Al menos 240 uniformados, que hace un mes salieron a las calles a patrullar por orden presidencial, han dado positivo para coronavirus y representan un foco de contagio en ese golpeado departamento.
Cuando Leticia, Amazonas, reportaba 743 casos de Covid y la pandemia empezaba a dejar en evidencia el precario sistema de salud que históricamente ha tenido ese departamento, el presidente Iván Duque ordenó su militarización porque dijo que así podían reducir la circulación de personas y evitar que aumentaran los contagios.
Un mes después, los contagios y las muertes no sólo no se frenaron sino que ahora, además, se está presentando un brote de coronavirus entre esos militares, de cuyos detalles no dan cuenta en el Ejército ni siquiera a las autoridades locales que pueden ver a su gente en más riesgo por esto.
La opacidad de un contagio
Cuando decidió militarizar Leticia, Duque mandó a patrullar las calles y fronteras a unos mil soldados con trajes y tapabocas especiales de protección. Una imagen que generó cuestionamientos desde diversos sectores porque en ese momento ni los médicos ni enfermeras del departamento contaban con ese tipo de elementos para atender a los pacientes.
Ojalá esos 1000 soldados fueran 1000 agentes comunitarios, médicos, enfermeros, bacteriólogos, trabajadores sociales, antropólogos y en lugar de armas tuvieran un proyecto educativo y de prevención. https://t.co/rpuANVOAUv— Zulma Cucunubá (@ZulmaCucunuba) May 13, 2020
Médicos en el Amazonas con bolsas de basura / Soldados en el Amazonas con traje tyvek de antifluido.
Presidente @IvanDuque, en este momento no hay médicos suficientes, no hay UCI, solo sirve una ambulancia. Lo que menos necesitábamos era soldados. Replantee prioridades. pic.twitter.com/NFrva8XjzV— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) May 14, 2020
El COVID llegó a mi casa con una GRAN contradicción. La médica estaba usando un traje de protección de plástico y los soldados fueron dotados con trajes de protección apropiados-ambos lo necesitan. A quién tengo que reclamarle está desigualdad.#SOSAmazonas pic.twitter.com/DcYTii64OM— Yohana Pantevis (@YohanaPantevis) May 14, 2020
Pero en todo este tiempo las cifras de contagios han seguido disparadas: hoy Amazonas es el quinto departamento (incluso por encima de Antioquia) con mayor número de casos positivos con 2.066 casos, 644 de ellos en población indígena.
Tiene 75 muertes relacionadas con el virus y el cementerio local está en hacinamiento y por eso están avanzando en la construcción de otro.
Todo eso más el agravante que venía pasando de agache hasta ahora: por lo menos unos 240 militares de los que el Presidente envió a las calles a vigilar han salido contagiados.
Desde la Brigada de Selva 26, que agrupa a las diferentes tropas del departamento, han manejado el tema de los soldados contagiados con total reserva.
Ni a la Gobernación ni a la Alcaldía, con las que debe trabajar en conjunto para garantizar la cuarentena y la seguridad, le han entregado informes o detalles de los militares afectados, de cómo fue que se contagiaron y si eso representa un peligro para la comunidad amazonense.
Tanta es la opacidad que cuando buscamos al gobernador Jesús Galdino para preguntarle sobre el tema, desde su oficina de comunicaciones nos dijeron que él no se iba a referir porque no tenían información “ya que los coroneles del Ejército han manejado todo con mucha discreción”.
Cuando buscamos respuestas en el Batallón nos dijeron que el único que estaba autorizado para hablar era el coronel Leonardo Peña. Él no contestó nuestras llamadas ni mensajes.
Desde el Ministerio de Defensa nos respondieron que ellos no manejaban cifras y que toda la información se la pasaban al Ministerio de Salud. En el MinSalud dijeron que las estadísticas de contagiados están discriminadas solo por ciudad.
Pero dos hechos recientes han ido tumbando esa reserva y destapando la gravedad de los contagios.
La semana pasada la Fiscalía capturó en las calles de Leticia a un soldado del Batallón Selva y le imputó el delito de propagación de pandemia (que le puede dar hasta ocho años de cárcel), porque encontró que ese soldado estaba contagiado por Covid y había salido de la instalación militar donde debía permanecer durante el proceso de recuperación.
Según el expediente en el ente acusador, al militar no lo pudieron enviar a su casa porque su familia vive en Cundinamarca. Entonces fue trasladado, de nuevo, al complejo militar.
Desde el Batallón buscaron minimizar el episodio señalando que justo el día de la captura, el soldado había cumplido su servicio militar obligatorio, sin embargo la Fiscalía indicó que su cuidado aún era responsabilidad del Ejército.
Aún si hubiera cumplido su periodo, un decreto del 13 de abril firmado por el presidente Iván Duque menciona que los hombres y mujeres que estuvieran próximos a finalizar su servicio militar obligatorio debían quedarse tres meses más para garantizar disponibilidad de tropas para atender la emergencia.
El caso de ese soldado no es el único en manos de las autoridades.
A la Dirección de Fiscalía de Amazonas han llegado otras tres denuncias contra militares que, al parecer, también han violado medidas sanitarias. También están investigando trece casos más entre civiles.
La evidencia
Un informe epidemiológico que hizo la Secretaría de Salud Departamental da cuenta de la gravedad de los contagios entre los militares.
Ese documento, que se basa en los registros del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -Sivigila-, al que todas las entidades de salud deben reportarle cuentas de sus pacientes, menciona que el 11 por ciento de los casos confirmados por Covid en Amazonas son de las Fuerzas Militares.
Ese porcentaje sale al discriminar a qué servicio de salud están afiliados los contagiados y equivale a 240 casos.
Aunque, podrían ser más.
Según una fuente militar que nos habló de manera extraoficial porque no es vocera, a finales del mes de mayo tenían estimativos en ese batallón de 350 contagios.
Más allá del número, el caso de los soldados Covid muestra una falta de transparencia en una información que debe ser pública.
Hace unas semanas, cuando la Procuraduría le pidió toda la información sobre un contrato con el que compraron tapabocas N95 a 45 mil pesos, cuando su valor comercial no sobrepasa los 20 mil, el Ejército no la quiso entregar porque, según la entidad, era “secreta” y porque el ente de control no era el encargado de investigar, algo que La Procuraduría rebatió.
También deja en entredicho la efectividad de las medidas que adoptaron las Fuerzas MIlitares para garantizar que el Covid no afectara a sus tropas, incluyendo los trajes especiales, que causaron tanta indignación cuando empezaron a recorrer las calles en las que posiblemente se contagiaron.
