A 24 horas de la elección varios sectores están pujando por quedarse con el manejo de ese fortín, que tiene un presupuesto anual de más de $20 mil millones.
Mañana se conocerá el nombre del nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. El Consejo Directivo votará en medio de una puja entre varios políticos regionales que desde hace semanas están moviendo sus fichas para quedarse con el manejo del fortín más poderoso de las provincias del departamento.
Como quien gane tendrá un aliado clave para la campaña del próximo año, la pelea se ha convertido en una suerte de primarias de las legislativas en Santander.
El fortín
Desde que la Fiscalía capturó a Flor María Rangel por las irregularidades en la ejecución de un contrato de más de $3 mil millones para reforestación que nunca se ejecutó y que a la postre fue pagado a una corporación que ella había fundado desde mediados de los 90, en la CAS la balanza de poder cambió.
Esa corporación en la última década fue manejada tras bambalinas por el parapolítico Hugo Aguilar, quien desde que fue Gobernador de Santander movió varios hilos para asegurar que aliados suyos llegaran a dirigirla.
En 2007 impulsó la elección de Héctor Murillo, quien antes de ocupar ese cargo fue jefe de rentas de su administración y uno de sus asesores financieros (después se distanciaron).
En 2012, tras la elección de su hijo Richard Aguilar como Gobernador, logró que Flor María Rangel, quien venía de trabajar en organizaciones ambientalistas y quien hasta entonces había figurado en el consejo directivo de la CAS por varios años, fuera la ungida.
La cercanía de Rangel con los Aguilar es tal, que como contaron varios medios en su momento, durante su posesión le agradeció públicamente a Aguilar papá, quien para ese momento se encontraba preso purgando una pena por parapolítica.
Por eso en 2015, antes de que su hijo saliera de la Gobernación, logró que la reeligieran por cuatro años más.
El atractivo de la CAS radica en que maneja un presupuesto anual que bordea los $25 mil millones de los cuales $19 mil millones son para inversión, tiene 350 contratistas de prestación de servicios y además otros 80 cargos de planta.
Además, como su jurisdicción está en 74 de los 87 municipios del departamento (los otros 13 los maneja la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb), y dentro de sus funciones está entregar licencias ambientales, cambiar el uso de los suelos y entregar permisos para todo tipo de actividades que impacten el ambiente, tiene poder en todos los rincones de las provincias.
Por eso, con la renuncia de Rangel, que se hizo oficial cuando estaba a punto de cumplirse un año de su captura, en el Santander político arrancó un pulso de poder, que se atizó con el inició de las campañas al Congreso.
El pulso
El consejo directivo de la CAS tiene 12 integrantes y cada uno tiene un voto.
Está el de Presidencia, el del Ministerio de Ambiente, el del Gobernador, los de cuatro alcaldes (Betulia, Palmar, Landázuri y Ocamonte), dos delegados de las ONG ambientales, dos delegados de los gremios y uno de la comunidad indígena UWA.
Tal y como están divididas las fuerzas en este momento, Tavera de entrada tiene su voto y el del delegado de Presidencia Jhon Zafra, quien además de ser amigo del Gobernador, es uno de los supercontratistas de la Empresa de Alcantarillado de Santander, Empas, entidad que también maneja Tavera en conjunto con el representante Fredy Anaya y en la que con seis consorcios se ha ganado la ejecución de poco más de $9 mil millones entre 2016 y lo que va de 2017.
Adicionalmente, tiene en juego los de los cuatro alcaldes. Aunque ellos no se han decidido, Tavera tiene a favor que por ser una elección en la mitad del periodo podría plegarlos.
Como nos dijo una fuente: “No es común que quieran patear la lonchera cuando les quedan dos años de verse las caras”.
En el lado de los Aguilar también hay votos.Hugo Aguilar le dijo a La Silla que él no estaba interesado en entrar en ese pulso, pero cinco fuentes entre directivas de la CAS, periodistas, y políticos con intereses en la puja, nos explicaron que los dos delegados de las ONG ambientalistas y los de los gremios, son afines a su casa política.
Si bien para ganar, en caso de que decidan entrar a pelear de frente, ellos deberán sumar al menos tres votos más, y eso en principio es complicado porque están disminuidos dentro de la repartija de poder y sin mucha capacidad de negociación, dado que siguen teniendo influencia en las provincias podrían inclinar la balanza.
Adicionalmente está la fuerza del senador liberal Jaime Durán Durán Barrera, quien se metió de frente en la pelea.
Aunque él no tiene votos directamente en el Consejo, La Silla supo que lleva semanas moviéndose en Presidencia tratando de que cambien al delegado de Juan Manuel Santos en el consejo, y de paso de sumar el voto del Ministerio de Ambiente.
Con esos dos apoyos, tendría margen de maniobra porque los alcaldes, según le contaron tres fuentes que lo saben de primera mano a La Silla, no están muy contentos con Tavera debido a que no les ha dado juego en su administración y toda la inversión la ha centralizado.
Sin embargo, Durán tiene en contra que si el cambio del delegado de la Presidencia no se da mañana temprano ya no tendría tanto tiempo para poner en marcha su estrategia, y en todo caso aún le faltaría sumar un voto.
Las fichas
Así las cosas, el día de la inscripción 26 aspirantes postularon su nombre.
De esos solo 21 pasaron la revisión de la hoja de vida y, de esa baraja, en el Santander político, la puja se redujo a cuatro.
Dos son de la casa Tavera.
El más sonado ha sido el de Carlos Alberto Orejarena, quien desde hace un mes es subdirector de licencias ambientales de la CAS.
Orejarena es amigo de vieja data de Tavera. Se conocieron en el barrio San Alonso, estudiaron juntos en la universidad y ambos son caballistas.
Tres fuentes se lo describieron a La Silla como uno de los hombres de confianza de Tavera.
Antes de llegar a la CAS fue subcontralor del departamento como cuota directa del Gobernador. Además ha trabajado en la Alcaldía de Bucaramanga, en la Alcadía de Floridablanca y en la Alcaldía de Barrancabermeja.
Su paso por esta última entidad fue particularmente cuestionado. Orejarena fue cuestionado al igual que su jefe de la época Édgar Cote Gravino, quien murió en 2013 en un accidente de avioneta, por sus presuntas relaciones con paramilitares.
Sin embargo, a hoy no hay nada formal en su contra, y según le dijo a La Silla Orejarena, no en los años que lleva de vida pública jamás ha tenido una investigación formal en su contra ni en la Procuraduría ni en la Fiscalía. La Silla revisó y en efecto no encontró reportes de investigaciones en su contra.
Esta no es la primera vez que Orejarena intenta llegar a dirigir una CAR en Santander. En 2007 se postuló para la Cdmb, y en 2011 y 2015 intentó llegar a la CAS.
El segundo nombre de la casa Tavera es el del actual director Juan Gabriel Álvarez, quien llegó como encargado en enero tras la captura de Rangel y luego de haber tenido una de las subdirecciones de la CAS como cuota de Tavera.
Su paso por el cargo ha sido particularmente cuestionado porque sus conocimientos no están en el sector ambiental y porque dentro de la corporación se hizo fama de que “no cambiaba un bombillo” sin la autorización del Gobernador.
Además, en menos de un año de haber asumido la dirección de la CAS ya terminó cuestionado por un convenio por $1.792 millones que suscribió con las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, para “fortalecer la educación ambiental”, dictando talleres en los 74 municipios de la jurisdicción de la corporación.
Las denuncias, que ya están en la Fiscalía y de las que La Silla conoció copia, van desde la presunta desviación de fondos destinados a reforestar para pagar esas actividades, hasta sobrecostos que incluirían desde el pago de transporte, pasarían por la dotación y el pago del hospedaje (a $80 mil por noche en municipios apartados), e incluirían hasta el alquiler de salones, también en municipios apartados, por valores de hasta $2,4 millones.
El tercero es Luis Francisco Oliveros, el subdirector administrativo de financiero de la CAS. Un exconcejal de San Gil quien desde hace ocho años trabaja en la Corporación y entró en la puja como cuota del senador liberal Jaime Durán Barrera, quien también es oriundo de ese municipio.
Y el cuarto es Farley Parra, el actual Personero de San Gil. Su nombre empezó a sonar la última semana como el candidato de los Aguilar, debido a que también es cercano a Flor María Rangel, y según le dijeron dos fuentes que conocen el proceso a La Silla, ha recogido mejor que Eduardo Rodríguez Rojas y Jeison Pinto (los otros dos aspirantes cercanos a Aguilar en la baraja) los votos de las ONG y los gremios.
Sobre eso, Aguilar insistió que está “ajeno a ese proceso” y no le interesa. “La única persona de mis afectos era Eduardo Rodríguez y le pedí que retirara la hoja de vida”, indicó.
De cualquier forma y aún Aguilar decide no entrar en la pelea, las próximas 24 horas serán decisivas en el pulso. Mañana a las 8 de la mañana, deberá salir humo blanco sobre quien regirá la inversión de esa corporación y se encargará de velar por el ambiente de la mayoría del departamento durante los próximos dos años, también el nombre de quien contará a la CAS como su fortín en la campaña del próximo año.
