Ayer se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional de equilibrio de poderes, que según algunos empleados del Consejo Superior de la Judicatura, iba a producir una masacre laboral. Y, por ahora, solo van a desaparecer cinco cargos, que además no se han eliminado todavía.
Uno de los múltiples efectos de la reforma es que en el Consejo Superior de la Judicatura van a desaparecer 49 cargos. Primero son un conductor, una secretaria, un profesional, un ingeniero de sistemas y un periodista, que dependen de la presidencia de ese Tribunal. Como la reforma lo elimina, esos cargos se deben suprimir.
Los otros 42 cargos van a desaparecer más adelante porque no dependen del Consejo Superior sino de sus dos salas, que siguen vivas durante un período de transición (que es de 6 meses para la administrativa y dos años para la disciplinaria), aunque ya no conforman el Consejo superior. Entre las dos salas, van a desaparecer seis magistrados, que tienen seis empleados en su despacho cada uno.
Pero no solo eso, sino que mientras la reforma solo va a eliminar esos 40 cargos, en un mes la Judicatura esperar crear más de 5.000 cargos permanentes para eliminar los cargos temporales de descongestión que tanto desorden han cuasado en la rama. Mejor dicho, de masacre nada.
