Un debate de control político dejó mal parqueado al concejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya, quien en medio de una de sus intervenciones expuso los intereses de su jefe político Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil.
Un debate de control político que fue llamado por el Concejo de Bucaramanga para pedir el informe de gestión del Instituto Municipal de Salud, Isabú, dejó mal parqueado al concejal de Opción Ciudadana, Pedro Nilson Amaya, un político que ha crecido bajo el ala del parapolítico Luis ‘el Tuerto’ Alberto Gil y que luego de cuatro años en el anonimato volvió a figurar en el poder local.
Desde que arrancó el año, Amaya se ha convertido en uno de los alfiles de la coalición de la oposición -tiene 12 curules de los cuales 10 son liberales, uno del Mais y a él- al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y con ello en uno de los concejales más visibles en la corporación.
Precisamente, en el debate al Isabú estaba haciendo una de sus rutinarias intervenciones sobre la gestión de los funcionarios de Hernández, a quienes en esta ocasión les reprochaba la pasividad de su papel para recuperar financieramente a ese Instituto, que es el que controla el Hospital del Norte y otros 24 centros de salud adicionales en la capital de Santander.
Aunque inicialmente su crítica fue en términos generales, su discurso tomó un giro cuando empezó a hablar de las deudas de las liquidadas EPS Caprecom y Solsalud a la red pública de salud en Bucaramanga.
El paso en falso lo dio cuando se refirió a Solsalud -EPS que le quedó debiendo al Isabú $3.500 millones y en la que su grupo político tiene intereses- y preguntó cómo iba a hacer el Isabú para recuperar la cartera de más de 90 días que tiene esa entidad.
“Usted nos hablaba acá sobre dos EPS que se liquidaron y voy a hacer la aclaratoria aquí porque después de que yo hable van a decirme indirectas con Solsalud. Solsalud es una EPS que liquidaron y esa empresa hoy tiene aproximadamente para pagar a proveedores $234 mil millones en el Banco de Bogotá. Así que yo me preocuparía no por Solsalud, sino por Caprecom, que es el del Estado”, dijo el concejal en su intervención.
Sus declaraciones fueron llamativas por tres razones: La primera porque Solsalud fue uno de los negocios más importantes de su jefe político -el ‘Tuerto’ Gil- en todo el país, la segunda porque esa EPS fue liquidada precisamente porque no tenía plata para cubrir sus deudas y esa afirmación indica todo lo contrario, y la tercera porque el concejal ha estado al frente de otra de las empresas que maneja el condenado exsenador que también tiene intereses en la salud, por lo que en principio debía saber de qué hablababa.
Amaya fue gerente de la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio, Finsema, una IPS que creó el ‘Tuerto’ en1992 para prestarle servicios al Magisterio en Santander y que era la accionista mayor de Solsalud, EPS que tras 18 años de vida logró 1,2 millones de afiliados, que se expandió -al igual que su dueño- con el apoyo de paramilitares en el Magdalena Medio, y que terminó liquidada por manejos irregulares.
Aunque su afirmación en el debate no trascendió y se quedó en que lo que debía hacer el Isabú para recuperar la cartera que le quedó debiendo Solsalud era moverse, cuando La Silla le preguntó al concejal de dónde había sacado la información para asegurar que la extinta EPS tenía plata para pagar las deudas, aseguró que venía de un derecho de petición.
“Entre enero y febrero de este año varios amigos me pidieron el favor de cruzar esa información y en un derecho de petición que me respondieron en marzo, me dijeron que había reservas para responderle a muchos proveedores que no se habían tomado la molestia de ir a conciliación”, explicó Amaya.
El concejal también dijo que estaba siendo asesor externo de varias empresas en salud, pero se negó a darle los nombres a La Silla.
Sin embargo, otra fue la información que le dieron a La Silla en la Superintendencia de Salud. En esa entidad, que fue la encargada de liquidar e intervenir a Solsalud, aseguraron que la cifra de los $234 mil millones que da Amaya no existe empezando porque la deuda final se tasó en $184 mil millones, y que en lo corrido del año no han recibido ningún derecho de petición a nombre del concejal.
Sobre las deudas que Solsalud no pagó explicaron que fueron declaradas insolubles por el agente liquidador debido a que desde 2014 la EPS dejó de existir y se determinó que con sus activos no podía responderle al sistema.
“Si alguien quisiera reclamar hoy podría demandar a los socios de Solsalud porque ya esa EPS no existe”, le dijo a La Silla un funcionario de la Supersalud.
Así que el concejal del ‘Tuerto’ en su afán de hacer oposición, terminó poniendo a rodar los intereses de su grupo político, se expuso porque reconoció que se sigue moviendo dentro del círculo de la salud, que como lo contó La Silla, permanece bajo el radar de Gil, y además dejó en el aire $234 mil millones, que según él sí existen, pero que definitivamente no están en cuentas de la extinta EPS de su jefe político, que dejó deudas en 30 de los 32 departamentos del país.
