A las seis de la mañana sale el primer bus desde Bucaramanga hacia la provincia de Soto Norte. Es una zona de seis municipios santandereanos muy cercanos entre sí y que comparten un sector del Páramo de Santurbán. Allá, todos se conocen con todos. Entre la poca luz del alba la gente aborda la flota y un par de personas se saludan.
Hablan fuerte, asegurando superar el ruido del motor y la distancia del pasillo que separa sus asientos:
“¿Y va para California”, pregunta uno. “Sí mano, a acompañar a la Alcaldesa porque es que el Gobierno cree que ella está sola”, le responde el otro. La acompañante de ese último, sentada junto a la ventana, habla más fuerte para que la escuchen. “Es que hay que exigir que no tomen más del pelo porque ya cuántos años sin definir nada y acabando Gobierno ahí sí vienen afanados, por cumplir. Pero nosotros no tenemos afán”, dice.
Son dos horas y media de recorrido por trocha. La primera mitad, ambientada por la radio y la conversación de esos tres paisanos, que rememoran la película que vive la región desde 2010.
Primero, el conflicto. Mucha gente en Soto Norte soñó con que las multinacionales que querían extraer oro de las montañas traerían progreso, y resultaron enfrentados con la gente de Bucaramanga que protestó masivamente en contra, alegando la protección del agua. Es una pelea jurídica y social que aún está viva.
Después, la crisis económica. En 2014 el Gobierno trazó una línea para delimitar el páramo y, en consecuencia, definir dónde se podía hacer minería y dónde no. Eso no solo restringió la actividad minera para multinacionales sino también para la población de California, que desde hace 400 años vive de la minería artesanal.
Ahora, luego de que en 2017 la Corte Constitucional tumbó esa delimitación porque no fue concertada con las comunidades, están deslegitimadas las mesas que organiza el Gobierno para ponerse de acuerdo con la gente y volver a levantar la línea.
“A estas reuniones deberían venir los ministros pero mandan a puros contratistas que no pueden hacer nada”, comenta el que viaja a apoyar a la alcaldesa de California. “Y esto no es una vaina del Ministerio de Ambiente. Que vengan el de Trabajo, el de Minas, todos a solucionarnos esto”, dice su acompañante.
Deslegitimadas porque van más de diez años desde que la región se puso en el ojo del Estado pero no para inversión social. Las vías siguen siendo trochas y no hay hospitales ni universidades. La gente siente que los tienen en la mira únicamente para frenar la minería artesanal, la fuente de trabajo y también de riqueza en la zona.
La movilización de los mineros
Son las 8 y media de la mañana del jueves 24 de marzo. A esa hora entre semana, el parque y la plazoleta frente a la Alcaldía del municipio de California suelen estar vacíos, pero hoy hay cerca de treinta personas desenrollando pendones y carteles hechos con papel kraft. Los extienden sobre una gradería que da hacia la Alcaldía, mientras esperan que llegue más gente.
“Pedimos a la Alcaldesa no firmar la delimitación hasta tanto al pequeño minero den solución”, dice uno de los letreros.
La alcaldesa, Genny Gamboa, los observa desde el segundo piso del palacio municipal. En julio de 2020, cuando iniciaba su mandato, se echó encima a buena parte de la población. Fue a Bucaramanga y junto al alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, rechazó el proyecto de megaminería de la empresa árabe Minesa, que quiere extraer once millones de onzas de oro en las inmediaciones del páramo.
En ese entonces Minesa tenía su encanto. Estaba tramitando la licencia ambiental, venía haciendo pequeñas inversiones: arregló vías terciarias, la cancha y la escuela del pueblo y, en medio del confinamiento por la pandemia, entregó ayudas humanitarias y mantuvo vinculados laboralmente a todos los contratistas de la región.
Alimentaba la expectativa de que, en medio del abandono estatal, la empresa privada sería la solución.
Por eso, la comunidad rechazó la posición de Gamboa, hubo ruidos de revocatoria y ella incluso denunció amenazas en su contra.
Un año y ocho meses después, las condiciones son otras. A principios de 2021, el Gobierno le archivó la licencia ambiental a Minesa y el proceso reinició desde cero. La multinacional despidió a la mitad del personal y redujo sustancialmente la inversión. Hoy es más visible la oposición al proyecto que su respaldo.
“La delimitación favorece la megaminería y desplaza a los pequeños mineros. No nos persigan más”, decía el jueves uno de los hombres que inició un perifoneo en la plazoleta. “Invitamos a todos los hermanos californianos a unirse para defender nuestro territorio y nuestra tradición minera“, dice.
Ahora la alcaldesa tiene a la mayoría de gente contenta, porque está respaldando la movilización (e incluso promocionándola de ladito, a través de su esposo Victor Arias, exalcalde y curtido político de la región).
“Son mineros ancestrales que se han dedicado a la minería por más de 500 años, y que en este momento están judicializados, perseguidos, criminalizados. La única respuesta que necesitan o que quieren, y que respalda la administración municipal, es que se queden en el territorio haciendo lo que siempre han hecho: la pequeña minería”, asegura la Alcaldesa.
En los últimos años la fuerza pública ha hecho investigaciones y operativos contra la minería ilegal en la zona, en la que han capturado a varios galafardos, como les dicen a los mineros artesanales. Incluso, a finales de 2019, el entonces alcalde, Hugo Lizcano, fue capturado y judicializado por auspiciar minería en el área de protección de Santurbán porque, según la Fiscalía, su administración apoyaba a 30 galafardos para evadir a las autoridades.
Sobre las nueve de la mañana, Gamboa se va al colegio, donde hay una decena de funcionarios de los ministerios de Ambiente y de Minas, de la Gobernación y de entes de control que sirven de garantes de las mesas de concertación que ordenó la Corte, y que el Gobierno tiene que hacer en los 30 municipios de Santurbán.
Hasta ahora hay mesas de diálogo en seis municipios y solo en uno, Vetas, hay acuerdo entre Gobierno y comunidad en el límite.
En California el avance ha sido prácticamente nulo. Es la décima vez que el Ministerio organiza un encuentro y no han podido ni siquiera definir la agenda o los mecanismos de la concertación.
“Hoy solo veníamos a hacer la hoja de ruta. Aquí ha sido muy complejo porque se ha vendido la falsa idea de que hay una prisa enorme del Gobierno por delimitar. Lo que estamos buscando es destrabar el proceso”, dice Wilson Ramírez, el delegado del Ministerio de Ambiente para la concertación.
Los californianos, en vez de ir a la reunión, siguen agrupándose tres cuadras más arriba, en los alrededores de la Alcaldía.
En la plazoleta, sosteniendo los carteles, ya suman unos setenta. Se organizan en fila para iniciar una marcha.
“Señores, introduzcan a la marcha para que podamos avanzar”, grita Mary Luz Lizcano, uno de los líderes de la movilización, y señalando a un grupo de nueve hombres en una esquina del parque.
Todos llevan gorra y un par usan botas pantaneras. Son mineros. De los que a punta de martillo abren huecos en la montaña y extraen pedazos de roca que brillan. Luego las trituran, las lavan y sacan las “pelusas” o pepas de oro. Algunos consiguen la plata necesaria para sobrevivir y otros para vivir con ciertas comodidades.
Como ese grupo de mineros, hay otras cien personas recostados en las casas vecinas o sentados en las bancas del parque. Parecen espectadores pero cuando la marcha inicia todos se van sumando.
“Hoy sí salió gente”, comenta una mujer que se unió dos cuadras adelante. En una de las calles empinadas del municipio se alcanzan a contar 300 personas, una romería significativa para un municipio de poco más de 2 mil habitantes.
“Y eso que no bajaron todos”, dice otra. En California hay ocho asociaciones de galafardos, que agrupan poco más de 400 familias, y organizan los turnos de día y de noche para entrar a las minas que ellos mismos han abierto.
Esta vez organizaron la movilización.
“Con un montón de ilusiones que en mi mochila pesan, el martillo con la cuña y pa’ la sed una cerveza”, dice una estrofa de la canción que, a ritmo de banda, el género popular mexicano, ameniza la marcha.
“Tuve que ser muy paciente pa’ encontrar lo que tengo. Buscar oro no es tan fácil exige conocimiento. Eso es lo que a mi me sobra y por eso me andan buscando, pues no les conviene a muchos mirar que voy a escalando”. La compuso Juan Guerrero, un músico de carranga del municipio que aprovechó el momento de unión entre los galafardos para componerle a su tradición.
“Delimitación sí pero no así”
Sobre las diez y media de la mañana, las clases del colegio Integrado San Antonio -el santo patrono del municipio, al que se encomiendan los mineros cuando entran a la montaña- son interrumpidas por las arengas de los manifestantes. La marcha se volvió plantón. En el segundo piso, en el salón donde están los funcionarios para la mesa de concertación, casi todas las sillas están vacías.
Al cabo de unos minutos los delegados del Ministerio de Ambiente y de la procuraduría le piden a la Alcaldesa que baje y convenza a la gente de que entre para hacer la reunión.
“Yo puedo ir pero no creo que me vayan a hacer caso, la verdad”, les responde.
La gente, aunque dispersa, sigue en la calle. Unos diez líderes están en la mitad, sosteniendo los carteles. La alcaldesa baja, toma el micrófono y les pide que suban. Tras unos segundos de silencio, se miran entre ellos y uno responde: “que bajen ellos”. “Sí, que vengan a hablar con el pueblo”, grita otro. “Qué bajen, qué bajen”, suena un coro desordenado.
Aplauden los que están recostados en las fachadas, a la espera o resguardándose del sol. Unos treinta manifestantes entran y salen de la tienda vecina, bien sea para pedir una cerveza y tomársela, o para usar el orinal.
“No hay que dejar que se haga nada hasta que nos resuelvan”, dice un minero sentado en una de las mesas de la tienda que se van llenando de botellas vacías. La idea de la movilización es que no avance la concertación, y sobre todo la delimitación. Fue el mensaje que se regó en el pueblo días antes, coinciden un concejal, una fuente cercana a la administración y un líder gremial.
Luis Gélvez, uno de los representantes de las asociaciones de galafardos y quien está con casco minero puesto, coge el micrófono y marca la puja que duraría hasta mediodía.
“Bueno, señores del ministerio de Minas y de Medio Ambiente, queremos es que salgan aquí, aquí está el pueblo reunido. No queremos que nos llamen nada más para hablar allá”, dice, y continúa mientras la gente comienza a aplaudir, “para eso estamos aquí, para que vengan y escuchen las peticiones”.
Las peticiones se resumen en una: que los avalen como mineros y que el oro que extraen sea legal. Eso no es tan fácil de hacer porque la financiación del programa de formalización minera es escasa, el proceso es largo y la ejecución es baja: en 2021 el Gobierno presupuestó 9.793 millones de pesos para el programa en todo el país y a noviembre solo había ejecutado 2.345 millones.
En California hay 160 mineros que buscan formalizarse desde que la delimitación de 2014. Solo en 2018 lograron crear la empresa Calimineros y con ayuda de Minesa, que los patrocina como parte de su programa de responsabilidad social. Hasta ahora no han podido extraer oro y si Minesa no logra la licencia ambiental, no tienen asegurado cómo sacar el oro del mineral que extraen, pues hoy depende de la planta que Minesa planea construir.
Así, esos mineros ya están formalizados pero siguen galafardeando. “Mientras el proyecto se desarrolle tenemos que seguir rebuscándonos, tenemos que seguir sobreviviendo”, dice Jorge Maldonado, gerente de Calimineros, uno de los pocos que subió al salón.
Los delegados del Ministerio y Procuraduría volvieron a pedir a la Alcaldesa que convenciera a la gente, bajaron con ella y sumaron a funcionarios de la Defensoría y del programa de formalización minera en sus peticiones.
“Arriba están las maneras de registrar lo que los líderes van a decir”, dijo Ramírez. “Todo lo que están diciéndonos acá, sus peticiones, sus reclamos, podemos hablarlo arriba”, dijo el procurador.
Nadie sube. Durante dos horas una decena de líderes se rota el micrófono y, como en la conversación del bus de madrugada, recuentan lo ocurrido desde 2010, en lo que para ellos ha sido más un conflicto social que una delimitación.
“Queremos ser legales pero este Gobierno no da garantías para la formalización de los pequeños mineros. Vienen y dilatan con mesas, agendas infructuosas que no sirven más que para dejar pasar el tiempo”, dice Jhoan Gamboa, uno de los líderes de mineros artesanales y sobrino de la Alcaldesa.
Como en reuniones previas, los delegados del Gobierno les explican que la delimitación no depende de la formalización y que solo si hay límites claros podrían darles soluciones.
El problema es que esa mimsa promesa se las hicieron en 2014: que tras la delimitación vendrían programas de reconversión minera, de tecnificación para que la agricultura fuera ambientalmente sostenible, de guardabosques.
Pero en 2015, el Gobierno solo había entregado ayudas a 1.500 de las 4.000 familias de Santurbán, con muy pocos recursos y a corto plazo. Y en todo caso, desde que en 2017 la Corte Constitucional tumbó la delimitación, las entidades públicas se han abstenido de invertir muchos recursos porque no hay certeza de quiénes necesitan los apoyos y quiénes no, porque no hay un límite claro.
Ya es mediodía y una de las líderes saca dos hojas de una carpeta verde y lee diez peticiones.
La primera es que el Estado ceda a los mineros de California parte del área de uno de los títulos mineros que la multinacional Eco Oro le devolvió al Estado. La quinta, que dejen de hacer “judicialización y persecución de los mineros ancestrales”. La décima, que les cuenten qué beneficios o programas acogerán a los dueños de predios afectados por la delimitación.
Acuerdan que los delegados del Gobierno recibirán esas peticiones, firmadas por todos los presentes pero dejando la claridad de que no es constancia de haber asistido a la reunión, sino que el pueblo se puso de acuerdo en un solo reclamo.
Comienzan a pasarse hojas blancas y lapiceros. Nombre, cédula y firma, anotan cada uno de su puño.
“Vamos a redactar un documento en el que dejemos claro lo que sucedió hoy”, dice Ramírez. Los delegados del Gobierno, los entes de control y la Alcaldesa, suben.
Por el micrófono, una de las líderes les pide a todos que firmen y que vuelvan a reunirse frente a la Alcaldía: “El que vaya firmando, vaya subiendo a reclamar su almuerzo”, dice.
Los delegados del Gobierno salen para Tona, a unas dos horas, a ver si allí sí se puede concertar. Los mineros, luego de comer carne llanera y compartir cervezas, vuelven a sus casas.
La delimitación de Santurbán, el páramo con el que el Estado empezó a hablar de protección de esos ecosistemas, sigue sin existir siquiera en el papel.
