El Espectador reveló este domingo que los paramilitares habrían pagado cinco mil millones de pesos para garantizar que Mario Iguarán Arana fuera el Fiscal General de la Nación. Aunque no existe ninguna prueba de que Iguarán hubiera tenido conocimiento de esto y él lo negó categóricamente, lo cierto es que durante su mandato, la Fiscalía fue varias veces cuestionada por su proceder frente a la judicialización de los paramilitares.
El ex fiscal Iguarán, hoy embajador en Egipto, dijo que “es injusto, no conmigo, sino con mi administración que se la jugó para promover el tema de la ‘parapolítica’”. Aunque admitió que “tuvimos una demora en uno o dos casos, como el de Mario Uribe”, indicó que fue durante su administración que se ordenó la inspección que dio con el hallazgo del computador de alias ‘Don Antonio’, una de las primeras pruebas contra congresistas y políticos de sus nexos con la ilegalidad.
Es cierto que Iguarán sacó adelante casos importantes de parapolítica, comenzando con el primero contra el gobernador del Meta Edilberto Castro, condenado en 2006 a 40 años. También salió durante su mandato el caso contra el exsenador Ciro Ramírez que cuando lo retomó la Corte tenía una resolución de acusación. Caputró e inició el proceso contra Salvador Arana por el aseisanto de Edualio Díaz, alcalde de El Roble. Y uno de los más importantes, el caso contra el exdirector del DAS Jorge Noguera por paramilitarismo. Iguarán firmó su acusación contra la Corte.
Sin embargo, también recibió muchas quejas por decisiones en algunos casos polémicos, por lentitud en otros y más recientemente por haber nombrado a la esposa del abogado capturado Ballesteros. Por eso, se afirma que fue tibio frente a la parapolítica. Él se defendió diciendo que tenía una cantidad de casos, pocas herramientas para solucionarlos, y que estaba trabajando con las “uñas”.
Estos son algunas quejas contra Iguarán por haber sido ‘timorato’ con la parapolítica:
Por tercera vez, en noviembre de 2008, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía de Iguarán un informe sobre el manejo de la investigación a doce ex congresistas que renunciaron a su fuero tras su vinculación judicial por parapolítica dado que después de un año, la Corte todavía no sabía qué había pasado por los procesos de Héctor Julio Alfonso, Vicente Blel Saad, Enrique Emilio Ángel Barco, Oscar Wilches, Luis Carlos Torres, José Vicente Lozano, José Manuel Herrera, Alfonso Riaño, Luis Alberto Gil, Miguel Alfonso de la Espriella, José Castro Pacheco y Dieb Maloof.
El Fiscal Iguarán contestó que muchos muchos de esos casos ya se encontraban llamados a juicio y por eso escapaban a su competencia. “A la Fiscalía no le deben dar “clases” de parapolítica”, señaló. De esos 12, Espriella, Maloof y Emilio Ángel Barco ya habían sido condenados. Pero los nueve restantes no avanzaron más allá de la etapa de investigación mientras estuvieron bajo el cuidado de Iguarán. Cuando los casos de parapolítica fueron retomados por la Corte Suprema avanzaron con mayor rápidez.
Este fin de semana, la columnista María Jimena Duzán cuestionó a Iguarán por haber tenido como encargada de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía a Lucía Mejía, la esposa del abogado Ramón Ballesteros. Este abogado fue capturado la semana pasada por haber sobornado a un paramilitar para que cambiara su testimonio contra los ex congresistas Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y Óscar Suárez, investigados por parapolítica.
La Oficina de Control Interno es una especie de contraloría interna que vigila a los funcionarios de la Fiscalía para que cumplan con sus funciones. Aunque no hay pruebas contra Mejía, el que su esposo estuviera defendiendo congresistas que estuvieron inicialmente investigados por la Fiscalía deja sospechas de un eventual conflicto de interés. Máxime cuando el caso de Gil fue uno de los que le cuestionaron a Iguarán por su falta de progreso en las investigaciones.
En agosto de 2008, la entonces senadora Gina Parody le envió una carta al Fiscal Iguarán cuestionandolo por la impunidad para investigar los pactos que adelantaron políticos de diferentes regiones con los paramilitares. En particular, los llamados acuerdos de Chivoló y de Pivijay. “De 21 asesinatos de funcionarios públicos en la zona, sucedidos en la época de los pactos, siete años después solo hay dos casos en etapa de juzgamiento”, denunció en la plenaria del Senado. En el pacto de Chivoló, donde unas 200 personas firmaron, la Fiscalía solo tenía un investigado por concierto para delinquir y ni un investigado por delitos electorales “¿Cuál es el compromiso de su Administración con la verdad?”, le preguntó Parody.
La Fiscalía de Iguarán tomó varias decisiones polémicas en el caso de la parapolítica. En agosto de 2008, el fiscal Julio César Martínez precluyó la investigación contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo. En enero de 2010, después de que la Corte había retomado el caso ordenó la captura de Gómez Gallo y la investigación del fiscal por prevaricato puesto que este desechó los testimonios de los jefes paramiltares que nombraban a Gómez Gallo, como desestimó el testimonio de un testigo que habló de una reunión entre el comandante del bloque Tolima y el ex congresista.
También en agosto de ese año, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte renunció
a su cargo, después de que el Vicefiscal General Guillermo Mendoza Diago revocara la medida de aseguramiento contra el exsenador Mario Uribe por sus presuntos vínculos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso alegando falta de pruebas. El fiscal Iguarán aceptó la reununcia del fiscal Ramiro Marín, quien al renunciar “expresó su preocupación por el futuro de las investigaciones por parapolítica y la independencia de la rama judicial”, según lo reportó la Revista Semana.
