La restitución de tierras está cogiendo ritmo rápidamente, como lo demostraron esta semana las primeras sentencias en Sucre y el histórico fallo del Tribunal Superior de Antioquia que ordena la devolución de predios despojados por el clan Castaño a 32 familias en la finca Santa Paula, cerca de Montería.
Pero también se está comenzando a observar cuáles son algunos de los retos que tendrá que enfrentar el Gobierno a la hora de garantizar el retorno de las víctimas. Ninguna de las siete familias sucreñas -pertenecientes a dos grandes familias- a quienes el Ministro Juan Camilo Restrepo entregó ayer en Corozal sus certificados de restitución, ha podido regresar aún a sus predios en la vereda de Cambimba, en Morroa, que tuvieron que abandonar hace una década por amenazas del frente 35 de las Farc.
El primer fallo fue muy significativo porque se trata del primer caso donde había un opositor, que se declaraba un tenedor de buena fe. Al final, el juez de restitución desestimó su reclamo sobre el predio y determinó que era imposible que no supiera del despojo generalizado en la zona. Estas cinco familias podrán regresar a su predio la próxima semana, una vez se haya efectuado el desalojo del actual ocupante.
El segundo caso fue menos complejo jurídicamente, pero el retorno está más enredado. A pesar de que no había opositor porque los terrenos estuvieron abandonados por doce años, las casas de las dos familias fueron destruidas hace una década. Por eso, sólo podrán volver una vez el Ministerio de Agricultura les ayude a construirlas, una medida que contempla la Ley de Víctimas y con la que Restrepo ya se comprometió.
