El 9 de agosto de 2018, en su segundo día como Presidente, Iván Duque visitó Tibú, en cumplimiento a una promesa de campaña que había hecho unos meses antes, en medio de un paro armado de la guerrilla del EPL que afectó ese municipio.
“Muchos nos dijeron que era un desafío a los grupos armados ilegales y yo dije que si como candidato yo no era capaz de pisar un lugar del territorio nacional amenazado por la violencia, no merecía ser Presidente y me fui a Tibú (…) Y allí dije que en los primeros días de Gobierno como Presidente de los colombianos, si tenía ese honor, estaría en Tibú y hoy estoy cumpliendo mi palabra”, dijo.
Tibú es la puerta de entrada al Catatumbo, una subregión de 11 municipios en la frontera con Venezuela de Norte de Santander. Abunda el petróleo, la palma de aceite y la coca. La presencia del Estado es muy desigual y las guerrillas ejercen control social y territorial.
Allí, el recién posesionado Duque se comprometió a tres temas clave: fortalecer a la Fuerza Pública para disminuir la violencia, hacer dos grandes corredores viales clave porque conectan la región con el centro del país y el Caribe y promover el diálogo social entre el Estado y las comunidades.
Los proyectos viales quedaron contratados. Uno termina en 2030 pero el otro se está interviniendo por tramos y ya tiene retrasos y problemas en su ejecución.
La fuerza pública se reestructuró y aumentó en la región pero eso no repercutió en Tibú. Tanto el ELN como la disidencia de las Farc se despiden de Duque con videos paseándose en centros poblados y el casco urbano del municipio, incluso, frente a la Alcaldía.
Y el diálogo social que prometió no tuvo ni doliente ni metodología y nunca aterrizó.
Comprometió plata para las vías pero no se terminaron
Duque se comprometió a hacer dos grandes proyectos viales para el municipio: la vía Tibú – La Gabarra y el corredor vial Astilleros – Tibú – El Tarra – Convención – La Mata.
Sobre la primera vía, desde el casco urbano de Tibú hacia el corregimiento de La Gabarra, Duque dijo que terminaría la pavimentación que Juan Manuel Santos dejó en curso desde 2016. El Ejército, encargado de la obra, entregó el primer tramo de 17 kilómetros en julio de 2020.
En septiembre pasado Duque contrató una segunda fase, que en realidad no es la continuación del pavimento sino el mejoramiento de dos tramos críticos de vía, por valor de 10 mil millones de pesos. Debía entregarse a los tres meses y medio, pero ya lleva tres prórrogas y aún no está listo. El contratista argumentó que los estudios y diseños no están completos y también que es difícil entrar a la zona por “inestabilidad social por cuenta de los distintos grupos al margen de la ley”.
La segunda obra es el corredor vial que conecta internamente al Catatumbo y que se divide en dos. Por un lado, la vía desde Tibú hasta La Mata, que conecta al Catatumbo con el Cesar.
Invías lo contrató en diciembre pasado con plata de vigencias futuras, por 283 mil millones de pesos y apenas está arrancando. Es una obra que se ejecutará hasta 2030.
Por otro lado, está la vía de la Ye de Astilleros a Tibú. La Ye es una intersección sobre una vía nacional. Es la entrada al Catatumbo desde Cúcuta.
Hoy, sobre esa vía hay tres bolsas de recursos multimillonarios ejecutándose al tiempo, en distintos contratos pero que en todo caso, no cubren la pavimentación de la vía sino arreglos parciales.
Uno por 32 mil millones de pesos que ejecuta el Cenit (filial de Ecopetrol) bajo la modalidad de obras por impuestos. Consiste en arreglar tres tramos de vía y tres puentes que suman la intervención de casi un kilómetro de vía. Aunque la licitación del Cenit se anunció desde mayo de 2019, la ejecución de la obra no inició sino hasta julio de 2021. Según nos dijo el alcalde Nelson Leal, lleva un avance del 40 por ciento.
Hay otros dos contratos que está ejecutando la Gobernación. Uno por 60 mil millones de pesos para construir tres puentes que suman 6.5 kilómetros, pero que no implican pavimentación. Se firmó en noviembre de 2020 y su ejecución es de 26 meses. La obra no empezó sino hasta junio de 2021 porque el Gobierno se demoró en autorizar la plata proveniente de regalías, vía Ocad Paz.
El otro contrato de la Gobernación es por 9.400 millones de pesos, para pavimentar 1.6 kilómetros. Inició en septiembre y ya tiene adición en tiempo. Según el contratista, hay “retiros de personal con el fin de proteger su integridad, sus vidas, y la de la maquinaria”.
Y la otra bolsa de 60 mil millones de pesos es la que está ejecutando Invías con plata donada por el filántropo Howard Buffet. Está dividida en varios contratos pequeños para mantenimiento de vías terciarias y algunos tramos de vías regionales.
Revisamos tres de esos contratos que arrancaron en julio del año pasado y que ya debían haber terminado. Todos han pedido prórrogas. Los contratistas coinciden en dos dificultades principalmente: falta de “acuerdos con las comunidades” y “situaciones de orden público”.
“El principal problema que ha habido es el de siempre: la presencia de grupos que están llamando a los contratistas, que no permiten avanzar en las obras, que piden “impuestos”, que retienen maquinaria.”, nos dijo una fuente oficial que pidió no ser citada.
La violencia se incrementó
El mismo 9 de agosto, desde el cantón militar del municipio, Duque, junto a militares, el Alcalde y el gobernador de turno, hizo su promesa en materia de seguridad:
“En esta región vamos, en los primeros cien días del Gobierno a fortalecer la capacidad operacional, disuasiva y efectiva de la fuerza pública para enfrentar las distintas amenazas de crimen organizado que están afectando la población”, dijo.
En octubre de 2018, cuando Duque activó la Fuerza de Despliegue Rápido No.3, compuesta por cuatro batallones de cerca de tres mil unidades élite.
Esas tropas quedaron diseminadas por todo el Catatumbo y en Tibú, en vez de mejorar, empeoró la violencia. Una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo para ese municipio explicó que en 2019, el rompimiento de la negociación entre el Gobierno y el ELN, “coincidió con la intensificación de las acciones de ese grupo armado en el municipio”, que entonces estaba protagonizando una guerra contra el EPL en la región.
Así, mientras en 2018 se registraron 66 homicidios en Tibú, en 2019 aumentaron a 93. En los dos años siguientes esa cifra volvió a bajar (75 en 2020 y 65 en 2021) pero la violencia no cesó.
Paradójicamente, en medio de la guerra entre el ELN y el EPL por los vacíos de poder que dejaron las Farc, las disidencias de esa extinta guerrilla se rearmaron y empoderaron nuevamente. Según una investigación de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, mientras la guerrilla del ELN manda en el resto del Catatumbo, la disidencia del frente 33 de las Farc, está asentada en la zona noriental y más rural de Tibú.
En 2020, la Defensoría alertó que la disidencia del frente 33 de las Farc estaba empezando a hacerse visible militarmente en el municipio con acciones a baja escala. Al tiempo, se registraron desplazamientos masivos en veredas de Tibú cercanas al área metropolitana de Cúcuta, donde el ELN estaba disputándose el control territorial con las Autodefensas Gaitanistas, que intentaban entrar a la zona.
Y en 2021, el rearme de las disidencias empezó a pasar factura. Junto con el ELN, ejecutaron un plan pistola contra la Fuerza Pública que coincidió con una ola de amenazas y desplazamientos silenciosos de mujeres y más de 11 feminicidios.
Esa disidencia se hizo sentir más allá de Tibú. En junio del año pasado, el Frente 33 puso un carro bomba en el cantón militar San Jorge en Cúcuta,y al mes, le dispararon al helicóptero en el que el Presidente Iván Duque se transportaba desde el Catatumbo hacia el aeropuerto de Cúcuta.
A raíz de eso, en octubre pasado la Fuerza Pública se reestructuró: se creó un Comando Específico de Norte de Santander. Es decir que las unidades militares que había en Norte de Santander se unificaron bajo un solo alto mando militar con sede directamente en la región (antes dependían de la Segunda División con sede en Bucaramanga).
Pero en la práctica, eso no ha generado cambios visibles en la operatividad de la Fuerza Pública en Tibú. Los retenes que hay, siguen siendo barricadas de las que los soldados y agentes de Policía que hay, poco se atreven a salir.
El mayor logro de Duque en la guerra contra esa disidencia que tiene de fortín a Tibú, fue hace una semana, cuando el Ejército dio de baja a alias ‘Roque’, cabecilla de los milicianos de ese grupo.
No hubo diálogo social
La tercera promesa de Duque el 9 de agosto de 2018 fue dirigida al liderazgo social de Tibú
“(Soy) un presidente que quiere construir soluciones con la comunidad, desde los territorios, en el diálogo social. Yo quiero ser el Presidente del diálogo social. Un diálogo franco, sincero con la comunidad (…) y que todos nos pongamos en sintonía en sacar adelante una agenda de desarrollo”.
Cuando Duque llegó al poder el liderazgo del Catatumbo se estaba fracturando por la violencia entre guerrillas que se gestó tras la desmovilización de las Farc. Líderes, campesinos, comunales y políticos, salieron amenazados, desplazados o fueron asesinados. Muchos ocurrieron sin denuncias formales de por medio.
El asesinato del candidato la Alcaldía de Tibú, Bernardo Betancourt, a un mes de las elecciones de 2019 fue de los más sonados.
Y el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, aumentó la desconfianza de las comunidades e incluso entre ellos mismos, generando más conflicto social. Puntualmente en lo que tiene que ver con el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis.
En Tibú, que alberga el 13 por ciento de la coca del país, hubo denuncias por demoras y sobrecostos en los beneficios de cada etapa del programa. Y entre Tibú y Sardinata, los dos municipios del Catatumbo donde hay Pnis, tan solo el 18 por ciento de los beneficiarios están en la última etapa de proyectos productivos.
Duque no aterrizó concretamente su propuesta de “diálogo social” que partía de escuchar a las comunidades. No propició espacios de interlocución con las comunidades ante las protestas a principios y finales de 2019 en el municipio, cuando la gente se opuso a la militarización y reclamaba por incumplimientos del Acuerdo de Paz y la violencia.
Tampoco participó de los espacios existentes. El gobernador Silvano Serrano instaló una mesa de diálogo en la que escucharon a los líderes de los bloqueos durante el paro de 2021 y que duró dos meses reuniéndose. El Gobierno nacional, en cabeza del entonces consejero para la estabilización, Emilio Archila, participó únicamente en la primera reunión.
“No volvió más. Los compromisos que quedaron pendientes son justamente los que son competencia del Gobierno Nacional porque no volvieron”, nos dijo una fuente oficial que participó y pidió no ser citada.
Así, aunque Duque se va anunciado grandes bolsas de recursos ya aprobados para programas de inversión en Tibú y otros sectores del Catatumbo -como los 200 mil millones que donó Howard Buffet para titulación de predios, vías terciarias y otros proyectos-, entre los líderes comunitarios hay escepticismo. Y más porque sienten que fueron ignorados por el Gobierno saliente.
