Varias organizaciones de la sociedad civil acordaron crear el primer movimiento ciudadano anticorrupción unificado del país. Aunque todavía no tiene nombre, este grupo integrado por 13 organizaciones regionales y una de carácter nacional, apunta a estrenar su veeduría conjunta en las elecciones de 2022.
“Lo que más potencia que los corruptos vayan ganando su palanca es el financiamiento de las campañas”, dice Marcela Restrepo, directora ejecutiva de Foro Nacional por Colombia, una ONG enfocada en la lucha contra la corrupción.
El movimiento
Desde 2019 existe la Red de Facilitadores Anticorrupción, una alianza liderada por Transparencia por Colombia, una Ong que trabaja por la transparencia y la lucha anticorrupción. Ahí se comenzaron a articular las 14 organizaciones a nivel nacional para conocer, investigar y denunciar la corrupción en el país. La red ya tiene unos avances significativos.
Dentro de la alianza están la Corporación Vigía Cívica de Pereira, la Corporación Diálogo Democrático de Armenia, la Casa de las Estrategias, la Corporación Colombia Joven, la Fundación Foro Suroccidente, la Red Caquetá Paz, la Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 de Medellín, la Red Universitaria Anticorrupción, Caribe Afirmativo, Cordupaz, la Fundación Tukay, Foro Costa Atlántica, Todos por Medellín y Transparencia por Colombia.
En lo que lleva operando, lograron una serie de informes sobre los patrones en contratación pública durante la emergencia por el covid. También hicieron seguimiento a obras en municipios Pdet, revisaron patrones en la contratación pública en Armenia y Pereira, y se han formado en cómo hacer el ejercicio de control ciudadano.
Sin embargo, quieren avanzar en la consolidación de denuncias colectivas. Es por esto que surgió la idea del movimiento, que desde este año empieza a funcionar, justo cuando el Índice de Percepción de Corrupción asegura un estancamiento de las iniciativas contra la corrupción en el país.
“Buscamos generar acciones colectivas de sensibilización y denuncia de la corrupción en coyunturas específicas”, dice Claire Launay, Directora Programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia, y quien lidera el proceso del movimiento.
Para ella, el movimiento busca a futuro consolidar agendas anticorrupción con la ayuda de estas organizaciones, donde puedan hacer recomendaciones frente a riesgos de corrupción.
“La idea es unir fuerzas, pero no centralizar la lucha anticorrupción. En Brasil y República Dominicana hay unos ejemplos de este tipo de movimientos, ¿por qué no en Colombia?”, dice Launay.
El movimiento también tiene un componente pedagógico. A finales de este mes se lanzará la Escuela Ciudadana Anticorrupción, una plataforma virtual que tendrá inicialmente un curso con tres módulos. Busca enseñarle a los miembros del movimiento, así como a miembros de otras organizaciones cómo hacer un control ciudadano efectivo.
En el primer encuentro del movimiento, que se desarrolló la semana pasada, se estableció que buscarán hacerle veeduría al proceso electoral. No será una tarea fácil y la hoja de ruta aún no está trazada. Sin embargo, sus miembros identifican cuatro retos claves a la hora de poner el dedo sobre la corrupción electoral.
Se vigila a destiempo
El primer problema al vigilar elecciones es el seguimiento en tiempo real de los gastos e ingresos de las campañas electorales. Aunque desde 2011 todas las campañas deben registrar sus gastos e ingresos en tiempo real en Cuentas Claras, muchas no lo hacen, o lo hacen tiempo después.
Al fin y al cabo, legalmente los candidatos que participan en elecciones pueden reportar sus gastos e ingresos finales hasta dos meses después de las elecciones, para el caso de las legislativas y regionales, y un mes después en las presidenciales. Aunque supuestamente deben reportar en Cuentas Claras en tiempo real, es decir cada ocho días, algunos no lo hacen porque no hay reglas claras de sanción.
“El Consejo Nacional Electoral es autoridad, pero no es ley, entonces los candidatos le hacen el quite a sus resoluciones. Además no se han desarrollado sanciones por la no publicación en Cuentas Claras”, dice Sandra Martínez, directora de iniciativas con actores estatales de Transparencia por Colombia.
Este último punto, ni siquiera fue contemplado en el nuevo Código Electoral que se encuentra en revisión por la Corte Constitucional.
Entonces, el hecho de que algunas campañas no publiquen en tiempo real sus informes de gastos e ingresos dificulta su veeduría. “Los informes que conocemos son sobre autoridades ya elegidas, a pesar de que haya dudas con un candidato, no hay manera de detectarlo a tiempo”, dice Martínez.
La politización del CNE
El Consejo Nacional Electoral cuenta con nueve magistrados que son elegidos por el Congreso cada cuatro años, pero son postulados por los mismos partidos, por lo que tienen una carga política importante.
“La autoridad electoral no tiene independencia, dado su origen partidista. Es por esto que no sirven las investigaciones del ente rector de elecciones”, dice Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Para él, además, la entidad tampoco tiene las capacidades para investigar satisfactoriamente las elecciones. “Puede haber riesgos de lavado de activos en el financiamiento de algunas campañas, pero el CNE puede no captarlas por su incapacidad técnica”, dice.
El hecho de que las investigaciones que produce el CNE no sean fiables en algunos casos, hacen el trabajo de las veedurías aún más difícil.
El miedo a la denuncia
Como contamos, el 78 por ciento de los colombianos no se atreve a denunciar la corrupción por miedo a represalias, y en Colombia no hay un régimen de protección al denunciante.
“Necesitamos generar incentivos para la denuncia. Para revelar un caso de corrupción electoral se necesitan muchas denuncias, pues destapar un escándalo de compra de votos o una red clientelar no se hace con solo un informante”, dice Hernández.
Los intentos por proteger a los denunciantes de corrupción en el país, desafortunadamente no prosperaron en el Congreso. En el primer debate del proyecto de Ley de Transparencia que impulsó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, y que espera su debate en plenaria del Senado, se cayó el capítulo de protección al denunciante.
Así las cosas, los esfuerzos de la sociedad civil se pueden ver opacados por las represalias.
La trazabilidad de eventos y casas de campaña
Para poder estudiar una campaña electoral, se debe ir a la base: los eventos y la casa de campaña. Pero esto implica un trabajo “hombre a hombre” que requiere de una base importante de personas organizadas.
“El seguimiento a la publicidad, las reuniones, los eventos de campaña se deben hacer con un batallón de gente. El movimiento anticorrupción tendría esa ventaja, pues trabajar en red y a nivel nacional permite identificar fácilmente los problemas y hacer veeduría colectiva”, argumenta Andrés Hernández.
Y es que solo atendiendo a todos los eventos en la agenda de un candidato, es que se pueden evidenciar los manejos irregulares de las campañas. Al asistir a declaraciones en plaza pública, en jornadas barriales, es que se pueden ver los traslados de gente, el movimiento de dineros sospechosos, o los sobornos para conseguir votos.
“El movimiento ciudadano porque está presente en territorio de manera organizada, puede atar cabos. Puede contribuir con alertas, sin generar juicios, sobre cómo se financian las campañas”, dice Marcela Restrepo.
