Depende de quien calcule, el pasivo pensional en 2070 si se aprueba la reforma que propuso el gobierno de Gustavo Petro sería de 55, 106 o 249 por ciento del PIB.
El cálculo, fundamental para la estabilidad fiscal del país, tiene enfrentados a dos de los centros de estudios económicos más importantes del país: Fedesarrollo y Anif. Y la raíz de las diferencias son, entre otras cosas, una larga lista de supuestos de un futuro difícil de prever, limitaciones de las que poco se habla en las discusiones proclamadas como ”técnicas” que tienen los economistas.
Las diferencias afloraron en varios documentos publicados por los dos centros de estudios económicos en los últimos días. Se trata de dos organizaciones muy activas e influyentes en el análisis de la economía del país. En las publicaciones señalan los cálculos de los otros, hablan de imprecisiones y expresan abiertamente sus diferencias en un lenguaje poco común entre estos centros.
La esencia de esa pelea tiene que ver, entre otras cosas, con la forma de ver el futuro de Colombia. Por un lado, esa previsión responde a unas tendencias y análisis económicos, pero por otro lado también tiene que ver con qué tan optimistas o pesimistas son unos o los otros frente a la economía colombiana.
“Estimar el efecto régimen pensional en términos fiscales, incluso sin reforma, es complicado. Es apuntarle a saber cómo va a evolucionar el país en los próximos 50 años”, le dijo a La Silla una de las personas que ha estado haciendo esos cálculos y que pidió que no se revelara su identidad para no ahondar las divergencias que se han generado.
Una divergencia que, en términos políticos, puede ayudar al gobierno. Deja a los expertos de la sociedad civil divididos frente al tema clave del impacto fiscal de la reforma pensional justo cuando entra al debate legislativo.
La apuesta de Petro por el futuro
El pasivo pensional es una forma que tiene un país para calcular las deudas futuras que adquiere el sistema. Se trata de la carga que tendrán que soportar quienes hoy son niños e incluso millones de colombianos que ni siquiera han nacido, y el Estado. Ahí incluyen, según la metodología, las pensiones del régimen de prima media (Colpensiones), el régimen de ahorro individual con solidaridad (los fondos privados) y los subsidios a las personas que no pudieron pensionarse (Colombia mayor y los BEPS).
Esa manera de calcular qué tanto le costaría a la sociedad pagar pensiones en el futuro -el pasivo pensional-, puso a discutir, sobre todo, a Anif, Fedesarrollo y al Ministerio de Hacienda. Y a la disputa interna entraron Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones, Corficolombiana, el centro de estudios económicos del Grupo Aval, y al Autorregulador de Mercado de Valores de Colombia (AMV).
La reforma pensional de Petro cambia el régimen actual, en el que compiten dos sistemas, a uno de pilares en el que coexisten. Una de las principales consecuencias es que todos los trabajadores obligatoriamente pasarían a cotizar una parte de su salario (hasta 3 salarios mínimos) a Colpensiones, que es público y funciona en un sistema de reparto. Los salarios de la minoría de trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos entran en fondos de ahorro individual.
Es decir que en el sistema de pilares que propone la reforma de Petro, la gran mayoría de los pensionados estará en el régimen de prima media. En ese sistema, con la cotización de los trabajadores actuales se pagan las pensiones de los jubilados de hoy. Y si lo que contribuyen los cotizantes no alcanza, el faltante lo pone el Estado.
Actualmente, sin la reforma de Petro, los 6 millones de trabajadores que cotizan en Colpensiones no logran pagar las pensiones de 1,5 millones de jubilados (en gran parte por los subsidios a las pensiones altas). El faltante lo pone el Estado, que hoy en día saca del presupuesto 18 billones de pesos anuales para completar esas pensiones.
Mientras tanto, el sistema de ahorro individual, que es en el que el trabajador de hoy ahorra para pagar su propia pensión en el futuro, actualmente hay 18 millones de trabajadores. Ese número se reduciría drásticamente en la reforma de Petro, pues solamente el 12 por ciento de la población colombiana gana más de tres salarios mínimos.
El efecto inmediato si se aprueba la reforma es que el pilar de Colpensiones crece y el Estado debe inyectar menos dinero para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Con ese dinero sobrante crearían un fondo de ahorro para reinvertir esa plata en bonos de deuda pública y en el mercado de capitales, como lo hacen hoy las AFP. Además, sacarían del presupuesto para entregar un subsidio de 223.000 pesos a 2,5 millones de adultos mayores que no tienen pensión.
Ese efecto fiscal aparentemente neutro puede cambiar en el futuro. Si los trabajadores actuales se jubilan bajo el Colpensiones, en 2070 necesitarán un ejército de trabajadores formales que les paguen su jubilación, en un escenario en el que habrá cada vez más viejos y menos jóvenes. Pero el presidente Petro es optimista frente a eso. De acuerdo a lo que le respondió a Álvaro Uribe a sus críticas a la reforma, “el cambio demográfico se mitiga con el incremento de la productividad y logrando que haya más cotizantes por superación de la pobreza”.
Dos graves errores sobre reforma pensional tiene el expresidente Uribe:
1. Pensar que de las cotizaciones que paguen los afiliados vamos a hacer gasto del gobierno diferente a pagar pensiones a los afiliados y
2. Pensar que en 40 años vamos a mantener una economía improductiva https://t.co/rPNzFvZXWu
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2023
Los cálculos de la discordia
La línea base del pasivo pensional, sin reforma, lo tiene el Ministerio de Hacienda. Según sus cálculos, a 2070, el pasivo de Colpensiones pesa 67,5 por ciento del PIB, es decir unos 1.048 billones de pesos.
Para Anif, un centro de estudios económicos financiado por instituciones financieras y que en los últimos años ha tomado posiciones de centro derecha, ese pasivo pensional en 2070 con la reforma sería de 249 por ciento del PIB, en uno de sus escenarios más pesimistas. Para Fedesarrollo, que es más de centro, ese pasivo sería menor, de 106, por ciento del PIB. Y para Minhacienda, hoy dirigido por José Antonio Ocampo quien trabajó en Fedesarrollo y es considerado un economista de centro izquierda, el déficit incluso bajaría con la reforma, a 55 por ciento.
Para Jorge Llano, vicepresidente de AMV, “aquí las diferencias son más visibles porque para unos puede ser muy grave que se tenga un sistema de pilares en el que sea más fuerte el sistema de reparto que el de ahorro. En las proyecciones a largo plazo se ve que la gente envejece y el sistema de reparto va a significar una carga más pesada para el país”.
Esto es clave además porque los inversionistas que quieren meter su plata en Colombia miran qué tan confiable es el Estado. Y si ven un problema muy grave en las finanzas de largo plazo, prefieren ir a otros países para cuidar sus recursos.
Esas diferencias detonaron en una puja pública álgida que no es usual en el mundo de los tanques de pensamiento, porque no es común que juzguen públicamente los cálculos de los otros. La Silla consultó con los dos centros de estudios sobre el tema y respondieron que la esencia de sus discusiones son técnicas y que están plasmadas en los documentos públicos. Por eso no respondieron preguntas.
Las discusiones empezaron al otro día de que el gobierno radicara la reforma pensional, el pasado 22 de marzo. Ese día, Anif publicó un comentario en el que advertía que el pasivo pensional se incrementará entre 230 y 250 por ciento del PIB a 2070. Eso significa que la carga pensional para el país casi que triplicaría lo que Colombia produce en un año.
“Los resultados son claros, de ser aprobada la reforma tal y como está planteada: el alto pasivo pensional, que de por sí hoy alcanza una cifra cercana a 110% del PIB, más que se duplicaría y llegaría a representar 249% del PIB”, dice el documento, que muestra una divergencia incluso con la cifra de MinHacieda sobre el pasivo pensional con el régimen actual.
“De esa manera, se daría un fuerte golpe al ahorro, la sostenibilidad fiscal y se pondría en alto riesgo la posibilidad de pagar las pensiones futuras”, dice el documento de Anif, que fue elaborado por el presidente del centro de estudios, Mauricio Santamaría; Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif y Camila Ciurlo, investigadora en jefe.
Según Anif, esos cálculos tienen en cuenta la deuda que tiene el Estado con los cotizantes actuales; con los del pilar solidario, que es el subsidio de 223.000 pesos para los adultos mayores vulnerables sin pensión; el pilar semicontributivo, que incluye un subsidio para los que aportaron pero no les alcanzó para la pensión; y los que entran al régimen de transición.
A los cinco días, el ministerio de Hacienda publicó un comunicado en el que responde a los cálculos de Anif y a otras críticas sobre la reforma. Según el documento, al contrario de lo que decía Anif, el pasivo pensional de Colombia no solo no subiría con la reforma, sino que bajaría.
“Con la implementación de la reforma pensional, el valor presente neto a 2070 de los déficits se podría reducir de 67,5% (en un escenario sin reforma), a 55,2% del PIB”, dice el comunicado.
La diferencia radica, entre otras cosas, que los supuestos que utilizó Anif para hacer ese cálculo son diferentes a los de Minhacienda y a los de Fedesarrollo. Uno de los puntos clave es si se incluye en el cálculo del pasivo pensional la plata que gastaría el Estado para pagarle a unos 3 millones de adultos mayores, que podría subir o duplicarse. Es decir, el pilar solidario.
En el mismo comunicado, advierten sus diferencias con Anif. “Las imprecisiones están presentes, por ejemplo, en las estimaciones del pasivo pensional realizadas por Anif. Según esa asociación, el pasivo pensional se incrementa en 135 puntos porcentuales del PIB. Todo indica que las estimaciones erróneas no incluyen la totalidad de los ingresos con los que se dispondría en los pilares contributivo y semicontributivo para pagar los gastos derivados de la reforma. Tampoco parecen reflejar con precisión la reducción que logra el esquema de pilares de los subsidios a las pensiones altas”, dicen en el comunicado.
Tres días después, Fedesarrollo sacó otro documento firmado por Luis Fernando Mejía, el director de ese centro, en el que dan su visión sobre las reformas laboral y pensional. En el documento exponen las diferencias entre los cálculos que hay entre Ministerio de Hacienda, Anif y ellos. Aunque la visión de Fedesarrollo es más cercana al cálculo del gobierno.
Incluso, en el documento aplauden que el gobierno haya acogido la idea de Fedesarrollo de que el pilar solidario hiciera una transferencia monetaria por el valor de la línea de pobreza.
“La propuesta del gobierno tiene elementos positivos, como i) aumentar la cobertura del sistema de protección en la vejez a través del pilar subsidiado acogiendo la propuesta de Fedesarrollo de fijar la entrega en una línea de pobreza extrema”, dice el documento.
Pero, en el mismo documento, dicen que las diferencias con los cálculos de Anif son porque ese centro de estudios no tuvo en cuenta varias cosas. “En relación con el pilar solidario, Anif incluye en su estimación a las personas mayores de 65 años que pertenecen a los grupos del Sisbén A, B y C. Sin embargo, el gobierno ha establecido un criterio de calificación más estricto (Sisbén A, B y C1-C3), que reduciría el número de beneficiarios en alrededor de 200.000 personas”, dice el texto, que agrega otras dos diferencias con los cálculos de Anif.
“Además, ANIF subestima los ingresos que Colpensiones recibiría de los nuevos cotizantes con ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos”, dice Fedesarrollo.
Tres días después de la publicación de este documento, Anif volvió a responder los mensajes de Fedesarrollo y señalaron que consideraban una discusión “constructiva”. Sin embargo, apuntaron que iban “a aclarar algunos puntos que no son ciertos”. Y detallaron de nuevo sus argumentos.
Cuatro personas involucradas en las discusiones, y que pidieron no revelar su identidad, le confirmaron a La Silla que ya han tenido reuniones entre ellos y con el gobierno para “exponer sus cifras”. Afirman que quieren revisar si deben ajustar sus metodologías. Sin embargo, la divergencia de cientos de billones de pesos continúan a pocas semanas de que se empiece a discutir en el Congreso la reforma.
