Los cocaleros pidieron la cabeza del director del programa de sustitución, Hernando Londoño y quieren salir con más fuerza a las movilizaciones que se vienen.
Mientras a la aspersión aérea le quedan por lo menos seis meses para que sea una realidad, la sustitución de coca acaba de recibir un golpe que puede retrasarla aún más y meterle más gasolina a las movilizaciones que están pensadas para marzo.
Ayer la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, sacó un comunicado en el que pide la renuncia a Hernando Londoño, cabeza del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, y funcionario de Presidencia.
Piden su renuncia porque la semana pasada le dijo a El Espectador que “líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados”.
La Coccam, que ha sido la dueña del micrófono para negociar la sustitución desde el Gobierno Santos, dice que les han matado a 56 líderes cocaleros desde que se creó el Pnis en mayo de 2017 hasta hoy y que como Londoño lo desconoce, no tienen confianza para avanzar el Pnis con él.
Eso crea un chicharrón adicional para un Gobierno que busca bajar la caña a un paro que tiene como uno de sus motores el asesinato de líderes sociales, pero sobre todo significa otro para que la sustitución de frutos.
Una diferencia de fondo
Londoño dijo en la entrevista con El Espectador que no todo miembro de la Coccam es líder y dijo que no tenía información de que hayan asesinado a ninguno por su papel en la sustitución.
“Líderes del programa, que estén en las directivas de la Coccam o que sean miembros de los Consejos Asesores Territoriales no han sido asesinados”, dijo Londoño.
Pero en la Coccam no están de acuerdo.
Arnobis Zapata, uno de los voceros nacionales de la organización y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, dijo a La Silla que “no sólo los que están en las directivas o en estos consejos son líderes. Tenemos presidentes de juntas de acción comunal y socializadores del programa que han matado y que ejercían un liderazgo”.
Aparte de los 56 que cuentan ellos como líderes, dice que tienen registrados los asesinatos de 29 beneficiarios desde que se creó el programa.
“Nosotros diferenciamos adentro entre quien es líder y quien no, y es un irrespeto con las familias de los compañeros asesinados, de las comunidades que pueden dar testimonio de estos liderazgos, que la cabeza de este programa salga a decir semejante cosa”.
La Silla buscó anoche a Londoño y nos dijo que no se iba a referir más a este tema.
Lo más curioso es que el único caso de líder asesinado este año que reconoció la Fiscalía, a partir de información de la ONU y cuando organizaciones como Indepaz denuncian 20, es el de una líder del programa de sustitución de coca en Putumayo, Gloria Ocampo, reconocida por las juntas de acción comunal de Puerto Guzmán por su trabajo impulsando el Pnis y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, de ese departamento.
Más allá de la diferencia en las cifras, lo que hay de fondo es que este episodio le metió más desconfianza a la ya de por sí tensa relación entre los cocaleros y el gobierno de Iván Duque.
Más caña al paro
“Si no nos cambian de interlocutor, nos veremos las caras en las movilizaciones”, nos dijo Wilder Mora, líder de la Coccam en el Catatumbo, subregión de Norte de Santander en la que los cocaleros están especialmente organizados desde el paro agrario en 2013.
Mora nos dijo que lo que buscan con el comunicado es “dialogar con el Gobierno, pero con otros interlocutores, y que nos cumplan con lo pactado para la sustitución”.
Si no responde el Gobierno piensan, según nos dijeron estos dos voceros de la Coccam, armar una movilización nacional cocalera adicional a las actividades que defina el Comité del Paro, donde está Coccam, para estas semanas.
Aunque la decisión de salir solos aún no está tomada, la discutirán en la primera semana de febrero, cuando tienen citada la primera reunión de la Comisión Política de Coccam, que integran 22 representantes de los 17 departamentos en los que hacen presencia.
Sin importar si logran sacar a los 60 mil cocaleros que dicen representar, el portazo a Londoño puede tener otras implicaciones.
La primera es que al ser uno de los principales voceros para negociar la sustitución, la Coccam puede incidir en que la mayoría de las 99.097 familias que han firmado acuerdos colectivos sigan en el programa o no, lo que sería un golpe para la estrategia del Gobierno contra la coca.
O los cocaleros representados en Coccam podrían dejar de participar en las instancias que son claves para que avance el Pnis como lo son los consejos asesores territoriales, que aterrizan el programa en cada departamento, o las comisiones municipales, en las que además de Gobierno y Farc, se sientan las autoridades locales y las organizaciones cocaleras a mirar cómo avanzar el programa.
Mejor dicho, todo ese esquema de intermediación, en el que organizaciones como Coccam han sido claves, se rompería, al menos en parte, si el Gobierno no busca una solución rápida.
Pero más allá de eso, lo más grave es que puede perder una oportunidad histórica de crear confianza entre el estado y los cocaleros, lo que le abre la puerta a los ilegales para que sigan ganando poder en estas regiones, como ya ha venido pasando a la fuerza y gracias, en parte, a la lentitud del Pnis.
Aunque las relaciones entre la Coccam y el Gobierno nunca han sido las mejores, ni siquiera con Santos que fue el que creó el programa tras el Acuerdo habían pedido la cabeza de un funcionario.
Por ahora, hasta donde supo La Silla por tres fuentes de la organización, ni Londoño ni nadie del Gobierno los ha buscado.
Desde esa orilla ven aguadas las marchas y tampoco creen que sea una gran amenaza si los cocaleros salen, por lo que no tienen una estrategia para desactivar la molestia de ellos más allá de incluir sus reparos en la ‘Conversación Nacional’.
Pero los cocaleros ya se están cansando de conversar con los mismos.
