Las peleas en el Consejo Superior de la Judicatura no paran. En la más reciente sesión de la sala plena hubo nuevo enfrentamiento entre el magistrado Néstor Raúl Correa, de la Sala Administrativa y quien está en clara minoría, con varios de sus colegas de la Sala Disciplinaria, que están en mayoría.
En la Sala, Correa dijo que está en desacuerdo con el proyecto de ley que le da a la Sala Disciplinaria el control preferente en materia disciplinaria (es decir, que le permite asumir cualquier proceso contra un juez o un abogado, aunque inicialmente sea función de un Consejo Seccional de la Judicatura, lo que incrementa fuertemente el poder de esa Sala). Correa dijo que los jueces ven esa posibilidad como una amenaza por falta de garantías.
También dijo que no está de acuerdo con que en los cargos de descongestión se nombre por fuera del registro de elegibles de la carrera judicial, pues eso se puede prestar para hacer clientelismo.
Y sus críticas se volvieron personales cuando protestó por el trato discriminatorio que siente que le dan y que se manifiesta en que es el único magistrado del Consejo Superior al que le niegan los viajes al exterior.
Por último, citó una reciente información de Semana (aparentemente esta nota) sobre los presuntos nexos burocráticos entre la Sala Disciplinaria y la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
Como era previsible, varios miembros de la Sala Disciplinaria, como Henry Villarraga, Julia Emma Garzón y Angelino Lizcano, reaccionaron con vehemencia. Dijeron que no aceitaban a nadie con cargos, entre otras porque ni siquiera tienen cómo, dado que Correa los obligó a nombrar del registro de elegibles en los cargos de magistrado de descongestión.
Pero Correa precisó que no se refería a esos cargos sino a los nombramientos hechos en los últimos meses en la secretaría de la sala disciplinaria, en donde al parecer hay cuotas políticas en cargos que no son de carrera. La sala disciplinaria guardó silencio. Y en medio de un aire enrarecido terminó la sesión.
Detrás de esa pelea hay varias investigaciones cruzadas. La Comisión de Acusaciones investiga a Correa por presuntamente haber destinado recursos a actividades diferentes a los que estaban destinados, y esa investigación está a punto de llevarlo a indagatoria. Quien la adelanta es el representante conservador por el Guaviare Constantino Rodríguez.
A su vez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investiga precisamente a Rodríguez por los presuntos delitos relacionados con la absolución de los magistrados Villarraga, Garzón y Lizcano por el “carrusel de las pensiones”. La investigación viene de una denuncia que interpuso el Fiscal General, Eduardo Montealegre, quien también denunció a los tres magistrados por ese “carrusel” .
