Y ahora ¿qué profesional se le mide a trabajar para el Estado?
 |
|
| El Ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, lideró la preparación del Estatuto Anticorrupción. |
 |
| La ex Secretaria de Planeación de Bogotá, María Camila Uribe, fue suspendida por no revocar una licencia que no podía revocar. El fallo está en apelación ante el mismo personero en segunda instancia. |
 |
| El Presidente Santos se puso en cabeza de una cruzada anticorrupción en el sector salud. |
 |
| Néstor Eugenio Ramírez fue suspendido indefinidamente por la Contraloría por no responder a tiempo sus requerimientos. |
Hoy se promulgó el Estatuto Anticorrupción y al mismo tiempo, el presidente Santos anunció una nueva purga, esta vez en la DIAN. Son dos hechos que, sumado a las propias cruzadas anticorrupción del Procurador, la Contralora y la Fiscal, en principio son positivos, pero pueden traer consecuencias negativas en el mediano plazo. Se va a volver muy difícil conseguir profesionales de alto nivel para trabajar en el Estado.
Por un lado, el Estatuto prohíbe que, en los dos años siguientes a dejar de trabajar con el Estado, los servidores públicos presten “servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo (…) con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios, asistencia, representación y asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos a los que se haya estado vinculado”. Además, para los asuntos concretos que haya conocido, la prohibición es indefinida
También tienen una inhabilidad de dos años quienes hayan estado en cargos de nivel directivo en el Estado, para contratar con el Estado, si lo hacen en contratos cuyo objeto tenga relación con el sector en el que prestaron sus servicios.
“Se acaba la puerta giratoria’”, dijo Santos cuando sancionó el Estatuto..
Con estas medida, se busca evitar, por ejemplo, que el funcionario que entrega una licencia de construcción luego sea asesor del constructor que se benefició con esa licencia (que puede ser un mecanismo para pagar ese ‘favor’). Y también que un ex director de un organismo aparezca un mes después de haber dejado el cargo para hacer lobby de intereses privados entre sus antiguos subordinados.
El problema es que este Estatuto también limita las posibilidades futuras de los servidores públicos e impone de entrada un sacrificio más alto del que ya de por sí exige un puesto público. Sobre todo por que en muchas ocasiones los salarios del sector público son menores que los equivalentes en el sector privado. Mientras que el Presidente gana unos 19 millones de pesos de sueldo, el presidente de una compañía grande, de un gremio o de una multinacional puede recibir 50 millones de pesos.
“Es como una condena a ser funcionario”, dijo un joven profesional que trabaja como asesor jurídico de una entidad del Estado. “El Estatuto cercena derechos como la libertad económica”.
Y es que se puede argumentar que hay casos en los que es muy difícil encontrar trabajo sin violar esas prohibiciones. Por ejemplo, si se trata de un químico del Invima experto en evaluar medicamentos ¿qué trabajos podría conseguir por fuera de la industria farmacéutica que vigilaba?
En gran medida, este debate se podría zanjar con una buena reglamentación, que defina cómo interpretar esas normas. Porque parte del problema ahora es que los funcionarios actuales no saben qué tan inhabilitados van a quedar cuando se retiren. Por eso, varios tecnócratas de alto nivel renunciaron en las últimas semanas para evitar quedar inhabilitados. Así sucedió en el Inco y en otras entidades.
Este costo de oportunidad que se crea para quien entra a trabajar en el Estado se suma a otros, que han aparecido en los últimos meses.
Las “asustadurías”
Desde hace décadas, los militares se quejan del ‘síndrome de la Procuraduría’: no ejercen sus funciones por miedo a que luego los órganos de control los castiguen. Ahora ese síndrome parece haberse ampliado: ya no son solo los militares los que se quejan, ni es sólo la Procuraduría la que sienten como una amenaza.
No solo el Procurador destituye funcionarios por delitos por los que ningún juez ha condenado, sino que, como medidas preventivas, la Contralora embarga cuentas de funcionarios (embargó las cuentas hace meses de 22 funcionarios del Ministerio de Agricultura por Agro Ingreso Seguro) y suspende de manera indefinida a servidores públicos. Y la Fiscal pide y los jueces otorgan detenciones preventivas porque se hizo mal un contrato.
Varios casos han puesto el tema en discusión. La Personería de Bogotá suspendió a la ex Secretaria de Planeación, María Camila Uribe, por no haber revocado la licencia de construcción de Unicentro a pesar de que argumentó, con buenas razones, que jurídicamente no podía revocarla. A Néstor Eugenio Ramírez, exdirector del IDU, la Contraloría lo suspendió indefinidamente por no haber respondido a tiempo un requerimiento suyo. Otra cosa es que después hayan salido más acusaciones en su contra.
Pero el golpe más fuerte para muchos tecnócratas fue el de la detención preventiva a los funcionarios intermedios de Agro Ingreso Seguro, y las altas penas que el Fiscal pidió contra ellos (más de 40 años), con el aval de la Procuraduría.
“Lo de Agro Ingreso Seguro fue lo peor”, dijo otro alto funcionario de un Ministerio. “El mensaje que hemos recibido quienes tenemos alguna vocación de servicio público es muy desestimulante”, dijo a La Silla Vacía un economista de una entidad descentralizada. “Se están volviendo temas penales problemas que serían quizás disciplinarios”, dijo un tercero. Todos ellos son funcionarios que volvieron del exterior con una maestría. Dos de ellos trabajaron varios años en el sector privado pero se decidieron por trabajar en el Gobierno porque tienen la vocación por lo público.
Pero los tres dijeron que ver en la cárcel a una funcionaria como Camila Reyes, que sienten que tenía una trayectoria similar a la suya y buena fama, los ha puesto a pensar si no es mejor trabajar en otro lado, donde no los persigan esas ‘asustadurías’, como les dicen ahora en algunos corrillos de las entidades públicas.
También los pone a pensar muy bien antes de tomar las decisiones rutinarias que exigen sus cargos – y eso tiene al Estado a media marcha.
En Bogotá, el Comité Jurídico Distrital no ha podido emitir una directiva para que se pueda contratar durante la vigencia de la Ley de Garantías, porque temen que la Procuraduría y la Contraloría les caigan encima. El Ministerio de Hacienda ha castigado dos veces el plan de caja del Ministerio de Agricultura, porque éste no está ejecutando su presupuesto. Y hoy se anunció que los alcaldes y gobernadores tienen dos meses para ejecutar los proyectos de Colombia Humanitaria, porque también están demorados en gastar la plata. Y aunque el miedo no es el único motivo de la demora – probablemente hay mucha ineficiencia también – sí está presente.
Pero, además, el Gobierno parece haberse convertido en otro órgano de control. El despliegue que le dio esta mañana a las denuncias sobre corrupción en la Dian o la rueda de prensa que dio el Presidente, acompañado de la Fiscal, la Contralora, el General Naranjo y el Procurador, para mostrar que estaba a la cabeza de las investigaciones por el carrusel de la salud, dan esa sensación.
El nuevo Estatuto Anticorrupción permite al Presidente designar los jefes de control interno de todas las entidades del orden nacional. Y obliga a estos reportarle, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que es el Secretario General de la Presidencia y mano derecha de Santos, cualquier irregularidad que encuentren. Es decir, la Presidencia se convierte casi en una central de contrainteligencia.
En defensa del Gobierno, un alto funcionario dijo a La Silla Vacía que al gobierno le ha tocado tomar esas determinaciones para frenar el desangre de recursos públicos producto de la corrupción. “La intención es mandar el mensaje de que tenemos los ojos muy abiertos, porque el simple hecho de que la gente se sienta vigilada los inhibe de cometer fechorías”, dijo a La Silla Vacía.
Ese objetivo es loable pero ese mensaje puede tener un doble filo. Puede ser entendido como que el Gobierno no confía en sus propios funcionarios y que todos los que trabajan con el Estado son unos corruptos. Esa señal no es muy estimulante para los profesionales jóvenes que querrían trabajar en el Estado.
El viernes pasado, funcionarios del IDU–que se ha vuelto el ícono del escándalo del Cartel de la Contratación- salieron a marchar para protestar contra la estigmatización de la que se sienten víctimas, y uno de ellos le dijo a La Silla Vacía que seguía en la entidad por vocación, pero con muchas dudas. “A otra funcionaria, una profesional, sus papás le dijeron que el mejor regalo que les podía hacer era retirarse del IDU. Renunció la semana pasada” le contó a La Silla Vacía.
Precisamente por todos los problemas de corrupción y de gestión, el Estado no puede darse el lujo de no ser una opción competitiva para la gente más preparada. Hay que encontrar un equilibrio entre proteger los recursos del Estado y tener las personas más competentes para manejarlos.
