En la instalación del nuevo Congreso, el presidente reelecto Juan Manuel Santos esbozó sus planes para el Congreso. Son básicamente dos: la reglamentación del Marco para la Paz, que es una pieza fundamental para lograr la transición si se llega a un acuerdo de paz. Y el proyecto de equilibrio de poderes, que es en realidad una reforma política y a la justicia bajo otro nombre más digerible para las cortes y los organismos de control.
El discurso, que retomó los lugares comunes de sus mensajes de campaña, amarró todo su segundo gobierno a la negociación en La Habana. Este es el discurso y la interpretación de La Silla:
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En la instalación del nuevo Congreso, el presidente reelecto Juan Manuel Santos esbozó sus planes para el Congreso. Son básicamente dos: la reglamentación del Marco para la Paz, que es una pieza fundamental para lograr la transición si se llega a un acuerdo de paz. Y el proyecto de equilibrio de poderes, que es en realidad una reforma política y a la justicia bajo otro nombre más digerible para las cortes y los organismos de control.
El discurso, que retomó los lugares comunes de sus mensajes de campaña, amarró todo su segundo gobierno a la negociación en La Habana.
Este es el discurso y la interpretación de La Silla:
(haga clic en el texto azul para ver la traducción)
Vamos a trabajar de la mano en este sueño, cuyo logro refleja la dimensión de mi propio compromiso: un compromiso que renuevo ante ustedes luego de que mis compatriotas me otorgaran, el pasado 15 de junio, el privilegio de seguir orientando el futuro de la patria.
Hemos vivido un gran ejercicio democrático en el que todos expusimos nuestra visión del Estado y de la sociedad, y al final de este proceso no han quedado vencedores ni vencidos sino una sola nación que avanza en el camino de la reconciliación.
Porque la paz es el valor supremo de toda sociedad y en su construcción cabemos todos.
Por eso no ahorraré esfuerzo alguno para ejercer el mandato que he recibido, de la mano y con el concurso de todos mis compatriotas, sin excepción.
Porque no soy solo el Presidente de los que votaron por mí… Soy también el Presidente de los que no votaron por mí.
“Hace exactamente una semana –en Rio de Janeiro– se dio el pitazo final a un Campeonato Mundial de Fútbol que hizo vibrar al planeta entero, y muy especialmente a los colombianos.
Unos muchachos de las entrañas de nuestra nación: de Tumaco, de Padilla, de Villa Rica, de Chigorodó, de Quibdó, de Cúcuta, de Puerto Boyacá o Puerto Colombia nos hicieron mirar en el espejo.
Y ahí vimos al pueblo que somos: talentoso, trabajador, disciplinado, alegre, creativo y e mprendedor.
Un pueblo que puede ser respetado y admirado por el mundo.
Un pueblo que, “jugando limpio” –adoptando una cultura de la legalidad y de respeto a las instituciones– puede llegar a donde quiera.
Esos muchachos nos dieron la lección más grande: que todo, todo lo podemos lograr si trabajamos ¡Unidos por un país!
Nos enseñaron que vale la pena soñar porque los sueños podemos volverlos realidad.
Nos mostraron que no estamos atados a las cadenas del pasado y que es hora de construir el futuro que queremos y merecemos.
¡Gracias, selección colombia, por recordarnos el camino de la grandeza!.
Ese espíritu positivo, ese espíritu de unidad, se contagió a todo el país, y hoy –honorables congresistas– depende de nosotros mantener en alto la bandera y seguir avanzando por el camino de la concordia, de la prosperidad, de la equidad y de la paz.
Hoy se instala un nuevo Congreso y en poco más de dos semanas se inaugura un nuevo periodo presidencial.
Es el momento de mirar lo que hemos hecho, de seguir cosechando lo sembrado y de esparcir nuevas semillas: las de una Colombia que se atreve por fin a pensar en grande.
El Congreso de la República y el Gobierno que tengo el honor de presidir podemos mostrar un balance positivo a la nación pues desde el 2010 hemos logrado cambios y reformas que han transformado y seguirán transformando para bien la vida de nuestros compatriotas.
Desde el primer día de mi mandato –e incluso antes, como candidato– convoqué al país y a las fuerzas políticas a un gobierno de Unidad Nacional.
¿Y qué significaba esta unidad? Que nos congregáramos en torno a las necesidades más urgentes del país; que sumáramos puntos de vista y esfuerzos para caminar en una misma dirección, a la que denominamos Prosperidad para Todos.
Y esta unidad se tradujo en el mayor activo que se puede tener para lograr reformas sustanciales: gobernabilidad.
Hoy, al concluir estos cuatro años de trabajo, podemos mirar atrás y decir que… ¡valió la pena! Las leyes y reformas constitucionales que se aprobaron están generando una nueva Colombia, una Colombia que avanza hacia la paz con prosperidad social, y que se pone metas ambiciosas como las de ser la nación más educada de la región o erradicar la pobreza extrema.
La lista de lo que hicimos es larga, y a muchos de los congresistas aquí presentes les consta el trabajo y los desvelos para lograrlo.
Baste recordar que sacamos adelante más de 300 leyes y reformas constitucionales, proyectos que muchos decían que era imposible sacarlos adelante y que se destacan no solo por su cantidad sino por su calidad. Por ejemplo:
– La ley de ordenamiento territorial,
– La ley de víctimas y restitución de tierras,
– Los nuevos códigos y estatutos que constituyen –por sí mismos– una reforma de fondo a la justicia,
– Las leyes de promoción del empleo, de vivienda, de salud, de lucha contra la corrupción, de programas sociales…
El trabajo legislativo ha permitido que nuestra economía tenga la solidez y la dinámica que hoy ponderan en el mundo entero, y que genere recursos para adelantar una política social incluyente.
Son leyes progresistas, que les han dado a los colombianos más garantías en el respeto a sus derechos, y a los inversionistas del mundo la confianza para sembrar progreso en nuestro suelo.
Sea la oportunidad para agradecer y reconocer al Congreso de la República –a ustedes, senadores y representantes que trabajaron estos proyectos– por esa labor de patria que cumplieron. ¡Muchas gracias!
Yo estoy seguro –estoy convencido– de que vamos a lograr resultados tan buenos o mejores con el nuevo Congreso que hoy instalamos, siempre pensando en el bien de nuestro país.
En medio de este panorama positivo, subsisten muchos desafíos.
Hemos sacado a millones de la pobreza y comenzamos, por primera vez, a disminuir la desigualdad, pero uno de cada diez colombianos sigue viviendo en la miseria.
Y –sobre todo– tenemos el inmenso desafío, un desafío posible, de terminar un conflicto armado que nos ha desangrado por medio siglo, y construir LA PAZ.
El Congreso cumplió un papel fundamental para preparar este camino con leyes que reparan a las víctimas y reformas que establecen la posibilidad de aplicar la justicia transicional.
El nuevo Congreso –eso esperamos– tendrá en sus manos la enorme responsabilidad de apoyar la implementación de los acuerdos y de legislar para una nueva nación: la nación del posconflicto.
Porque este será –no les quepa duda– ¡El congreso de la paz!
Porque Colombia está cambiando. Colombia está dejando atrás los lastres de la guerra y del odio, ¡y somos capaces de lograrlo!
En las pasadas elecciones presidenciales el tema de la paz estuvo en el centro de la discusión.
Y quiero ser muy claro en lo que voy a decir, porque esto es un tema que nos tiene que unir en lugar de dividir.
La paz que buscamos es, en esencia, LA MISMA.
Todos queremos una paz justa.
Todos queremos una paz sin impunidad, y además los tratados internacionales que nos vinculan nos exigen esto.
Todos queremos una paz con verdad, que es tal vez la más sentida de las peticiones de las víctimas: saber qué pasó con sus seres queridos.
Todos queremos una paz posible, en la que tendremos que ceder algo pero será mucho menor que lo que ganamos como país, como sociedad, como futuro.
Todos queremos una paz en la que las armas estén únicamente en manos de las fuerzas legítimas del Estado para proteger nuestra soberanía y nuestra democracia, y de nadie más.
Una paz en la que las propuestas políticas se defiendan por la vía política.
Una paz –además– que ya estamos construyendo, porque cuando se genera empleo, cuando crece el campo, cuando se trabaja por la salud, por la educación, por la equidad, cuando se conecta a los colombianos con vías y tecnología… con todo esto se está sembrando paz.
Por eso hoy –al conmemorar los 204 años de nuestra independencia–, cuando el sentido de patria nos debe congregar, hago un llamado a todos los estamentos políticos y sociales a que hagamos causa común en la búsqueda de esa paz.
Porque hoy tenemos una oportunidad real y –si nos unimos en pos de ese valor superior– vamos a alcanzarla más pronto.
Señores congresistas; queridos colombianos:
Nuestro país ha cambiado la mentalidad del “no se puede” por la convicción del “vamos a lograrlo”, y así avanzamos unidos para parar esta guerra absurda que nos ha desangrado.
Una justicia que –necesariamente– pasa por la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Y entonces vendrá nuestra gran tarea como nación: la tarea del posconflicto, que deberemos asumir desde un prisma de reconciliación y de oportunidades.
Porque lo que queremos es que todos los colombianos –comenzando por los más pobres, los más vulnerables, los campesinos, las víctimas– entren al círculo de oportunidades y comiencen a generar ingresos y bienestar para sus familias.
Lo que queremos es que las regiones se sigan empoderando de su destino y que las zonas más apartadas del país se incorporen al desarrollo nacional.
Si hemos logrado lo que hemos logrado con ese peso del conflicto sobre nuestras espaldas, ¡cuánto más vamos a poder hacer, a dónde podremos llegar, cuando soltemos ese lastre!
La paz generará confianza y mayor inversión; la paz disparará el turismo en nuestra tierra llena de atractivos; la paz permitirá que destinemos más recursos a lo que Colombia más necesita: educación, salud, vivienda, servicios públicos, apoyo al campo, tecnología, emprendimiento e innovación.
Pero la paz no basta por sí sola. La paz tiene que venir acompañada de la prosperidad social.
Las brechas sociales en nuestro país siguen siendo muy grandes, y por eso el gasto público debe ser focalizado y procurar corregir la inequidad y aumentar las oportunidades.
Más víctimas reparadas y más campesinos que recuperen las parcelas de las que fueron despojados: ¡Eso es equidad!
Más viviendas para los más pobres, y más servicios básicos para quienes no los tienen: ¡Eso es equidad!
Todos los municipios conectados a la banda ancha de internet,el más ambicioso programa de autopistas, que genera empleo y prosperidad: ¡Eso es equidad!
Todos los alumnos de colegios y escuelas públicas estudiando gratis; más jóvenes formándose en el SENA, y más beneficiarios del Icetex con cero interés real: ¡Eso es equidad!
Más adultos mayores y más Familias en Acción recibiendo apoyos económicos; más niños y niñas en su primera infancia atendidos integralmente: ¡Eso es equidad!
Y les vamos a pedir, señores congresistas, que –al igual que hicieron con Familias en Acción– aprueben una ley que convierta la Estrategia De Cero a Siempre en una política de estado.
Hay mucho que hemos hecho y que seguiremos haciendo pero no quiero extenderme en una larga lista de realizaciones sino terminar fijando algunas prioridades que propongo a este Congreso para la legislatura que comienza.
Me refiero al campo, la educación, la salud, la seguridad, el ambiente y la reforma de equilibrio de poderes.
Es un compromiso de todos los colombianos: tenemos que volcarnos al campo para compensar 50 o más años de abandono y atraso.
Y este Congreso tendrá en sus manos tres proyectos de ley que completarán la tarea.
El segundo proyecto es el de la Ley de Baldíos y de desarrollo de la Altillanura.
Sabemos que hoy el mundo demanda más alimentos que nunca y que la FAO ha identificado a Colombia como uno de los 7 países con mayor potencial agrícola en el planeta.
Por eso tenemos que dar reglas claras y seguridad jurídica a quienes quieran invertir en la Altillanura, una región de inmenso potencial donde pueden coexistir la agroindustria y la economía campesina de manera armónica y para su mutuo beneficio.
¡Ese es nuestro desafío si queremos alcanzar los estándares de otros países que han crecido porque apuestan a la formación de sus niños y jóvenes!
Porque nuestro compromiso con la educación va en serio y tiene recursos.
En el tema de la salud quisiera, primero que todo, agradecer al Congreso de la República por la aprobación de la ley estatuaria en salud, que la consagra como un derecho fundamental y es el primer estatuto de un derecho social en los 23 años de nuestra Constitución.
En salud, tenemos tres prioridades:
Primero, la superación definitiva de la crisis financiera, lo que implica el pago de las deudas con los hospitales y la definición de unas condiciones de habilitación financiera y de vigilancia más estrictas para las EPS.
Segundo, la reglamentación de la ley estatutaria, lo que traerá más beneficios para la gente y más autonomía para el gremio médico.
Por ejemplo: la afiliación al sistema de salud se hará una única vez en la vida y nunca se perderá.
Por último, tenemos que seguir mejorando en la calidad y oportunidad de los servicios. Ya logramos la cobertura universal. Ya igualamos los planes de beneficios. Ya incluimos a cientos de medicamentos y procedimientos en el plan de beneficios. Ya estamos controlando el precio de los medicamentos. Ahora nuestro compromiso tiene que ser con la calidad y la prevención.
En el tema de la seguridad nuestro gobierno ha mantenido la ofensiva contra los grupos armados ilegales, las bandas criminales y la delincuencia común.
¡Todo el honor y toda la gratitud a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional!
Ellos son los guardianes de nuestra democracia, de nuestra libertad, de nuestros derechos, y serán también –Dios mediante– los guardianes de nuestra paz.
Seguiremos fortaleciendo y modernizando a nuestra fuerza pública, y seguiremos trabajando por su seguridad jurídica, su bienestar y el de sus familias.
Y vamos a incrementar en otros 25 mil policías –pues en el primer periodo ya incorporamos ese mismo número– el pie de fuerza para la seguridad ciudadana, que será una absoluta prioridad.
Somos conscientes de la angustia de muchos ciudadanos por delitos como la extorsión, el robo de celulares, el fleteo, las agresiones sexuales o la misma violencia intrafamiliar, y estamos actuando con más policías, más cámaras y más inteligencia.
Además, llevaremos a consideración del Congreso un nuevo Código de Policía, con medidas correctivas ejemplarizantes y más “dientes” a las autoridades para que cumplan su labor. El tema del ambiente será también protagonista del nuevo cuatrienio.
El tema del ambiente será también protagonista del nuevo cuatrienio.
Para evitar los abusos, la arbitrariedad y el despotismo es necesario que el poder limite el poder.
Próximos a los primeros cinco lustros de vida de la Constitución de 1991 –y luego de las enmiendas introducidas a ella como colchas de retazos– hay que admitir que nuestro sistema institucional requiere de una profunda revisión.
La reforma que proponemos busca restablecer en nuestra democracia el principio de “pesos y contrapesos” que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por la falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales.
Se trata de una reforma del Estado para fortalecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones.
Y que quede muy claro: esa extensión no me beneficiará a mí de ninguna manera, sino a los mandatarios que me sucedan.
Los organismos de control y fiscalización también requieren de una revisión pormenorizada de sus facultades y atribuciones.
A partir de la próxima semana me propongo someter estos asuntos –entre otros– a la consideración de todos los partidos y minorías políticas.
Se trata de una reforma del Estado que puede y debe enriquecerse con los puntos de vista y la opinión de los distintos protagonistas de nuestra vida pública, sin excepción.
Queridos colombianos; honorables senadores y representantes:
Colombia está respirando un nuevo aire. Ahora sentimos confianza en nuestras capacidades y en nuestro futuro.
El mundo nos mira con admiración y expectativa, y cada día podemos viajar a más países sin el incómodo requisito de las visas.
Está en nuestras manos la posibilidad de una Colombia nueva: esa Colombia que sentimos en el juego alegre de nuestra Selección y en la unión que generó entre los colombianos.
Esa Colombia que apuesta por la modernidad, por la competitividad, por la inclusión, y que conquista cada día un nuevo amanecer.
Hoy los convoco –con el espíritu abierto y el corazón desarmado– a que superemos odios y diferencias para unirnos por la paz con prosperidad social.
Hoy los convoco a que juntemos nuestras manos y –con trabajo, voluntad y honestidad– sanemos las heridas y demos la bienvenida al porvenir en un ambiente de unidad y reconciliación.
Ojalá en cuatro años –cuando ustedes y yo culminemos nuestro periodo– entreguemos a nuestros sucesores y a las nuevas generaciones un país del que todos nos sintamos orgullosos.
Un país de oportunidades… ¡El país de la paz!
Con este propósito aferrado en el alma –en el que los invito a acompañarme– declaro oficialmente instalada la legislatura del Congreso de la República para el periodo 2014-2015.
Aunque ya lo había hecho de candidato, ahora, por primera vez ante el Congreso en pleno, terminó de salir del closet y reafirmó que su mandato es por la paz, que ese será su propósito. A diferencia de la vez pasada, Santos es enfático en que el hilo conductor de su mandato será la paz. Atrás quedó la idea de la locomotora.
Santos siguió montado en el guión futbolistico que ya había adoptado durante su campaña reelecionista. Esta vez no para hacer alusión al segundo tiempo que le pedía a los electores, sino para intentar montar a su gobierno en el bus de unidad y optimismo, el cual de hecho ya lo benefició pues el éxito de la selección en Brasil coincidió con el incremento en la favorabilidad del presidente.
Santos puso sobre la mesa otra vez el discurso de la tercera vía, que ya había reciclado en el foro de Cartagena hace unos días y que en su primer periodo presidencial también mencionó al comienzo del mandato.
Siguiendo esta línea, con la que Santos dice comulgar desde hace muchos años, el Presidente reafirmó que su gobierno no será de izquierda, a pesar de que esta fue fundamental en su reelección, y se defiende de quienes lo tildan, desde el uribismo, de castrochavista.
Lejos está la tercera vía del chavismo.
Además, plantea lo que podría ser un camino para materializar muchos de los acuerdos que saldrán de La Habana, como explicó La Silla hace unos días.
Falta ver, empezando por el nuevo el gabinete, si en verdad Santos le apuesta a esta ideología en la práctica para construir la paz.
La repartición de la torta de las regalías fue una de las primeras grandes reformas de Santos, que redistribuyó de manera equitativa los recursos que dejan el sector petrolero y el minero en “toda la tostada” (incluyendo la de ciencia y tecnología) – como dijo el entonces ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry.
El ambiente que acompañó la aprobación de la ley fue hostil desde el principio, especialmente por las quejas de los municipios y departamentos productores que ahora, aunque reciben el mayor monto de las regalías, es menor al que recibían antes y porque perdieron autonomía para decidir en qué gastarlas. Ese descontento, que en Meta llaman el ‘raponazo a las regalías’, le significó a Santos duras derrotas electorales en varias de esas regiones.
A pesar de todo, la reforma que entró en vigencia en enero del 2012 podría estar a punto de revertirse parcialmente, después de que Santos prometiera cambios en la manera en que se reparten los recursos de las regalías directas, que son una parte importante de la plata.
Una de las primeras pelas que se dio el Gobierno en el Congreso fue la Ley de Víctimas y Restitución, un proyecto que venían impulsando los congresistas liberales Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera y con el que Santos se comprometió cuando selló su alianza con los liberales para la segunda vuelta en 2010.
La ley marcó un hito porque reconoce oficialmente a las víctimas – incluidas las del Estado -, porque creó una institucionalidad que busca repararlas integralmente y porque puso en marcha un proceso para regresarles sus tierras despojadas.
Pero también por la importancia de que se reconociera que en Colombia hay un conflicto armado (contrario a la tesis de Álvaro Uribe), algo decisivo para el proceso de paz que se abriría luego con las Farc y que en esos momentos apenas estaba en el papel.
La dificultad ha sido más bien del orden administrativo, con la Unidad de Víctimas que dirige Paula Gaviria y la de Restitución que lidera Ricardo Sabogal en dificultades para atender las necesidades de las 6,4 millones de víctimas oficialmente registradas.
Como ya lo ha dicho La Silla, esta afirmación es verdadera. Según cifras del Ministerio de Hacienda entre agosto de 2011 y octubre de 2013 se habían creado 2.6 millones de empleo. Además, según el Dane la proporción de ocupados en empleo informal cayó entre 2010 y 2013 lo que probaría que sí se crearon más empleos formales que informales.
Recuerda que él ganó las presidenciales, que le ganó la carrera por la Casa de Nariño al uribismo – sin mencionarlo -, apostándole a la paz. Pero al decir que no piensa que quienes no acompañaron su candidatura no quieren la paz, rompe con el dilema que había planteado en campaña de que él era la paz y el uribismo la guerra.
Aunque el Presidente busca tender puentes con los siete millones que votaron por Óscar Iván Zuluaga, no es cierto que la paz que está acordando Santos en la Habana sea la misma que proponía el candidato uribista.
Zuluaga proponía un cese del fuego unilateral para seguir negociando; Santos ha dicho que el cese del fuego se dará al final de la negociación. Zuluaga propone que los jefes guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra o estén metidos en narcotráfico no hagan política, la negociación de Santos parte del supuesto de que la idea es que busquen el poder por las urnas y no por las armas.
Y eso solo para mencionar algunas diferencias.
Como dijo alguna vez la ahora senadora Claudia López, la locomotora que realmente funcionó en el primer gobierno de Santos fue la legislativa.
Esta vez, parecería, que el Gobierno se centrará más en la ejecución que en sacar leyes realmente trascendentales. Salvo una: la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz, que es la que definirá los beneficios políticos y judiciales para los jefes guerrilleros y para otros actores armados, como por ejemplo, los militares condenados o investigados.
Será la ley de mayor envergadura y que tendrá la discusión ideológica más profunda pues de ella dependerá en gran parte no solo la suerte del proceso de paz sino también la del posconflicto.
El Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo explicó en una conferencia en Harvard cómo es que el gobierno (o él) ven el tema de la justicia.
Aunque aclaró que no habrá una amnistía general y que habrá “sanciones” para los máximos responsables, la visión del gobierno de la justicia va muy en la línea no tanto del castigo sino de cómo crear las condiciones para que finalice de verdad el conflicto y que por lo tanto no haya más víctimas en el futuro y de cómo restablecer las normas básicas de la sociedad.
También de pensar la justicia más desde qué necesitan las víctimas que desde la óptima del ciudadano común que quisiera ver a los guerrilleros muriéndose de viejos en la cárcel. Santos retoma aunque de forma más básica esa idea.
En todo el discurso Santos ofrece una visión algo ‘rosa’ de la paz que nos espera. Pero los expertos en conflicto siempre repiten que ese nirvana se demora años en llegar. La transición, como todas las transiciones, suele ser mucho más traumática y bastante lejos de la normalidad que describe Santos.
Por ejemplo, si algún día se llega realmente a esa fase de verdad, las historias que tendrían que oír los colombianos sobre las atrocidades cometidas no solo por la guerrilla sino por el mismo Estado son muy duras.
En algunos países, como Sudáfrica y El Salvador, la firma de los acuerdos de paz lejos de traer mayor seguridad en el corto plazo dispararon la inseguridad urbana.
Es difícil también para las instituciones reconocer su responsabilidad en el conflicto: para los medios, para la Iglesia, para los empresarios. Mejor dicho, no hay nada más alejado de la normalidad que un período de justicia transicional.
Según el Dane, en ese trimestre el PIB creció 6,4 por ciento, una cifra tan alta que llevó a que el Banco de la República subiera su tasa de interés para evitar que le economía se recaliente. Aún no hay datos de todas las economías para comparar, pero sí es un resultado mejor que el de otros países de crecimiento rápido en la región, como Chile o Panamá.
El programa de concesiones de 4G sí es el más ambicioso en la historia, pero está lejos de estar listo. De las 40 carreteras del programa, el gobierno seleccionó 16 para una “primera ola”, y de ésas 16 solo se han adjudicado cinco.
Incluso en el caso de las adjudicadas, falta por lo menos un año para que empiecen las obras, y de por medio está el enorme reto de que los adjudicatarios logren armar todo el esquema financiero para arrancar las obras (eso que falta es lo que se conoce como cierre financiero).
De hecho, efectivamente el sector de las obras civiles ha generado mucho empleo y crecimiento del PIB, pero no gracias al programa de 4G sino a la suma de las obras que dejó cotnratadas Uribe y a los llamados Corredores de Prosperidad que entregó el Invías en 2012.
La Misión Rural, que dirige el ex ministro José Antonio Ocampo e incluye a una decena de expertos en el campo, apunta a recomendar cuál debería ser la política pública en el sector agropecuario y desarrollo rural para los próximos 20 años.
La cuestión clave es si sus recomendaciones y conclusiones, que estarán listas hacia noviembre y justo a tiempo para entrar en el Plan de Desarrollo de Santos, serán tenidas en cuenta. Es decir, que no caigan en saco roto, como le sucedió en gran medida a la Comisión Asesora en Política Criminal (aunque en su reforma de la Fiscalía, Eduardo Montealegre retomó las ideas de una política de macrocriminalidad y crear una unidad de contexto).
La ejecución real del Gran Pacto agrario – que fue la respuesta al paro agrario – también está por verse, así como qué tanto ha beneficiado a los pequeños productores.
Los tres proyectos claves para el campo son en verdad tres grandes pendientes del gobierno de Santos I.
La ley de desarrollo rural lleva tres años lista pero está estancada en la consulta previa con los afro. Debe ser la brújula para el Ministerio de Agricultura, que ya se rediseñó para hacer énfasis en desarrollo rural y en los bienes públicos rurales (como distritos de riego), que elevan la productividad más que los subsidios y que son el centro de todo el punto agrario firmado en La Habana.
También se ha visto frenada con la entrega de muchas de entidades claves a políticos conservadores, como sucedió con el Banco Agrario, el ICA y el Incoder.
Esta ley se convirtió en uno de los grandes dolores de cabeza de Santos, ya que en la práctica estaba intentando legalizar las compras de grandes extensiones de antiguos baldíos brincándose los topes legales.
Al hacer énfasis en la seguridad jurídica – el argumento del primer proyecto para salvar a los cacaos – Santos está mandando el mensaje de que su tercer proyecto de baldíos posiblemente va por el mismo lado (a pesar de que las primeras dos veces se cayó porque esa visión iba en contra de lo acordado en La Habana).
Colombia sí es uno de los países que más puede ampliar su frontera agrícola, pero lograrlo no depende de la seguridad jurídica para los cacaos en la Altillanura, sino de inversión en bienes públicos rurales y en carreteras terciarias – que benefician tanto a la agroindustria como a la economía campesina – e instituciones fuertes técnicamente, algo que se ha venido deteriorando con los remezones clientelistas en el Ica y el Incoder.
Es clave porque la informalidad en la tierra es el gran problema de los campesinos, que les impide acceso a créditos, incentivos y asistencia técnica. Como muestran las investigaciones de la economista Ana María Ibáñez, uno de cada dos pequeños productores no tiene sus papeles en regla, por lo que la actualización del catastro rural y el censo agropecuario – seguido por una política de formalización – son claves. Sin esa claridad en sus títulos, los pequeños productores seguirán estando fuera del mercado agrario.
Para la excandidata vicepresidencial de la Alianza Verde y experta en educación Isabel Segovia, los retos planteados por el Presidente “hacen parte una receta perfecta pero falta ver los detalles de cómo lo piensan hacer”.
Sobre los logros expuestos, Segovia dice que este gobierno logró la gratuidad en secundaria pero que dicha política ya estaba implementada en la primaria cuando Santos llegó a la Casa de Nariño. Y señala que “no hay un programa que compense la reducción de recursos para los colegios públicos a causa de la medida”.
En cuanto a la primera infancia, Segovia dice que aunque se lograron avances significativos no se alcanzó la meta de 1.200.000 niños atendidos de manera integral a 2014 y hay “un problema institucional porque el programa (que se llama de Cero a Siempre) está en manos de la oficina de la primera dama y eso no sucede en ningún otro país”.
Sobre el programa Todos a Aprender la excandidata verde dice que “es loable pero todavía no se puede evaluar”.
Por el lado de la educación superior, Santos repitió lo que la Ministra de Educación María Fernanda Campo ha defendido en los medios, que el gobierno incrementó la cobertura en educación superior (más cupos) y le consiguió más recursos a las instituciones oficiales. En este sector, Santos nunca logró sacar la Reforma a la Ley 30 que le tumbaron los estudiantes en el 2011.
La discusión del presupuesto está bastante atrasada: aunque hay un anteproyecto de presupuesto y ha habido reunioens sectoriales, no se ha definido cuánto iría a sector y a cada entidad.
Sobre el monto de educación siempre es uno de los más grandes por el peso del sistema general de participaciones, por lo que hay que ver si ocupa el primer puesto porque hay un bienvenido aumento o porque cae menos que otros sectores como defensa y salud, que son los otros grandes.
Santos confirma que la reforma al sistema de salud, que impulsó durante el último año y que era su bandera en el tema, quedó enterrada, ya que lo que anuncia reemplaza buena parte de esa propuesta.
Con esa decisión aleja los fantasmas de la oposición por grupos de médicos, farmacéuticas, pacientes crónicos, EPS, hospitales y demás jugadores del sector, pero también da largas a definir finalmente cuál es el papel de los privados en la administración de la salud.
En la primera de sus nuevas prioridades retoma parte de esa intención al hablar de ser más estrictos en la vigilancia de las EPS, lo que en cualquier caso significa que éstas van a seguir existiendo.
En la segunda, reivindica una Ley Estatutaria cuya iniciativa fue de los médicos pero que el Gobierno trabajó y unificó con un proyecto propio para producir la ley que slaió finalmente.
El tercer punto es quizás el más importante, porque muestra que el plan B del ministro Alejandro Gaviria, que consistió en hacer ajustes al sector a través de decretos y sin necesidad de una gran reforma que fuera al Congreso, va a mantenerse. Y la cobertura universal técnica (que nunca es del 100 por ciento por cuestiones técnicas) y hay dinero para cubrir a cualquier persona nueva que se presente a solicitar servicios de salud, que permite enfocarse en otros aspectos – aunque Santos no dijo cómo.
De acuerdo a cifras del Ministerio de Defensa en 2010, 2011, 2012 y 2013 el numero de secuestros en el país fue mayor al registrado es 2009. Es decir, la afirmación de Santos en ese sentido es falsa. Incluso el registro en el primer semestre de 2014 es superior al de 2009 y 2010.
Frente a los homicidios, al menos durante el primer semestre de 2014, se llegó a un mínimo si se comparan los números desde inicios de la cédada de los años ochenta. Es decir, si sigue la tendencia de este 2014 hasta el final la afirmación de Santos en este frente podría ser considerada cierta.
En el gobierno Santos sí cayeron los que fungían de numero 1 y 2 de las Farc cuando inició su presidencia, alias Alfonso Cano y alias el Mono Jojoy.
Santos I sí se anotó dos grandes hitos al sacar adelante procesos de conservación que estaban estancados desde hace años, al ampliar Chiribiquete – el mayor parque nacional del país y clave en la Amazonía, que se convirtió en el segundo más grande de Suramérica – y proteger hace una semana la Estrella Fluvial del Inírida en Guainía, como humedal de la categoría internacional Ramsar.
Pero, como anotó ayer el ex ministro Manuel Rodríguez Becerra, eso “no equivale a una política ambiental”.
La reforma largamente aplazada de las CAR – convertidas en fortines del clientelismo y que Santos intentó hacer vía estado de excpeción pero se cayó en la Corte Constitucional por un error jurídico – es uno de los pendientes de Santos pero no el único.
La delimitación de páramos y humedales a una escala de 1 a 25 mil, para poder luego dejar claro cuáles zonas quedan blindadas de actividades económicas como la minería o la agricultura y ganadería, sigue muy atrasada.
Ni siquiera el primero de los 36 complejos de páramos a delimitar, Santurbán, ha quedado listo.
Como lo había adelantado La Silla la semana pasada, el gobierno prepara una reforma política y electoral con hondas implicaciones. Curiosamente señala que lo va a hacer para reequilibrar los poderes eliminando la reelección, cuando la Corte Constitucional exigió una reforma similar pero para reequilibirarlos cuando permitió la reeleección por una vez.
Apostándole a eliminar la reelección Santos cumple una sus más sonadas propuesta de campaña y entierra una polémica herencia del gobierno Uribe (y de la que él se benefició al ser reelegido).
Además, aunque no explicitamente, reconoce que la posibilidad de reelegirse lleva a que los que están en el poder abusen de el, algo de lo que acusaron al propio Presidente durante su campaña reelecionista.
Alargando los periodos de presidente, alcaldes y gobernadores quedan al aire algunas preguntas.
Por ejemplo, ¿Se extenderían también los periodos de los congresistas, los concejales y los diputados? ¿Esto iría de la mano de un cambio en el periodo del Fiscal, el Contralor y el Procurador (bajo la lógica, perdida por la reelección, de que estos funcionarios se posesionan un gobierno pero vigilan también al siguiente)? ¿Cómo se contrarrestaría el poder que podría concentrar un alcalde o un gobernador, sobre todo en las regiones donde los organismos de control y en general las instituciones son precarias?
El anuncio de revisar la circunscripción nacional y acabar el modelo del voto preferente, le abre la puerta a elementos de una reforma al sistema electoral que defendió , sin mayor eco, el hasta ayer senador de la Alianza Verde John Sudarsky . Sudarsky promovió el establecimiento de circunscripciones más pequeñas (distritos uninominales donde se elegirían los representante por sistema mayoritario) y la definición de listas cerradas para elecciones de congresistas por el sistema proporcional, vigente hoy en Colombia. Aunque seguramente no será exactamente la misma propuesta del excongresista, las pinceladas de Santos hoy predicen algo semejante.
El anuncio de revisar la circunscripción nacional y acabar el modelo del voto preferente, le abre la puerta a elementos de una reforma al sistema electoral que defendió , sin mayor eco, el hasta ayer senador de la Alianza Verde John Sudarsky . Sudarsky promovió el establecimiento de circunscripciones más pequeñas (distritos uninominales donde se elegirían los representante por sistema mayoritario) y la definición de listas cerradas para elecciones de congresistas por el sistema proporcional, vigente hoy en Colombia. Aunque seguramente no será exactamente la misma propuesta del excongresista, las pinceladas de Santos hoy predicen algo semejante.
Exagerado. Según nuestra base de datos, hay senadores de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
Faltarían de once departamentos (San Andrés, La Guajira, Quindío, Putumayo, Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guanía, Vichada y Arauca).
Posiblemente el error se deba a que el senador chocoano es el indígena Luis Evelis Andrade, que más que representar a su departamento representa los intereses de las organziacuiones indígenas; y a que el del Magdalena es Honorio Henríquez, quien llegó remolcado en la lista uribista que no tuvo gran votación en el departamento caribe.
Esto implica una nueva reforma a la justicia y coincide con lo que buscaba inicialmente la fallida reforma del primer gobierno Santos. Como quedó claro entonces, lograr quitarle ese poder a los magistrados no va a ser fácil.
