Piedad Esneda Córdoba Ruiz nació en Medellín el 25 de enero de 1955, y murió en 2024 a los 68 años. Fue una de las políticas, mujer y negra, más influyentes de Colombia en el siglo XXI.
Fue hija de docentes y sobrina de Diego Luis Córdoba, un importante político chocoano. Diego Luis Córdoba militó en el Partido Liberal como representante de la izquierda liberal e impulsó la creación del departamento del Chocó en 1947. Fue el Representante a la Cámara por ese departamento hasta su muerte en 1964.
Córdoba estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín con especialización en Derecho Laboral y Desarrollo Organizacional. También tiene una especialización en Opinión Pública y Mercadeo de la Universidad Javeriana en Bogotá.
En 1984 llegó a su primer cargo público como subcontralora municipal de Medellín. En ese momento inició su carrera política de la mano del liberal William Jaramillo, quien dos años después fue designado alcalde de la ciudad y la nombró Secretaria General de la Alcaldía.
En 1988 Córdoba obtuvo su primer cargo de elección popular como edil y en 1989 fue electa concejal de Medellín. Su exitosa gestión en el Concejo la llevó a lanzarse en 1990 a la Cámara de Representantes. Aunque fue derrotada, meses después obtuvo un escaño para la Asamblea Departamental de Antioquia, y en 1991 finalmente llegó a la Cámara por su departamento, como cabeza de una lista ‘jaramillista’ que obtuvo 22 mil votos.
En ese cargo impulsó la llamada Ley de Negritudes y también la que le dio más reconocimiento a las madres comunitarias, y presentó un proyecto, que finalmente no cuajó, que buscaba ponerle un impuesto a las gaseosas. Eso que le dio proyección nacional, pero también se movió políticamente: ayudó a la unidad liberal antioqueña (de la que solo se marginó el grupo liderado por Álvaro Uribe Vélez), propuso a Jaramillo para ser Designado, se acercó al movimiento indigenista, y se hizo elegir directora alterna del Partido Liberal.
Pero fue solo dos años después que logró consolidarse como la heredera política de William Jaramillo cuando este anunció que no buscaría la reelección en el Senado. Del ‘jaramillismo’ salieron dos candidatos al Senado, Luis Guillermo Vélez y Córdoba, una realidad que puso en riesgo la presencia de ese movimiento en el Senado; finalmente los dos salieron elegidos, pero el movimiento se empezó a partir con un fuerte enfrentamiento entre Vélez y Jaramillo, y Córdoba tuvo una que le dejó en el puesto 88 de los 100 senadores elegidos.
Llegó al Senado en 1994, cargo en el que fue reelegida cuatro veces (1998, 2002, 2006, 2010), trabajando en llave con otros grupos liberales en Antioquia y siempre defendiendo el oficialismo liberal de corte socialdemócrata que lideraron Ernesto Samper y Horacio Serpa. En 2003, Córdoba fue elegida codirectora y luego presidenta del Partido Liberal.
Como legisladora, Piedad Córdoba defendió proyectos que promueven la equidad de género, la reivindicación de minorías étnicas y la búsqueda de soluciones al conflicto armado. Ha hecho parte de varias comisiones del Senado en temas como protección social, relaciones exteriores, minas y energía, y también fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Paz.
El apoyar la solución negociada del conflicto armado la convirtió en blanco de ataques y amenazas paramilitares. Por orden directa de Carlos Castaño, Córdoba fue secuestrada por las Autodefensas en 1999 y permaneció en cautiverio por varias semanas. Al ser liberada se exilió con su familia en Canadá, pero pronto regresó al país y retomó su labor en el Senado. Sin embargo, los ataques continuaron y la ex senadora fue víctima de dos atentados de los que salió ilesa.
En 2007 despertó gran controversia cuando acusó a Álvaro Uribe, un viejo rival político, de paramilitar y declaró en el simposio ‘Los partidos políticos y una nueva ciudad’, celebrado en Ciudad de México, que los gobiernos progresistas de América Latina debían romper relaciones con Colombia. Estas declaraciones profundizaron las diferencias que Córdoba ya tenía con otros sectores de su partido y en especial con el expresidente César Gaviria. Córdoba siempre ha sido más cercana al ala samperista del Partido Liberal.
A pesar de sus diferencias con Uribe, en 2007 el gobierno del expresidente la designó como facilitadora del acuerdo humanitario con las Farc. Esta decisión la catapultó a nivel nacional y la convirtió en la abanderada de la liberación de secuestrados. Con la mediación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez, a quien Uribe también autorizó, Córdoba hizo acercamientos con las Farc y logró reunirse con varios ex comandantes de las Farc como Simón Trinidad y alias Sonia (presos en Estados Unidos), Raúl Reyes e Iván Márquez.
Por su amistad con el presidente Chávez, y por defender las negociaciones con la guerrilla o un acuerdo humanitario, Córdoba se ganó la enemistad del uribismo y de sectores que se oponían a entablar negociaciones con la guerrilla. Pronto, las tensiones fueron creciendo hasta que el gobierno colombiano dio por terminada la mediación de Córdoba, argumentando que no había cumplido con las pautas establecidas.
La ex senadora continuó trabajando por los secuestrados, esta vez de la mano de Colombianas y Colombianos por la Paz, ONG que lidera desde 2008 y que aboga por una salida pacífica al conflicto, dónde también trabajan otros congresistas como Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez del partido de izquierda Polo Democrático. Sus gestiones han permitido que desde ese año las FARC hayan liberado unilateralmente a 14 secuestrados, entre los que se incluyen militares y políticos como Jorge Géchem, Luis Eladio Pérez y Clara Rojas.
En 2010, cuando la ex senadora comenzaba su quinto período en el Senado, la Procuraduría General la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer funciones públicas, argumentando que Córdoba promocionaba y colaboraba con las FARC (ver historia). Para la ex senadora, la medida fue el resultado de una persecución política en su contra. Pero, aunque solicitó al Consejo de Estado suspender la destitución, esta Corte negó su solicitud.
En 2016, la sala plena del Consejo de Estado, con una votación de 17 votos contra 6, tumbó esta sanción y le devolvió sus derechos políticos con el argumento de que era predecible desde cuando Ordóñez le abrió pliego de cargos a la entonces senadora del Partido Liberal que la cadena de custodia del computador del jefe guerrillero de las Farc Raúl Reyes se rompió y no había garantía de que los archivos fueran verídicos.
Por otra parte, Piedad Córdoba fue reconocida por la Corte Suprema como víctima en el proceso que se adelanta por los seguimientos e interceptaciones ilegales del DAS a varios políticos y periodistas de oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe. Por este caso, el alto tribunal le dictó casa por cárcel a la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez en 2011 por haber incurrido en tráfico de influencias al pedir al DAS información reservada sobre Córdoba que luego utilizó en su contra en un debate en el Congreso, pero al año siguiente la absolvió.
En abril de 2012, Córdoba se convirtió en una de las cabezas visibles de Marcha Patriótica, un nuevo movimiento de izquierda que nació con el estigma de tener vínculos con las Farc, que reivindica el legado de la Unión Patriótica y que en su momento suscitó incomodidad en las filas del Polo Democrático Alternativo.
En 2018 fue candidata presidencial tras presentar más de 835.000 firmas con el movimiento “Poder ciudadano” pero terminó renunciando a su aspiración por la falta de apoyo.
Córdoba renunció al partido Liberal en noviembre de 2021 y se unió a las filas del Pacto Histórico, la coalición que lideraba el entonces precandidato presidencial Gustavo Petro.
Siendo candidata al Senado en la lista cerrada del Pacto Histórico en los comicios legislativos de 2022, y en los que resultó electa como congresista, se conoció una declaración de Andrés Vásquez Moreno, un exasesor de Córdoba, quien aseguró que ella colaboró con la antigua guerrilla durante 2007 y 2008, que respondía al alias de ‘Teodora’, y que utilizó su influencia como mediadora con las Farc para retrasar la liberación de secuestrados como Ingrid Betancourt.
En noviembre de 2023, la Corte Suprema le abrió una investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público por supuestos incrementos patrimoniales sin justificar de familiares cercanos entre 2006 y 2012 y presuntos pagos indebidos de salario a un integrante de su unidad de trabajo legislativo.
Piedad Córdoba falleció el 20 de enero de 2024 por un infarto en Medellín.