El gobierno retiró hoy la reforma política que impulsaba en el Congreso desde el año pasado. Con este revés, el Pacto Histórico pierde una pieza fundamental de su estrategia electoral para el 2023 y el 2026. Y fue precisamente esto lo que provocó su hundimiento por parte de los partidos tradicionales.
Para el 2023, uno de los grandes desafíos que enfrenta el Pacto Histórico es que no tiene candidatos fuertes y conocidos prácticamente en ninguna ciudad o departamento. Las figuras están casi todas en el Congreso.
Una modificación introducida en la ponencia por representantes de la Cámara del Pacto les solucionaba este punto pues eliminaba la inhabilidad para que los actuales congresistas pudieran ser candidatos a gobernaciones y alcaldías sin tener que renunciar a sus cargos un año antes de las elecciones, como se hace actualmente.
Si la reforma quedaba en firme en junio, como tenía previsto el gobierno, los que quisieran lanzarse podían renunciar entre el 29 de junio y el 29 de julio, que es el periodo de inscripciones para lanzarse a alcaldías y gobernaciones.
El senador Roy Barreras dijo en su momento que eso le permitiría al Pacto poner un candidato fuerte para la Alcaldía de Bogotá, escogiendo uno dentro de los actuales congresistas. Habló de David Racero, Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Katerine Miranda. Eso mismo aplicaba en el Valle, con figuras como Alexander López o Andrés Cancimance en Putumayo.
Ahora que se hundió, el Pacto se verá forzado a llevar candidatos menos conocidos con lo cual hace más difícil que se quede con las alcaldías de las grandes ciudades.
Otro artículo clave para el Pacto Histórico que traía la reforma abría la posibilidad de hacer megacoaliciones entre partidos con gran representación en el Congreso como el de Petro.
Actualmente la norma solo permite que para listas a Congreso, Asamblea o concejos, haya coaliciones de movimientos o partidos que, sumados, representan hasta el 15 por ciento de los votos de la corporación a la que aspiran. Por ejemplo, el Pacto Histórico se pudo juntar en 2022 porque en 2018 sus integrantes, el Polo Democrático (4.8 por ciento), Unión Patriótica y Mais (3.8 por ciento) no sobrepasaban ese 15 por ciento.
La reforma proponía aumentar ese límite al 30 por ciento o incluso eliminarla, como pedía la bancada del Pacto.
En la práctica esto le habría permitido al Pacto Histórico, por ejemplo, unirse localmente o regionalmente con los liberales, con la U, con conservadores o con el partido que quisiera y crear megabloques en los concejos o asambleas en el 2023.
Incluso, Roy Barreras ya había bautizado como “Frente Amplio” la posibilidad de que el petrismo y los partidos tradicionales fueran juntos en las elecciones regionales, bajo el entendido de que saliera adelante la reforma política que defendió hasta el miércoles en Comisión Primera del Senado.
Triunfar con ese bloque era clave para el gobierno de Petro pues tendría la posibilidad de dirigir las inversiones nacionales o la ‘mermelada’ hacia regiones específicas para consolidar apoyos regionales, pero no tiene cuadros locales suficientemente fuertes para lanzar tantas candidaturas. Los partidos tradicionales sí, con lo cual había un gana-gana para apuntalar el poder local e ir creciendo de cara a lo nacional.
Una muestra de este pragmatismo con miras a octubre lo exhibió Roy cuando al lanzar su nuevo partido anunció su apoyo a candidaturas tan variopintas como la de Dumek Turbay en Cartagena, un liberal, del nuevo partido En Marcha, que iría con el aval de la Fuerza de la Paz de Barreras.
La caída de la reforma política se suma a un problema que le surgió hace unas semanas al Pacto Histórico con el escándalo de Nicolás Petro, quien estaba llamado a ser el líder del petrismo para las elecciones regionales de octubre en el Caribe una región clave para Petro y donde su candidato a la gobernación de Atlántico, Máximo Noriega, quedó comprometido.
Es más, pensando en la campaña regional, uno de los que le habría entregado dinero al hijo mayor del presidente es el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra. De acuerdo con la denuncia de la exesposa de Nicolás, la plata era supuestamente a cambio de que Colombia Humana apoyara al conocido ‘Hombre Marlboro’ en su campaña a la alcaldía de Maicao.
Por otro lado, como el Pacto Histórico hoy tiene el 20 por ciento de representación en el Congreso, con el hundimiento de la reforma ya no podrá hacer esas coaliciones en el Congreso en 2026.
En esa línea pero en el escenario nacional de las legislativas del 2026 había un artículo de transfuguismo que le habría servido mucho al Pacto. Esa norma permitía que por una sola vez los congresistas se inscribieran en un partido diferente al que los avaló.
Era un cambio pensado para aplicar en 2026, pero tenía el incentivo de motivar el paso de los grupos políticos de los actuales congresistas al Pacto Histórico. Y así consolidar candidaturas conjuntas en las elecciones regionales, abonando el terreno para un recambio en las del 2026.
Hay gente muy afín al gobierno en el Partido Liberal como el representante Andrés Calle, de Córdoba u Olga Beatriz Gónzález, del Tolima, que muy probablemente hubieran aprovechado esta reforma para cambiar de partido y engrosar las filas del Pacto en 2026. Y mientras tanto, poner a jugar en octubre sus cuadros regionales con el Pacto.
Esa posibilidad ya no la tienen pues serían acusados de doble militancia y podrían arriesgar su curul.
Y por último, estaba el artículo que le quitaba el poder a la Procuraduría para suspender o sancionar a los funcionarios electos popularmente. Esto es un caballito de batalla de Petro desde que fue destituido por el procurador Ordóñez. El fallo de la Corte IDH que devolvió al cargo a Petro es explícito en que esos funcionarios solo podrían ser apartados de sus cargos cuando de por medio haya una decisión de una autoridad judicial en un juicio penal.
La Corte recientemente ratificó que la Procuraduría tenía el poder de investigarlos pero no de destituirlos, un poder que le quedaría al Consejo de Estado. Sin embargo, esta posibilidad de investigarlos le sigue dando a los grupos políticos regionales un poder inmenso para usar las procuradurías regionales que suelen ser fichas de ellos para atraversarseles a las ambiciones electorales de candidatos alternativos. Algo que podrán seguir haciendo ahora que se retiró la reforma.
Además de esto, la reforma traía otros artículos que en la medida en que aplanaban la cancha para la competencia electoral beneficiaban particularmente al Pacto y a los movimientos alternativos sin tanta trayectoria electoral. Por ejemplo, el que limitaba la financiación privada de las campañas al 20 por ciento o el que obligaba a que hubiera listas cerradas para todas las corporaciones que le quitaba poder a los clanes tradicionales.
Sin estas nuevas reglas, al Pacto Histórico le tocará jugar con las escritas por sus rivales. Y tendrá que depender más de la popularidad que tenga el presidente para la fecha de los comicios, de los subsidios que alcancen a entregar en los próximos meses y de que las otras reformas prometidas no corran la misma suerte de la política.
