilidad de ciertas regiones. Incluso, le meten plata a la mejora de hospitales públicos, colegios y universidades. Y esos fueron los que, precisamente, más le interesaron a congresistas que aún siguen apoyando al gobierno y que esperan ganar o mantener poder en las regionales.
Por ejemplo, uno de los departamentos más beneficiados con el PND fue Boyacá, donde el verde Carlos Amaya pinta fuerte para ganar la gobernación. Amaya es clave en las apuestas del gobierno Petro porque lidera una bancada de siete congresistas aliados, seis en Cámara, que, por ahora, han acompañado las reformas.
“Independiente de lo que pase en las elecciones, y con algunas diferencias, la intención es mantener buenas relaciones con el gobierno. En el caso de las reformas, votar lo que nos parece bueno, y descartar lo que nos parece inconveniente”, dice el representante verde Wilmer Castellanos, de Boyacá y aliado de Amaya, sobre lo que puede pasar tras las elecciones.
Ese panorama, incluso, puede terminar limando asperezas con antiguos aliados. En el Valle del Cauca, donde el gobierno priorizó billonarias inversiones en el PND, es muy probable que gane Dilian Francisca Toro.
Toro hoy lidera una bancada de cuatro congresistas de La U, dos en Senado y dos en Cámara, que han sido ambiguos con las reformas. Uno de esos representantes, Víctor Salcedo, por ejemplo, ha sido férreo opositor de la reforma a la salud, mientras que el otro, Jorge Tamayo, sí ha acompañado al gobierno.
La senadora Norma Hurtado fue clave para sacar adelante la reforma pensional en el primer debate, pero en plenaria se apartó y hasta presentó una ponencia aparte.
“Con estos alcaldes y gobernadores que ya iban saliendo, era poco lo que se podía hacer”, dice un alto funcionario del gobierno. “Pero para los que lleguen van a ser tres años de gobierno Petro que les va a tocar”, añade.
Bajo esa lógica, el poder de la chequera de la inversión pasará a ser un fiel de la balanza en el partido por las reformas del gobierno Petro.
