El abogado Vladimir Fernández tiene el camino abonado para ser elegido magistrado de la Corte Constitucional. Aunque el presidente Gustavo Petro presentó su terna el lunes, Fernández está haciendo campaña desde hace por lo menos un mes y ha logrado, hasta ahora, juntar en su causa a senadores de la oposición y de partidos aliados del gobierno.
Fernández es el secretario jurídico de Casa de Nariño y hace parte del círculo más cercano y poderoso del presidente Petro, a quien conoce desde antes de ser alcalde de Bogotá.
Y aunque de los ternados —lo acompañan Cielo Rusinque y Gerardo Vega— es el menos mediático, su carrera profesional ha estado salpicada por escándalos públicos y privados de los que ha salido librado hasta ahora, pero que lo dejan expuesto hasta la elección.
En campaña desde hace un mes
El abogado huilense dice que supo de su nominación unas horas antes de que se publicara la terna. Dice que el presidente se lo comunicó el mismo lunes por la mañana. “Solo me dijo: alístese que va en la terna”.
Pero que, sin embargo, él “intuía” que iba a estar en ella . Por eso desde hace por lo menos un mes Vladimir Fernández se convirtió en un visitante recurrente del Congreso.
Fernández ha pasado por las comisiones, oficinas y despachos de senadores de todas las bancadas para pedir el respaldo y ser elegido magistrado de la Corte Constitucional. Con eso arranca con ventaja frente a sus rivales Cielo Rusinque y Gerardo Vega en una campaña que será exprés.
Hace dos semanas, los senadores liberales Miguel Ángel Pinto y Lidio García le organizaron una reunión con la bancada. De los 14 senadores asistieron seis. En el partido de La U, se ha ido acercando vía José David Name, pero también ha hecho la tarea uno a uno.
Esos puentes los está tendiendo también con la oposición y partidos independientes, algo clave en el Senado, donde Petro tiene una mayoría frágil. En Cambio Radical, su llave ha sido Carlos Julio González Villa, con quien comparte una vieja amistad. Los dos son del Huila. Fernández fue el secretario jurídico de la Federación Nacional de Departamentos, FND, en 2018, cuando el presidente de esa organización era González Villa en su condición de gobernador.
Incluso en el Centro Democrático ha tenido acercamientos. El senador Alirio Barreras, que fue gobernador de Casanare cuando Fernández estaba en la FND, le ha ayudado a buscar espacios en la bancada.
En ese lobby adelantado también ha contado con el respaldo de senadores de la bancada del Pacto Histórico. De la mano de Gloria Flórez ha conseguido acordar cafés con senadores que no lo conocen. Entre los de la bancada Centro-Esperanza, Fernández ha buscado reuniones con Guido Echeverry e Iván Name.
Ese lobby previo ha sido históricamente clave en este tipo de elecciones. Así, por ejemplo, lo plantea el artículo “Si no vas al Senado, no te eligen magistrado”, de la politóloga Ana María Montoya.
En el caso del que ha hecho el abogado Valdimir Fernández, ha sido tan fuerte y evidente que dentro de algunas bancadas ya se da por hecho que el secretario jurídico de Petro va a ganar. “Está más peleada la alcaldía de Barranquilla”, trinó la senadora Angélica Lozano.
“Es una terna de uno porque el único que tiene experiencia en temas constitucionales es Fernández”, aseguró el senador Ariel Ávila.
Fernández reconoce que ha hecho ese acercamiento para que lo conozcan, pero que eso no representa una ventaja ante sus rivales. “Es buscar los espacios, sentarse con los senadores, escucharlos, y también que me escuchen. Cada senador es un mundo aparte y mi deber es contarles quién soy y qué puedo aportar desde la Corte Constitucional”, le dijo Fernández a La Silla.
Esa campaña adelantada ya está generando frutos. “De los tres nombres es el menos difícil de votar. Es ecuánime y dentro del Congreso se ve como un polo a tierra de Petro”, le dijo a La Silla un senador de Cambio Radical que pidió reserva de su nombre porque el tema aún no se ha discutido en bancada.
Dentro de sectores de la oposición creen que es una terna de uno porque Rusinque y Vega tienen más resistencia entre los partidos tradicionales por su trayectoria activista. Con Rusinque, por ejemplo, porque estando en el DPS tuvo choques públicos con senadores de peso como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal o David Luna. Mientras que a Vega le cobran que infló las cifras de restitución de tierras.
Con esa ventaja, por ahora, quien pinta como el rival de más peso de Fernández es el mismo Fernández. Porque en su trayectoria pública ha salido salpicado en varios escándalos judiciales que lo dejan expuesto hasta el momento de la elección.
Una vida de méritos cruzada por ruidos judiciales
Vladimir Fernández tiene en su hoja de vida un recorrido amplio en la Universidad del Externado. Es abogado, tiene dos especializaciones en Derecho Administrativo, una maestría y un doctorado. En esa institución ha sido docente y miembro del Consejo Directivo de la facultad de Derecho.
Es autor o coautor de tres libros de derechos sobre conciliación extrajudicial, pérdida de investiduras y medidas cautelares en procesos arbitrales. Uno de esos libros, titulado “Arbitrabilidad de los actos administrativos contractuales” fue publicado por el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios (Ilae) en 2018.
El Ilae ha hecho carrera como un instituto que publica libros de maneras exprés y ha tenido contratos con entidades públicas cuyas cabezas terminan publicanco con ellos. Según su web, su editorial cobra 300 dólares por hacer una revisión previa y otros 300 para publicar libros digitales en su página y registrarlo en el ISBN. Como contó La Silla, este año 2 aspirantes a registrador publicaron libros con el Ilae para mostrar producción bibliográfica en sus hojas de vidas. Lo mismo habían hecho 6 finalistas al cargo de contralor general en 2022.
En 2018, cuando Fernández publicó con el Ilae, ese instituto tenía un contrato con la Federación Nacional de Departamentos, FND, de la que Fernández era secretario jurídico.
Otro de los libros que muestra en su hoja de vida se llama “Muerte Política por Ausentismo Parlamentario” y fue publicado en 2020 por la editorial de la Procuraduría. Es un compilado de siete autores que eran procuradores delegados.
El abogado Fernández también ha combinado su vida como litigante con cargos públicos.
Antes de asumir como secretario jurídico de Gustavo Petro fue procurador delegado ante el Consejo de Estado, cargo al que llegó por un concurso de méritos en 2015. Y en el que estuvo como subalterno de Fernando Carrillo y luego de Margarita Cabello.
Previamente, fue asesor jurídico del Invías de 2003 a 2006, bajo la dirección de Mauricio Ramírez Koppel, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En ese gobierno también hizo parte de la Comisión Reguladora de Agua Potable en 2002.
En la secretaría jurídica de Petro ha desempeñado un rol clave. No solo es quien se encarga de tirar la línea jurídica de las decisiones de Petro, como los decretos, sino que ha conseguido que le deleguen funciones que no necesariamente son propias de su cargo, pero que son fundamentales en la visión del presidente.
Por ejemplo, logró que la exministra de Minas, Irene Vélez, lo asignara como delegado del gobierno en la junta directiva de la central hidroeléctrica Urrá S.A, una de las más importantes del país y a través de la cual Petro quería tener una mayor incidencia para bajar las tarifas de la energía.
La presencia de Fernández en esa junta tuvo un efecto inmediato porque aceleró la salida del gerente Rafael Piedrahita de León, quien había sido nombrado por el gobierno Duque. Acto seguido, con el visto bueno de Fernández, nombraron como encargado a Rafael Amaya, otro funcionario de carrera, pero que es cercano al representante liberal petrista, Andrés Calle, hoy presidente de la Cámara de Representantes.
El poder de Fernández en Casa de Nariño también se ve en la confianza que Petro le ha delegado en asuntos de las cortes. Por decreto, desde diciembre pasado, Fernández tiene facultades para posesionar a los magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, un rol que antes era del resorte del presidente. Este papel le ha permitido acercarse a las altas cortes.
Ese poder que ha logrado con Petro, y la trayectoria en otras instancias públicas, se la reconocen dentro del gobierno y el Congreso. Incluso, un magistrado de la Corte Constitucional dijo a La Silla que Vladimir “es un muy buen abogado”.
Pero ese recorrido también tiene sombras. Fernández ha sido cobijado con medida de aseguramiento y señalado por la Fiscalía en dos casos de presunta corrupción en el Huila, que después de varios años han precluido a su favor. El más reciente fue en 2018.
Ese año, la Fiscalía ordenó la captura del contralor de Neiva y de ocho concejales, porque, presuntamente, se amangualaron para torcer esa elección a cambio de plata y puestos. El contralor se llamaba Hildebrand Perdomo y es primo de Fernández. En medio de ese escándalo, aparecieron unos audios en los que Fernández le decía a su primo que había que ocultar unas pruebas del proceso y “enredar la pita” y “lo que sea para que no vayan y espulguen más”.
Por eso, la Fiscalía pidió compulsar copias e investigarlo por “ocultamiento de material probatorio y por el delito de fraude procesal”. Fernández dice que esa compulsa de copias no avanzó. Que él le pidió a la Fiscalía información sobre si le habían abierto algún proceso, pero que eso nunca pasó. No obstante, el proceso contra su primo excontralor y los concejales sigue vigente.
En 2011, Fernández había sido cobijado con medida de aseguramiento en un caso de presunta corrupción en las Empresas Públicas de Neiva, EPN. Ese proceso arrancó en el 2002, cuando era el representante legal de la empresa Organización de Servicios Profesionales (OSP) y presidente del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana de la capital huilense.
Como socio de la OSP, Fernández firmó cuatro contratos con las Empresas Públicas de Neiva para suministrar personal e infraestructura para la lectura de los medidores de agua en la ciudad. Para la Fiscalía, el abogado no podía contratar porque siendo miembro del Consejo Superior de una universidad pública era funcionario público. A raíz de ello, le imputó en 2011 el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Con la imputación, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Ese lío estalló cuando era asesor de la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro. Por eso, Petro decidió sacarlo de la administración. Sin embargo, ese proceso precluyó en 2016 a favor de Fernández por vencimiento de términos.
Los ruidos contra Fernández también se han dado en su rol público. En 2010, fue señalado de “no ejercer adecuada defensa del Estado” cuando fue jefe de la Oficina Jurídica del Invías. Caso por el que la Contraloría le formuló cargos por un presunto detrimento patrimonial de más de 13.900 millones de pesos.
El ente de control formuló cargos contra Fernández y otros funcionarios porque, al parecer, no realizaron adecuadamente una conciliación entre el Invias y el consorcio Conigravas S.A, que se firmó en 2006.
Pero de nuevo, el proceso se cerró a su favor. El Tribunal de Cundinamarca condenó a la Contraloría a reparar económica y moralmente a los 6 exmiembros del Invías por abrir un proceso sin que hubiere lugar a ello.
Más allá de que ha conseguido revertir líos judiciales que parecían enlodar su carrera pública, hay un capítulo particular de la historia de Fernández que lo deja expuesto en el caso de llegar a ser elegido magistrado, entre otras cosas, porque la Corte Constitucional debate temas como la protección de menores y la desprotección histórica de mujeres cabeza de familia.
El caso más complicado
En 2006, Fernández fue demandado para que reconociera la paternidad de una menor que había nacido en 1992 y que hasta entonces él había negado. El pleito se tramitó inicialmente en juzgados de Neiva y la madre de la menor pidió en varias instancias que Fernández se hiciera un examen de ADN para cotejar el vínculo.
Según el expediente, por un largo periodo fue imposible notificar de la demanda a Fernández, quien para ese entonces ya trabajaba en el Invías en Bogotá. Fernández alegó que la madre de la menor lo notificaba erróneamente a propósito.
Seis años después, en 2012, el caso llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia por un recurso de casación. Aunque Fernández pidió anular el caso porque alegó que nunca lo habían notificado y que “se había apreciado incorrectamente el testimonio de la madre de la menor porque de éste no se desprendía prueba alguna de que él sostuviera relaciones con la demandante”, la Corte, en un auto firmado por magistrados como Margarita Cabello (hoy procuradora), lo obligó a hacerse ese examen de paternidad.
Entre la orden de la Corte y el trámite con el laboratorio para hacer ese cotejo pasaron un año y medio. El examen, que se practicó en julio de 2014, determinó que Fernández era el padre de la menor y que la demandante tenía la razón. Consultado sobre ese caso, el abogado dijo que lo consideraba un tema personal y que cumplió lo que la justicia le ordenó.
Fernández reconoció los resultados y tramitó un acuerdo. Así, consiguió que las demandantes desistieran y pidieran el retiro de la demanda en diciembre de 2014.
En el expediente de la Corte Suprema, aparece el testimonio juramentado que la mamá de la hija dio ante el juzgado en el que asegura que Fernández le pegó un puño en el estómago cuando se enteró del embarazo. Ella había llegado a vivir a la casa de los papás de Fernández, que eran sus tíos, y a trabajar allá como empleada doméstica.
“La declarante manifestó que “enterado el demandado sobre su estado de embarazo, la golpeó en el estómago, y le dijo que él no respondía por nada, que su tía y el esposo, madre y padre del señor Fernández, dijeron que le iban a dar el apellido a la niña, y que hasta Vladimir dispuso sobre el nombre de la menor”, dice el juez.
Consultado sobre este episodio de presunta violencia doméstica, Fernández dijo a La Silla que no era cierto y nos dio el teléfono de la mamá de la hija. La Silla la llamó y ella dijo que había mentido en ese momento. “Yo me inventé muchas cosas, no se por qué me inventé muchas cosas”, dijo. También agregó que a partir de la prueba del ADN él les estaba ayudando a ella, que es todavía empleada doméstica, y a su hija que gracias a la ayuda del secretario jurídico pudo estudiar.
Con ese historial de reconocimientos y ruidos públicos y privados, Fernández parte como el favorito en la elección que el Senado citará en dos semanas.
Nota de la editora: después de publicada esta historia, La Silla tuvo acceso a la mamá de la hija de Vladimir Fernández. Agregamos su versión.
