La Superintendencia de Salud intervino esta mañana a la EPS Saludcoop. Su intervención es un triunfo más del periodismo investigativo de Daniel Coronell y de las denuncias del senador Jorge Enrique Robledo.
La Superintendencia de Salud intervino esta mañana a la EPS Saludcoop. Su intervención es un triunfo más del periodismo investigativo de Daniel Coronell y de las denuncias del senador Jorge Enrique Robledo.
Durante más de dos meses el columnista de la Revista Semana, Daniel Coronell, asumió como tarea investigar al grupo Saludcoop y a su presidente Carlos Gustavo Palacino Antía.
En una serie de columnas en las últimas semanas, Coronell denunció –con documentos en mano– que Palacino era demasiado rico para ser un empleado de una mera cooperativa como es Saludcoop. Mostró que es dueño de un lujoso campo de golf, de una urbanización y reciente socio de una sociedad limitada para vender seguros de salud llamada Medisalud, todas ellas cuantiosas inversiones para una persona que trabaja tiempo completo en una cooperativa que por definición carece de lucro.
Saludcoop ha aumentado su tamaño 200 veces desde su fundación, convirtiéndose en la empresa aseguradora de salud más grande del país, cuenta con casi cuatro millones de afiliados y, junto con las EPS Cafesalud y Cruz Blanca, del mismo grupo, manejan el 30 por ciento del mercado de aseguramiento de la salud.
Pese a su vertiginoso éxito, el nombre de Saludcoop ha salido a relucir en los últimos años siempre en conexión con irregularidades que de alguna manera se terminan resolviendo a su favor, otro punto que Coronell hizo notar en una columna hace poco.
En su columna “Sin remedio”, Coronell contó acerca de una multa impuesta por la DIAN a Saludcoop por 40 mil millones de pesos por no haber pagado más de 25 mil millones en impuestos, para cinco meses después echar un reversazo y decir que las irregularidades en realidad no eran tan grandes y que solo adeudaba 2.500 millones.
Lo mismo sucedió después de que el año pasado la Superintendencia de Salud obligó a Saludcoop a pagar una multa de 627 mil millones de pesos para recuperar la liquidez de la EPS, luego de que la cooperativa invirtió plata del aseguramiento en la construcción de hospitales.
Aunque Saludcoop aportó a la campaña de Uribe 50 millones de pesos y tenía buenas relaciones con él, la Superintendencia le puso la multa. Sin embargo, cuando llegó Conrado Gómez, el nuevo Superintendente puesto por Juan Manuel Santos (con el guiño de la senadora Dilian Francisca Toro), decidió revocar la decisión porque se le había violado a Saludcoop el debido proceso. La Superintendencia le explicó a La Silla Vacía en su momento que Saludcoop no había tenido oportunidad ni siquiera de hacer sus descargos y que, en todo caso, la ley permitía invertir recursos del aseguramiento en construcción de clínicas dada la norma que permite la integración vertical de los servicios de salud.
La última denuncia fue la del senador Robledo, quien hizo público un estudio realizado por la Universidad Nacional para la Comisión de Regulación de Salud en la que mostraba que las tres EPS del Grupo Saludcoop habían sobrefacturado los medicamentos por más de 825 mil millones en los reportes al Ministerio de Protección Social, como lo reportó en su momento La Silla Vacía. El ministro de Protección Social minimizó la importancia del informe en respuesta a Robledo, pero en todo caso le pidió a la Superintencia de Salud, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Contraloría que investigaran y en parte lo que se está viendo hoy es resultado de esas pesquisas.
Las irregularidades en Saludcoop y en varias otras EPS llevan años sucediendo pero, después de la declaratoria de la emergencia económica y social realizada por el Gobierno Uribe en 2010 por la crisis del sector salud y de denuncias como las de Coronell y las del senador Robledo, el tema de la corrupción en el sector de la salud finalmente llegó a la agenda nacional. Y con la presión política y de los medios, los organismos de control finalmente se movieron.
De qué se le acusa
La Superintendencia de Salud ordenó esta mañana la intervención del grupo cooperativo Saludcoop luego de una inspección realizada a la EPS entre el 14 y el 18 de marzo en la que la Superintendencia encontró varias irregularidades en los reportes administrativos, contables y financieros que no correspondían con la información suministrada a las entidades oficiales.
Entre las cosas que encontraron están más de 8 mil cheques sin entregar girados a beneficiarios por 271 mil millones de pesos, de los cuales 266 mil millones están relacionados con la prestación de los servicios de salud por parte de sus clínicas. Algunos de estos cheques tenían más de tres años y no cuentan con los fondos para cubrir el pago de las mismas.
“El giro de cheque, y su no entrega, se relaciona con prácticas de sobregiro contable que muestran una situación que no se ajusta a la realidad financiera de la EPS y no corresponde a la información reportada a la Superintendencia para la evaluación de sus indicadores financieros”, dice el comunicado de prensa de la Superintendencia.
Tampoco coincide la información sobre la cartera vencida con las clínicas, que la Superintencia descubrió es tres veces más que la reportada. Y aún menos la que tiene que ver con sus inversiones, que se ‘pifió’ por cinco mil millones de pesos.
El Superintendente Conrado Gómez aclaró que “la intervención es una medida cautelar que busca evaluar qué está pasando con la aseguradora más grande del país” y proteger a los afiliados de la EPS.
Más vale tarde que nunca
Aunque más vale tarde que nunca, la acción de las autoridades en este caso se demoró. Las denuncias sobre deficiencias en la prestación del servicio de salud abundan desde hace años y, en muchos casos, con fuertes evidencias de que estaban abiertamente negando servicios de salud.
Un informe de la Defensoría del Pueblo mostró que Saludcoop, Cruz Blanca y Cafesalud, las tres EPS del Grupo Saludcoop, registran respectivamente el 16,6 por ciento, el 2,5 por ciento y el 23,6 por ciento de tutelas interpuestas por negación del derecho a la salud durante el período 2006 y 2008. Y aunque un poco mejor, para 2009, contra Saludcoop EPS se interpusieron el 12,9 por ciento de tutelas, el 1,24 contra Cruz Blanca y el 19,1 contra Cafesalud. Es decir, la tercera parte de las tutelas.
En un reporte de la Federación Médica Colombiana a la Supersalud enviado hace unos meses sobre sobrecostos encontrados en los recobros al Fosyga del medicamento Rituximab entre 2007 y 2009, las tres EPS del Grupo SaludCoop aparecen nuevamente mencionadas. “Solo el grupo “EPS013 + EPS03 + EPS23″ (que corresponden a SaludCoop, Cruz Blanca y Cafesalud) se benefició con más de 15.000 millones (en sobrecostos de recobros de Rituximab)”, dice la denuncia de la Federación Médica.
Como lo contó La Silla Vacía, la denuncia de Robledo, basada en el estudio realizado por el CID de la Universidad Nacional, dice que, mientras las EPS gastaron en promedio en medicamentos $36.324 por afiliado en 2009, las tres EPS del Grupo SaludCoop, se gastaron $207.790 pesos por afiliado, es decir 5.7 veces más. En total, habrían sobrefacturado $825.760 millones.
Y el sobreprecio, según el estudio, no correspondería al pago de medicamentos especiales sino a los más comunes y corrientes que forman parte del Plan Obligatorio en Salud (POS). Por ejemplo, el acetaminofén pagado por estas EPS es un 87 por ciento más caro que el precio pagado por las demás en promedio; la lovastatina un 246 por ciento y el omeprazol, un 135 por ciento.
El estudio de la Universidad Nacional citado por Robledo también revela que el gasto per cápita en medicamentos supera el 40 por ciento del gasto por afiliado en las tres EPS señaladas, mientras que el gasto per cápita en medicamentos para todas las EPS, incluidas las tres citadas, es del 19 por ciento del gasto total. Y 15 de las 21 EPS muestran un porcentaje inferior o igual al 15 por ciento.
El completísimo informe de la Superintendencia de Industria y Comercio revelado la semana pasada (y explicado por La Silla Vacía en este artículo), muestra que el grupo Saludcoop formó parte del ‘Consenso de Acemi’, un acuerdo fraguado por las EPS Coomeva, Colmedica, Famisanar, Salud Total, Susalud, Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud, Eps Sanitas, Ecoopsos, Compensar, Comfenalco Antioquia y Valle y Humana Vivir con la asociación que las agrupa Acemi, para negar deliberadamente servicios de salud y entregar información falsa para forzar un alza en la prima que reconoce el Estado a las EPS por prestar el servicio de aseguramiento.
El caso de Saludcoop pedía a gritos ser investigado. Pero el informe de la Superintendencia de Industria y Comercio muestra pruebas preocupantes de que no es la única EPS que está poniendo en riesgo el derecho de la salud de los colombianos. ¿Será el principio de una investigación más a fondo? ¿Se le meterá Coronell?
