El candidato presidencial estuvo ayer en la reunión en la que los congresistas de su partido Cambio Radical decidieron no acompañar la ley que reglamenta la justicia transicional para las Farc.
El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunció que no votará la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP), que está en discusión en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado. Lo que no dice el comunicado del Partido de anoche y supo La Silla por parte de dos personas que estuvieron en la reunión, es que en ese encuentro, que se llevó a cabo ayer en la tarde en la sede de Cambio Radical en el centro de Bogotá, estuvo presente el candidato.
“Él (Vargas) estuvo, él habló, y coincidió con nosotros”, nos dijo una de las fuentes, que prefirió hablar fuera de micrófonos. “Él comulga con la misma preocupación. Le solicitamos que nos reuniéramos con él para hablar de ese tema. Coincidió con nosotros”, nos dijo otro asistente.
La ruptura
En el comunicado, Cambio Radical explicó que no apoyará el proyecto de ley que reglamenta la JEP porque considera que “premia de manera significativa y desequilibrada” a los miembros de la exguerrilla Farc.
Uno de los detonantes para convocar a la reunión fue que horas antes en el Congreso, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, hizo varios reparos a la ponencia de la reglamentación del proyecto.
Allí, Néstor Humberto dijo que la JEP debería incluir en su reglamentación una nueva categoría de “desertores” para aquellos guerrilleros que dejaron las armas con las Farc, pero que, según denunció, se van con el ELN y el Clan del Golfo que “les ofrecen hasta 8 millones de pesos mensuales para engrosar sus filas”.
Dijo también que la reglamentación debe precisar el tratamiento a los guerrilleros sin armas que usen testaferros para ocultar los bienes; mejorar la vigilancia de la entrega de dineros de las Farc; y cómo se juzgarán a los guerrilleros sin armas que mantengan cultivos ilícitos.
En el encuentro también se habló de varios artículos que en la bancada creen que “cruzan líneas rojas” que Cambio Radical puso de presente para apoyar el proyecto, como el artículo 40, que indica que los bienes de familiares de la guerrilla no serán objeto de extinción de dominio, a menos que el Estado demuestre que fueron adquiridos por vía ilegal.
Además, les preocupa que en la ley no se proteja, a juicio del Partido, a los empresarios y campesinos, porque creen que siguen apareciendo como “protagonistas del conflicto” y no víctimas, como en su momento expuso el senador Germán Varón en la discusión de la ley marco de la JEP.
“Es deber de Cambio Radical proteger a todos los sectores productivos y en particular a los ciudadanos que han invertido en el campo colombiano y fueron víctimas del conflicto”, concluye el comunicado.
No es la primera vez que Cambio Radical le hace el quite a la JEP. Como contamos en el debate de la ley marco en la Cámara, 2 de los 16 representantes apoyaron la norma, mientras que 13 se salieron de la votación y uno votó en contra.
En la discusión en Senado, el proyecto fue objeto de críticas de parte de los senadores Varón y Carlos Fernando Galán, no solo por el papel de civiles y empresarios ante la JEP, sino también porque los guerrilleros podrían participar en política antes de tener resuelta su situación jurídica.
Y previamente, en la única vez que Vargas Lleras ha hablado directamente sobre el Acuerdo, dijo que la mayor preocupación era la justicia transicional.
Las dudas con los magistrados
El comunicado de Cambio Radical también pone en duda la idoneidad de los magistrados elegidos esta semana para conformar el tribunal de la JEP.
“Con contadas excepciones, la mayoría de los recién nombrados magistrados tienen una clara tendencia política que, de entrada, no generan ninguna clase de garantías para la sociedad civil por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto interno armado”, dice el Partido en el comunicado.
Señala que los congresistas tomaron la decisión “tras una reunión de urgencia” entre los cinco que componen las comisiones primeras de Senado y Cámara y el director del partido, Jorge Enrique Vélez.
Una de las fuentes nos dijo que entre los magistrados que en el comunicado dicen que “tienen una clara tendencia política” estaban Eliana Antonio Rosero, Xiomara Balanta y Sandra Gamboa. La otra fuente no dio nombres específicos y no fue posible que una tercera fuente confirmara los nombres.
Antonio fue una de las candidatas preseleccionadas para las Salas de la JEP, pero no quedó en el corte final y La Silla no supo por qué estaba en las cuentas de Cambio Radical como una de las que tendría un sesgo hacia la izquierda.
Mientras que Balanta es una docente de la universidad de San Buenaventura en Cali y experta en temas afro, y Gamboa tiene trayectoria en organizaciones de derechos humanos y por su trabajo en el colectivo José Alvear Restrepo (en el que presentó una denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe) fue acusada por el uribismo de ser “enemiga” del jefe del Centro Democrático.
En el encuentro señalaron los asistentes, incluido Vargas, que preocupaba ese supuesto sesgo ideológico porque gremios y empresarios “van a entrar al baile de la JEP”, según nos dijo uno de los consultados, en referencia a que no había garantías de seguridad jurídica para los empresarios.
Contactamos tanto al director del partido Vélez, como a uno de los voceros del candidato, el exministro Luis Felipe Henao, para reconfirmar la información entregada por los congresistas y el primero no respondió nuestras llamadas, mientras que el segundo se negó a confirmar lo que le preguntamos.
”la mayoría de los recién nombrados magistrados tienen una clara tendencia política”
Como hemos contado una de las banderas del exvicepresidente es afianzar el apoyo de los empresarios con dos ideas: que no habrá nuevos impuestos y que no serán llevados a la JEP, por lo que desmarcarse de lo que se apruebe en el Congreso lo ayuda a mantener las promesas que ha hecho en encuentros privados con los empresarios.
¿Afuera de la coalición?
Aunque los congresistas consultados han dicho que la negativa a la JEP no significa una salida de la coalición de la Unidad Nacional, sino que busca evitar que el Acuerdo deje en impunidad a las Farc, es la primera vez que, por consenso de todos sus miembros y de Vargas, Cambio Radical se aparta de un proyecto clave para el Gobierno en estos momentos.
Previamente, en la reforma política, aunque el director Vélez dijo que no la apoyaba y hasta el representante Jorge Rozo presentó ponencia negativa para hundirla, al final en primer debate de la Cámara apoyaron el proyecto y en Senado tendría el respaldo.
En materia de cuentas para que la JEP pase, el Gobierno ahora no contaría de entrada en las comisiones conjuntas con los cinco votos de Cambio Radical y los ocho votos del uribismo. Serían solo 13 votos sobre 54 que son en total y con el partido Liberal y La U tendrían las mayorías para que pase a su último debate en las plenarias.
De todos modos, que el exvicepresidente esté detrás de esta decisión lo desmarca definitivamente de uno de los proyectos más importantes de la actual legislatura para el Presidente y que tiene el tiempo en contra, porque el periodo del Fast Track acabará en noviembre.
La pregunta es cómo interpretará Santos esta decisión de parte de un partido que tiene una significativa representación burocrática en el gabinete y de uno de los candidatos presidenciales más cercanos a él.
