Bacrim no es la abreviatura de Bandas Criminales, sino de ‘Barones’ del Crimen. Actuando como la ‘ley’ en algunas regiones de Colombia, estos hombres al servicio del narcotráfico cambiaron la estrategia nacional de la guerra y ahora están en lo micro, en los pueblos chiquitos, sintiéndose reyes, controlándolo todo.
Bacrim no es la abreviatura de Bandas Criminales, sino de ‘Barones’ del Crimen. Actuando como la ‘ley’ en algunas regiones de Colombia, estos hombres al servicio del narcotráfico cambiaron la estrategia nacional de la guerra y ahora están en lo micro, en los pueblos chiquitos, sintiéndose reyes, controlándolo todo.
Porque si bien las bandas constituyen una extensa red al servicio del narcotráfico, como lo dijo hoy el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al anunciar la captura de 40 miembros de la banda ‘Los Urabeños’, estos grupos criminales ya comienzan a comportarse como los paramilitares que les dieron origen.
En pocos sitios se siente tanto su dominio como en algunos municipios de Córdoba, donde está el primer pueblo desplazado por las bandas emergentes de todo el país. Los grupos que operan con mayor fuerza en este departamento son ‘los Urabeños’ y ‘los Paisas’. Los primeros se aliaron con ‘las Águilas Negras’ (del Urabá), y los segundos, como estaban perdiendo la guerra, recibieron el apoyo de ‘los Rastrojos’ (del Valle del Cauca). Muchos de sus integrantes son ex miembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia y, de hecho, en las filas de las bandas hay desmovilizados.
Estos grupos se pelean el control de las rutas de distribución de la droga, desde el Alto San Jorge y el Alto Sinú, hasta la costa cordobesa, vía Urabá; y los sitios de producción, al sur del departamento, en donde han entrado en concubinato con la guerrilla de las Farc.
En 2009 se presentaron 532 homicidios en Córdoba, la mayoría de los cuales son producto de esta disputa, según la estadística del Observatorio del Crimen de ese departamento. Hasta septiembre de este año, los muertos suman 446.
Sólo en Lorica (donde está ubicado el corregimiento de La Doctrina), Moñitos (donde queda La Rada) y Montelíbano (donde queda Villa Carminia) se han registrado 198 crímenes en los últimos dos años. A estos municipios viajamos para ver de cerca cómo operan las bandas.
En Villa Carminia, vereda de Montelíbano, los 350 habitantes fueron desplazados el pasado 5 de julio tras los enfrentamientos que libraban ‘los Paisas’ con ‘los Urabeños’. La población convivió 14 meses con el sonido de las ráfagas, hasta que no aguantaron más y salieron despavoridos porque presentían que los iban a matar.
Seguramente había alguien, porque cuando encalló la lancha, escuchamos un ruido de zancadas, y en el barro fresco quedaron grabadas las huellas de unas botas de caucho. Su dueño abandonó una silla roja ubicada en una posición estratégica desde donde se observa a todo el que llegue a la vereda. Pero los únicos que vimos durante varias horas fueron tres gatos y un perro que se pegaron a nuestras huellas olfateándonos los pantalones, hambrientos.
Las casas de bahareque, palma y boñiga están vacías hace tres meses. Las trancas que intentaban cuidar las pocas pertenencias que no pudieron llevar consigo los campesinos e indígenas que integran el núcleo de la población fueron reventadas por los delincuentes para robarse lo que había dentro.
En la casa de la cacica indígena, a orillas del puerto, quedaron regados en el piso de barro los zapaticos de sus hijos, una cartera pisoteada y las botas para el invierno. En la choza está también el afiche de Édinson Rangel Aguas, el alcalde de Montelíbano que capturaron hace ocho días. Pese a las denuncias en su contra por haber manejado irregularmente 6.800 millones de pesos en la compra de kits escolares, le concedieron casa por cárcel.
El único billar se quedó sin mesa, bolas y tacos. En el parque infantil la maleza se traga un triciclo abandonado y en la casa de la anciana María Josefa Toribio Gaviria el achiote se seca en el olvido. El silencio hiere.
Hacia el mediodía, sorpresivamente salió a nuestro encuentro un hombre rollizo. Cargaba en sacos los ‘chopos’ que arrancó de la platanera sembrada en el patio de su vivienda. Venciendo su temor, había regresado a lomo de mula, en compañía de su nieto, a recoger lo que necesita para su destierro.
“Yo he vivido aquí 37 años de mi vida, aquí parió mi mujer y aquí hemos sido felices,” nos dijo Juan Montiel. “Me pesa ver el pueblito así porque era un pueblo muy tranquilo y alegre”. No quiso referirse a lo que había sucedido ni mucho menos a quienes los hicieron ir.
Desde la Navidad, las bandas de ‘los Urabeños y ‘los Paisas’ se enfrentaban a bala casi a diario no muy lejos de la vereda, y peleaban una de las rutas de salida de la coca.
Antes de Nochebuena salieron las primeras familias. En mayo de 2010 cuatro más corrieron hasta el casco urbano de Montelíbano. Pero el campanazo de alerta que convenció al resto de habitantes de que no había nada más que esperar, fue la masacre de cuatro personas el martes 29 de junio, en el corregimiento de Los Córdobas. El rumor de que algo peor estaba por suceder hizo salir a 18 familias. Una semana después el pueblo se quedó completamente solo.
El panorama para los desplazados no puede ser más lamentable. De sus casas humildes, pero cómodas, pasaron a mal vivir hacinados en la planta de sacrificio de ganado que aún está sin terminar en Montelíbano. Su mayor preocupación es que la asistencia humanitaria dura tres meses y ya está a punto de concluir. Ahora tienen que arreglárselas como puedan.
En el municipio de Moñitos, a dos horas y media de Montería, capital de Córdoba, las bandas también han comenzado a desplazar a las familias.
La información jamás apareció registrada en los boletines de prensa de la Policía, pero la cuentan con miedo algunos habitantes, quienes aseguran que en los corregimientos costaneros de Moñitos ha pasado de todo en los últimos dos años. La lista suma 60 muertos, según los pobladores, y sugiere algo peor: la vocación pesquera de estas poblaciones ha ido cambiando vertiginosamente con la llegada de la banda ‘los Paisas’.
Desde que llegaron amenazaron a varios dueños de viviendas para que se las alquilaran y hoy viven en el barrio Waikiki. A los hombres mayores, les dejaron dos opciones: trabajar para ellos como informantes, cuidanderos o mototaxistas, lo cual tiene buena paga; o, simplemente, cerrar la boca, hacerse los ciegos y abstenerse de participar en juntas o movimientos comunales.
Pese al esfuerzo de la Fuerza Pública, que redobló los puestos de control y el número de hombres, diez familias de Waikiki se desplazaron al casco urbano de Moñitos o a lugares más lejanos, como Cartagena. El desplazamiento también se vivió en la vereda No Te Cebes, de donde salió una familia; en El Dorado, donde vivían 20, quedaron 3; en el caserío Nueva Estrella, de 27 familias, han salido huyendo 23. Poco a poco la zona rural se queda sola.
Los que siguen allí viven muertos del miedo. Se nota en el rostro adusto de sus habitantes, sobre todo cuando se les consulta cómo está la seguridad en la zona. Quien hable de eso, dicen, lo matan.
Para los hombres de La Rada está terminantemente prohibido salir del corregimiento; lo pueden hacer con mayor libertad sus mujeres. La regla impuesta no admite términos medios: si lo hacen para contar lo que pasa, son tildados de ‘sapos’. La sentencia, entonces, es la muerte.
En la vereda Naranjal, el 6 de mayo de 2010, fue hallado el cadáver descuartizado de Eliécer Tordecilla, un ‘loquito’ muy querido de la población. Con una motosierra le cortaron las manos, la lengua y la cabeza. Y unos días después, las mujeres del pueblo que trabajaban haciendo panochas de coco para vendérselas a los turistas los sábados y domingos en el casco urbano de Moñitos, decidieron abandonar esa actividad, por seguridad. Son objetivo de los nuevos ‘Barones’ del crimen. Fue tanta la presión, que la Asociación de Panocheras se extinguió y, con ella, la posibilidad de subsistencia de unas 17 familias.
Para acompañar a los pobladores, recientemente la Policía montó una maltrecha estación cerca a la playa, pero ni siquiera ese apoyo los tranquiliza. Más de 10 policías duermen hacinados en unas trincheras que la Alcaldía de Moñitos se comprometió a organizar, pero hasta el momento no lo ha hecho.
Los agentes, sin embargo, trabajan en coordinación con otras fuerzas como la Infantería de Marina. Tras los operativos sistemáticos de esta última, el dinero ilegal no se ve tanto como antes, y el tráfico de drogas se ha hecho más difícil para los criminales.
A dos horas de Moñitos, en La Doctrina, un corregimiento arrocero de Lorica y el mayor distrito de riego de la región, los ‘barones’ se mueven como pez en el agua.
La Doctrina podría ser fácilmente lo que para Paraguay, Argentina y Brasil es la Triple Frontera. Su posición estratégica lo conecta con dos municipios más: San Antero y San Bernardo del Viento, ambos con salida al mar. Y es una de las rutas empleadas por los ‘narquitos’, como también comienzan a llamar a los herederos del narcoparamilitarismo, para pasar la droga.
El atractivo que tiene La Doctrina es una extensa porción de tierra de 300 hectáreas, denominada Agrosoledad, que fue en algún momento la más importante camaronera de la región, y que está abandonada hace muchos años.
Las puertas desvencijadas del sitio permanecen abiertas de par en par, no hay cercas visibles ni límites de la propiedad. Pero adentro, una humilde familia custodia el reguero de máquinas viejas en medio de caminitos ocultos entre la maleza, que conectan desde la vía que de Lorica conduce a Coveñas, hasta el Golfo de Morrosquillo y que es por donde las bandas pasan la coca.
Cuando recorrimos el sitio, alcanzamos a ver a varios muchachos pero luego se ocultaron entre los cientos de árboles que hay en el lugar. Un ex corregidor de La Doctrina nos dijo que la situación es grave porque no hay empleo, y los jóvenes son presa fácil de los ‘barones’. Les ofrecen cualquier cosa, los convierten en informantes o simplemente en los cuidadores de caminos. Otras veces los usan como señuelos para engañar a las autoridades. A los niños les pagan entre 20 y 30 mil pesos diarios para que informen cualquier movimiento ‘extra’ de autoridad en la zona.
Las autoridades locales que patrullan la zona y las vías de La Doctrina, capturaron a principios de este año a 11 personas, a quienes se les encontró armamento y otros implementos. Fueron trasladados a la Sijín en Lorica, para ser judicializados, pero los detenidos no tardaron en salir. Quedaron libres porque no hay denuncias formales por parte de la comunidad. Sienten temor, ya que algunos de esos ‘barones’ viven en el corregimiento.
En La Doctrina, la banda ‘Los Urabeños’ ha impuesto, entre otras cosas, un toque de queda entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, en la vía que desde el corregimiento comunica con la carretera que conduce a Lorica.
“Uno se expone permanentemente. El que tenga su enfermo sale así sea que lo cojan en el camino. Se hace hasta lo imposible, pero hay que salir”, dijo un mototaxista, uno de los pocos que se atrevió a hablarnos. De hecho muchos mototaxistas se abstienen de salir, y si lo hacen, cobran caro por intentarlo.
El ambiente enrarecido, según los habitantes, ha creado un estigma sobre la población. Se defienden diciendo que allí no están asesinando a la gente, que los muertos más bien se los tiran en el sitio y las autoridades los cuentan como si los homicidios hubiesen sucedido en La Doctrina. Cierto o no, las estadísticas dan cuenta de que en Lorica en el 2009 se registraron 52 asesinatos y en el 2010, 22.
En el consejo de seguridad nacional realizado recientemente en Montelíbano, las autoridades pidieron más pie de fuerza para todo el departamento, pues muchas zonas rurales que se ha convertido en una especie de eje del mal del negocio de las drogas.
La Policía sigue actuando. Hoy el coronel Pedro Ángelo Franco, comandante de la Policía de Córdoba, le informó a los medios de 11 nuevas capturas. En lo que va corrido del año la Policía le ha logrado arrebatar a las bandas 238 hombres. Pero los que están reclutando todos los días son más.
Esta historia fue escrita para La Silla Vacía por las periodistas de Córdoba Ginna Morelo y Blanca Berrío Montiel
