En junio el presidente Iván Duque fue a Sardinata, uno de los ocho municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, del Catatumbo, a contar los avances en la inversión para transformar la región. Cuando estaba regresando a Cúcuta, una de las guerrillas que controlan la región le disparó a su helicóptero.
Ese evento muestra la contradicción entre los avances que el Gobierno viene anunciando sobre la inversión social en el Catatumbo y lo que falta para que ese dinero ayude a quitarle poder a los ilegales.
Catatumbo Sostenible, la estrategia para gestionar recursos y proyectos para los municipios del Pdet, ha entregado 138 obras en sus tres años, algo por lo que Duque ha sacado pecho. Sin embargo, 3 de los 8 pilares de inversión del Pdet no tienen ningún proyecto en ejecución y dos de ellos, seguridad alimentaria y construcción de paz, ni siquiera tienen plata asegurada.
Así, a menos de un año del final del gobierno de Duque y con las disidencias de las Farc empoderadas y más coca en esa subregión, aún no se vislumbra la transformación profunda que prometían el Acuerdo con las Farc vía Pdet, y el Presidente con su ejecución en la política de Paz con Legalidad para implementar el Acuerdo.
No hay tanta plata para el Catatumbo como se dice
Hace un mes la Agencia de Renovación del Territorio (ART) dijo oficialmente que la inversión para el Catatumbo suma 684 mil millones de pesos.
Sin embargo, no hay tanta plata ni está invertida toda la que hay.
La misma ART nos dijo que hay 597 mil millones de pesos asegurados para el Pdet del Catatumbo. No es claro si existen los otros 87 mil millones de pesos.
De esos 597 mil, el Estado pone 365 mil, la empresa privada a través de convenios pone 55 mil y los otros 177 mil los invierte directamente la cooperación internacional. Por eso, la ART solo sabe que se invertirán pero no cuánto se ha ejecutado.
Y de los 420 mil millones de pesos que suman Estado y empresa privada, están en ejecución o ya fueron ejecutados 357 mil millones.
Es decir, de la plata que el Gobierno dice que suma más que lo que se ha invertido en 15 años en el Catatumbo, solo se está invirtiendo la mitad.
Además, algunos de los proyectos más grandes se vienen gestionando desde hace años, como el proyecto de electrificación rural que beneficiará a 14 mil familias: 84 mil millones que tiene asignados, 66 mil estaban asegurados desde 2016 con proyectos estructurados entre 2017 y 2018.
Faltan proyectos soñados en el Catatumbo
La idea de los Pdet era transformar integralmente un territorio, darle nuevas oportunidades. Eso, en el Catatumbo, se entendió como la oportunidad de tecnificar el campo con distritos de riego, actualizar el catastro, crear la Universidad del Catatumbo o implementar la sustitución de cultivos ilícitos en todos los municipios.
Pero, por lo menos por ahora, el Pdet se ha ejecutado más con pequeñas obras que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero no a transformar la región.
De las 138 obras terminadas, solo 5 cuestan más de mil millones de pesos y la más cara es de 7 mil millones de pesos.
104 son obras Pdet, de impacto local y que valen entre 50 y 500 millones de pesos cada una. Por ejemplo, construir y mejorar placa huellas, asesorar a juntas de acción comunales para que presenten proyectos, rehabilitar la infraestructura comunal como canchas o puentes y construir alcantarillas viales.
De las obras en ejecución, hay 9 más caras, con presupuesto superior a los 10 mil millones de pesos,: Un proyecto de dotación escolar para Convención, El Carmen, Teorama, Sardinata y Tibú (19 mil millones); 4 de vías (107 mil millones); uno para optimizar el acueducto del corregimiento de La Gabarra en Tibú (12 mil millones), y 2 de electrificación (27 mil millones).
Y aunque las vías son importantes, las necesidades en salud rural son apremiantes dado que de los 181 mil habitantes que tienen los 8 municipios Pdet del Catatumbo, el 69 por ciento viven en zonas rurales.
Ese es solo un ejemplo de las expectativas que se pueden estar empezando a desinflar en el gran plan de inversión que debería ayudar a sacar la región de la violencia y la ilegalidad.
Contexto
Los problemas en la estructuración
Como los Pdet son un instrumento para planificar la inversión social a 10 o 15 años, no toda la plata se va a ejecutar en el periodo de Duque. El compromiso de su Gobierno es dejar listos los proyectos para que los gobiernos entrantes solo deban encontrar la plata y ejecutar los proyectos.
Eso es clave porque, como ha dicho el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, los proyectos estructurados son los que comprometen al próximo Gobierno para evitar que el Pdet sea un proyecto que queda en el papel, como ya pasó con el pliego de peticiones que surgió del paro agrario de 2013 o el plan de desarrollo para el Catatumbo que surgió del paro del Nororiente en 1987.
Sin embargo, a menos de un año de que acabe el Gobierno, 113 de las 318 necesidades que se priorizaron para el Pdet siguen siendo una idea sin proyectos concretos que las aterricen. Es decir, son ideas como promover el desarrollo agroforestal en Tibú o reglamentar el pago por servicios ambientales en Sardinata o diseñar un sistema integral de salud para la población indígena Barí.
Según la ART, para que una iniciativa se aterrice en un proyecto se necesitan entre cuatro y seis meses, y 46 de las iniciativas ni siquiera tienen un doliente, es decir quién se encargue de convertirlas en proyecto.
Es decir, saber a cuántas personas va a beneficiar, qué obras se tienen que ejecutar, cuánta plata se necesita y cuánto tardaría.
Esa es una responsabilidad de todas las entidades que se articulan en los Pdet, como ministerios, gobiernos locales y cooperantes. Como cada uno se encarga de proyectos de los 16 Pdet y también tienen otras funciones, articular 113 proyectos es una tarea titánica para diez meses.
Además, en el Catatumbo hay problemas que hacen más difícil estructurarlos de aquí a agosto de 2022.
Por ejemplo, los ocho municipios del Pdet tienen poca capacidad administrativa y poca capacidad y experiencia para estructurar proyectos de gran envergadura, y en temas específicos como el de vivienda, están prácticamente maniatados para presentar proyectos.
Y cuando lo logran, se encuentran con más obstáculos: hay proyectos que presentaron el gobierno departamental y los locales al DNP hace meses, y esta no ha dado su visto bueno de que están bien hechos. Sin ese aval, no pueden ir a buscar plata para hacer la contratación y ejecutarlo.
Ese cuello de botella tiene un agravante y es que los presupuestos se envejecen y es posible que cuando los aprueben, lo diseñado ya no supla las necesidades.
Ya pasó en Sardinata, donde en 2018 terminaron de estructurar dos proyectos para acueducto y alcantarillado. Pero como fue solo en 2020 que el DNP les aprobó los 8 mil millones para eso, hoy los contratos están suspendidos porque la población en la región ha crecido tanto, producto de la migración, que toca cambiar el diseño de las obras.
El problema es particularmente grave en vivienda, uno de los ocho temas gruesos o pilares del Pdet, que hoy no tiene ningún proyecto regional andando.
“No tenemos terrenos legalizados, que sean propiedad del Estado para poder adelantar proyectos de vivienda”, explicó a La Silla el alcalde de El Tarra, Yair Díaz.
El asunto va tan rezagado que Archila, cabeza de los Pdet, dijo en una reunión con todos los voceros del Pdet del Catatumbo a principios de este mes: “En vivienda no encontré qué es lo que estamos haciendo. Lo digo sinceramente, no he visto que ni haya un diagnóstico, una identificación de necesidades (…) no sé qué estamos haciendo”.
No todo el Pdet del Catatumbo está en esa situación, claro. Pero al ritmo que va, no es claro que en 15 años logre superar la profunda brecha social y el control territorial de los ilegales.
