Revisamos la gestión de los 12 congresistas santandereano en este cuatrienio.
Mañana será el último día del periodo de los siete representantes y los cinco senadores que en 2014 se convirtieron en los voceros de Santander en el Congreso de la República.
La Silla revisó su actividad legislativa en el cuatrienio, los debates de control político que lideraron y si sirvieron de enlaces con Presidencia para atender las principales necesidades de la región.
Para hacerlo, revisamos el reporte del observatorio de la Universidad de los Andes, Congreso Visible, y lo completamos con reportería con fuentes que le siguieron los pasos a la bancada.
Esto fue lo que encontramos.
Lo que hicieron en conjunto
En estos cuatro años la gestión conjunta de la bancada pasó casi en blanco y cierra en el balance con solo una megaobra para el departamento y tres proyectos que se convirtieron en ley.
La obra es la construcción de la variante de San Gil, que se puso en el radar tras el accidente de tránsito en el que murieron cinco personas y 17 resultaron heridas en enero de este año.
El proyecto, que busca desviar del casco urbano de ese municipio el tráfico pesado que transita de la vía Bucaramanga-Bogotá, se concretó un mes después del accidente, tras la visita de la bancada santandereana en pleno al Presidente Juan Manuel Santos.
La obra ya fue adjudicada por Invías, costará $173 mil millones y durará cuatro años y medio.
En cuanto a los proyectos de ley, estuvo el de la celebración de los 70 años de la Universidad Industrial de Santander, UIS, que trae consigo un giro de la Nación de $50 mil millones anuales durante cinco años a esa entidad.
Lo radicaron los congresistas Marcos Díaz, Lina Barrera, Fredy Anaya, Miguel Ángel Pinto, Mauricio Aguilar, Bernabé Celis y Horacio Serpa, junto con cuatro congresistas más de otras regiones y se aprobó en julio de este año.
El segundo proyecto tuvo que ver con la renovación de la estampilla pro UIS, un impuesto que nació como ley en 1993 para recaudar recursos departamentales a favor de las universidades públicas de la región y que estaba a punto de expirar.
Esa renovación representa el ingreso de $600 mil millones, repartidos entre 15 y 20 años. La Universidad Industrial de Santander recibe el 75 por ciento, las Unidades Tecnológicas de Santander el 15 por ciento, y la Universidad de La Paz en Barrancabermeja el 10 por ciento.
El tercero fue el de la renovación de la estampilla pro electrificación rural, que autoriza a las Asambleas a seguir recaudando recursos destinados específicamente a ampliar la cobertura de luz eléctrica en cada región.
Los representantes Lina Barrera, Ciro Fernández, Edgar Gómez, Miguel Ángel Pinto, María Eugenia Triana y Fredy Anaya radicaron esa iniciativa en agosto de 2016 y fue acumulada a un proyecto que 16 congresistas de todo el país presentaron ocho días antes.
Por último, la bancada por solicitud del gobernador Didier Tavera, metió una proposición en el proyecto del presupuesto nacional para 2017, que permitió que $22 mil millones le llegaran a Santander en compensación por la venta de Isagen.
Lo que hizo cada uno
Solo cuatro de los 12 congresistas santandereanos lograron que alguno de los proyectos de ley que presentaron individualmente prosperaran.
Entre los más sonados está el del liberal Miguel Ángel Pinto, que sacó adelante la ley de Notaría Cero, que permite que los habitantes de asentamiento urbanos que sean legalizados, consigan la escritura pública de sus viviendas gratis.
La representante conservadora Lina Barrera logró el Estado le entregara a la Gobernación un predio para desarrollar el proyecto turístico de La Casona en San Gil.
María Eugenia Triana, representante por el viejo PIN, impulsó la ley de la celebración de los 235 años del municipio de Pinchote (municipio del que fue alcaldesa antes de llegar a la Cámara). Con él logró que la Nación destinara plata para cofinanciar la construcción de un hospital, un colegio, un parque ecológico y la casa de la cultura.
Por último está el senador, Mauricio Aguilar, también del viejo PIN. Él trabajó durante todo el cuatrienio junto a Triana, y con ella impulsó la ley que redujo el tiempo obligatorio de servicio militar de 24 a 18 meses, que acabó con las ‘batidas’ y creó una serie de beneficios para quienes lo presten.
Además, Aguilar también estuvo detrás de la ley que reguló las fotomultas en todo el país. Si bien ese proyecto lo presentó junto con tres congresistas más, fue su ponente y el vocero más visible de esa iniciativa.
En cuanto al control político, solo cinco sacaron adelante debates individualmente.
El liberal Horacio Serpa realizó tres debates en los que le pidió un corte de cuentas al Gobierno sobre el sector salud, y analizó las crisis de la EPS Caprecom, así como de la industria petrolera.
El senador saliente d Cambio Radical Bernabé Celis lideró uno sobre la violación de derechos fundamentales por préstamos con el banco Davivienda; y la conservadora Lina Barrera pidió explicaciones sobre las medidas que ha tomado el Gobierno para corregir el servicio de las EPS en el país.
Por último, el representante del viejo PIN Fredy Anaya realizó un debate sobre el manejo de residuos sólidos y otro sobre la calidad del servicio de agua potable.
Además, aunque los presentó junto con otros congresistas, Anaya logró que los debates para evaluar la política pública de transporte masivo del país y los enredos de la vía Curos-Málaga (que logró reactivar el proyecto del puente Hisgaura) se hicieran en una sesión descentralizada de la Comisión Sexta, en Bucaramanga.
Lo que no se concretó
Dos de las cosas más visibles para el departamento que gestionó la bancada pero que quedaron en veremos ocurrieron en Barrancabermeja.
En octubre pasado el congresista Ciro Fernández le solicitó al Ministerio de Ambiente que incluyera la ciénaga de San Silvestre, que es la que surte de agua al acueducto de Barrancabermeja, en categoría Ramsar (un estándar internacional de conservación que ayuda a que reciban más recursos para su protección).
En ese momento el Ministerio aseguró que estudiaría la propuesta y, según el representante de Cambio Radical, aún hoy están realizando la evaluación técnica.
La segunda fue el proyecto de convertir a Barrancabermeja en distrito petroquímico, portuario y turístico.
Desde 2016 los senadores Juan Manuel Galán , Jorge Robledo y por Santander, Doris Vega, intentaron tramitarlo pero no lo lograron.
Este año, en abril, volvieron a radicar el proyecto junto a tres congresistas más, entre ellos Horacio Serpa, y solo avanzó hasta la ponencia para el primer debate.
El otro tema que quedó pendiente para el departamento fue el del páramo de Santurbán.
En julio de 2014, luego de que se conociera la delimitación de ese ecosistema, la bancada santandereana citó a un debate de control político al Gobierno para conocer los alcances de esa delimitación en la región. Sin embargo nunca se realizó.
Y en noviembre pasado, luego de que se conociera el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la delimitación de 2014, la conservadora Lina Barrera, junto con el representante Rodrigo Lara, citó nuevamente a un debate sobre Santurbán pero no tuvo trámite en esta legislatura.
Lo que ignoraron
Durante la legislatura hubo dos grandes temas que pasaron de agache entre la bancada santandereana, que eran claves para el desarrollo económico del departamento.
Uno fue el proyecto de la modernización de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, que, como contó La Silla, fue una promesa rota del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Más allá de la marcha que lideró el hoy detenido alcalde de ese municipio, Darío Echeverri, y que acompañaron los liberales Edgar Gómez Román, Jaime Durán, Horacio Serpa y del viejo PIN Mauricio Aguilar, no tuvo doliente en el Congreso.
Ese proyecto era clave porque se trataba de garantizar que la refinería más grande del país no perdiera capacidad y aumentara su potencial de producción. Algo que era de gran importancia para Santander porque esa esa planta la que mantiene al departamento como la quinta economía más fuerte del país.
El otro fue el rescate de Ferticol, la única empresa pública de fertilizantes en el país.
Si bien la debacle de esa empresa inició hace 15 años, hoy pasa por su momento más crítico.
Esa empresa que podría ser una de las pocas productoras nacionales de fertilizantes en el país y por lo tanto ser muy competitiva en ese mercado, lleva seis meses sin funcionar, según nos dijo uno del sindicato.
Aunque a inicios de 2017 la liquidación de la empresa parecía inevitable, el gobernador Didier Tavera lanzó un salvavidas, anunciando que conseguiría inversionistas privados, pero eso al final no pasó.
La otra opción que tiene esa empresa es recibir una inyección de recursos públicos, pero la gestión para hacerlo no existió.
