La renuncia ayer de Luis Fernando Andrade, el primer funcionario de primera línea del gobierno que cae por cuenta de Odebrecht, debilita aún más al Presidente.
La renuncia ayer de Luis Fernando Andrade, el primer funcionario de primera línea del gobierno que cae por cuenta de Odebrecht, debilita aún más al presidente Juan Manuel Santos, cuyo último año de gobierno pinta más difícil de lo ya de por sí complicado que es acabar un período presidencial.
Al director de la ANI nadie le estaba pidiendo la renuncia pero su permanencia en el cargo se hizo insostenible después de que a finales de julio la Fiscalía anunciara que le imputaría el delito de interés indebido en contratos en una audiencia programada para el 21 de septiembre.
Como una razón para privar de la libertad a alguien mientras lo juzgan es que pueda alterar las pruebas en su contra, separarse definitivamente del cargo puede hacer la diferencia entre que le impongan una medida de aseguramiento a Andrade o lo dejen libre durante su juicio, sin contar lo difícil que es firmar los megacontratos que están a cargo de la ANI estando investigado.
Pero no por lo inevitable que era su renuncia, es menor el costo político y práctico que ella tiene para el gobierno del Presidente.
Andrade llegó al Gobierno en 2011 con el entonces y actual ministro de Trasporte Germán Cardona como uno de los ‘ases’ de Santos, pues venía de ser el director de la consultora McKinsey en Colombia durante más de una década y era experto en el sector.
Desde el Inco lideró la transformación de la entidad en la Agencia Nacional de Infraestructura, que está a cargo de estructurar y supervisar todas las licitaciones para grandes proyectos de infraestructura en el país.
De la mano de Andrade, se fortaleció técnicamente a la ANI -cabeza de un sector que en el pasado había tenido directores muy cuestionados- y se lanzó la modalidad de contratación mediante Alianzas Público – Privadas para lograr las carreteras 4G que prometen modernizar el país cuando se completen.
Bajo su batuta, el sector de infraestructura pasó de representar el uno por ciento del PIB a situarse en el dos por ciento y duplicó su presupuesto.
En muchos sentidos, Andrade representaba la imagen que quería proyectar Santos de su Gobierno: la tecnocracia modernizadora y eficiente, lejos de las prácticas del pasado comenzando por la corrupción en el área de transporte del gobierno Uribe.
Por eso, que ahora tenga que renunciar por estar salpicado en el escándalo de Odebrecht, es un golpe duro para el Gobierno no solo por el conocimiento que tiene Andrade de un sector crucial para el país y que aún no está consolidado, sino también por el símbolo que representaba.
Su caída es más dura aún porque se suma a la imputación de cargos a Carlos Correa, el hasta hace poco alto Consejero para las Regiones de Santos y ahora director de Findeter en el limbo, pues la junta de la entidad se ha opuesto a dejarlo posesionar por estar sub júdice por una supuesta corrupción en Córdoba cuando fue alcalde.
También porque el gobierno Santos había tratado inicialmente de pintar el escándalo de Odebrecht como una prueba más de la corrupción en el gobierno Uribe, cuyo viceministro de transporte Gabriel García ya aceptó haber recibido una coima de 6,5 millones de dólares para concesionarle el segundo tramo de la Ruta del Sol a la corrupta multinacional brasilera, y cuyo ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga fue financiado en las elecciones de 2014 (como Santos). Luego, lo retrató como un asunto de unas manzanas podridas de tercer nivel en la ANI. A encontrarse ahora cada vez más envuelto en el mismo lodo.
El despliegue mediático a favor de Andrade y el blindaje político del Presidente que lo sostuvo durante meses no fue suficiente para proteger al director de la ANI de una imputación y su caída termina siendo otro síntoma de la debilidad del Gobierno y a la vez un detonante más.
El Congreso paralizado
La debilidad del Gobierno es visible en varios frentes. Pero quizás en el que lo es más precisamente porque era donde Santos había mostrado más fortaleza es en el Congreso.
Como contó La Silla Vacía ayer, la agenda legislativa del Fast Track para desarrollar el Acuerdo de Paz avanza a paso de tortuga por una mezcla de poca cancha de parte del equipo del nuevo ministro del Interior, el ex representante Guillermo Rivera; de tácticas de chantaje de parte de La U y el Partido Conservador, que quieren el Ministerio de Agricultura; y del efecto contraproducente que tuvo un cambio de gabinete que era innecesario y que además quedó mal hecho, como contó La Silla Vacía, porque alborotó a los partidos que se sintieron inequitativamente tratados y porque cuatro de los recién nombrados ni siquiera se pudieron posesionar.
El Congreso del cuarto año de gobierno suele ser conocido como el ‘Congreso de nadie’ porque los legisladores ya tienen la cabeza puesta en su campaña de reelección y lo que menos les interesa es seguir sacando leyes. Normalmente, eso no es grave pues en su último año los presidentes lo que quieren es cosechar lo que sembraron y no arrancar nuevas iniciativas.
Pero la situación para este Gobierno es radicalmente diferente pues tras la firma del Acuerdo de Paz el año pasado, está obligado a sacar importantes y polémicas reformas para implementarlo. Lo que hace más patética su debilidad cuando la coalición oficial se demora tres meses en aprobar un proyecto muy poco controversial como es el de la innovación en el agro.
El tema electoral comienza a dominar todo el panorama, y en ese campo, la falta de maniobra de Santos también es notoria.
Los sucesores
Precisamente porque ya no hay reelección, porque el triunfo del No en el plebiscito ratificó la fortaleza de Álvaro Uribe, que parecía en descenso, y también que Germán Vargas Lleras ya no era el candidato a derrotar, y por la baja popularidad del Presidente –entre otras razones- ésta es la primera vez en mucho tiempo en que nadie se atreve a predecir quién va a ganar en el 2018.
Es una verdadera incógnita pero ya es claro que el Presidente tiene poco control sobre su sucesión.
Su partido, el de La U, no solo no tiene un candidato propio sino que está ad portas de su desintegración, hasta el punto de que hay dos proposiones de senadores del Partido para colgarle a la reforma política que le permitirían a los congresistas postularse por otra colectividad para las elecciones del próximo año sin incurrir en doble militancia o presentar listas de coalición con otros partidos al Congreso.
Santos ha hecho saber que cualquiera de los candidatos que apoyan la paz contarían con su aval. Pero los que están en la carrera se han encargado de comenzar a marcar sus distancias.
El presidente del partido del ex vicepresidente Germán Vargas dijo públicamente que apoyaba la paz “aún con observaciones” pero uno de sus principales alfiles Rodrigo Lara, hoy presidente de la Cámara de Representantes, no ha ahorrado oportunidad de sentar sus críticas frente a varios de los proyectos de ley que desarrollan el Acuerdo, e inclusive en los últimos tres debates de la reforma, ha abierto la plenaria de la Cámara, impidiendo que la Comisión Primera avance con la votación de la reforma política.
El ex ministro de Defensa y ex Embajador Juan Carlos Pinzón, a pocos días de dejar el Gobierno, retomó sus críticas al Acuerdo de Paz que se suponía que durante el proceso eran pactadas con el Presidente en un juego de ‘policía bueno, policía malo’ para mantener la cohesión de los militares y la presión a los guerrilleros, pero que ahora parecen que eran sinceras. Solo que Santos no lo sabía como lo indica su indignación frente a los comentarios de su otrora ahijado político.
Incluso el ex jefe negociador del Gobierno en la Habana, el precandidato liberal Humberto de la Calle, esta semana criticó la reforma política presentada por el Gobierno para desarrollar el punto dos del acuerdo de participación política que él mismo pactó, con lo cual le restó la escasa legitimidad que le quedaba al proyecto.
Como si ya lo anterior no fuera suficiente, están las críticas cada vez más fuertes de otros aliados importantes para Santos: de los líderes gremiales por el impacto que ha tenido el aumento del IVA sobre el consumo; del gobierno de Estados Unidos por el aumento de la coca; del Fiscal General por la forma como las Farc presentaron su ‘declaración de bienes’, entre otros.
El Presidente aún cuenta con el sólido respaldo de los grandes medios, excepto Rcn Tv. Quizás porque todavía puede mirarse en ese espejo, el Presidente todavía crea que no se está quedando tan solo.
