Hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un día crucial en la Corte Constitucional, que vuelve a tener en su orden del día la discusión aplazada de la semana pasada.
La Sala Plena debatirá una tutela que Jaime Granados, su abogado, perdió en el Tribunal Superior de Bogotá. Aunque no la impugnó, la Procuraduría y los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Jorge Enrique Ibáñez Najar pidieron que fuera seleccionada por la Sala Plena de la Corte para revisarla porque el asunto no tenía antecedentes.
La Corte tendrá que decidir si el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá actuó apegado a la ley cuando consideró que el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia a Uribe por presunta manipulación de testigos equivalía a una imputación cuando el caso pasó a la Fiscalía, una vez el expresidente renunció al Senado.
El magistrado Alejandro Linares también considera que indagatoria e imputación son equivalentes. Y hoy la Sala Plena debatirá si respalda o no su ponencia.
Contexto
¿Por qué importa?: Si la mayoría de los magistrados (5 de 9) votan en contra de la ponencia de Linares y a favor de Uribe, el caso del expresidente comenzaría otra vez desde cero en la Fiscalía y dejaría de ser una espada de Damocles sobre el expresidente durante las elecciones.
Hoy su suerte está en manos de la jueza 28 de conocimiento, Carmen Ortiz, quien desde julio está escuchando argumentos para ver si acepta la solicitud de la Fiscalía de precluir el caso a favor de Uribe.
Incluso si la jueza Ortiz –y eventualmente el Tribunal Superior de Bogotá como segunda instancia– deciden que sí hay evidencia suficiente para acusar a Uribe ante un juez, la Fiscalía no estaría obligada a hacerlo si la Corte no acoge la ponencia de Linares porque para la acusación primero tendría que haber una imputación.
Entonces la Fiscalía tendría luz verde para archivar unilateralmente el proceso o para sencillamente engavetarlo pues tendría que comenzar desde la etapa preliminar y no tendría que tener en cuenta todas las pruebas recogidas por la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuál es el debate jurídico?: Los procesos en la Corte Suprema contra aforados como los senadores se rigen por la ley 600, que es la antigua del sistema inquisitivo. Los procesos en la Fiscalía se llevan bajo el nuevo sistema acusatorio de la ley 906. El debate es si la primera etapa en ambos procesos es equiparable.
Cuando Uribe renunció al Senado y su caso pasó a la Fiscalía, su defensor, Jaime Granados, argumentó que toda la actuación de la Corte Suprema se debía caer porque la ley 600 ofrece menos garantías a los procesados que la ley 900.
Aunque tanto la indagatoria en la Corte como la imputación en la Fiscalía son audiencias en las que se le dice a una persona que queda vinculada formalmente a un proceso penal, tienen algunas diferencias, como que en la primera no hay un juez de control de garantías sino que el juez que hace la investigación es el mismo que decide vincular a la persona y eventualmente detenerla. En el sistema acusatorio, en cambio, el fiscal solicita la imputación y la eventual detención ante un juez con lo cual esa decisión depende de dos personas y no de una sola.
La ponencia de Linares dice que la indagatoria y la imputación son equiparables porque su función es la misma: le informan a la persona las razones por las que está siendo investigada y ambas vinculan a una persona formalmente a un proceso.
Ahora los otros ocho magistrados tendrán que decidir cuál de los dos argumentos los convence más.
¿Cuál es el escenario más probable?: La puja está apretada. Desde la semana pasada se ha filtrado que es probable que la votación cierre en contra de la ponencia del magistrado Alejandro Linares. Sin embargo, esta semana ocurrió un nuevo hecho que le mete más presión a la decisión.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció en el caso del exsenador Richard Aguilar, cuyo expediente estaba en las mismas condiciones del de Uribe. Los magistrados de la Sala Especial de Instrucción consideraron que indagatoria sí era equivalente a imputación y determinaron que la renuncia de un congresista a su fuero y el posterior tránsito de ley de un expediente desde la Corte a la Fiscalía no invalidaba lo actuado por la Corte.
Seguramente los magistrados de la Corte Constitucional deberán tener en cuenta esa decisión. Para tomar una decisión se necesitan 5 de los 9 votos que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional. Todo está dado para que voten esta tarde.
¿Qué pasa si la Corte Constitucional falla a favor de Uribe?: La Fiscalía tendría dos caminos:
- Podría pedirle a la jueza 28 de Conocimiento, Carmen Ortiz, que suspenda la audiencia de preclusión bajo el supuesto de que no es competente dado que la Fiscalía aún no ha imputado a Uribe.
- Continuar con la audiencia de preclusión que arrancó en julio hasta que el Tribunal Superior de Bogotá (vea aquí los caminos del expediente contra Uribe) decida de manera definitiva si concede la preclusión o no. Según le dijeron a La Silla los penalistas Iván Cancino, Francisco Bernate y Rodrigo Parada, para pedir la preclusión no es necesario que haya una imputación. Si el juez concede la preclusión, hasta ahí llegaría el caso de Uribe y la Fiscalía lo cerraría. Y si no la concede, el fiscal no estaría en todo caso obligado a acusar a Uribe porque primero tendría que arrancar el proceso desde preliminar e imputarlo.
¿Se salvaría definitivamente Uribe?: No necesariamente, porque las presuntas víctimas de Uribe podrían oponerse por dos vías al archivo:
- Podrían oponerse directamente ante el fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene que responder motivadamente por qué decidió archivar el caso y si el fiscal insiste en su decisión podrían ir hasta un juez de garantías para pedir que impida el archivo del proceso. La determinación de ese juez tiene apelación, es decir, un segundo juez la podría revisar. Eso en la práctica, sería arrancar de cero la audiencia de solicitud de preclusión que ya lleva varios meses.
- Las víctimas podrían interponer una tutela para impedir el archivo de la investigación. Esa acción también tiene dos instancias, e incluso podría ser revisada por la Corte Constitucional, como pasó con esta.
En todo caso, si las víctimas aportan alguna prueba nueva, el proceso podría reabrirse en el futuro.
¿La decisión tendría efectos colaterales?: Sí. El exsenador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar, sería un beneficiario directo de esta decisión porque, al igual que Uribe, su proceso por presunta corrupción pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía después de la indagatoria.
La Fiscalía ya radicó escrito de acusación, pero como se entendería que no está imputado, el proceso contra él se devolvería a la etapa preliminar. Aguilar está detenido y esa medida se caería, porque una persona no puede tener medida de aseguramiento si no ha sido imputada.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente el 3 de noviembre. Hoy actualizamos el título y complementamos el contenido con los sucesos más recientes sobre la votación de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
