Uno de los coletazos del proyecto anticorrupción del alcalde alternativo Jairo Yáñez  fue marcar abierta distancia con buena parte del liderazgo comunal de Cúcuta. El nuevo alcalde le ha apostado a eliminar intermediarios de un sistema político y social, donde se formaron casas tradicionales de políticos y también liderazgos que cultivan el tejido social de comunidades con enormes necesidades. En el medio, relaciones clientelistas y corrupción.

Esos presidentes de junta, líderes de asociaciones de mujeres, de ancianos o ediles que sostienen las maquinarias políticas que Yáñez derrotó en las urnas. Maquinarias como la del exalcalde Ramiro Suárez, condenado por ser el autor intelectual del homicidio de Alfredo Flórez Ramírez, un asesor jurídico de la Alcaldía que lo acusó de falsificar una firma para otorgar contratos. 

Esos líderes sostienen la maquinaria porque en época electoral consiguen los votos. Lo hacen gracias a que, fuera de campaña, tienen ganada la confianza de sus comunidades. La ganan con transacciones clientelistas con los políticos, con los que gestionan desde la pavimentada de la calle hasta el sistema de sonido para la fiesta del barrio. Y esa gestión la hacían con el alcalde de turno.

En la actual administración esa relación se rompió. Así, entre las razones por las que hoy se está promoviendo una revocatoria de mandato contra Yáñez, además de intereses políticos del grupo del exalcalde Suárez, brilla la desconexión entre el actual alcalde y los líderes barriales. 

Recolección exprés

La recolección de firmas para la revocatoria del alcalde de Cúcuta fue exprés. En apenas nueve días el comité promotor recogió 168 mil firmas que van a presentar el próximo lunes. Necesitan que la Registraduría les valide poco más de 33 mil para convocar a los cucuteños a votar si revocan o no a Yáñez.  

Al menos en la recolección de firmas ningún político figuró de frente. Sin embargo, un periodista y un líder comunal, así como dos miembros del grupo político del exalcalde Suárez, nos dijeron que él está detrás del proceso. 

“No es que él se haya craneado el plan ni que esté poniendo plata, pero sí está diciéndole a su gente que apoyen el tema. A él le sirve que fracase ese proyecto alternativo para volver al poder. Esa inestabilidad le funciona”, nos dijo un político que trabaja con él. 

“Me dijo a mi que ya tenían todo listo para la revocatoria, que le ayudara poniéndolo a sonar, que era necesario”, nos dijo el periodista, que habló por videollamada con el exalcalde, como suele comunicarse para mantener el poder estando preso. 

El vocero más visible del comité promotor, Jaime Vásquez, fue durante muchos años escudero de Ramiro Suárez. En la administración de Cesar Rojas, en la que Suárez gobernó desde La Picota, Vásquez fue algo así como su secretario privado. Aunque no tenía contrato con la Alcaldía, se encargaba de articular lo que decidía el condenado desde la cárcel y lo que hacían los secretarios. 

Vásquez se distanció del ramirismo en las elecciones de 2019 y hoy niega que Suárez esté detrás de la revocatoria. Dice que toda la logística ha corrido por cuenta suya y de los demás miembros del comité.

Esa logística incluía, según dos líderes comunales y un periodista, el pago de entre 30 mil y 40 mil pesos diarios a cada persona por recoger cierto número de firmas, aunque no supieron precisar cuántas. 

Según Vásquez, eso no es cierto y las 600 personas que recogieron firmas fueron voluntarias y el único pago fueron refrigerios y en algunos casos “los apoyaba con el transporte”. 

Pero entre los voluntarios espontáneos que dice Vásquez y la gente contratada que nos dijeron las demás fuentes, hay otro tipo de personas. Los líderes que están contra el alcalde y recogieron firmas porque el estilo de gobierno de Yáñez golpeó profundamente su liderazgo. 

Un liderazgo que si bien es comunitario, depende de las transacciones que se hacen con políticos tradicionales, y que alimenta tanto a líderes como a políticos. Y en ese sentido, la cruzada contra el alcalde Yañez, que ha roto con esos vínculos tradicionales, es un gana gana tanto para los líderes como para el exalcalde Suárez. 

El líder anulado

Frecuentemente llegan personas a la casa de Adrián Murillo pidiéndole que les ayude a “arreglar” el Sisben. Esa es una de las tareas más repetitivas de los presidentes de junta de acción comunal, ediles y en general los líderes en las zonas marginadas de Cúcuta y de todo el país. 

Consiste básicamente en hacer lobby para agilizar un trámite: que un funcionario del Sistema de potenciales beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) vaya hasta su barrio a encuestar la gente, les asigne o actualice un puntaje y así puedan acceder a programas sociales del Gobierno, como Familias en Acción o el reciente Ingreso Solidario. 

“Yo les decía ‘deme la cédula, deme el recibo y yo le ayudo para que le hagan la encuesta rápido’ y yo iba hasta la oficina del director, de la directora: ‘mire ayúdemele a esta persona que necesita’ y listo. A los días llegaba la encuestadora a la casa”, cuenta Murillo, edil de la comuna 7 en la ciudadela Atalaya, el sector más popular y marginado de Cúcuta. 

Murillo lleva cinco periodos siendo edil del partido conservador. Se eligió en 2003, justo cuando el condenado Ramiro Suárez llegó al poder en Cúcuta. Según él, nunca había tenido problema con la gestión del Sisben hasta la actual administración. 

“Ahora la única respuesta que dan allá es ‘hágalo por internet, por internet’. Entonces a los que llegan a buscarme me toca decirles ‘mi amor, con el Sisben no me comprometo porque esa oficina está clausurada para los líderes’…ya no nos ayudan para poder ayudar a la comunidad”, dice Murillo. 

Más allá del Sisben, a juicio de Murillo todas las puertas de la administración están cerradas. Ha participado en un par de reuniones de la Alcaldía con líderes comunales –para construir el plan de desarrollo y para definir los presupuestos participativos– pero eso no alcanza. 

Murillo salió a recoger firmas por su barrio junto a dos amigos. Uno tenía carro y lo transportaba. Durante una semana y por las tardes tocó casa a casa y recogió 90 firmas. De los siete ediles de su comuna, solo él y otros dos recogieron firmas. 

En su discurso pro revocatoria, le achaca a la inexperiencia del alcalde y problemas estructurales como la inseguridad desbordada. Pero, sobre todo, dice que su comunidad está abandonada por la falta de atención casi que personalizada. “Esta es una administración de oídos sordos”. 

En una de las calles principales de su barrio hay “un cráter”, un hueco en el pavimento que según él lleva tres meses pidiéndole a la Secretaría de Infraestructura que tapen. 

“Hace como veinte días me respondió por oficio que ese hueco quedaba en estudio para arreglar el año entrante. Eso no se hace así…al menos manden a alguien a que mire, que revise, que escuche”, dice Murillo. “Antes, cualquier persona, sin ser edil, solo con ser líder de cuadra, lograba ese reparcheo”. 

En efecto, en la administración pasada existía un programa llamado Comunidad Gobierno, que Ramiro Suárez creó en su mandato. Un contratista ponía materiales y maquinaria y la comunidad que pedía el reparcheo de su cuadra se organizaba para poner mano de obra. 

Bajo esa modalidad, entre denuncias por sobrecostos en la compra de materiales, la administración pasada gastó miles de millones pavimentando calles. Una pavimentación sin planeación real pero que solucionaba brevemente la petición de los líderes y a su vez, les daba algo para mostrar en su comunidad. 

“Es importante que vean que el secretario vino y trajo la máquina porque le da credibilidad al edil y eso genera confianza y cuando usted genera confianza tiene a la comunidad en la mano”, dice Murillo. 

Murillo hace parte de la unidad de apoyo de un diputado hace seis años. Con eso se mantiene y también se relaciona. Así, si alguien de su barrio que “esté llevado”, va a su casa a pedirle ayuda, él tiene mercados que le han donado y que reparte entre los que llegan a pedirle a su casa. 

Según él, desde la administración de Yáñez y con la pandemia, esa procesión por su casa se agudizó, porque hay más gente sin trabajo. En una ciudad como Cúcuta, la de mayor informalidad del país y con mayor concentración de población migrante, el municipio es una de las pocas fuentes de empleo. 

Y más que empleo formal, políticos como Ramiro Suárez convirtieron la Alcaldía en una “ayuda extra” para que la gente se sostenga. 

La Alcaldía empleadora

Yaneth Durán lidera un grupo de lideresas de 25 asociaciones de mujeres en la zona rural de Cúcuta. En una semana Durán y las otras 25 líderes, recogieron 700 firmas para la revocatoria. Según ella, bastó con difundir en su grupo de whatsapp de mujeres para que cada una fuera hasta su casa y recogiera planillas para llenar entre sus familiares y amigos. 

En total en la ciudad hay al menos 900 asociaciones de mujeres. Según cifras de la Secretaría de Equidad de Género, de esas hay unas 200 activas. 

Ese alto grado de asociatividad de las mujeres es un legado de Ramiro Suárez. Fue en su administración que Yaneth y muchas otras mujeres conformaron asociaciones y comenzaron a gestionar proyectos productivos, ofertas de empleo y beneficios de programas sociales a través de la Alcaldía. 

Un legado que claramente le sirvió para hacer política. Como contamos en La Silla, la administración de César Rojas, el ahijado de Ramiro, ejecutó un controvertido contrato con una fundación por 16 mil millones de pesos para generar 3.800 empleos de mantenimiento al espacio público. 

Empleos de tres meses por un sueldo mínimo que tenían como propósito beneficiar a las mujeres integrantes de las asociaciones que Suárez había fomentado en su administración. 

Con eso, el grupo político de Suárez ha alimentado gratitud y simpatía. Así, en 2016 el ramirismo organizó dos eventos multitudinarios a favor del plebiscito, y en el que la mayoría de asistentes eran mujeres, contratistas de la Alcaldía.

Además de ese tipo de empleos, que dentro del estilo de gobierno de Yáñez no tienen espacio, Durán reclama que en esta administración las asociaciones que ella representa no han salido beneficiadas de ningún proyecto productivo o programa social, como en la anterior sí. 

La razón, según ella, se une al sentir de Murillo: la Alcaldía no los escucha. 

“Crearon un grupo de whatsapp en el que nos mandan y nos mandan información de la Alcaldía pero solo los administradores pueden escribir en ese grupo. Como quien dice, ustedes no tienen que hablar, solo nosotros”, dijo Durán. 

Buena parte de la distancia que Yáñez ha marcado con los líderes radica en que decidió eliminar su rol de puente con la comunidad. Así, sus secretarios en muchos casos coordinan directamente con los potenciales beneficiarios de sus ofertas o programas sociales. 

Así sucedió en pandemia, cuando para repartir las ayudas humanitarias (mercados) a población vulnerable durante el confinamiento, no buscó a los líderes sino que llegó directamente a los barrios. 

Pero tal y como nos dijeron dos fuentes cercanas a la administración de Yáñez, una 
que es funcionaria y otra que lo fue, alimentar esa desconexión con los líderes también es muestra de su falta de experiencia política y de cercanía con las comunidades. 

La consecuencia: que ellos estén empujando la revocatoria que detrás tiene a una de las casas políticas con un largo legado de corrupción.