El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, llevaba tres meses en el cargo cuando estalló el primer escándalo de su administración. En la primera semana de abril de 2020 decidió entregar a dedo tres contratos de la alimentación escolar y de mercados para adultos mayores —que suman más de 8.500 millones de pesos— a tres empresas de Tumaco, Nariño, que estaban conectadas entre sí.
Que haya buscado empresas que estaban a más de mil kilómetros de distancia, levantó sospechas. La Silla Vacía empezó a documentar el manejo en la alimentación escolar de Neiva en 2020 y el aterrizaje de los contratistas nariñenses.
Esta semana, la Fiscalía le solicitó a un juez de control de garantías que cobije con medida de aseguramiento al alcalde Gorky y al contratista detrás de esas empresas, Haiden Otoniel Vergara, concejal de Tumaco, y quien resultó ser uno de los principales beneficiarios de los contratos de alimentación escolar y educación infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En 8 años, esas empresas se han ganado de manera directa contratos por más de 20 mil millones de pesos.
La Silla Vacía tuvo acceso al expediente del caso, que es una radiografía de cómo contratistas financian campañas electorales para elegir mandatarios que luego les devuelven la financiación vía contratos.
Así funciona el engranaje
Las tres empresas beneficiadas en el arranque de la administración del alcalde Gorky, desconocidas hasta entonces en la región, se llaman Asoformando, Colombia Florece y Corsocial. La Silla Vacía contó en su momento que las tres fundaciones tenían socios en común y que cuando se trasladaron a Neiva funcionaban desde una misma casa en el norte de la ciudad. Y lo más llamativo, que un concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara, aparecía como socio fundador y revisor fiscal en esas empresas.
La administración de Muñoz nunca dio una justificación sólida de esa contratación, y por eso los entes de control pusieron la lupa. Dos años después, se supo cómo fue que las tres organizaciones aterrizaron en la contratación de Neiva.
Resultó que el concejal Vergara ayudó a financiar en 2019 la campaña a la Alcaldía de Muñoz con el compromiso de que le devolvieran ese apoyo con contratación en el programa de alimentación escolar y suministro de mercados. Pacto que se hizo realidad a través de Asoformando, Colombia Florece y Corsocial.
Los detalles del pacto financiador-candidato-alcalde se desprenden de unas interceptaciones telefónicas que hizo la Fiscalía de Pasto por otra investigación al concejal Vergara en 2019 por presuntas irregularidades en contratación en Tumaco. Y que luego complementó la seccional de Neiva.
En los audios queda en evidencia que desde la campaña de Muñoz buscaron a Vergara para que les pusiera plata en dos momentos. Primero, cuando Muñoz necesitaba pagar una póliza para inscribirse por firmas —al final salió coavalado por Cambio Radical— y luego para cubrir otros gastos de la campaña.
Quien se encargó de contactar a Vergara fue el abogado Juan Carlos González, quien ofició de tesorero en la campaña. González actualmente es el gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, cargo al que llegó nombrado por el alcalde Muñoz.
De los aportes a la campaña, el concejal Vergara también dejó constancia en otras conversaciones obtenidas por la Fiscalía. En una con su pareja, Marisol Morsillo, mencionan que deben conseguir otros 140 millones de pesos para Gorky. En otra, le dice a unos amigos en Neiva que es aportante de la campaña y que necesita que uno de ellos lo represente porque le van a dar burocracia.
La plata que Vergara puso no aparece en los registros contables de la campaña de Muñoz. Pero los contratos que Muñoz le entregó a dedo y en medio de cuestionamientos a Asoformando, Colombia Florece y Corsocial, confirman que el trato de campaña se cerró. Por eso, la Fiscalía los acusó a los dos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado y violación al régimen de inhabilidades.
La ejecución de esos contratos también confirmó que quien manda en esas organizaciones es el concejal Vergara porque él estuvo coordinando la contratación del personal, los trámites de los pagos y la consecución de abogados para las tres empresas cuando la Fiscalía empezó a indagar. “No puedo manejar mis empresas con el corazón”, dice en una de esas conversaciones.
Para la época de los aportes de plata de Vergara a la campaña Muñoz, las tres fundaciones -Asoformando, Colombia Florece y Corsocial- estaban ejecutando en Nariño millonarios contratos del ICBF.
Por ejemplo, Asoformando tenía uno de 5.594 millones de pesos para operar un Centro de Desarrollo Infantil (CDI); y Corsocial tenía otro de 3.602 millones de pesos para una tarea similar. Vergara estaba moviendo sus influencias con funcionarios del ICBF para conseguir más.
El uso y el poder los contratos pavimentaron la carrera del concejal Vergara
Al tiempo que ayudaba a financiar la campaña de Gorky Muñoz en Neiva, el concejal Vergara también estaba en busca de votos para su reelección como concejal de Tumaco. Pero, al parecer, fue poco lo que tuvo que hacer para conseguir los más de 2 mil votos que lo convirtieron en el concejal más votado en la historia del puerto.
Puntualmente porque la base electoral de Vergara está concentrada en las personas que trabajan en las empresas que él maneja a la sombra. “Un 70 por ciento de los votos está en el personal de Asoformando, Corsocial y la IPS, el 30 por ciento de externo”, dice Vergara en una conversación con su pareja.
La IPS que menciona es otra empresa que maneja tras bambalinas. Se llama Corporación IPS Afrosalud y opera otro programa del ICBF que se denomina “Mil días” para prevenir la desnutrición aguda en los niños. Para las elecciones de 2019, Afrosalud también tenía contrato vigente con el ICBF.
En esas elecciones las tres empresas tenían vinculadas a más de 200 personas entre docentes, madres comunitarias y auxiliares administrativas. Cada uno de los empleados debía comprometerse a conseguir 10 personas más para asistir a las reuniones políticas, a cambio de mantener el trabajo.
Marisol Morsillo, pareja de Vergara, estaba encargada de llevar los listados de los asistentes a las reuniones y verificar si cumplían con las cuotas referidas. “Otoniel es quien toma las decisiones, va a arrancar con contratos, los va a realizar por tres meses. Tiene que decirle quienes van y quienes no van”, dice Morsillo. “Las que no le trabajen las voy a sacar, no van conmigo”, menciona Vergara.
Miguel Banguera, representante legal de Colombia Florece y directivo de Afrosalud y Asoformando, fue el gerente de la campaña de Vergara.
El crecimiento electoral de Vergara ha ido de la mano del auge de las fundaciones. En 2011, cuando las empresas aún no existían, salió elegido por primera vez con 864 votos. En 2015, Asoformado (2014) y Corsocial (2012) ya habían ganado sus primeros contratos con el ICBF y la Alcaldía de Tumaco, y la votación subió a 1.034 votos. Y en 2019 con los negocios consolidados pasó la barrera de los 2 mil votos.
Ese trabajo político lo ha puesto al servicio de campañas a la Alcaldía de Tumaco como la de Víctor Gallo en 2011, Julio Rivera en 2015 o la de Ever Castillo en 2019. Y se lo han retribuido con contratos. Por ejemplo, en 2014 la administración de Gallo le entregó 4 mil millones de la alimentación escolar a una unión temporal que integraron Asoformando y Corsocial. Por ese caso fue la Fiscalía de Pasto empezó a seguirle la pista.
Vergara también se mueve con campañas al Congreso. El concejal es el aliado en Tumaco del senador Carlos Motoa, de Cambio Radical. En las pasadas elecciones, Motoa sacó 2 mil votos en Tumaco y agradeció parte de eso al trabajo de Vergara. Y en las presidenciales de 2018, le movió votos a Germán Vargas Lleras.
Para el 2023, Vergara aspira a ser candidato a la Alcaldía. Su base electoral, concentrada en las fundaciones que controla, está creciendo. Entre 2020 y 2021, además de los contratos exprés de Neiva, esas empresas obtuvieron otros contratos que suman más de 20 mil millones de pesos para ejecutar los programas del ICBF en Nariño.
La manera en la que el ICBF entrega esos contratos es casi que directa. En 2019 armó un Banco de Oferentes con organizaciones que debían cumplir unos requisitos financieros y técnicos. Las fundaciones relacionadas con Vergara pasaron ese corte a pesar de varios cuestionamientos en su contra: que no le pagaba a tiempo a los docentes, como lo denunció Talía Lucas, presidenta del sindicato de madres comunitarias de Tumaco; o que no tenía capacidad financiera para cumplir. Temas que, según las interceptaciones de la Fiscalía, Vergara logró mediar con ayuda de funcionarios del ICBF de Nariño.
Ante las acusaciones simultáneas de las fiscalía de Pasto y Neiva, el concejal Vergara se ha declarado inocente. Mientras los jueces definen su futuro político y judicial, mantiene su doble condición: la del concejal más votado de Tumaco, y la del contratista que maneja a la sombra los millonarios recursos del ICBF.
