El turismo se ha convertido en fuente de empleo y desarrollo en regiones antes prohibidas y sin turismo por la presencia de las Farc. Las disidencias son una amenaza en algunas.
San Vicente del Caguán fue sinónimo de Farc. Uno de los fortines históricos de la guerrilla, fue sede desmilitarizada de los fallidos diálogos con el Gobierno Pastrana, entre 1998 y 2002.
Hoy es sede del Campeonato Nacional de rafting, del Festival de rafting Remando por la Paz que se estrenó en noviembre y del primer Club Deportivo de Rafting del Caquetá, los tres eventos creados por la primera empresa turística de excombatientes dedicada a ese deporte llamada Caguán Expeditions.
Eso fue posible gracias al Acuerdo de Paz.
Casi que por azar Carlos Ariel García, que trabajaba en la oficina del Alto Comisionado de Paz, propuso a los excombatientes de la vereda Miravalle que exploraran la posibilidad de hacer rafting en el río Pato, a tres horas de Florencia y hasta antes del Acuerdo un límite natural entre la sanguinaria columna Teófilo Forero al mando del Paisa (hoy disidente) y el Ejército.
Instructores del Sena le dieron el visto bueno al río y 15 ex Farc dijeron que se le medían si Carlos les ayudaba y hacía parte de la empresa.
Empezaron el proceso en 2017, comprando equipos, formando guías para senderismo y el rafting, entrenando personal en primeros auxilios y rescatistas en el agua.
Recibieron un impulso a mediados de 2018 cuando un observador de la ONU de Costa Rica, amante del rafting llevó al sitio al experto Rafael Gallo, que fundó el rafting en Colombia hace 25 años y fue pionero del deporte a nivel mundial.
A Gallo le gustaron la pureza del río, la fauna y flora, y ser guiado por excombatientes, pero, cuenta García, les dijo que no estaban preparados para remar en el río.
Por eso, con ayuda de donantes y la ONU, llevó a instructores de Costa Rica que por tres meses certificaron en rafting a nueve personas: seis excombatientes, y tres personas de la comunidad, entre ellas una mujer.
Foto: Caguán Expeditions
En mayo de 2019 fueron al mundial de rafting en Australia, lo que les dio suficiente visibilidad para empezar a ofrecer el servicio turístico.
Hasta antes de la pandemia habían recibido unas 350 turistas entre nacionales y extranjeros, beneficiando a unas 70 personas del espacio de reincorporación.
Además, ofrecen contar la memoria del conflicto desde las voces de quienes lo vivieron, con un museo fariano.
Para García el rafting y el turismo de naturaleza no solo ayudan a superar la estigmatización, sino son una apuesta por transformar el territorio generando arraigo, y preservando y mostrando su riqueza natural. Una riqueza conservada, en gran parte, gracias a las restricciones para el uso de los recursos naturales que impusieron las Farc.
Por ahora están relativamente tranquilos pues las disidencias que rondan la región solo han aparecido con algunas amenazas a los desmovilizados. Pero temen que algún excombatiente pueda ser asesinado, como ha sucedido hasta la fecha con 252 de ellos.
Las toninas en el Guaviare
Algo similar está pasando en el departamento vecino del Guaviare, a unas 8 horas por tierra desde Bogotá. Ahí las pinturas rupestres de La Lindosa y los delfines rosados han alimentado un destino turístico que ha beneficiado sobre todo a campesinos de la región.
Francisco Amaya, de 56 años, creció con el único deseo de tener una finca en el campo para poder cultivar y vivir tranquilo sin tener que responderle a un patrón.
A los 17 años llegó a la vereda Damas del Nare en San José del Guaviare, proveniente de Guamal, Meta. Allí pudo comprar su finca junto a su mamá, y allí ha vivido desde 1985.
Cultivó coca y otros productos, pescó y tuvo ganado, pero en 2002 ya no pudo esquivar la violencia.
Ante la posible llegada de Álvaro Uribe al poder las Farc, que controlaban el territorio, confinaron a alrededor de unas 900 personas en su vereda y en otras cinco más, con la amenaza de que si ganaba habría desplazamientos. Así estuvieron unos seis meses.
Cuando Uribe ganó, dice Amaya, llegaron grupos paramilitares, por lo que las Farc les dijeron que si se quedaban tenían que unirse a ellos o los declaraban objetivo militar.
Amaya se fue, junto a cientos de campesinos más, a la cabecera municipal. Perdió todo.
En 2006 decidió regresar y en 2012 cuando conoció los delfines rosados o toninas, como las llaman allá, se capacitó en turismo con el Sena con ayuda de la Gobernación y con diez campesinos más formaron el Centro Agroturistico Laguna Damas del Nare, Econare. La Gobernación les ayudó con una lancha.
“Estamos constituidos legalmente hace ocho años y eso es algo muy bonito”. Siempre usa las palabras “bonito” y “hermoso” para referirse a su vereda y la vida que lleva.
“Nos gusta cultivar gallinas, pollos, de eso vivimos, no tenemos afán de enriquecimiento, tenemos una vida tranquila y eso es importante para nosotros”, cuenta Francisco.
El Acuerdo les dio un impulso pues antes iban muy pocos turistas; pero en 2019 recibieron unos 150.
“Ahora vienen extranjeros y no hay ningún problema. Acá no teníamos permiso de tener celular con cámara, pero ahora todo cambió”, dice Francisco orgulloso.
Foto: Econare
El cañón del río Güejar
Otro paraíso oculto que floreció luego del conflicto es el cañón del río Güejar en Mesetas, Meta, a unas cinco horas y media por tierra desde Bogotá.
Jefferson Oliveros era concejal cuando se le ocurrió que el turismo podría ser un buen negocio gracias al Acuerdo de Paz. Antes había sido cultivador de café, y antes de coca.
Comenzó a hacer guianza por senderos y recorridos por el río con flotadores.
Luego, junto a su hermano, un indígena y otro amigo, le apostó a la empresa Turem que lleva dos años y medio de existencia. Fue la primera empresa local de turismo y la única certificada para ofrecer rafting en el municipio.
Foto: Turem
Hoy la integran 17 personas, 8 dedicadas exclusivamente a ella. Entre ellos están seis jóvenes de 18 a 32 años, encargados del rafting, que se formaron con el Sena y que antes eran campesinos y cultivadores de coca.
Jefferson le apuesta a un turismo comunitario que mueva la economía local y genere empleo. “Eso evita que grupos armados tengan a la gente dispuesta a irse hacia allá”, dice. Reconoce que el chip económico en el municipio cambió.
“Antes la gente solo pensaba en la ganadería, pero ahora pregunta cómo hacer alojamientos, que tengo una cascada, que tengo el río, la gente está montando restaurantes, hospedajes, hay bastantes guías”, dice él.
Pero no cree que sea su única forma de contribuir a la paz.
Su otro aporte fue motivar a que otros creen sus empresas de turismo y ayudar a un excombatiente a crear la suya llamada Charco Azul.
“Le ayudé a montar su esquema jurídico, documentación, sugerencias del nombre de la empresa, y no le cobré nada, le dije que era el aporte mío desde lo civil a la paz. Hoy es uno de los sitios que más se visita y también genera como 12 o 15 empleos”, cuenta.
Jefferson espera que el coletazo de la violencia no lo alcance nuevamente.
“Acá tenemos mucho temor por las disidencias. Acá no hay presencia, pero uno sabe que hay municipios cercanos donde sí y a uno le da miedo porque ya uno vivió el conflicto. Y más ahora como empresario que lo llamen para pedirle plata”, explica.
Es un sin sabor que ha comenzado a sentir desde hace unos seis meses, pero que no se ha hecho realidad aún, como sí lo es en otras zonas del departamento.
No todo es cristalino
El Acuerdo también le dio un impulso a lugares más conocidos para el turismo como Caño Cristales en La Macarena, Meta, a unas 18 horas por tierra desde Bogotá.
Tanto así que su pico de visitantes se logró en 2016, fecha en la que se firmó el Acuerdo de Paz, con 16 mil personas, superando con creces los 400 que visitaron el lugar en 2009, o los cuatro mil de 2012, según nos dijo un operador turístico que trabaja allá desde 2008.
Foto: Javier Francisco Parra. Qepd.
Desde entonces las cifras han ido disminuyendo de a pocos. En 2017 y 2018 llegaron a 14 mil, y en 2020 por la pandemia casi nadie.
El operador cree que el Acuerdo no ha transformado ese territorio pese a la salida de las Farc. La presencia de la disidencia de Gentil Duarte ha logrado adaptarse a la economía que empezó a florecer luego del posconflicto. Ahora, por ejemplo, siguen haciendo presencia y cobrando las vacunas al comercio, incluyendo al sector turístico, y a los nuevos terratenientes de la región.
De hecho, por ese temor no accedió a revelar su nombre.
“No puedo decir lo que siento, no se puede. No es que tenga miedo, si no que si lo digo, termino bajo tierra.”, le dijo a La Silla.
Según el personero de ese municipio, Julián Arias, allí habría 3 o 4 frentes de esa disidencia con la intención de tener el control de todo, imponer sus normas políticas, sociales y “hacerse sentir como autoridad”.
También tienen interés en deforestar con el fin sembrar coca y apropiarse de tierras del Estado en algunos Parques Nacionales.
La Macarena, según el último informe de deforestación del Ideam, es el tercer municipio del país en donde más se talan árboles.
Por eso, dice el Personero, hay una advertencia a todos los funcionarios defensores del medio ambiente de Parques Nacionales y Cormacarena –la corporación ambiental encargada de vigilar la zona de la Serranía de la Macarena- para que se vayan.
Esa violencia ya alcanzó al Coordinador Regional en ese municipio de Cormacarena, Javier Francisco Parra, quien fue asesinado el 3 de diciembre, por luchar contra la deforestación como contamos acá.
Así, el Acuerdo fue una gran ventana de oportunidad para muchas zonas del país que habían estado bajo la sombra de la violencia. Una ventana que sigue abierta, pero que corre el riesgo de cerrarse en algunas partes si el poder de las disidencias sigue creciendo.
