La alternativa para el campo que se hunde en Santander

Aunque la idea de potenciar el campo no es nueva en Colombia, y de hecho en países como Bolivia el Estado invirtió 800 millones de dólares (un cuarto de la plata que se comprometió en el desfalco de Reficar en Colombia) en una planta de fertilizantes que con solo el 20 por ciento de su producción cubrirá la demanda nacional, Ferticol, una empresa que en el papel tendría la misma vocación en el país, ha contado con una suerte muy diferente.

Fertilizantes Colombianos S.A nació en 1966 en Barrancabermeja como un proyecto piloto de Ecopetrol para ser un “apoyo al incremento de la producción agrícola” en el país, cuando en el país se hablaba sobre la importancia de revolucionar el agro y buscando aprovechar el hecho de que los fertilizantes se producen en parte gracias a productos de las refinerías petroleras.

Sin embargo, como Ecopetrol la fundó con un espíritu experimental, la inversión inicial fue pequeña, arrancó su operación con máquinas usadas y tenía un presupuesto pequeño.

Esa apuesta nunca cambió y la empresa fue decayendo. En 1999 tuvo su primer quiebre: un corte del suministro de gas que Ecopetrol le daba hizo parar su producción durante más de un año, en el que no frenaron los gastos. Eso le generó un hueco financiero que empezó a crecer y que para 2003 llegó a $1.359 millones, lo que la llevó a un acuerdo de reestructuración financiera.

En ese momento Ecopetrol la consideró inviable y le cedió sus acciones a la Gobernación de Santander, que hoy tiene el 99,7 por ciento de las acciones y maneja la empresa, que ha ido de mal en peor.

A pesar de los alivios en el pago de las deudas de la reestructuración, los ingresos no han alcanzado para cumplir todas las obligaciones, y por eso hoy acumula un déficit de los $51.349 millones.

Además, tiene una fracción muy pequeña del mercado,a pesar de que éste es muy atractivo.

Es atractivo porque los fertilizantes son fundamentales para la producción agraria y también insumo más costoso, pues representan en promedio el 50 por ciento de los costos de producción de cualquier cultivo.

Pero de una demanda de unas 1,8 millones de toneladas al año en el país, Ferticol solo tiene capacidad para producir 80 mil toneladas, y por el estado de las máquinas solo vende unas 60 mil toneladas anuales. Es decir, menos del 4 por ciento.

En todo eso contrasta con apuestas como la boliviana, donde el Estado invirtió 800 millones de dólares en una planta de fertilizantes que con solo el 20 por de su producción cubrirá la demanda nacional y el otro 80 por ciento será exportado.

Ferticol ha crecido bajo la sombra de Ecopetrol, una sombra que ha llevado a que tenga condiciones laborales muy beneficiosas a sus trabajadores, con la diferencia de que la petrolera es una empresa sólida y Ferticol no.

Hoy tiene vigentes dos convenciones colectivas de trabajadores, que producen beneficios amplios a 230 trabajadores y 160 pensionados, hasta el punto de que construyó un barrio y un colegio para los hijos de los trabajadores.

La crisis ya se llevó esos beneficios, pues tuvo que vender el barrio a Ecopetrol en el 2000 para crear un fondo pensional que asegure que tenga con qué pagar las jubilaciones, y cerrar el colegio en el 2006 porque no podía pagar los gastos de administración. Pero las prebendas no desaparecieron totalmente.

Ferticol paga $752 millones anuales para becas académicas, un proyecto de vivienda para los trabajadores y comités deportivos; además, la empresa paga subsidios adicionales por cada hijo que esté en el colegio.

También paga $600 millones anuales para el transporte de todos los trabajadores -aunque la mayoría llega en sus propios carros o motos a la empresa-; subsidia las tres comidas más refrigerios en los turnos nocturnos (la planta funciona 24 horas); y tiene pactado un aumento anual de los sueldos del seis por ciento fijo, por encima de la inflación promedio de los últimos 11 años que fue del 4,63 por ciento. Y el que menos gana es el cargo de aseador con $1,7 millones mensuales.

Las malas decisiones administrativas han resentido a la empresa, especialmente después de la reestructuración. Las auditorías de la Contraloría de Santander de los últimos seis años muestran irregularidades de la administración -que controla la Gobernación – que se repiten año tras año.

Por ejemplo, las proyecciones del presupuesto se hacen con base en ingresos que están muy por encima del recaudo histórico real de la empresa, y todos los años los gastos se apegan al presupuesto o se lo vuelan mientras los ingresos se quedan por debajo. Por eso, cada año acumula más pérdidas.

Además, la Contraloría ha advertido todos los años que la plata que debería invertirse en repotenciar la producción (para aumentar las toneladas de fertilizantes, diversificar productos y hacer mercadeo) se ha gastado en funcionamiento.

A eso se suma que la transparencia sobre la inversión de los recursos está en entredicho porque aunque la empresa es un 99,7 por ciento pública, contrata como si fuese privada. Y desde el 2013 las directivas cambiaron el manual de contratación para aumentar de 15 a 1.700 salarios mínimos el tope por el que pueden contratar a dedo, sin hacer licitaciones o concursos.

Si bien los gobiernos de Horacio Serpa y Richard Aguilar le inyectaron respectivamente $3.500 millones y $1.500 millones a Ferticol a través de la compra de acciones, la mayoría de esa plata se fue en pagar deudas a pensionados y empleados.

Por eso la Contraloría en 2013, emitió un control de advertencia a la Gobernación diciéndole que no le destinara más dinero. Desde entonces no ha invertido más.

Entre 2014 y 2015 la crisis tocó fondo pues las deudas superaron los $40 mil millones. Por eso la administración del entonces Gobernador, Richard Aguilar, decidió vender el último bien valioso que le quedaba: 28 hectáreas de tierra que la empresa no utilizaba, en cinco lotes con potencial explotación urbana e industrial.

Los lotes se vendieron a cuatro compradores por $69.146 millones. Pero de esos solo dos le han pagado completamente a Ferticol: los bomberos de Barrancabermeja por $1.100 millones, y un grupo de contratistas de obras civiles y suministros en Barrancabermeja, por $7.250 millones.

El tercero, un consorcio conformado por la constructora bogotana Obcivil y la contratista Kivu de Medellín, ha pagado la mitad del lote, por $6.257 millones.

El cuarto y mayor comprador, Fabián Rolando Méndez Cáceres, compró dos lotes en una convocatoria en la que no le llegó ningún competidor, uno por $18 mil millones para construir un parque industrial y otro por $30 mil millones para un centro comercial.

Pero, por el contrato que firmó, solo ha pagado 21 de los 48 mil millones: todo el lote del parque industrial, gracias a que vendió los cupos del proyecto, y $3 mil millones del centro comercial, que construirá en sociedad con los dueños del centro comercial Gran Estación de Bogotá.

Precisamente, los plazos que se le entregaron a los compradores para pagar fue la principal crítica a ese salvavidas, porque la idea era que la plata entrara rápido para pagar deudas y mejorar el estado financiero de la empresa.

“Esos plazos (de pago) no corresponden ni a los intereses de la empresa ni a su situación financiera porque terminan pagando de a poco y así se consumen la plata en costos de operación y no en el pago de acreencias, que era el objetivo principal”, dijo el diputado del Polo, Roberto Schmalbach, quien convocó el último debate de control político sobre Ferticol.

Méndez es un abogado conocido en el Santander político como parte del grupo del exsenador condenado por parapolítica Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil, quien lo recomendó como director del Instituto de Deportes de Bucaramanga en 2008 y lo ha puesto en varios de sus negocios privados.

Méndez fue el último representante legal de la liquidada EPS Solsalud, que fue el gran bastión con el que Gil acumuló poder en todo el país; trabajó en Finsema, la fundación con la que Gil se estrenó en el sector de la salud prestando ese servicio al magisterio; fue asesor en el Senado de Doris Vega, esposa de Gil; y su esposa Margy Carolina Rangel trabajó en Solsalud y en 2015 fue elegida como diputada de Opción Ciudadana, partido de Gil, sin tener ninguna experiencia en política.

En la convocatoria, Méndez no presentó soportes financieros que sustentaran la validez de su oferta económica, según los documentos del proceso publicados por Ferticol.

“No se entiende cómo con una cédula él da respaldo de pago de $48 mil millones y a Ferticol le parece bien”, le dijo a La Silla un político de Santander que le ha hecho seguimiento a Ferticol.

Juan Carlos Sierra, quien como gerente de Ferticol vendió los lotes, le explicó a La Silla que le dieron vía libre a la oferta de Méndez Cáceres porque “con una persona natural la venta se hacía de manera directa, y una (persona) jurídica podía liquidarse, desaparecer (…) y ¿quién le respondía a la empresa?”.

No explicó las dudas sobre los seguros de que fuera a responder por una multimillonaria venta a crédito.

Méndez Cáceres, por su parte, le dijo a La Silla que su respaldo financiero estaba en que era comerciante, trabajaba con mulas y con negocios inmobiliarios, pero no precisó cuáles.

Él deberá pagar los $27 mil millones que le faltan antes de diciembre de 2018. Para ese momentos, es muy probable que Ferticol tenga deudas más altas y ya no tendrá lotes para vender.

Y es que la plata se fue más rápido de lo que llegó.

Aunque la venta hizo que en 2014 Ferticol arrojara excedentes por primera vez en 11 años, por $21 mil millones, en vez del acostumbrado déficit, que en promedio ronda por los $5 mil millones anuales.

Pero, según los soportes contables, de los $9.693 millones que entraron de los lotes, $5.660 millones se fueron en el pago de gastos de funcionamiento. El resto quedó para pago de las deudas y en reparación de maquinaria.

Ferticol ha sobrevivido los últimos 14 años en medio del acuerdo de reestructuración y de promesas al aire sobre inversión que incluso ha hecho el Presidente Santos, pero ya no tiene activos valiosos para vender. Por eso desde acreedores hasta sindicalistas coinciden en que lo único que la salvaría sería la inversión de privados.

En enero, en una reunión entre accionistas, acreedores y el delegado de la Superintendencia de Sociedades que estaba pactada para definir la liquidación de Ferticol, se acordó un plazo de dos años a la empresa para salvar a la empresa.

Eso lo logró Mario Hernández, quien es la mano derecha de Tavera y actúa como su delegado en ella, al presentar a Inversiones Santamaría, Conac y Metalúrgica de Santander como potenciales inversionistas.

Según tres fuentes que estuvieron en la reunión, Inversiones Santamaría dijo que estaba interesada en repotenciar la termoeléctrica que tiene Ferticol para que produzca más energía y venderla a terceros; la comercializadora Conac propuso invertir en importación y distribución de fertilizantes con la marca de Ferticol; y Metalúrgica, que es uno de los acreedores, dijo que quiere mejorar la infraestructura de las plantas para aumentar la capacidad de producción.Todos lo harían a cambio de una porción de las utilidades.

Esa propuesta hizo que ese día no iniciara el proceso de liquidación, y fue bien recibida hasta por los sindicatos, porque permite que Ferticol se capitalice sin el riesgo de privatizarla. Pero dos de las fuentes le dijeron a La Silla que las propuestas fueron solo muestras de intenciones y nada quedó estructurado.

La Silla supo que solo en un mes empezarán a llegar formalmente las propuestas, y ni Hernández ni Elkin Doria, gerente de Ferticol, nos quisieron responder sobre cómo piensan implementar ese nuevo salvavidas.

Mientras el reloj corre para el nuevo plazo de reestructuración, que vence en diciembre de 2018, los gastos, las deudas y los intereses siguen sumando números en rojo con el mismo impulso que tiene a Ferticol al borde de la liquidación.