La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la representante a la Cámara de Amazonas, Yénica Acosta Infante (Centro Democrático). La señala de presuntamente cometer el delito de peculado por apropiación. 

Por tener a UTL en el extranjero

Como contó La Silla, entre 2021 y 2022, la representante Acosta vinculó y mantuvo en su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, a una asesora que se llama Otilia Rodríguez, que cobró varios sueldos estando en Canadá. De hecho, según el auto de la Corte, la funcionaria se posesionó desde el país norteamericano. 

Por una ley del 2020, los asesores de UTL pueden trabajar en el Congreso o en los departamentos de los congresistas si es necesario, pero no fuera del país. Y mucho menos cobrar sus sueldos si estuvieron sin trabajar en el extranjero.

La representante Acosta dice que la funcionaria sí trabajó, aunque fuera desde el extranjero. Pero que no sabía de los viajes de la funcionaria. Sin embargo, la Corte pone en entredicho eso. 

“A pesar de la vinculación formal de Rodríguez Lozano a la UTL de la representante Acosta lnfante durante aproximadamente diez meses, hasta el momento la Sala no ha hallado evidencia de que la exasesora efectivamente prestara sus servicios como asistente 11 de la parlamentaria en los términos que demandaba el cargo”, dice al auto. 

“Esa situación hipotética pudo haber ocurrido con la aquiescencia y permisión de la representante Acosta lnfante, pues fue ella quien posiblemente habría designado las funciones de Otilia Rodríguez Lozano, sin que dentro de éstas hubiera actividades propias de la prestación efectiva de servicios permanentes y de tiempo completo, como lo demanda la ley frente a los miembros de las unidades de trabajo legislativo”, añade el documento.

Y por eso, por instrucción del magistrado Misael Rodríguez, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir una investigación.

El irregular manejo de las UTL ha terminado en pérdidas de investidura de congresistas en el Consejo de Estado. Por ejemplo, en 2017, al entonces senador Carlos Enrique Soto le decretaron pérdida de investidura y lo sacaron del cargo por un tema muy similar. 

Lo particular en el caso de la representante Acosta es que la Sala Quinta del Consejo de Estado ha fallado a favor de ella dos demandas de pérdida de investidura por los hechos que la Corte Suprema de Justicia sí encontró relevantes para abrirle la investigación penal.