Desde noviembre de 2016 el departamento no tiene contralor en propiedad y la Asamblea se la ha pasado definiendo cómo elegir al nuevo.
El viernes que acaba de pasar los diputados de Putumayo se iban a sentar a elegir contralor departamental por segunda vez, pero no lo hicieron porque 9 diputados tumbaron la convocatoria que ellos mismos habían aprobado en marzo. Con esa decisión se abre paso a que eligan sin necesidad de concurso al contralor. Un cargo que es clave porque es la persona que vigila que no se roben la plata en el departamento y que ya completa más de seis meses con dos encargados.
Cero y van dos
La odisea por elegir contralor comenzó desde el 2015 con la Asamblea saliente que es la que tiene que dejar montada la convocatoria pública para que la nueva elija en los primeros diez días del periodo.
El 9 de enero de 2016 ocho de los once diputados entrantes votaron por Jorge Ovidio Pérez, un abogado de Norte de Santander, especialista en derecho procesal. Euler Guerrero del Polo y Diego Guerrero de La U, votaron en blanco.
Pero la elección fue demandada por el ciudadano José Mauricio Chirán, a quien el Tribunal Administrativo de Nariño en primera instancia (septiembre), y el Consejo de Estado en segunda (noviembre), le dieron la razón argumentando, entre otras cosas, que la Corporación Universitaria Colombia IDEAS, que fue la encargada de hacer la convocatoria para la elección, no tenía capacidad para hacerlo porque no estaba acreditada por el Ministerio de Educación para hacer este tipo de convocatorias.
Además en el proceso, IDEAS no fijó puntajes para valorar las diferentes pruebas de conocimiento, sino que se limitó a considerar si los aspirantes habían aprobado o desaprobado.
Con Pérez fuera del cargo en noviembre, la Asamblea nombró contralor encargado pues entre diciembre, enero y febrero la gobernación no convocó a los diputados a sesiones extras y apenas en marzo entraron a trabajar otra vez.
Ese mes los once diputados facultaron a la mesa directiva de la asamblea (la integran el presidente, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente) para que abrieran una nueva convocatoria y así las universidades que cumplieran los requisitos se postularan para hacer el concurso.
La diputada liberal Leidy Johana García, que fue elegida presidenta de la asamblea, abrió entonces la convocatoria pública y nos dijo que la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, que es la que normalmente hace los concursos “nos manifestó que no tenía recursos para hacerlo” y la única universidad que mostró interés en participar, según ella, fue la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, AUNAR.
El problema fue que nueve diputados no estuvieron de acuerdo con que esa universidad adelantara el concurso y culparon a la diputada García de querer imponer a la AUNAR. Por cuenta de esa pelea, nueve diputados firmaron una carta en la que “separaban del cargo” de presidenta.
García entuteló y logró que un juzgado le devolviera la presidencia, pero el Tribunal Superior de Nariño en segunda instancia, revocó la medida y la apartó de nuevo de la mesa directiva.
“Yo no estoy imponiendo nada. Esa universidad fue la única que manifestó interés y por eso se hizo con esa institución”, dijo la diputada a La Silla Sur.
Sus compañeros creen otra cosa.
Incluso la primera y segunda vicepresidente de la Asamblea, las diputadas Yuri Quintero y Aura Peñafiel sacaron en marzo un comunicado diciendo que ellas como mayoría de la mesa directiva (dos de tres) no aceptaban la propuesta de la AUNAR y que se iba a sacar una nueva convocatoria.
Pero a pesar de ese enredo, la AUNAR siguió adelante con el concurso y el 27 de junio publicó los nombres de las dos únicas candidatas que sacaron más de 80 puntos en las distintas pruebas y por ende eran las elegibles: Katya Jacqueline Castro Enríquez y Teresa de Jesus Andrade Solarte.
Ellas, ambas de Nariño, tenían que presentarse ante la Asamblea justo este viernes, para hablar de sus trayectorias y de sus planes de trabajo, antes de que los diputados votaran. Pero ese día no ocurrió ni lo uno ni lo otro, porque en plenaria los diputados decidieron tumbar el proceso de manera directa.
El argumento para revocar la convocatoria, según el diputado Diego Guerrero (ahora presidente) es que la diputada García se extralimitó en sus funciones y no acató el llamado de sus compañeros de no hacer el proceso con la AUNAR.
Así que como no se han puesto de acuerdo, la elección se va atrasar todavía más.
Los caminos
Como es una decisión definitiva, la Asamblea empezará a partir de la otra semana a definir la pautas del mecanismo que van a escoger para seleccionar al contralor en propiedad porque el encargo que se le encomendó a Hugo Piedrahita (funcionario de la Contraloría) vence en agosto.
Para eso tienen dos caminos. Uno es hacer lo mismo que antes, es decir abrir una nueva convocatoria para que una universidad o institución acreditada los asesore en la evaluación de los aspirantes; el otro es elegir ellos mismos al próximo contralor y eso tiene una movida política detrás.
Elegir contralor le ayudaría a la Asamblea a mejorar su imagen tras los dos fallidos intentos, porque la comunidad les ha reprochado a los diputados que se la han pasado más tiempo pendientes de este tema que de otros asuntos más importantes como la atención a Mocoa tras la avalancha de marzo.
Por eso, de darse este mecanismo, les suena la idea de que el funcionario salga de entre los profesionales del departamento, porque creen que es una manera de valorarlos, y no de premiar a gente como el excontralor Pérez que era de afuera de la región.
También les permitiría poner en el cargo a alguien que tome decisiones frente a la Administración, porque como desde noviembre está en interinidad, no hay quien vigile cómo se están invirtiendo los recursos. De hecho, hace dos semanas los transportadores del departamento denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de los contratos de transporte escolar por parte de la Gobernación y la contraloría no ha hecho nada.
En todo caso, solo a esta semana se sabrá por cuál de los dos caminos se van. Mientras eso, Putumayo seguirá sin quien cuide sus recursos públicos.
